Las organizaciones y activistas que conformamos el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, la Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre y CLADEM Bolivia, frente al caso de la niña de once años de Yapacaní, víctima de violación y cuya interrupción legal del embarazo fue suspendida, manifestamos lo siguiente:
Denunciamos que los actos cometidos por el personal de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia de los municipios de Yapacaní y Santa Cruz, así como del Hospital Percy Boland son graves violaciones a los derechos humanos a la vida y a la salud de la niña que han puesto en riesgo su integridad física y mental, imponiéndole una maternidad forzada que afectará seriamente su proyecto de vida.
Exigimos a los Gobiernos Municipales de Yapacaní y Santa Cruz se realice el procesamiento administrativo y destitución del personal que vulneró los principios de confidencialidad e interés superior de la niña incumpliendo con el deber de protección reforzada de sus derechos.
Demandamos al Ministerio de Salud adopte de forma inmediata las medidas necesarias para que estos actos no se repitan nunca más y se garantice el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente y los protocolos adoptados para el acceso a la interrupción legal del embarazo y se aplique en todos los casos el principio de confidencialidad que envuelve al mismo; además prohíba el libre acceso a las víctimas y cualquier tipo de interferencia en los procedimientos médicos, bajo advertencia de destitución a quienes propicien, faciliten o den su anuencia para tales actos.
Exigimos que se investigue no solo si el personal del hospital dio su anuencia para la intromisión de representantes de grupos religiosos que presionaron a la niña y a su madre para interrumpir el procedimiento médico que estaba en curso o si más bien hubo una actuación coordinada y deliberada entre ellos. También pedimos que se revisen los antecedentes de otras denuncias de obstaculización de acceso a la interrupción legal del embarazo contra el hospital y se determine si existe un patrón de conducta a efectos de procesar y remover del cargo a quienes hubieren incurrido en tales actos.
Manifestamos nuestro respaldo a las acciones legales que la Defensoría del Pueblo ha iniciado pues por una parte debe precautelarse la vida y la salud integral de la niña afectada en cumplimiento de la legislación nacional y las obligaciones que nacen del derecho internacional de los derechos humanos viabilizando la interrupción legal del embarazo en este caso, y por otra parte, debe sancionarse a las y los autores de estos actos, así como a sus cómplices, razón por la que nos constituiremos en veedoras del proceso penal en su contra a partir de la denuncia presentada por la Defensora del Pueblo.
Exigimos al sistema de justicia celeridad en el proceso penal abierto en contra del agresor de la niña para su pronto enjuiciamiento y condena, la que debiera fijar la pena máxima prevista para este delito y agravantes, por tanto, de 30 años de privación de libertad, por lo cual ejerceremos vigilancia permanente sobre el desarrollo del proceso.
Exigimos que, en los casos de violación a niñas, ellas sean puestas bajo la tutela del Estado a efecto de precautelar sus derechos e intereses.
Condenamos el silencio que resulta cómplice y la pasividad de las autoridades que tienen el mandato legal de proteger los derechos de la niñez y de las mujeres y les demandamos acciones inmediatas.
Rechazamos el uso de la categoría de “Niñas Madres” promovida por la Iglesia Católica porque normaliza las consecuencias de la violencia sexual. El embarazo y maternidad infantil forzados, son considerados tortura y no pueden encubrirse. SON NIÑAS, NO MADRES.
¡¡¡EN UN MUNDO JUSTO NO HAY NIÑAS MADRES!!!
La Paz, 29 de octubre de 2021.
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