Skip to main content

Demoliendo mitos

Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, una de las voces centrales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desarma la idea de que el ser religiosa está en contra de la libertad de elegir sobre el propio cuerpo y aporta datos concretos que desbaratan a los antiderechos. Además, Alanis sostiene que el Senado deberá revisar sus posturas conservadoras y dar un paso histórico en la aprobación de la ley, aunque el Papa trine y los obispos presionen.

me15fo01_0

No puede evitar que la sonrisa, su marca entrañable, se le agrande hasta achinarle los ojos porque la marea verde, esa avanzada imparable de una multitud histórica se replicará el 8A, flamante señalización del 8 de agosto próximo, cuando la Cámara de Senadores defina la legalidad de  la interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes, mujeres y personas gestantes. Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y referenta histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebra a lxs médicxs en Córdoba, las artistas en Salta, socorristas en Neuquén, maestrxs en Jujuy, activistas en La Pampa, comunicadoras en Rosario y centros de estudiantes en Buenos Aires que tejen redes y agitan conciencias a favor de este derecho humano básico y negado hasta el cinismo. La lista es interminable, los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en las 24 provincias dan la comprobación de un porvenir que no puede ser otro que el de un horizonte verde-violeta. “Creo que si no sale la ley, el Senado va a pagar un costo político muy alto frente a esa voluntad popular que ya se pronunció. La cuestión del aborto contiene una expectativa de ampliación de derechos pero también una situación social tremenda que la padecen principalmente los y las jóvenes. Porque no tienen recursos económicos ni autonomía económica propios, y este debate viene a salvar algunos de estos aspectos en la ampliación de derechos.”

 

Ese 26 de junio en el Salón Arturo Illia del Senado, la Campaña Nacional dio una conferencia de prensa en la voz de Alanis para exigir que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reciba un tratamiento sin dilaciones y se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. “Tenemos la esperanza de que ese millón de personas que se manifestó masivamente el 13 y 14 de junio siga resonando también en esta Cámara”, dijo entonces y repite ahora. Sabe que a la avanzada una derecha católica conservadora fogoneada por la jerarquía eclesiástica se le contrapone pedagogía contrahegemónica. Arenga a demoler falsas verdades, advierte que el texto de la media sanción no se toca, alerta que el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Gobierno habilitaría a todos los credos ejercer la objeción de conciencia y sostiene que la comparación del papa Francisco sobre el aborto y prácticas del nazismo es un discurso de odio inaceptable que dejó en evidencia “su adhesión a  todas las posturas que sostienen hoy los antiderechos en la calle”.

“Vamos a demoler mitos”, bromea, cómplice y estratégica. “Comencemos: los sectores antiderechos sostienen que las mujeres pobres no abortan tanto y prefieren tener hijos” responde esta cronista.  

–Están fortaleciendo el falso argumento de que la Campaña y el movimiento de mujeres focalizamos el aborto en las personas de menores recursos e invocamos a las mujeres pobres. Decimos que la libertad para que las mujeres decidan afecta a todas para bien y la restricción afecta para mal, porque recurrir a la clandestinidad es horrible aun cuando tengas para pagar. Obviamente, las mujeres de los sectores pobres corren mayores riesgos y son las que mueren. Y en ese sentido son las personas que más sufren la penalización y la falta de garantías del Estado.

Sectores antiderechos y senadores que se oponen a la legalización insisten en la recarga que supone la IVE en el gasto de salud pública.

–No hay argumento válido para sostener que el aborto se pagaría con los impuestos de los y las ciudadanas cuando está comprobado que el aborto clandestino genera más costos que el aborto legal, porque las consecuencias del aborto inseguro las atiende la salud pública. Un promedio nacional estima que al año, unas 50 mil mujeres ingresan a los quirófanos o a las terapias intensivas de los hospitales con serias consecuencias producto de abortos inseguros. Corren riesgo sus vidas y generan altos costos en salud. El aborto legal realizado por voluntad de la mujer en una temprana edad gestacional es una práctica ambulatoria y segura que se hace con medicamentos y no requiere práctica quirúrgica más compleja.

La vicepresidenta Gabriela Michetti y un grupo reducido de senadores proponen la despenalización y anular la legalización aprobada en Diputados.

–Es una postura que sacaron de la galera en 24 horas. ¿Quiere decir que va a permitirse armar clínicas que hagan abortos, pero nadie estaría obligado a ofrecer el servicio ni estaría regulada la práctica y el Estado se lavaría las manos? Es una despenalización posmoderna y quienes sufren las consecuencias del aborto hoy, seguirán sufriéndolas después. Despenalización sin legalización es una falta de respuesta real a las mujeres. El contenido de la media sanción no pone en riesgo la voluntad de las personas que no están de acuerdo, mientas que la postura del otro sector afecta al resto que quiere decidir en libertad. Además, un alto porcentaje de las mujeres que abortan ya son madres. No se está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Pero la “defensa de las dos vidas” sigue siendo el caballito de batalla.

–Voy a decir algo que nunca manifesté antes: existen estudios verificables acerca de que el uso de glifosato en las zonas sojeras ha aumentado los índices de abortos espontáneos de las mujeres que quieren tener hijxs. De eso no se ocupan las y los que defienden las dos vidas, porque lo único que les importa es clausurar la decisión de la mujer. No toda semilla llega a ser un árbol. Las mujeres decidimos si estamos en condiciones de llevar adelante un embarazo, y a eso se oponen. No lo toleran, están en contra de la autonomía de sus cuerpos y de la autonomía de sus proyectos de vida. Consciente o inconscientemente eso es misoginia.

Muchas mujeres sostienen esta posición misógina y patriarcal.

–Pero aun así la posibilidad de poder elegir la interrupción de un embarazo en alguna circunstancia también les da un margen de libertad a estas mujeres. Deberían pensar que las beneficia porque si no han estado en una situación límite, pueden estarlo mañana. O pueden sus hijas recurrir al Estado para pedir una práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No es algo que no ocurra en el sector que se opone a la legalización y recurre al aborto al igual que el resto de las mujeres.

Una de las propuestas de Michetti es continuar el embarazo para dar en adopción.

–Es una cuestión perversa. Como mujer puedo decidir si sigo o no con mi embarazo, o si doy en adopción. En cualquier caso debo estar asistida por el Estado y por una ley que me proteja. Así como tenemos el aborto legal por causales, el proyecto aprobado establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a interrumpir sus embarazos hasta la semana 14 inclusive, sin mediar una causal. La maternidad forzada no es un bien, es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Quedó expuesto en pleno debate con los casos recientes de dos niñas de 10 años de Salta y Mendoza, embarazadas tras ser violadas por sus padrastros.

–Lo que están haciendo con las niñas es de una crueldad extrema. Escuché las exposiciones de esas personas antiderechos en la Cámara de Diputados. Se enorgullecen de salvar un embrión y promover la maternidad forzada: convencen a las mujeres, a las niñas y a sus madres, las dominan y las obligan a gestar para dar a sus hijos en adopción o para ayudarlas a criar a un hijo producto de una violación, con el que no se van a reconciliar nunca. No se piensa en el trauma de una niña de 10 años. Perseguir a niñas y mujeres para que sigan adelante con un embarazo es una conducta delictiva y violatoria de sus derechos. Las que queremos la legalización no vamos a salir a las calles a perseguir a adolescentes y mujeres embarazadas para que aborten, pero exigimos que tengan derecho a una consejería y a información de calidad.

La inclusión de la objeción de conciencia institucional es un eje central de presión en esta etapa del debate.   

–Y una trampa enorme. Significa permitirle a una institución que brinda servicios de salud violar la ley. No conozco instituciones con conciencia, para que sean objetoras. Hablamos de una ley nacional por la cual todas las instituciones, incluidas las clínicas privadas, tienen la obligación de garantizar la práctica. Pretenden que clínicas privadas y confesionales queden eximidas de brindar el servicio de IVE. Cada universidad católica tiene una clínica médica de referencia que responde a la Iglesia Católica o a un sector afín. Es la misma trampa que despenalización sí y legalización no. Si vamos con objeción institucional y despenalización, seguimos sin que el Estado se haga cargo de las mujeres de sectores vulnerables o de sectores medios despedidas de sus trabajos que no tienen dinero para pagar una IVE. Hay que tener cuidado con estas «creatividades» que surgen a último momento. La media sanción no se toca.

El Senado deberá evaluar el costo político de votar en contra de la voluntad social.

–De una voluntad popular extendida a toda la sociedad con jóvenxs, mujeres y niñas rebeldes que se hacen oír. Estarían imponiéndole una maternidad obligatoria a una multitud de mujeres movilizadas, fortalecidas desde los Encuentros Nacionales, NiUnaMenos, el Paro Internacional de Mujeres del 8M. Los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en todo el país son un aviso. Antes de intentar maniobras dilatorias deberían medir la relación de fuerzas y rever sus posturas conservadoras. Si no avanzan en algo que la sociedad está pidiendo a gritos, sería un fracaso de la política.

Frente a los ataques del Papa vinculando aborto con prácticas del nazismo, CDD expresó su disidencia con la jerarquía católica y remarcó que comparar el movimiento de mujeres con el nazismo constituye un discurso de odio inaceptable.

–Ni la doctrina católica ni el derecho canónico hablan de que el aborto esté equiparado a un homicidio. Franciso hizo una lamentable comparación con el nazismo. La Iglesia tiene en sus enseñanzas y en sus orígenes teologías sacrificiales donde no hay lugar para la sexualidad y el placer sexual, siempre asociados al pecado. CDD  marca esa disidencia,  seguimos adhiriendo al núcleo central del cristianismo pero no compartimos la postura de la jerarquía católica en temas de moral sexual, reproducción y sexualidades: la Iglesia se  mostró homofóbica, sexofóbica y misógina todas las veces que pudo. El Papa reaccionó con ira porque tal vez no pudo hacer una lectura de lo que estaba pasando y no esperaba la media sanción en Diputados. Con esas declaraciones volvió a ser Bergoglio y quedó en evidencia que adhiere a todas las posturas que sostienen  los antiderechos en la calle. Compararnos con el nazismo es una falta de respeto total a un movimiento que ha trabajado por años por los derechos humanos de las mujeres y le hace perder credibilidad como líder religioso. Las iglesias y las religiones tendrán que revisar su conservadurismo. No crearon el patriarcado pero viven legitimándolo todos los días. Se resisten a cambios culturales importantes a favor de la despatriarcalización y colaboran en la reacción contra esos cambios. Es en estos escenarios donde el Vaticano pierde espacio para dar lugar al feminismo que siempre combatió.

¿Es posible lograr un Estado realmente laico?

–Se impone defenderlo porque está siendo amenazado por un proyecto de ley de libertad religiosa que es un engaño. Lo están trabajando silenciosamente en reuniones periódicas de comisiones en la Cámara de Diputados. Lejos de promover la libertad religiosa, favorece la objeción de conciencia institucional para que cada religión actúe a su antojo, como si fuera un país independiente. Cualquiera podría ser objetor de conciencia frente a una ley que no le convenga o a la que no adhiera. Por ejemplo, las instituciones católicas pueden hacer objeción de conciencia en salud reproductiva, anticoncepción, en la celebración de matrimonios igualitarios en los registros civiles, y sobre otros derechos adquiridos que no compartan. Las religiones volverían a tener un poder hegemónico sobre la población.

¿Qué sectores apoyan este proyecto?

–Los mismos que hoy se expresan en defensa de las dos vidas. Son los sectores conservadores que no pudieron detener los grandes cambios legales y culturales, y tratan de incumplir la ley amparándose en sus creencias religiosas. Debemos estar atentxs porque si logramos que el Senado sancione el aborto legal, va a ser contradictorio compartir un escenario con la ley de libertad religiosa. Las colectivas de mujeres y lgbttiq no van a tolerar esta avanzada del retroceso.

 

Fuente: Página 12

Fallece Babatunde Osotimehin, máximo responsable del UNFPA y defensor de la igualdad de la mujer

unfpa

NUEVA YORK, 5 de junio. Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia envía condolencias a toda la familia del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) por la pérdida de su director ejecutivo, Babatunde Osotimehin, quien ha fallecido repentinamente en su casa en la noche del pasado domingo a los 68 años de edad. Osotimehin era reconocido por su lucha por la igualdad de las mujeres y su salud reproductiva.

Leer mas: http://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-babatunde-osotimehin-maximo-responsable-unfpa-defensor-igualdad-mujer-20170605173850.html

Instalan Tribunal Ético del Derecho a la Salud de las Mujeres

Tribunal_WEB 1

La Paz, 1º de junio de 2017. Escuchar los testimonios de Leonor, Libertad y Julia, no solamente hicieron reflexionar a la concurrencia sino que hicieron derramar lágrimas. Con los casos de estas tres mujeres sobre aborto, y embarazo no deseado en adolescentes y cáncer de cuello uterino, se instaló por primera vez y de manera simbólica, el Tribunal Ético por el Derecho a la Salud de las Mujeres, el pasado 31 de mayo en instalaciones del Hotel Presidente.

El Tribunal fue organizado por un Consorcio de instituciones conformado por Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia, Alianza por la Solidaridad,  Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” y CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva,  con el apoyo de la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Red por la Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe,  la Universidad Mayor de San Andrés, con recursos de AECID.

En evento el  realizado en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se presentó el Tribunal como una instancia de litigio estratégico para denunciar la vulneración de los derechos de las mujeres. La presentación del Tribunal dio inicio con las palabras de Tania Sánchez, Directora  del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, y del Dr. Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente, Gioconda Diéguez, de Alianza por  la Solidaridad, expuso un breve contexto sobre la salud de las mujeres en América Latina y el Caribe.

A continuación, las tres mujeres expusieron sus testimonios en relación a experiencias de cáncer de cuello uterino, aborto espontáneo y embarazo adolecente, respectivamente. En la exposición de argumentos, hicieron uso de la palabra: Alejandra Villafuerte (IPAS Bolivia), con argumentación desde la salud pública; Paola Yañez (CADIC), con argumentación intercultural; Tania Nava (CDD/Bolivia) con argumentación jurídica, y Gabriela Yañez (Campaña 28 de septiembre/Chuquisaca), con argumentos desde la psicología.

Finalmente, el Jurado, integrado por la Dra. Fátima Tardío, Directora de la Carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, y la Dra. Mónica Baya, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, expresó sus consideraciones sobre los casos escuchados. De esa forma, el “Tribunal Ético por el Derecho a la Salud de las Mujeres” fue presentado como una herramienta de litigio estratégico para denunciar la vulneración de los derechos de las mujeres.

CDD/Bolivia difunde la Ley 348 con centros de madres

Taller Mensen 1

La Paz, 30 de mayo de 2017. En el marco del proyecto “Bolivia Libre de Violencia”, de Mensen Met Een Missie, Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia dictó un Taller de Sensibilización e Información en relación a los derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y la Ley 348 (“Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”).

La actividad se realizó en las instalaciones de la Fundación La Paz y contó con la presencia de 18 mujeres del Centro de Madres de San Gabriel. Inicialmente, se abordaron los conceptos de sexo, sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Luego se realizó una dinámica de relajación y masaje para liberar el cuerpo y el cerebro de tensiones. Seguidamente, se expuso sobre la Ley 348 a fin de dialogar sobre la violencia de género.

CDD/Bolivia participó en Audiencia Pública del 162 Período de Sesiones de la CIDH en Buenos Aires

Audiencia CIDH

Buenos Aires, 27 de mayo de 2017. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 162 Período Extraordinario de Sesiones en Buenos Aires, del 22 al 27 de mayo de 2017, a invitación del Estado argentino. Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia participó en esta actividad a través de su representante, Tania Nava, abogada y activista en derechos sexuales y derechos reproductivos.

El 162 Periodo Extraordinario de Sesiones fue inaugurado con una ceremonia de apertura con la participación del Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli; el Vicecanciller de Argentina, Pedro Villagra Delgado; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano. Al evento asistieron más de cien invitados, entre quienes se incluyeron representantes de los tres poderes del Estado argentino, entidades estatales autónomas, ex Comisionados, ex Secretarios Ejecutivos y ex Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH, líderes y lideresas sociales y otros representantes de la sociedad civil, académicos, autoridades de organismos internacionales y representantes del cuerpo diplomático regional acreditado en Buenos Aires.

Durante este período de sesiones, la CIDH analizó proyectos de informes temáticos, analizó solicitudes de medidas cautelares y revisó y aprobó informes de peticiones y casos: 21 informes de admisibilidad, cuatro de fondo y una decisión de publicación, entre otras tareas.

Asimismo, se realizaron 18 audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como dos audiencias regionales sobre el Cono Sur. En las audiencias se recibió información muy preocupante sobre algunas situaciones de derechos humanos, tales como la situación de discriminación estructural que sigue afectando a muchos grupos poblacionales en América. La situación de derechos humanos de las mujeres; las personas trans y otros grupos de personas que sufren exclusión y estigmatización con base en su orientación sexual o su identidad o expresión de género, real o percibida, o con base en la diversidad corporal; niños, niñas y adolescentes; defensores y defensoras de derechos humanos y otros operadores de justicia; pueblos indígenas; migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana; personas afrodescendientes; personas privadas de libertad; y personas en situación de pobreza fueron algunos de los temas abordados en las audiencias. La CIDH recibió una vez más información relevante sobre los obstáculos que aún impiden un efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La CIDH realizará otros tres períodos de sesiones este año. El 163 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar en Lima, Perú, del 3 al 7 de julio; el 164 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar en Ciudad de México, del 4 al 8 de septiembre; y el 165 Período Ordinario de Sesiones será en Montevideo, Uruguay, del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Con información de:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/070.aspç

Católicas-Bolivia plantea propuestas a la Carta Orgánica municipal

Carta organica

La Paz, 18 de mayo de 2017. El Consejo Ciudadano de las Mujeres planteó modificaciones a la propuesta de Carta Orgánica Municipal a fin de fortalecer una estructura interna que trabaje los derechos de las mujeres en el Gobierno Municipal de La Paz, en un Taller de Consulta, organizado por el Concejo Municipal, realizado el paso 18 de mayo en instalaciones de la fundación Jubileo.

El Consejo Ciudadano de Mujeres está conformado por diferentes organizaciones e instituciones de mujeres del municipio de La Paz, y Católicas por el Derecho a Decidir forma parte del Comité coordinador del mismo por lo que ha liderado una mesa de trabajo y ha planteado sugerencias al texto de la carta municipal.

La Carta Orgánica Municipal de La Paz es la norma básica de autonomía y aún está siendo construida por varios colectivos sociales y organizaciones de base. El Artículo 64 hace referencia a la Igualdad y Equidad de Género y señala que “el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Chuquago Marka, desarrollará políticas de equidad de género y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para eliminar las brechas existentes y la discriminación por razón de sexo, así como generar condiciones para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos a la salud, educación, trabajo digno, participación política, medio ambiente sano, una vida libre de violencia y el acceso a servicios públicos”.

Cabe remarcar que la actual propuesta de Carta Orgánica se la hizo en base a un trabajo realizado el 2010 por diferentes instancias municipales, entre las que resaltó la Alianza de Mujeres de La Paz, quienes ya habían redactado la normativa municipal. De esta forma, el Concejo Municipal de La Paz continúa el ciclo de talleres de socialización y consulta del texto de Carta Orgánica, junto a organizaciones sociales y territoriales de la urbe paceña.

CDD/Bolivia organizó un Seminario informativo sobre el Consenso de Montevideo en Cobija

Consenso Cobija

Cobija, 16 de mayo de 2017. Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia organizó un Seminario informativo sobre el Consenso de Montevideo en la ciudad de Cobija. La actividad se desarrolló en el local “El Curichi del Cocodrilo”, y tuvo un número importante de asistentes.

En la oportunidad las facilitadoras, Paula Estenssoro y Silvia Salinas, explicaron extensamente cada uno de los acuerdos del Consenso de Montevideo, sobre todo los relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos  y cómo las diferentes instancias del Estado Plurinacional, Poder ejecutivo y gobiernos subnacionales, deben cumplir estos acuerdos.

El Consenso de Montevideo se  constituye en un documento estratégico a nivel continental ya que refleja los acuerdos alcanzados en el nivel regional para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos y porque contiene avances sin precedentes en materia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

CDD/Bolivia organizó taller sobre el Zika en Cobija

16 de mayo de 2017. Con la participación del personal de salud de SEDES  y de otras instancias Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia organizó el Taller sobre “Zika y Aborto dos palabras que se deben conjugar” en la ciudad de cobija el pasado 16 de mayo.

En Bolivia el 43% de los casos de ZIKA corresponde a mujeres embarazadas que corren el riesgo de que sus hijos tengan microcefalia. En Bolivia se registran hasta el momento 72 casos de zika, todos en  Santa Cruz; de   ellos, 31 son en gestantes.

A pesar de los altos riesgos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas, sobre el virus del Zika y su relación con la salud de las mujeres embarazadas y los posibles nacimientos con microcefalia o síndrome de Guillain-Barré, el Estado Boliviano, a través del Ministerio de Salud, no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar la enfermedad y prevenir el contagio y garantizar los derechos de las mujeres. Ambos organismos internacionales instan a los Estados a proveer información, anticonceptivos y servicios de aborto seguro a las mujeres contagiadas por el virus que deseen interrumpir su embarazo. Sin embargo, el Estado no está tomando en cuenta estas recomendaciones, violentando los derechos de las mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo las de escasos recursos, quienes tienen las mayores tasas de embarazos no deseados y/o producto del delito de violencia sexual, y son las más expuestas a la transmisión del virus por las condiciones de desigualdad en que viven.

Las consecuencias del virus del Zika incrementan visiblemente la brecha de desigualdad de género, por lo que se necesitan acciones urgentes desde el sistema público de salud y del Estado en su conjunto para que las mujeres ejerzan su  derecho a decidir sobre sus cuerpos y su salud sexual y reproductiva y así tomar decisiones informadas para continuar o no con un embarazo.

De acuerdo a la OMS, el mosquito vector del virus de Zika prolifera en los climas cálidos y, sobre todo, en zonas con malas condiciones de vida. Las embarazadas que viven en estas zonas o viajan a ellas corren el mismo riesgo que el resto de la población de infectarse por el virus. Además, la infección materna por el virus de Zika puede pasar desapercibida, ya que muchas personas no presentan síntomas.

Aunque los síntomas que causa esta infección durante el embarazo, cuando aparecen, suelen ser leves, se ha producido un aumento inusual de casos de microcefalia congénita, síndrome de Guillain-Barré y otras complicaciones neurológicas en las zonas donde se han registrado los brotes, suscitando gran preocupación entre las embarazadas y sus familias, así como entre los profesionales sanitarios y las instancias normativas. El virus de Zika es mucho más peligroso en el primer trimestre del embarazo, cuando la mayoría de las células madre se forman, pero también puede ser dañino en el segundo trimestre.

Se presentó el IX Concurso de Reportajes Periodísticos en Cobija

Concurso Periodistas Cobija

Cobija, 15 de mayo de 2017. Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia presentó el «IX Concurso de Reportajes Periodísticos» en Cobija. El evento se desarrolló en el salón de eventos «Junior» y tuvo la participación de una gran cantidad de periodistas locales.

Silvia Salinas, Responsable de Comunicación de CDD/Bolivia, presentó y explicó en detalle la Convocatoria para el “IX Concurso de Reportajes Periodísticos”. Una veintena de periodistas se enteró de la Convocatoria y resolvió sus dudas al respecto.

Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia y Alianza por la Solidaridad, con apoyo de la Fundación para el Periodismo, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Carrera de Comunicación Social de la UMSA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, acaban de lanzar la Convocatoria para la novena versión del Concurso Nacional de Reportajes Periodísticos “Derechos sexuales, derechos reproductivos y Aborto”.

El objetivo principal del concurso es promover la producción de reportajes periodísticos educativos que difunda el respeto y defensa de los derechos humanos, los derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres. Las categorías son tres: Prensa (medios impresos y digitales); radio (analógica y digital) y audiovisual (televisión y producción audiovisual en general).

De acuerdo a las condiciones del concurso, podrán participar periodistas bolivianos/as y extranjeros/as que ejerzan labores periodísticas en medios escritos, audiovisuales y radiales en Bolivia. Asimismo, podrán participar estudiantes, de quinto año, de  las carreras de Comunicación Social y Periodismo de universidades públicas y privadas, siempre y cuando su trabajo sea publicado en medios masivos de comunicación de Bolivia.

En cuanto a las propuestas temáticas, los/as periodistas y medios interesados podrán seleccionar los siguientes temas: aborto y derecho a decidir de las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos (embarazo adolescente, educación para la sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, mortalidad materna, identidad de género, otros relacionados) y Estado laico (Garantía y ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos, fundamentalismos religiosos, políticas públicas y laicidad, otros relacionados).

Los trabajos periodísticos deben haber sido publicados o difundidos entre el 1º de octubre de 2016 y el 30 de agosto de 2017, en algún medio de comunicación a nivel nacional.  En cuanto a los premios, los organizadores otorgarán Bs. 6000 (seis mil bolivianos) al/la ganadora de cada categoría, y además se otorgará el premio especial de “#Periodista#SinRiesgo” al mejor reportaje periodístico sobre aborto y derecho a decidir de las mujeres, realizado en cualquiera de los tres formatos. El premio #SinRiesgo consiste en un intercambio de experiencias en España, durante dos semanas, con todos los gastos cubiertos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden descargar la Convocatoria del Sitio Web www.catolicasbolivia.org, o visitar la página institucional de Facebook “Católicas Bolivia”.

“El Estado no puede legislar en base a criterios confesionales” sobre el aborto

Boletin 3 Adriana Salvatierra

POR: ELIZABETH RIVA A. ELPAIS@OPINION.COM.BO | 23/04/2017

La Paz, 23 de abril de 2017. La revisión y tratamiento del Código del Sistema Penal se encuentra en la última etapa de revisión y la Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a comenzar su tramitación, pese a la polémica generada por uno de sus artículos, el 157, que amplía las causales para un aborto legal hasta las ocho semanas de gestación.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostiene que ese tema es utilizado por grupos de oposición que no quieren debatir sobre el fondo del proyecto, que plantea que una mujer que aborte al margen de las causales legales, tendrá de 1 a 3 años de cárcel y sobre los otros temas que contiene el proyecto global en sus más de 600 artículos.

Salvatierra, en entrevista con OPINIÓN, habla del avance del tratamiento del documento y de su alcance que busca transformar el sistema penal boliviano, hacia una justicia restaurativa y no solo punitiva.

Entre otras cosas, afirma que la Iglesia católica asistió a las audiencias públicas con el secretario de la Conferencia Episcopal como su representante.

PREGUNTA: ¿Cuál es el avance del debate y la búsqueda de consenso sobre el proyecto del Código del Sistema Penal?

RESPUESTA: Se ha tenido audiencias públicas con diversas instituciones que han presentado observaciones sobre algunos artículos del Código del Sistema Penal.

También nos hemos reunido con la Coalición Contra la Tortura y con los colectivos que se autodenominan Plataforma por la Vida, los colectivos de diferentes organizaciones de mujeres, se ha mantenido reuniones y mesas técnicas con el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Ahora el Código ya ha sido enviado para su revisión al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno y a las instancias correspondientes.

Lo que queda de aquí hacia adelante es terminar de cerrar algunos puntos técnicos con los insumos que se han generado en las audiencias públicas y pasar a su aprobación. Esperamos nosotros que esto ya pueda realizarse a más tardar la primera semana de mayo.

P.: El tema del aborto es el que más polémica está generando. ¿Hay algún consenso o posibles modificaciones en ese tema?

R.: Primero, pretender empantanar la discusión solo en ese tema, cuando lo que se está buscando es transformar la justicia en el sistema penal, parece ser parte de una estrategia mediática para deslegitimar todo un proceso de construcción de una opción transformadora para la justicia.

De todas maneras, en este tema, ya se han realizado audiencias con ambos colectivos (los que impulsan la legalización del aborto y los que se oponen). Por un lado, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres presentaron una propuesta para mejorar la actual redacción del proyecto y también está los de la Plataforma por la Vida que básicamente plantearon que se mantengan las cinco causales que hoy en día permiten el aborto que son: violación, estupro, incesto, rapto no seguido de matrimonio y riesgo para la vida de la madre.

P.: ¿Y cuáles son los resultados de esas audiencias?

R.: En la propuesta de la Plataforma por la Vida, vemos una contradicción, primero plantean todo un discurso de defensa de la vida desde la concepción y, sin embargo, después piden, en contraruta, mantener las causales que ya despenalizan el aborto por cinco motivos (en el actual Código Penal). Segundo, lo que hacen es desviar el debate de fondo, nosotros en esta propuesta del Código del Sistema Penal hablamos de una justicia restaurativa, una justicia que plantee una respuesta diferente frente a una infracción penal, de una forma constructiva, que esté basada en la reparación del daño, que no esté basada en la venganza, que no solamente busque encarcelar a las personas.

Y si hablamos de una justicia restaurativa, ¿cuál es la utilidad de meter a la cárcel a una mujer que aborte?, porque también se plantea (en el proyecto) cárcel de 1 a 3 años. Entonces, desviar el debate sobre el aborto como lo quieren hacer, anula al otro debate que objetivamente se debe tener en el sistema penal: Una mujer que interrumpe su embarazo, ¿debe ir o no a la cárcel? y, si va, ¿por cuántos años? Ese es el problema de fondo.

P.: La Iglesia católica denuncia que fue excluida del debate sobre el aborto y algunos de sus miembros han emitido fuertes cuestionamientos…

R.: El Estado no puede legislar en base a criterios confesionales, el Estado debe velar por el conjunto de la sociedad.

Evidentemente, en esta campaña de desinformación, de mentiras, que busca generar desconfianza en la ciudadanía, la Iglesia católica miente. El señor Erwin Bazán, vocero de la Iglesia católica, vocero de la Conferencia Episcopal, participó en la audiencia pública, consta en las listas, en las fotos. La Iglesia católica y otro conjunto de iglesias e instituciones que están vinculadas a diferentes creencias, participaron representadas en esta plataforma (Plataforma por la Vida).

P.: El Código del Sistema Penal es un proyecto amplio y complejo que está demandando un proceso largo. ¿El trabajo de revisión y búsqueda de consenso es exhaustivo?

R.: Este proceso ha convocado a los mejores profesionales, los mejores especialistas en materia penal que tenemos a nivel nacional y ha sido revisado y ponderado por eminencias del derecho penal a nivel internacional. El doctor Carlos Alberto Binder (jurista argentino), por ejemplo, que ha estado en las presentaciones entre otros, son quienes han dado fe de que este proyecto es ambicioso y también revolucionario porque plantea toda una tranformación dentro de la justicia en materia penal. No olvidemos que este código del sistema penal no solamente plantea la regulación de la política criminal en la parte sustantiva, sino también de la procedimental, pero además comprende la parte teórica que abarca toda la interpretación de la justicia restaurativa, todo un marco teórico donde se transita desde la justicia punitiva hacia la justicia restaurativa, donde enfatiza centralmente no sólo la necesidad del castigo, sino que enfatiza, fundamentalmente, un proceso de reconocimiento de la infracción, reparación a las victimas, de restauración del daño y de reintegración de la persona infractora a la sociedad.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0423/noticias.php?id=217275