Las confesiones de pederastia del jesuita español Alfonso Pedrajas Moreno, reveladas por el diario internacional El País, movilizan al Comité Pro-laicidad, mecanismo conformado por más de 20 organizaciones defensoras y activistas de derechos humanos que vigilan, promueven y exigen el respeto del Estado laico, avalado en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. A partir de ese mandato se establece la independencia del Estado respecto de las iglesias. En esa perspectiva y en el marco de los derechos
humanos, emitimos el presente pronunciamiento público:
Recordamos a la ciudadanía y al Estado Plurinacional de Bolivia, que este deplorable hecho de pederastia, no es un hecho aislado sino una nueva evidencia de los acosos, abusos, violaciones, amedrentaciones y chantajes cometidos por líderes jerárquicos de la Iglesia Católica (y de otras iglesias y agrupaciones religiosas) hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos a lo largo de la historia pasada y reciente. Enfatizamos que, a diferencia de los casos precedentes, el diario del sacerdote pederasta evidencia las prácticas de encubrimiento y protección de prácticas delincuenciales por parte de las jerarquías de las diferentes iglesias, y hoy las obliga a dejar en manos de la justicia el castigo ejemplificador de estos delitos contra la sociedad, en cumplimiento de
las normas locales e internacionales. Hoy ha quedado claro que el silencio, negación y complicidad de las iglesias, amparadas en su paraguas institucional y en los privilegios otorgados en el mundo y, sobre todo, en América Latina y el Caribe, históricamente han contribuido a incrementar la vulnerabilidad social y el número de víctimas en el mundo
Denunciamos el encubrimiento por parte de la Compañía de Jesús, orden de la Iglesia Católica, que tenía pleno conocimiento de los hechos cometidos por Pedrajas y, no obstante, de ello, delegarle roles de alta responsabilidad social como la dirección de un establecimiento educativo e internado para “niños pobres…”. Denunciar oportunamente al sacerdote y dejar que los mecanismos legales sancionen este delito, hubiera evitado que más niñas, niños y adolescentes sean expuestos a sufrir estos vejámenes que son una expresión de la estructura jerárquica y de la supuesta “autoridad moral” y “derecho sobre los cuerpos” que asumen las iglesias en general.
Denunciamos que las personas expuestas a los hechos de violencia sexual, han sido acalladas, extorsionadas y hostigadas sistemáticamente para proteger la institucionalidad la iglesia católica y que la inacción de su jerarquía ha permitido que acosadores, abusadores y violadores, pisoteen los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y desprotección, actuando bajo el amparo de una supuesta “vocación de servicio”.
Expresamos nuestra profunda solidaridad a las víctimas y a sus familias y desde el Comité Pro-laicidad, comprometido con la defensa de los derechos humanos, reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso para realizar el estricto y sostenido seguimiento a este caso y a otros que quedaron en el olvido, a acompañar a las víctimas, exigir justicia y seguir insistiendo para que la educación laica y la educación integral en sexualidad dejen de ser un tabú.
Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a las iglesias para desnaturalizar y adoptar una educación integral en sexualidad que permita a presentes y futuras generaciones, crecer y educarse en espacios seguros con el adecuado conocimiento de sus derechos para prevenir y denunciar la violencia sexual. Solo así podremos forjar una sociedad respetuosa de su sexualidad. Es socialmente irresponsable que las iglesias en Bolivia sean las promotoras de la negación sistemática del derecho a la educación integral en sexualidad.
Exigimos que el Estado comunique a la Iglesia Católica que las normas internas de esta institución como el “secreto de confesión” que contravienen nuestras leyes que obligan a denunciar ante las autoridades competentes todo acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes (Código Niño, Niña, Adolescente Art. 155), quedan sin efecto en todo el territorio nacional y quienes pongan por encima de la ley sus normas religiosas, serán sancionados y sancionadas. Además, una investigación seria y sostenida sobre los acosos, abusos y violaciones cometidos por sacerdotes y líderes religiosos, medidas de protección para las y los denunciantes, y de reparación y restitución de los daños causados a las víctimas y a sus familiares.
