Desde Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia, REPUDIAMOS la injerencia de la jerarquía eclesial de la Iglesia Católica y la vulneración de derechos humanos de una niña de 11 años, víctima de violación, interfiriendo en la aplicación de la normativa nacional y en especial de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 que reafirma que la violencia sexual es causal para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); además de vulnerar el carácter LAICO del Estado Plurinacional de Bolivia, establecido en el Art. 4 de la Constitución Política del Estado, que establece la explícita independencia del Estado de las religiones, por lo que las creencias no pueden imponerse ni intervenir en las acciones estatales.
RECORDAMOS que el deseo expresado por la menor fue el de “no continuar” con el embarazo producto del delito de violación, posteriormente y sobrepasando el principio de confidencialidad, dejando de lado el principio de autonomía progresiva de la niña para tomar sus propias decisiones, así como su protección, se accedió a ella y a su madre para convencerlas de desistir de la interrupción legal del embarazo, interponiendo creencias religiosas y posturas moralistas por encima del interés superior de la niña, poniendo en alto riesgo su vida, su salud física y psicosocial.
DENUNCIAMOS el accionar de servidores/as públicos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los gobiernos autónomos municipales de Yapacaní y Santa Cruz, así como del Hospital “Percy Boland”, instituciones que están llamadas a proteger los derechos humanos de las personas y en este caso en particular de la niñez, adolescencia y las mujeres, vulneró el derecho de la reserva, confidencialidad y protección, dando lugar a la revictimización de la niña.
El embarazo infantil forzado está considerado como tortura, tal como lo establecen diferentes mecanismos internacionales de Derechos Humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General 35 y el Comité contra la Tortura. Al obligar a una niña a proseguir con el embarazo se la está exponiendo en un grave riesgo, en su salud integral y su vida, prologando su sufrimiento y situación de alta vulnerabilidad.
Las niñas no pueden ni deben ser madres, tienen derecho a ser protegidas y a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. La interrupción de un embarazo no deseado producto de una violación es la única posibilidad de protección para que continúe siendo niña, es la única posibilidad de restitución de sus derechos, es la única posibilidad para el cuidado de su salud psicológica, física y de su vida, para su desarrollo integral y para sobreponerse a la trágica vivencia de una violación.
Ante dilemas éticos de carácter religioso para las personas de fe, la doctrina católica establece que las decisiones deben ser tomadas en libertad y desde la voz de la propia conciencia, que señalarán el mejor camino y Dios no condena. Jesús interpeló la Ley del Antiguo Testamento e impactó y tensionó a las jerarquías eclesiásticas con su mensaje de amor, misericordia y libertad a través de su Gracia.
EXIGIMOS al Estado Boliviano que intervenga de manera inmediata y urgente para que garantice la protección y restitución de los derechos de la niña, inicie el debido proceso judicial y sancione al agresor sexual; investigue sancione a los/as servidores/as público/as y las instituciones y organizaciones responsables del incumplimiento y transgresión de la normativa vigente y la vulneración de los derechos de la menor.
“LAS NIÑAS NO PUEDEN NI DEBEN SER MADRES”
La Paz, 29 de octubre de 2021
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