25 DE NOVIEMBRE: LAS CONQUISTAS DE LAS MUJERES NO RETROCEDEN
Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordamos que nuestra lucha está inscrita en vidas de miles de niñas y mujeres, sus familias en el mundo y frente a ello, una trayectoria internacional de compromisos que Bolivia asumió, a veces tarde, a veces con resistencia, pero que fueron posibles gracias al empuje incansable de las propias mujeres.
En 1994, Bolivia ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Belém do Pará”, el primer tratado vinculante del mundo que reconoció la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Ese compromiso marcó un antes y un después: obligaba al Estado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, y a modificar patrones socioculturales que la perpetúan.
Al año siguiente, en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Bolivia asumió la Plataforma de Acción de Beijing, un documento histórico que incorporó la categoría de género como un eje para transformar la desigualdad estructural. Beijing nos marcó una hoja de ruta clara: transversalizar el género en todas las políticas públicas, fortalecer la participación de las mujeres en la vida política, económica y social, y garantizar su derecho a vivir libres de violencia.
Estos compromisos no fueron simples declaraciones: fueron la base para exigir cambios reales dentro del Estado.
A partir de estos marcos internacionales, Bolivia empezó, con pasos a veces lentos, a veces intensos, a transformarse. Recuerdo bien cuando comenzamos a enfrentar la violencia hacia las mujeres como un problema estructural y no como casos aislados con la Ley 1674 de violencia Intrafamiliar y Doméstica. Fue el tiempo en que la categoría de género empezó a consolidarse como herramienta analítica indispensable.
Uno de los hitos fue la Ley 1551 de Participación Popular (1994), abrogada hace años. la primera norma que eliminó el uso del genérico masculino y reconoció explícitamente a las ciudadanas, Ese reconocimiento simbólico y político fue un quiebre en la forma en que el Estado nombraba, y por tanto reconocía, a las mujeres como sujetas de derechos.
En 1999, desde una institución nacional, se imprimió el documento “Institucionalización de las políticas para la equidad e igualdad de género en el ámbito municipal.”. Ese material permitió avanzar en la incorporación del género de manera técnica dentro de los gobiernos locales, impulsando la institucionalización de la igualdad más allá de discursos. Luego la institucionalización de las partidas 24 y 25 en el clasificador presupuestario en el Ministerio de Economía fue otro gran logro a nivel nacional y subnacional. Y como éstos muchos otros.
Pero es importante ser claras:
Hablar de violencia no es hablar de ideología, como ahora las campañas de desinformación quieren hacer ver, no es hablar de un partido político o un gobierno de turno. Fuimos las mujeres: en las calles, en las organizaciones, en los colectivos, en los pronunciamientos, en los territorios y a nivel nacional, en la construcción de propuestas de ley, en las denuncias públicas, en la creación de institucionalidad, en cargos públicos y en la apertura de debates que incomodaban a muchas personas.
Todas las conquistas que hoy tenemos nacieron de ahí: de las sobrevivientes que se animaron a alzar la voz, de las que ya no están, de quienes están y estuvieron en el activismo, de la sociedad civil, de las mujeres organizadas que nunca esperaron permiso para transformar y dar voz a quienes no podían hacerlo.
En Bolivia contamos con leyes avanzadas; sin embargo, la violencia persiste porque el Sistema Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no funciona con la solidez que debería. Lo hemos dicho siempre:
el problema no está en la norma, sino en la administración de justicia, en la falta de recursos para la mejora de servicios de atención, protección, investigación, sanción y restitución, en la débil articulación interinstitucional, y en la ausencia histórica de un programa de prevención de la violencia de género sostenido, estatal y multiactor.
La prevención no es difundir la ley ni hacer campañas de tres meses.
La prevención real se construye desde el sistema educativo, con formación en igualdad y educación sobre sexualidad para hablar de los cuerpos y las violencias que los atraviesan, los medios de comunicación, con responsabilidad y ética, el sistema de salud, con enfoque integral, el trabajo comunitario, desde las redes y liderazgos territoriales y las políticas de largo plazo, financiadas, evaluables y adaptadas al territorio.
Tampoco es cierto que la violencia se explica por el alcohol o las drogas.
Los feminicidas están en las casas, en las relaciones cotidianas, en una cultura patriarcal que todavía instrumentaliza a las mujeres, las infantiliza, las controla y las marca como subordinadas.
Las brechas entre campo y ciudad continúan profundizando desigualdades, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes y rurales, cuyas experiencias de violencia no son denunciadas o son duramente silenciadas.
Escribo este artículo para recordar que cada avance tuvo rostro de mujer.
Que la institucionalidad en igualdad no existió por voluntad política espontánea, sino por la presión sostenida de un movimiento diverso y decidido.
Y que hoy, más que nunca, necesitamos proteger lo conseguido y exigir lo que falta.
Porque la lucha no se abandona.
Porque la justicia no puede seguir siendo una promesa lejana.
Porque vivir sin violencia es un derecho, no un favor.
Porque las conquistas de las mujeres no retroceden.
Seguiremos hasta que todas, en todo lugar, vivamos libres de miedo y violencias. Por ellas, por nosotras, por las nuestras familias, por la institucionalidad contra toda forma de violencia y discriminación hacia niñas y mujeres y por una sociedad que debe ser implacable con la violencia de género.
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