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La violencia contra la mujer, protegida por la Justicia

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Karen Gil*

Hace 15 años, un juez negó a Carlos Aguirre la custodia de sus hijas en la apelación del anterior fallo que le daba la tutela a la madre. Evaluó que era una persona agresiva, pues su exesposa se había divorciado de él porque la golpeaba por años. Gracias a ese juez, las niñas de cinco y seis años crecieron en un lugar seguro; su progenitor no tenía carta blanca para violentarlas. Esa es la historia que quisiera contar, pero no puedo hacerlo porque ese juez hizo todo lo contrario.

La decisión de este operador de justicia llevó a que las hermanas sufrieran 15 años  violencia física y psicológica de parte de su padre. Este, quien debía protegerlas, no solo las golpeaba y humillaba, sino también encubrió la violación de su sobrino a su hija desde que ella tenía cinco años.

Esta historia no termina ahí. Hace unos días, las adolescentes y su madre volvieron a ser víctimas, pero esta vez  y nuevamente por los operadores de justicia.

Cuando las tres mujeres encontraron la fortaleza de denunciar el caso, el juez William Rodríguez no vio un delito grave. Por eso, además de dar protección en favor de las niñas, solo determinó detención domiciliaria para el acusado.

La familia pidió la revocatoria de la medida porque temía por su vida. Pero el juez Rodríguez suspendió la audiencia el uno de abril, por tercera vez, dejando 13 días, en los que el acusado pudiera huir y en que las jóvenes vivieran en indefensión.

Esta indefensión, además, allanada porque la fiscalía de materia no efectuó ninguna acción efectiva para garantizar las medidas de protección, dispuesta en la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley 348).

Tras protestas de activistas, se adelantó la audiencia y se realizó el anterior martes, cuando se resolvió la detención preventiva del agresor.

Este no es el único caso en que la justicia no actúa con celeridad, hay miles de estos y muchos terminan en muerte de las víctimas. Uno de ellos es el de Wilma Zurita, quien el domingo 4 de abril fue degollada en un lugar público de Santa Cruz por Marcelino Martínez, su expareja.

Esto sucedió tras siete días de que ella denunciara las agresiones de Martínez. Pero este apenas estuvo unas horas retenido, porque la fiscalía no vio el peligro inminente que corría la mujer y lo liberó.

La fiscalía también falló cuando no cumplió adecuadamente con las medidas de protección para Wilma. Y ¿por qué? Porque esta instancia, más allá del título, no tiene ni idea de cómo brindar estas garantías y porque son parte del patriarcado, que reproduce la impunidad.

Otro caso reciente fue el de Icla, quien denunció a los que fueron sus amigos, Alejandro Archondo y Alejandro Cambero, de haberla violado.

La joven ya había denunciado a la policía el 13 de marzo, pero el proceso recién fue abierto dos semanas después, cuando tuvo la valentía de contar públicamente en Facebook lo sucedido. Tras ello, la indignación y el pedido de justicia se hicieron virales en las redes sociales.

Tras la imputación, el juzgado determinó el 4 de abril la detención preventiva para Archondo y no así para Cambero. No pudo hacerlo, pues este está prófugo, porque tuvo varias semanas para huir.

Estos tres casos solo son la punta del iceberg de la violencia estructural que vivimos las mujeres. Como estos hay miles que se arrastran en la justicia. Y, sí, hay miles de mujeres en peligro latente, porque —como en los casos relatados— sus agresores son cercanos a ellas.

La falta de justicia real da vía libre a que los violentadores  asuman que puedan hacer lo que quieran con las mujeres de su alrededor, porque saben que la Justicia y el pacto patriarcal los protegerán.

Solo así se puede entender que a ocho años de la aplicación de Ley 348 haya habido más de 800 feminicidios. De estos no hay ni una sentencia ejecutoriada y ni siquiera el Ministerio de Justicia sabe cuál es la situación actual de los procesos, como dejó ver el titular de esta cartera en una entrevista en radio Deseo.

Urge que el Estado tome un papel activo contra la violencia a la mujer. Urge que las autoridades judiciales actúen con celeridad y que efectivicen las medidas de protección, entre otras acciones.

Si esto no sucede, las historias de niñas violentadas por años, mujeres violadas por amigos, y asesinadas por sus exparejas son las que seguiremos contando.

 

*Karen Gil es periodista.

 

Arrancó la convocatoria al Fondo Concursable de Investigación Periodística

FONDO CONCURSABLE

Este 19 de juio, Católicas por el Derecho a Decidir presentó el Fondo Concursable de Investigación Periodística que seleccionará la mejor propuesta de investigación periodística para su realización. La convocatoria recibirá las propuestas en la categoría: Violencia Sexual en Bolivia.

El concurso, incentiva la producción y el interés por el tratamiento mediático de los derechos sexuales y derechos reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres. El premio para la propuesta ganadora será de una suma equivalente a Bs. 8000 (Ocho mil bolivianos) y podrán participar periodistas, como estudiantes de comunicación social y periodismo.

En la primera versión del concurso, el reportaje denominado “Los hospitales católicos se niegan a practicar abortos legales y violan la ley”, fruto de la propuesta de investigación de la periodista Alejandra García, fue ganadora del Fondo de Investigación Periodística, que ese año eligió la temática de Estado Laico. El trabajo fue difundido por Radio Deseo.

Las personas interesadas deben  descargar el formulario de inscripción,  en el que deben plasmar su información personal y su propuesta de investigación de la página web de la institución www.catolicasbolivia.org, y enviarlo al correo electrónico catolicabolivia@gmail.com, hasta el 20 de julio de 2020.

Para descargar la convocatoria ingresa acá

Crece el drama de niñas violadas y embarazadas

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El Deber/Santa Cruz.

Ambas tenían 13 años cuando fueron violadas. Una fue víctima de un extraño en 2014 y la otra sufrió la agresión de su padre este año. Las dos menores de edad quedaron embarazadas tras las agresiones, pero los desenlaces de sus historias tuvieron finales diferentes, dejando solo a una como parte de las estadísticas del aborto impune o interrupción legal del embarazo, del cual solo algunas instituciones conocen y hablan.
La maternidad Percy Boland y la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz conocen de al menos 10 casos de abortos impunes (con aval de la justicia) en lo que va del año, uno de los cuales ocurrió hace dos meses en un barrio alejado.

La víctima era violada por su padre desde hace un par de años, cuando su familia vivía en una comunidad campesina. Al llegar a la ciudad de los anillos, los abusos no acabaron. En las entrevistas sicológicas la niña explica su calvario y el silencio que mantuvo hasta que quedó embarazada.

Su tía se percató de los cambios de la niña y sospechó que estaba embarazada. De acuerdo con los informes a los que tuvo acceso EL DEBER, al principio la víctima no quería decir el nombre de la persona que la embarazó, pero al final de varias conversaciones y con lágrimas en los ojos, contó que fue su papá.

La reacción familiar fue inmediata, se denunció al hombre y ahora está preso en el penal de Palmasola esperando una sentencia. Pero el calvario de la niña no había terminado, ya que enterada de que estaba embarazada, su reacción fue de rechazo.

Su familia buscó ayuda en algunas instituciones y así pudieron hacer que sicólogos hablen con ella y le planteen las alternativas que tenía.
Ante esto y con un proceso penal abierto, pidió que su embarazo sea interrumpido. En este caso la norma para el aborto impune se aplicó y ahora, según los datos de los sicólogos, la muchacha está mejor y tratando de olvidar lo que vivió.

Una historia diferente
El año pasado, otra adolescente de 13 años también fue víctima de violencia sexual. Esta menor había perdido a su padre y una familiar cercana decidió cobijarla en su casa. Allí las cosas parecían mejorar, pero un depravado que trabajaba en esa vivienda aprovechó para abusarla varias veces. El temor la hizo callar las violaciones y fue la familiar que al enterarse de que estaba embarazada y, pese a conocer que había sido violada, la culpó por lo ocurrido y renunció a su guarda. La muchacha pasó a un hogar de acogida y se deprimió a tal extremo que tenía intenciones de quitarse la vida, pues no solo se sentía culpable por las violaciones, sino también porque no sabía qué pasaría con su vida.

La intervención oportuna de un equipo de sicólogas del Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica (Cepat) hizo que sacara de su cabeza las ideas del suicidio. Ella aceptó al bebé que llevaba en su vientre y a sus escasos 14 años se convirtió en mamá, volvió al colegio y ahora sueña con ser una gran peinadora.
La violencia y los recuerdos del dolor han quedado atrás en la vida de esta muchacha gracias al apoyo de las sicólogas, que la ayudan y la atienden de forma permanente.

Posiciones encontradas
El drama de niñas y mujeres que quedaron embarazadas tras una violación se visibilizó en abril de este año, cuando surgieron voces a favor y en contra por la decisión que tomó una niña de 11 años, violada y embarazada por un mototaxista, de hacer que su embarazo sea interrumpido legalmente.

La menor se vio obligada a cambiarse de barrio y de colegio para continuar con su vida, ya que donde habitaba y en su unidad educativa era mal vista por haber aceptado que se le practicara un aborto.
Hernán Cabrera, representante departamental de la Defensoría del Pueblo, dijo que además del caso de la niña de 11 años, su institución conoció otros cuatro hechos.

Cabrera asegura que aún hay desconocimiento de los operadores de justicia y de los médicos con respecto a las normas que buscan preservar un derecho humano.

La directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, recordó que la segunda causa de muerte en las mujeres es el aborto mal practicado, por lo que pide aplicar e informar sobre las disposiciones que amparan la interrupción del embarazo, ya que la salud es un derecho de las mujeres.

El vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, recuerda que todos deben respetar la vida desde su concepción y que ante la norma del aborto impune, instituciones extranjeras apoyadas por gente en el país se están aprovechando para legalizar una práctica de muerte. Además dijo que el clero nacional apoya a los médicos que se niegan a practicar estos abortos y que, según han mencionado, se ven obligados a practicar el aborto.

Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados, indicó que no se puede obligar a nadie a realizar actos reñidos con su formación ética y religiosa. El jurista recordó que la discusión del aborto sigue siendo un tema que está en statu quo, ya que las aristas del debate son múltiples y contrapuestas en una sociedad donde esta realidad está en su diario vivir.

Las violaciones no cesan
Según datos oficiales, en los primeros nueve meses, en Santa Cruz se registró un promedio de 15 casos de violaciones por día y la Unidad de Víctimas Especiales ha recibido más de 700 denuncias de víctimas de violencia sexual.

Es más, los datos señalan que por mes ingresaron al penal de Palmasola al menos 29 personas acusadas de cometer violación. En los estrados judiciales, los procesos de estas denuncias son más de un centenar

 

 

 

 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/crece-drama-ninas-violadas-y.html