Skip to main content

Fiscalía investiga al asambleísta acusado de golpear a su pareja

f620x0 89915_89933_50

Página Siete / La Paz.
El Ministerio Público abrió un proceso penal en contra del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Marín Sandoval, luego de que fuera denunciado por intento de feminicidio contra su pareja, a quien golpeó y pateó brutalmente.
«En este caso la justicia ya está tomando cartas en el asunto, ya existe un fiscal asignado al caso y vamos a hacer todo el seguimiento para que llegue a su fin como corresponde más aún existiendo amenazas y agresiones”, informó ayer la asambleísta opositora, Claudia Bravo.
La denuncia llegó el viernes a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). El asambleísta del MAS Gustavo Torrico fue quien hizo conocer a la Policía sobre el hecho.
El legislador de La Paz contó que la pareja de Sandoval, Lizeth, quedó con el rostro «desfigurado” y sufrió graves lesiones en el resto de su cuerpo luego de las fuertes patadas que recibió cuando estaba en el suelo.
En fotografías que circulan por las redes se ve a la víctima con el rostro totalmente ensangrentado e incluso tiene algunas  piezas dentales rotas.
El viernes se anunció que la Asamblea Legislativa se reunirá el martes de manera extraordinaria para tratar el alejamiento de Sandoval.
No obstante, ayer algunas asambleístas pidieron públicamente la renuncia de Sandoval antes de que ellos puedan tomar una decisión. «Estamos pidiendo que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental presente una renuncia inmediata; nosotros no podemos permitir (que haya) autoridades de esta naturaleza” dijo  Edwin Zárate.
La asambleísta Bravo contó que la víctima es asistida por profesionales. «Está en una situación muy vulnerable, es una típica víctima de violencia. Hemos tenido conocimiento por información de vecinos y amigos que presenta dolores de cabeza, mareos, ha sido objeto de violencia repetida”, manifestó.
Indicó además que vecinos de la casa de Sandoval contaron que anteriormente ya hubo una pelea entre él y la mujer.
Según Torrico, cuando la mujer buscó atención médica en el Hospital de Clínicas, Sandoval la hizo sacar con la ayuda de unos policías y la devolvió a su domicilio. Agregó que el acusado le «tiró” 4.000 bolivianos a su mujer para sus curaciones y después se fue de viaje.
Zárate lamentó que la actitud de Sandoval «manche la institución y denigre la imagen del resto de los asambleístas”, por lo que piden su renuncia inmediata a su cargo y que solicite una licencia indefinida para enfrentar «sus problemas”.
Después de que la mujer fue al nosocomio, los policías la regresaron a su hogar donde actualmente se encuentra.
No se conoce sobre el paradero del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental ya que desde el viernes no aparece para explicar lo que sucedió con su pareja.
El vicepresidente Álvaro García dijo el viernes que desconocía el hecho, pero adelantó que Sandoval debe asumir su responsabilidad ante la ley. Aseguró que no se protegerá a ningún militante del partido oficialista o de otro partido político.
Marín Sandoval fue mencionado anteriormente entre los representantes legales de proyectos observados del exFondo Indígena, pero aún así siguió en su cargo como presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz.

Las estadísticas

Reporte Según la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), de enero a noviembre de este año se registraron 25.807 casos de violencia contra la mujer.
Incidencia El departamento de La Paz es el que lidera las denuncias de violencia con 8.758 casos reportados por la Policía. Le sigue Santa Cruz con 7.006 y en tercer lugar está Cochabamba con 3.526.
Población Las mujeres entre los 25 y 29 años  son las víctimas en el 20% de los casos. La FELCN habilitó oficinas y estrenó equipos para atender a las víctimas de violencia en todas las regiones del país.

Las polleras de Caquiaviri

cardecaq

No pondremos fin a la violencia de género si es que este tipo de actos no son recriminados por la sociedad./

La Razón / Lourdes Montero.

 

La semana pasada, la investigadora Carmiña Sanabria presentó en Santa Cruz de la Sierra los avances de su investigación sobre la sociedad boliviana en torno a las ideas y creencias que naturalizan la violencia contra las mujeres. Su hallazgo es revelador: a pesar de los avances en el campo político, de gozar de mejores condiciones económicas, contar con una ley contra la violencia… tal parece que las normas sociales en torno a las mujeres se mantienen inalterables desde el siglo XIX.

Debo confesar que estas afirmaciones me llenaron de dudas. Vinieron a mi mente los avances sobre el uso de la anticoncepción por parte de las jóvenes, la tecnología que nos permiten acceder a ideas del mundo globalizado, el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo y la cantidad de leyes (incluida la Constitución Política del Estado) que en la actualidad prohíben la discriminación por razón de género. No puede ser que nada haya cambiado.

Sumergida en estas reflexiones me atrapa por sorpresa la noticia de que comunarios de Caquiaviri en La Paz vistieron a su alcalde con pollera, manta y sombrero como un “castigo” por supuesta mala administración de los recursos del municipio. Un acto simbólico cargado de significado sobre esas ideas y creencias que todavía circulan en nuestra amada Bolivia. Los líderes sociales de la población de Marka Achiri buscaron “humillar” al alcalde Bruno Álvarez porque supuestamente no destina recursos a su región, y no se les ocurrió nada mejor que vestirlo de chola. En situación similar, ¿podemos imaginar que a cualquier autoridad femenina se la castigue vistiéndola de hombre?

Imagino el acto público que presidió esta medida y me remonto a las escenas descritas por Michel Foucault en su famoso libro Vigilar y castigar. En él se describe cómo en la Edad Media se aplicaban medidas disciplinarias que implicaban que el juzgado llevara físicamente sobre su cuerpo la marca del castigo (paseo por las calles, carteles, letras escarlatas). Todo ello consistía en un ritual político que tenía como fin hacer respetar el orden establecido, entendido como “natural”, que permitía a la sociedad recrear sus reglas y moral.

Es indudable que el acto cometido en Caquiaviri tiene la misma función, pero la narrativa que utiliza está basada en la norma social “natural” que establece la inferioridad de las mujeres en la sociedad. Así, si un hombre comete algún agravio frente a la sociedad, será “degradado” a ser mujer, un ser inferior; pero además utilizando la marca colonial, será degradado a ser una “chola”, es decir, una mujer mestiza.

Algunos podrán llamar a esto usos y costumbres, otros reconocerán el hecho como la aplicación de la justicia comunitaria. Yo llamo a esto simplemente el despliegue institucional de una sociedad machista. No habrá avances legales o institucionales, y lo que es peor, no pondremos fin a la violencia contra las mujeres si es que este tipo de actos no son recriminados drásticamente por el conjunto de la sociedad.

Por ello saludo el acto simbólico de Alberto Gringo Gonzales, didáctico y creativo; pero también espero que el Viceministro de Descolonización, quien ante el menor agravio sospechosamente “racista” se lanza a la caza del desdichado, inicie un juicio contra los culpables. También esperamos que nuestro Gobernador, preocupado por la salud ginecológica de las mujeres, salga a la palestra pública a condenar el acto. Sería penoso si esto se condena al silencio y se olvida.

 

 

 

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/polleras-Caquiaviri_0_2403359693.html

La mujer como ofensa

EL ALTO 60

La violencia simbólica dificulta la lucha en favor de los derechos de las mujeres./

La Razón.

Días atrás se denunció a través de radio Erbol que comunarios de Marka Achiri, un ayllu perteneciente al municipio paceño de Caquiaviri, decidieron castigar al Alcalde por no destinar suficientes recursos a la población de esa comunidad. El problema es que no se les ocurrió mejor castigo que humillarlo vistiéndolo de mujer, y el hecho causó indignación generalizada.

Ángel Gutiérrez, concejal de Caquiaviri, informó a Erbol que el hecho ocurrió el martes de la anterior semana, cuando los comunarios vistieron de chola al alcalde Bruno Álvarez antes de dejarlo en libertad. “Fue una humillación”, aseguró. Apenas conocida, la noticia fue publicada en la mayoría de los medios de información y pronto se “viralizó” en las redes sociales, hasta convertirse en un tema conspicuo en la agenda pública.

Afortunadamente, la mayoría de los comentarios vertidos hicieron énfasis en dos aspectos fundamentales: por una parte, en el trasfondo profundamente misógino de “castigar” a un varón imponiéndole atributos femeninos, en este caso la vestimenta; por la otra, que dichos actos están tipificados en la Ley 348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

A su vez, el Viceministro de Descolonización, cabeza del Comité Nacional de lucha Contra el Racismo y Discriminación, afirmó que “ponerle la pollera a un hombre y mostrar que la mujer es un ser inferior tiene muchos mensajes y todos rayan en lo racista y discriminatorio”, por lo que anunció la visita de una comisión institucional compuesta por representantes del citado comité, de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de Derechos Humanos, “para que podamos desarrollar un intercambio de información sobre las nuevas leyes contra estos actos”, según informó.

Pese a lo lamentable del hecho, y de algunas repercusiones racistas (que por condenar lo sucedido cayeron en la descalificación de toda la comunidad y de la población indígena originaria campesina del área andina), el lado positivo está en que ha servido para traer a la superficie las muchas maneras en que la violencia simbólica se desarrolla en la sociedad.

Entendida como aquellas formas de agresión que ocurren sin que la víctima sea consciente o, peor, con su aceptación, la violencia simbólica es uno de los mayores obstáculos en la lucha a favor de los derechos de las mujeres (y de las minorías), por lo que hacer visibles sus manifestaciones ayuda a las personas a identificarla y, ojalá, rechazarla y denunciarla.

En varias ocasiones se ha sostenido en este mismo espacio que la lucha contra todas las formas de discriminación y sus múltiples manifestaciones pasa necesariamente por la educación en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo como objetivo la transformación de la cultura basada en principios patriarcales. Mientras tal cosa no suceda, seguiremos lamentando episodios como el que aquí se comenta.

Los feminicidios en Bolivia disminuyen de 117 a 108

descarga 1

Opinión/Policial
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, confirmó ayer que de acuerdo al monitoreo que esa institución efectúa en todo el país, los feminicidios disminuyeron en 2015, en comparación con los registrados el año pasado.

“La disminución es leve. El 2014 fueron reportados 117 feminicidios y este año, hasta el 15 de noviembre, están registrados 108 casos”, señaló Villena, quien sostuvo que la cifra sigue siendo demasiado alta y que su preocupación más grande es que hasta la fecha no existen políticas integrales de Estado que ayuden a frenar realmente la violencia basada en género en el país.

Recalcó que es importante considerar a las mujeres sujetos verdaderos de derechos y garantizar que ni una sola mujer sea víctima de violencia psicológica, económica, sexual, física o de feminicidios. “En la medida en la que hagamos conciencia de esto, estaremos fortaleciendo la democracia”, expresó, ayer en Cochabamba, el departamento boliviano donde mayor violencia se ejerce contra las mujeres. La permisividad, aseguró Villena, solo naturaliza la violencia. En la Llajta, 26 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista este año, sin contar a las hermanas Adriázola. El año 2014, en Cochabamba se reportaron 34 feminicidios.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/1216/noticias.php?id=178449

“Los canales más importantes del país son altamente sexistas”

f620x0 89159_89177_34

 Página Siete /Carla Hannover  / La Paz.
Patricia Flores es comunicadora social  y experta en género. Los últimos meses se  ha sumergido en una exploración con  la que buscaba desvelar cuál es el rostro que los  medios masivos -televisión y radio-  en La Paz muestran de la mujer.  «La respuesta a esa cuestión, lamentablemente, ha resultado espeluznante”, expresa.
La autora del estudio  Entre el discurso y la realidad. Aproximación a las tensiones entre patriarcado, machismo y homofobia… considera que,  si bien, las mujeres ya no están en la televisión sólo para temas de belleza y cocina, existe una espectacularización de los medios a la hora de abordar temas referidos al feminicidio o la violencia contra la mujer.
También considera que se ha caído en una especie de decadencia, ya que los medios apelan al sexismo y cosificación de las  presentadoras quizá para atraer audiencias. De todo esto, la investigadora conversó  con Página Siete.
¿Cómo ve el abordaje de los medios masivos sobre temas relacionados con la mujer?

Los datos siguen siendo espeluznantes. Las mujeres son referente noticioso en el 30% de los casos frente al 70% de los espacios informativos que son ocupados por  los hombres.
¿En qué medida se tiene la presencia de las mujeres en los medios?
De igual forma, las mujeres que forman  parte de los equipos de redacción o de periodistas de los medios de comunicación masivos en la actualidad suman un 30%. También se ha subido,  pero muy poco. En 1995, se tenía el 20% de mujeres en medios, es decir que en los últimos 20 años esto ha subido tan sólo el 10%.
¿Incidirá en algo la presencia de las mujeres en los medios en el abordaje de temas referidos a violencia y feminicidio?
Lamentablemente el  tener una presentadora mujer no influye  en cómo se muestra la realidad. Me ha sorprendido mucho que los hombres que dan las noticias son siempre los hombres de terno,  serios. En cambio, las mujeres son las que están con  poquita ropa ¿por qué?
Todavía hay un rasgo enorme de  sexismo y  cosificación de las mujeres en los medios más importantes del  país. Creo que las condicionantes  se dan desde los propios equipos de producción. ¿Qué los motiva elegir un rostro y  un cuerpo bellísimo, antes que una profesional seria y bella?

¿Cuáles son los medios que ha contemplado para su investigación? ¿Qué resultados ha arrojado este estudio?
Me he  acercado básicamente a los noticieros y revistas de los medios de comunicación que tienen mayor cobertura en La Paz (Red Uno, ATB, Unitel, PAT y  Cadena A, entre otros), además de las revistas de la mañana. También se ha realizado un monitoreo en los medios impresos.
Hemos encontrado que la prensa escrita, principalmente, trata de ser  cuidadosa cuando toca temas como el feminicidio. No hay adjetivación, no hay términos  que descalifiquen a las mujeres, pero se remiten únicamente a la descripción fría del hecho.
Y ¿qué pasa con  la televisión y la radio?
Hay más matices. Se ha visto  la espectacularización cuando se usan, por ejemplo,  los efectos sonoros o en el énfasis que (los presentadores) dan a la voz al emitir una noticia de violencia o feminicidio.  Sin embargo, donde se dan mayores juegos, y quizá irresponsables, es en las revistas tanto televisivas como radiofónicas, que son principalmente conducidas por jóvenes que  no están informados y pueden pasar de un feminicidio a presentar un tema frívolo sin ninguna transición en medio. En ese contexto se está  banalizando el feminicidio.

¿Cuál es el riesgo de este abordaje?
El problema  es que cuando el espectador o las audiencias ven  eso, el hecho  pasa como uno más. Deja de tener la relevancia que debería.
¿Estaremos ante una decadencia de los medios?
Yo  creo que sí, pues en esta suerte de ganar audiencias de seguir estos paradigmas, tan fuertes que tienen más de 20 años como el estilo Tinelli, pretenden ser amenos, pero terminan frivolizando absolutamente todo.
Falta una dosis de información, de rigurosidad en el manejo comunicativo y falta una dosis de seriedad ante el feminicidio, pues  no estamos hablando de poca cosa.

Se habrá mejorado en algo desde la promulgación de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?
A dos años de la implementación de la norma, parece  que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Mucha gente que trabaja con víctimas de violencia cree que -al haberse penalizado muchas figuras de la violencia contra las mujeres-  los niveles de escarmiento hacia éstas son peores, pues muchos hombres adoptan la postura de: «Si me denuncias, el escarmiento va a ser peor”.

Por otro lado,  nuestras autoridades tampoco le han dado la importancia que merece el tema. Si uno se acerca a los presupuestos que destina el Estado boliviano en todas sus reparticiones puede comparar: para infraestructura se asigna un 40% mientras que para la lucha contra la violencia y el feminicidio sólo  un 2%. Esto nos da una pauta de cuánto vale  la vida de las mujeres en este país.

HOJA DE VIDA

Perfil  Es feminista, activista de los Derechos Humanos, magíster en ciencias sociales, diplomada en estudios andinos y licenciada en comunicación social.
Defensa  Los últimos 15 años trabaja en defensa y promoción de los DDHH,  equidad de género, interculturalidad e investigación de dinámicas juveniles.

 

 

 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/12/14/los-canales-importantes-pais-altamente-sexistas-80175.html

Junto al Código Civil, la Justicia habilitará 4 servicios al litigante

Encuentro Comision Seguimiento Implementacion Procesal_LRZIMA20151213_0015_11

 

La Razón (Edición Impresa)

El 6 de febrero de 2016 no solo se implementarán los cambios a los códigos civil y familiar, sino que también funcionarán cuatro servicios para litigantes, acciones con las que se busca mejorar el acceso a la Justicia y transparentar los procesos judiciales.

La vigencia de las dos citadas normas fue suspendida en dos oportunidades consecutivas. Si bien ambas leyes fueron aprobadas a fines de 2013, su aplicación estaba prevista para el 6 de agosto de 2014, pero se observó el hecho de que no fueron difundidas como corresponde, por lo que se decidió diferirlas por un año. Pero este año también se volvió a cuestionar el poco conocimiento en la población y se las postergó hasta el 6 de febrero de 2016.

Para coordinar la aplicación de estas normas el próximo año se creó la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil, instancia que tiene representantes de los tres órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este grupo de trabajo impulsa las cuatro medidas: la creación de una plataforma de atención al público, el buzón judicial, la oficina de atención al litigante y la creación de una aplicación para celulares para ver el curso de un determinado proceso, detalló Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al margen de estas iniciativas, se destacó los cambios e innovaciones que traerán los códigos civil y familiar citados, los cuales que fueron denominados “códigos Morales” porque ambos fueron impulsados y aprobados durante la presidencia de Evo Morales.

Entre las reformas de ambos códigos están la oralidad de los procesos, la implementación de los conciliadores para evitar la judicialización de problemas y la habilitación de medios electrónicos para el proceso, como los correos electrónicos, entre otras.

Para el caso de las iniciativas, explicó Suntura, la plataforma de atención al cliente deberá contar con personal capacitado y que domine dos idiomas, para que el servicio sea personalizado.

El buzón judicial, la otra iniciativa, estará instalado en la puerta de los tribunales departamentales, para que el litigante pueda presentar memoriales y todo tipo de recursos en horarios  fuera de oficina o días no laborables. Los equipos que atiendan esta instancia estarán habilitados para acreditar la recepción de documentos. Actualmente, ésta se la hace en horario de oficina, sin contar los fines de semana ni los días feriados.

Además, desde febrero también estará a disposición de la ciudadanía una oficina de atención al litigante, espacio en el que los funcionarios tendrán la obligación de informar de manera constante el estado de los procesos a las personas que acudan a recabar información de sus casos.

Otra acción que será alternativa a las anteriores iniciativas será la creación de una aplicación para teléfonos móviles, para que los usuarios puedan hacer consultas y verificar la situación de su juicio. “Las partes ya no tendrán que acudir al juzgado para ver el estado de su proceso, lo harán a través de su celular”, destacó la magistrada Suntura.

Sistema informático en cortes

El sistema informático judicial Sirej también entrará en vigencia el 6 de febrero de 2016. No obstante, la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil aún no analizó el tema.

Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó que recomendó que este sistema cuente con una interfaz externa y otra interna. La primera permitirá ver el estado en el que se encuentra un proceso, mientras que la segunda será un elemento de alerta que busca prevenir el vencimiento de plazos en diferentes trámites.

Con el mapa judicial se redistribuirán juzgados

Ampliarán competencias de jueces para la  atención de procesos

Yuvert Donoso – Sucre

La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil determinó ampliar las competencias de los jueces y diseñar un nuevo mapa judicial que redistribuirá los juzgados en el país, consecuentemente, permitirá mejorar el acceso de los litigantes a la Justicia.

La magistrada Maritza Suntura —que forma parte de esta comisión— explicó que este mapa permitirá establecer con exactitud el lugar donde se encuentra ubicado un determinado juzgado y a qué distancia se encuentra del otro asiento judicial, además de conocer la cantidad de causas que  tiene cada uno de ellos.

Para establecer este nuevo mapa que reordena los juzgados, principalmente los de provincias, se tomó en cuenta el número de habitantes y la carga procesal que hay en aquellos. También se realizó un estudio socioeconómico y se establecieron los lugares estratégicos en las fronteras para ejercer soberanía.

Tomando en cuenta esos parámetros, Suntura manifestó que se determinó algunos cambios, especialmente en los lugares donde existen juzgados de Instrucción y de Partido, en los que su carga judicial es mínima. Por esa situación, ahora éstos se convertirán en juzgados públicos.

Concretamente se refirió al caso del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. La población alcanza a 80.338 habitantes y las causas de ingreso en promedio es de 600 por año, pero solo tienen un Juzgado de Instrucción Mixto y un Juzgado de Sentencia. A partir del nuevo mapa judicial, con el cruce de las variables de número de ciudadanos y cortes, ese municipio llegará a tener tres juzgados e, incluso, un tribunal de sentencia.

A partir de esos cambios, Suntura señaló que se está ampliando las competencias de los jueces que ahora no solo conocerán las especialidades en materia civil, familiar o penal, sino  también tratarán casos referidos a demandas laborales y vinculadas con la niñez y adolescencia en todos los juzgados en el ámbito nacional, especialmente en el área rural. La magistrada agregó que ya se solicitó al Consejo de la Magistratura la entrega del mapa judicial.

comentarios

 

 

 

http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Junto-Codigo-Civil-Justicia-habilitara_0_2398560135.html

VIOLENCIA, SALUD, EMPLEO Y SALARIOS SON LOS DESAFÍOS PENDIENTES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES BOLIVIANAS

violencia salud empleo y salarios son los desafios pendientes para el ejercicio de derechos de las mujeres_359171

Según el informe de NNUU, en Bolivia aún no se materializan en acciones concretas los avances expresados en las leyes para enfrentar la discriminación contra las mujereS.

ANF/Sociedad.

Pese a avances importantes en educación y participación política, los desafíos respecto al ejercicio de los derechos de las mujeres bolivianas son enormes en materia laboral, de ingresos, salud y, sobre todo, en la lucha contra la violencia.

Esas preocupaciones fueron compartidas durante el seminario de socialización de las Observaciones Finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas formuló al gobierno boliviano.

Según el informe de la CEDAW, en Bolivia aún no se materializan en acciones concretas los avances expresados en las leyes para enfrentar la discriminación contra las mujeres.

Uno de los desafíos centrales es el recrudecimiento de la violencia, dijo a ANF la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo pues “según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia y ocupa el segundo lugar (con mayor) violencia sexual”.

El Comité de la CEDAW ha demandado al gobierno boliviano acelerar la creación de tribunales especiales que procesen los casos de violencia, y que brinden servicios oficiales de interpretación en lenguas indígenas.  “La gratuidad es otro tema pendiente, junto a la retardación de justicia, que seguro tiene que ver con que en todo el país sólo existen cuatro juzgados especiales para procesar los casos de violencia”, dijo Natasha Loayza, Oficial de Programa de ONU Mujeres.

Entre las tareas que el gobierno debe implementar para enfrentar la discriminación contra las mujeres en Bolivia, la CEDAW considera que está la puesta en marcha de un Registro Único y un Sistema de Información de Violencia que permita contar con informes periódicos sobre la violencia contra la mujer y el curso de los procesos penales para verificar que los casos de feminicidio y violencia sexual sean efectivamente investigados y los autores enjuiciados y debidamente castigados.

El Comité elogia al Estado boliviano por los logros en materia de participación política de las mujeres, sin embargo, lamenta que esos avances no se proyecten hacia otras áreas.  Al respecto, la diputada Betty Yañiquez, en declaraciones a ANF admitió que “la representación parlamentaria no se está traduciendo en una acción de fiscalización efectiva para realizar seguimiento a las políticas de equidad”.

“Nunca antes se aprobaron tantas leyes, pero si no se las pone en práctica pueden convertirse en letra muerta”, dijo Yañiquez a tiempo de reconocer que la retardación de justicia es uno de los temas pendientes.

Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en “investigación realizada por la administración de la justicia boliviana se observa que del 100% de los expedientes de casos revisados que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de prueba y de estos, el 41% corresponde a delitos sexuales”.

El Comité de la CEDAW también demanda que el Estado boliviano “modifique las disposiciones legales a fin de despenalizar el aborto y vele porque este pueda practicarse de manera legal en casos de amenazas a la vida o la salud de las mujeres embarazadas, violación e incesto”.

Expresa su preocupación por el incremento de los embarazos adolescentes y demanda que se refuercen las medidas para reducir la tasa de mortalidad materna asegurando la provisión de servicios obstétricos en particular en las zonas rurales.

Natasha Loayza explicó que otros de los temas de preocupación es el limitado acceso de la mujer al empleo formal en todos los sectores de la economía y especialmente “la enorme brecha salarial entre mujeres y hombres, ya que estudios recientes dan cuenta que las mujeres ganan el 50% del salario que perciben los hombres por igual trabajo con teniendo las mismas capacidades”.

Como medida especial, el Comité recomienda la creación de un ministerio de asuntos de la mujer y otra oficina de alto nivel para articular y coordinar todas las políticas y estrategias públicas en materia de igualdad de género y adelanto de la mujer.

“Observatorio para la exigibilidad” informa sobre 86 feminicidios

t_2015 10 10_33

El Diario/La Paz.

Según el trabajo realizado por el Observatorio para la Exigibilidad (OE), conformado por mujeres activistas, organizaciones de mujeres, diferentes instituciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, de enero a septiembre de 2015, se perpetraron 86 feminicidios. Los datos revelan que en el 90 por ciento de hechos, el victimador forma parte del entorno íntimo, es decir, esposo, concubino o enamorado.

Mary Marca, exdirectora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), señaló que le preocupa la divergencia en los datos que manejan las diferentes instituciones que trabajan en el tema.

Por ejemplo, el OE contabilizó 86 casos de feminicidio hasta el mes de septiembre, en el observatorio “Manuela” del Cidem fueron 74 las mujeres asesinadas, pero la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) sólo ha atendido 40 casos.

“¿Qué está pasando?, hay toda una manipulación de los casos de feminicidios que llegan a las diferentes instancias, debido a que estos no son registrados como feminicidios, son registrados como homicidio. Y eso es con una intención política, de que los feminicidas no sean sancionados, encarcelados 30 años sin derecho al indulto, están negociando sus sanciones”, explicó Marca, quien cuenta con una amplia y destacada experiencia en la lucha contra este flagelo social.

Los datos recolectados por el OE corresponden al seguimiento diario de los medios de comunicación a nivel nacional.

MISA

Las declaraciones se dieron ayer luego de que los familiares de las víctimas asistieran a una misa de salud en la Catedral Metropolitana, de plaza Murillo.

Luego del acto religioso, portando carteles y cruces lilas, con fotos de la víctimas, los familiares realizaron un plantón que fue custodiado por efectivos de UTOP.

DATOS

Según el boletín informativo del OE, de los 86 casos registrados, la mayoría se registró en el eje troncal, 27 en Cochabamba, 24 en La Paz y 15 en Santa Cruz.

Además, 18 fueron perpetrados por el esposo, 3 por el exesposo; 17 por el concubino, cinco por el exconcubino; 12 por el enamorado y ocho por el exenamorado. Tres fueron cometidos por un familiar cercano (cuñado) y sólo nueve casos tuvieron como victimario a un desconocido.

DÍA

La movilización se realizó sólo unos días antes de que se recuerde el “Día Nacional de la Mujer”.

CASO

Durante la protesta, exigiendo justicia, los familiares de María Isabel Pillco Gavincha demandaron sentencia para su expareja de David V. M., acusado de la muerte de la joven, en 2014. Según la imputación, este golpeó a María, hasta provocarle una hemorragia interna.

“Queremos que haya una sentencia, porque él (David V. M.) está en la cárcel de San Pedro y no hay sentencia, ya es un año de este hecho. Los familiares de él están poniendo trabas”, denunció Jhenny Pillco, hermana de la fallecida.

El 29 de octubre de 2014, días antes de perder la vida, María denunció ante la Fiscalía de El Alto las constantes agresiones físicas y psicológicas que sufría a manos de su concubino.

Dos días después, la pareja regresó de una fiesta y al llegar a su hogar comenzaron a pelear. Horas después, la mujer llamó por teléfono a su madre para contarle que estaba herida y que necesitaba ir al hospital.

“Le hemos llevado a mi hija, estaba sangrando de todo lado y tenía la cabeza rota. Le atendieron en el Hospital (de Clínicas) y en la noche ella quiso irse porque quería atender a su hija y dijo que se sentía bien”, relató Elvira Gavincha, madre de la víctima.

Una vez que ya se encontraba en el hogar de la madre, María sufrió una hemorragia, lo que obligó a los familiares a llevarla nuevamente al Hospital de Clínicas.

“Entonces vino el joven (David V.M.) y pidió perdón de rodillas a mi hija y dijo que la golpeó porque le hizo renegar, estaba llorando y no supimos qué hacer”, agregó.

A las 3.00 del 1 de noviembre, María Isabel Pillco falleció por una hemorragia interna y traumatismo cráneo encefálico (TEC) severo, según el certificado forense. Gavincha relató que David y María se conocieron cuando eran compañeros de colegio. Ambos comenzaron a convivir en 2010, cuando ambos tenían 29 años de edad, según informó la Red Erbol.

Joven muere estrangulada y violada

||Los Tiempos – Cochabamba||

La tercera de seis hermanos, Anabel María Fernández Terceros (18), es la nueva víctima fatal de violencia sexual y física en Cochabamba. Fue encontrada muerta ayer en el barrio Minero San Juan de Upsha Uspha. La Policía aprehendió a cuatro jóvenes integrantes de la Pandilla K-10 de la que sería parte.

Uno de los amigos de la joven, en estado de ebriedad, fue a su domicilio a las 22:00 y le invitó a compartir bebidas alcohólicas. Éste la llevó hasta un lote baldío donde los hermanos R. Sánchez y D. Sánchez, principales sospechosos, la agarraron de los pies y manos, según un testigo, para vejarla sexualmente.

En el lugar del hecho, se encontraron botellas de trago, marcas de zapatos, un sostén de color negro, restos de orín y preservativos. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado a una distancia de 200 metros, frente a la puerta de un vivienda particular.

La madre de la víctima, Ana Cruzcaya, contó que Anabel dijo que saldría un momento. “Pensé que salió con su enamorado, pero me quedé dormida y no supe más de mi hija hasta el día siguiente cuando uno de mis hijos me avisó que estaba muerta”. Aclaró que la víctima no quiso tener una relación sentimental con R. Sánchez.

El caso se investiga como posible feminicidio, porque la víctima se negaba a tener una relación de pareja con uno de los agresores y porque su muerte puede ser el resultado de “ritos, desafíos grupales o prácticas culturales”. Constituiría la novena víctima en tres meses.