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Rechazan una campaña chilena que equipara el aborto con desaparecidos

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Nuevo Sur/Tarija.

Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) rechazaron la campaña publicitaria de una organización contraria al aborto que compara el dolor de una madre que aborta con las desapariciones forzadas durante el régimen militar.

Organización
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) sostuvo en una declaración pública que la campaña es una falta de respeto y «una provocación abierta para quienes abrazan la causa de los derechos humanos, para las familias de víctimas de desaparición forzada y para todo el país».
La organización Chile de Blanco instaló una valla en la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, en la que se puede leer «¿Dónde estarán? Abortos y desaparecidos: el mismo duelo», junto a una foto de una manifestación en contra del aborto.
La AFDD lamentó que quienes comparan el aborto con la desaparición forzada nunca han levantado la voz por las mujeres asesinadas y desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, entre las que había nueve embarazadas.
Según la agrupación, la desaparición forzada es un crimen reconocido por Naciones Unidas que «diariamente afecta a cientos de seres humanos en el mundo» y que en Chile se convirtió en una «política de Estado» durante el régimen militar.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto que propone despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando haya riesgo para la vida de la madre, de inviabilidad del feto y violación.
La iniciativa, rechazada por la oposición conservadora y algunos sectores de la Democracia Cristiana, se está tramitando en el Parlamento.

Rechazan una campaña chilena que equipara el aborto con desaparecidos

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Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) rechazaron la campaña publicitaria de una organización contraria al aborto que compara el dolor de una madre que aborta con las desapariciones forzadas durante el régimen militar.

Organización
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) sostuvo en una declaración pública que la campaña es una falta de respeto y «una provocación abierta para quienes abrazan la causa de los derechos humanos, para las familias de víctimas de desaparición forzada y para todo el país».
La organización Chile de Blanco instaló una valla en la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, en la que se puede leer «¿Dónde estarán? Abortos y desaparecidos: el mismo duelo», junto a una foto de una manifestación en contra del aborto.
La AFDD lamentó que quienes comparan el aborto con la desaparición forzada nunca han levantado la voz por las mujeres asesinadas y desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, entre las que había nueve embarazadas.
Según la agrupación, la desaparición forzada es un crimen reconocido por Naciones Unidas que «diariamente afecta a cientos de seres humanos en el mundo» y que en Chile se convirtió en una «política de Estado» durante el régimen militar.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto que propone despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando haya riesgo para la vida de la madre, de inviabilidad del feto y violación.
La iniciativa, rechazada por la oposición conservadora y algunos sectores de la Democracia Cristiana, se está tramitando en el Parlamento.

Activistas denuncian que la ley del aborto en Chile se sigue postergando

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Las feministas de Chile temen que el proyecto de ley del aborto, estancado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quede en un segundo plano pues el Gobierno prioriza otro tipo de reformas como la tributaria, la laboral y la educacional, dijo a Sputnik Nóvosti la socióloga Claudia Dides.

«El Gobierno ha sido capaz de impulsar las reformas laboral, tributaria y educacional, que tienen que ver con derechos sociales que fueron eliminados en la dictadura (de Augusto Pinochet 1973-1990), son muchos temas al mismo tiempo y mi temor es que, en general, en las agendas latinoamericanas los temas relacionados con la mujer pasan a segundo lugar», explicó Dides, directora de la ONG Miles Chile.

El proyecto de ley propone la despenalización del aborto en tres circunstancias: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

Chile es uno de los países de América Latina que mantiene una postura más conservadora sobre el aborto, dentro de una región que generalmente prohíbe la interrupción del embarazo con pocas excepciones: solo Uruguay, Cuba o la capital de México lo autorizan.

El aborto en Chile está prohibido en todos los casos desde que en 1989, bajo la dictadura de Pinochet, se modificó el código sanitario.

 

 

 

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160114/1055712781/ley-chile-activistas.html#ixzz3xbP3JLza

Aborto: retrocesos en Perú y República Dominicana

salud sexual y reproductiva foto gentileza mysu 620x400

A República/Ururguay. Luego del rechazo por parte de la Comisión de Constitución del Congreso de Perú del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación, y frente a la amenaza de la aprobación de una modificación del Código Penal que lo torna más represivo para las mujeres que abortan, organizaciones no gubernamentales feministas, mujeres y algunos hombres independientes realizaron una acción/performance frente a su sede, enmarcada en la campaña “Dejala Decidir“. La policía atacó al grupo con gas lacrimógeno y carros lanza agua.

Otra acción en el mismo lugar fue organizada por el colectivo Comando Feminista. Mujeres y hombres se pronunciaron contra la violencia patriarcal del Estado peruano. La guardia policial del Poder Legislativo arremetió con violencia sobre las y los participantes.

Aunque la urgencia de las mujeres de a pie esté enfocada en qué hacer para abortar de forma segura, el énfasis de las organizaciones apunta a llevar el tema de la despenalización del aborto a los partidos y candidatos políticos que postularán en las elecciones de 2016.

La Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana condenó la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el Código Penal que permitía a las mujeres acceder a un aborto en casos de excepción. Va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, afirmó Sergia Galván, vocera de la Colectiva.

“Decisiones como la del Tribunal Constitucional no solo siguen poniendo a las mujeres dominicanas, incluso a aquellas que anhelan ser madres, en la disyuntiva de morir o ir a la cárcel cuando requieran un servicio de salud como el aborto: también hacen que el país haya perdido la oportunidad, abierta por el Ejecutivo y el Legislativo, de situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres“, agregó Galván, haciendo notar que “Declarar inconstitucional este Código Penal devuelve al país al código de 1884, siglo XIX, en el que los mecanismos de protección de los derechos humanos no estaban en vigor, y es claro que no satisface las necesidades de la sociedad actual“.

 

 

 

 

 

http://www.republica.com.uy/aborto-retrocesos-peru-republica-dominicana/550948/

«Si el aborto fuera legal, mi hija estaría viva», dice mujer dominicana

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«Desde España, se lo digo al mundo entero: si en República Dominicana el aborto fuera legal, mi hija estaría viva».

El País/España.

Rosa tiene 47 años y hace tres que habla con las cejas caídas. Lleva viviendo con ese rictus que dibuja la pena desde el 16 de agosto de 2012, el día en que su hija Rosaura murió por una leucemia que los médicos se negaron a tratar para no afectar al embrión porque el aborto estaba absolutamente prohibido. Hoy, tres años y una discusión constitucional después, República Dominicana mantiene la interrupción voluntaria del embarazo como delito total porque acaba de aprobar el regreso de un Código Penal que nació también en un mes de agosto: el de 1884.

Es, junto a El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Chile, uno de los seis países latinoamericanos que prohíbe íntegramente el aborto, sin excepciones. En República Dominicana hay 100.000 abortos inseguros al año y la mitad de los nacimientos de los últimos cinco años provinieron de embarazos no deseados. «El miedo a quedar embarazada», dice Rosa, nativa de un país con la tasa más alta de gestación adolescente, donde comprar la píldora es muy costoso y en el que millones de mujeres recurren a la esterilización.

Rosa Hernández recibe a EL MUNDO en la sede española de Women’s Link Worldwide (WLW), la ONG internacional que, junto al dominicano Colectivo Mujeres Salud, está tramitando las demandas contra el Estado y los médicos delHospital Semma de Santo Domingo.

«Se llaman provida, pero eso no quiere decir que puedan pisar los derechos humanos de las personas. La vida de mi hija no valió nada, sólo pensaron en el embarazo. Jamás nos escucharon. Voy a insistir en la justicia. No voy a parar hasta que esto no le pase a ninguna otra mujer». Habla Rosa gastando un pañuelo en los ojos, sollozando su discurso tras reunirse con Amnistía Internacional, que incluirá este caso en su próximo informe.

Es la historia de Rosaura Almonte Hernández, una chica de 16 años que movilizó a una nación durante su último mes de vida, y de Rosa Hernández, una madre que sólo vive para que su país despenalice algo que quizá hubiera salvado a su hija.

El 12 de julio de 2012 Rosaura fue al médico porque sentía dolores en el abdomen y tenía fiebre. El diagnóstico arrojó leucemia y un embarazo de siete semanas. «Inmediatamente pedimos que trataran a mi hija, pero los médicos nos dijeron que no podían porque la medicación fuerte afectaría al embrión».

Los días pasaron entre la angustia del avance del cáncer sanguíneo y la rabia de una quimioterapia prohibida. «Mi hija sentía muchísimo dolor y se fue deteriorando. Pero los médicos no hicieron nada por ella; sólo pensaban en el feto. Sólo unos días antes de morir le dieron algo de quimioterapia».

Rosaura no tuvo opción a decidir porque el aborto no pudo ser una opción. «Los médicos fueron crueles. Decían que obedecían la ley, pero si tienes dinero, te hacen el aborto, ni siquiera te dicen que estás embarazada. A mi hija le pusieron una psicóloga para que aceptara el embarazo. Pero era un embarazo enfermo. ¿A cuántas más les pasará esto?».

Con su hija ingresada en una cuenta atrás para la muerte, Rosa habló con el Colectivo Mujeres Salud, que organizó una movilización popular sorprendente. Se creó un banco de sangre sobre el que la gente fue donando plasma para salvar a Rosaura. Pero en la República Dominicana la sanidad no es pública, el seguro médico cubre la atención básica «y el cáncer es caro», sentencia Glenys de Jesús Checo, directora legal internacional de WLW.

Rosa tuvo que aflojarse el bolsillo que ya no tenía. Llegó a pagar 22.000 pesos (440 euros) por plaqueta, más que su sueldo de maestra. «Saqué todo lo ahorrado. Ayudaba a pagar el transporte a los desconocidos que venían a donar sangre para mi hija».

Pero ni todas las bolsas de un país evitaron que una hemorragia masiva se llevara la vida de Rosaura (y la de su embrión) el 16 de agosto de 2012, 35 días después de su hospitalización. «Se me fueron el dinero y la vida. Un mes de humillacionespara acabar no teniendo a mi hija».

Tras la muerte de Rosaura, esta madre ex madre decidió crecer. «Me armé de valor y pedí el expediente de mi hija. Luego puse una demanda contra el hospital y el Estado. Si yo trabajaba para el Estado, ¿qué no harán con otras mujeres?».

El caso Rosaura activó un debate, y en diciembre de 2014 el Congreso aprobó unnuevo Código Penal en el que se incluían como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos similares a los de la ley española de 1985: malformación fetal, peligro para la salud de la madre o violación. El Congreso no envió el texto al Senado y aprobó el nuevo Código, que habría de entrar en vigor en diciembre de 2015. O sea, ahora.

Pero, en enero de este año, tres organizaciones «provida» presentaron demandas de inconstitucionalidad. «Adujeron que el Código se había aprobado de forma antidemocrática y que atentaba contra la vida humana», recuerda De Jesús Checo.

Durante este año, 33 colectivos y 600 políticos de varios partidos a nivel individual pidieron la despenalización del aborto.

Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Constitucional dominicano avaló las demandas prohibicionistas, declaró inconstitucional la reforma por cuestión de forma, no se pronunció sobre el fondo del aborto y dictó que vuelva a entrar en vigor el Código Penal de 1884, que castiga de forma absoluta la interrupción del embarazo.

«Es una traición a las mujeres. Ese Código no reconoce nuestra dignidad, nos da la espalda. Es una bofetada. Este retroceso creará un efecto dominó en la región, donde se afianzarán legislaciones restrictivas en una zona ya muy dura contra las mujeres. Con Códigos como éste, la decisión sobre nuestros cuerpos les pertenece. Somos cuerpos reproductivos. Somos úteros, no personas en nosotras mismas», resume la letrada de WLW mientras la madre de esta historia recuerda a su hija como una forma de terminar por el principio: «Rosaura era inteligente y sociable. Se pasaba el día mirando carreras universitarias en internet porque quería serlo todo: abogada, doctora, fotógrafa… Un día le dije que a mí me gustaba la arquitectura y se enamoró de eso. Y me enseñó un plano que había dibujado con la casa que ella soñaba. Lo tengo guardado para siempre».

Congreso del Perú archiva proyecto de ley para despenalización del aborto en casos de violación

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La República/Perú.

La comisión de Constitución del Congreso decidió este martes por mayoría rechazar el predictamen que tenía como fin despenalizar el aborto en los casos violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos consentidos.

A favor del proyecto de ley votaron el titular del mencionado grupo de trabajo, Fredy Otárola, además de los congresistas: Santiago Gastauñadi (Partido Nacionalista), Rosa Mávila (Acción Popular-Frente Amplio) y Sergio Tejada (Dignidad y Democracia)

Los parlamentarios que se opusieron al proyecto para la despenalización del aborto en casos de violación fueron Javier Velasquéz Quesquén (Concertación Parlamentaria), Julio Gagó, Martha Chávez, Luz Salgado y Aldo Bardález (Fuerza Popular) y Javier Bedoya (PPC).

El archivamiento del predictamen se tomó luego de que se rechazó una cuestión previa, presentada por el congresista Gastañaudi, para que el ministro de Justicia y el defensor del pueblo acudan a la comisión de Constitución para informar a los integrantes acerca de los alcances del proyecto antes de la votación.

Tras la decisión, Fredy Otárola lamentó el archivamiento del predictamen e indicó a los medios que se le está dando la espalda a muchas mujeres que son víctimas de violación.

“Se trataba de darles las condiciones médicas para que tuvieran la libertad de decidir”, aseveró.

 

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/720849-congreso-archiva-proyecto-de-ley-para-despenalizacion-del-aborto-en-casos-de-violacion

Pedido de despenalización busca evitar mayor número de muertes

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El aborto es un delito, excepto en los casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, incesto, estupro o si existiese riesgo para la vida de la mujer. Sin embargo, a diario se realizan cerca de 200 abortos en el país, lo que demuestra que la sanción no detiene esta práctica.

El artículo 263 del Código Penal indica que el que causare la muerte de un feto en el seno materno puede ser sancionado con tres años de cárcel y si a la práctica le sigue la muerte de la mujer la detención puede ser de siete años.

Al ser ilegal, las mujeres acuden a los abortos clandestinos, en condiciones insalubres y a cargo de personas que en muchos casos no son profesionales, poniendo en riesgo su salud y su vida, advirtió la activista del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, Mónica Novillo.

«Despenaliza mi decisión», es la campaña que el 28 de septiembre pasado movió a mujeres del país, quienes piden eliminar del Código Penal la figura del aborto.

Según datos del estudio “Por una maternidad y nacimiento seguro”, el 9.1 por ciento de las mujeres embarazadas muere a causa de un aborto mal practicado.

El aborto es la tercera causa de muerte materna en el país, después de las hemorragias e infecciones, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008, que no ha sido actualizada, por lo que se desconoce la situación actual.

La despenalización busca que las mujeres que decidan abortar lo hagan en lugares seguros y autorizados, tal como ocurre en centros de salud de México y Uruguay.

“Hace 40 años que nuestra ley es restrictiva con el aborto y en esos 40 años se han seguido haciendo abortos, no ha habido una disminución”, mencionó Novillo.

Las distintas instituciones de mujeres que se han unido por este pacto nacional proponen, además, que haya una política para evitar el machismo dentro de las relaciones sexuales de pareja y de matrimonio y también las violaciones.

SIN ORDEN JUDICIAL

Desde hace un año, la Sentencia 206/2014 que ratifica el respeto a la vida desde la concepción, permite el aborto legal en casos de violación en un centro de salud público con solo la presentación de la denuncia a la Policía y el examen médico forense que certifique que hubo una violación.

Esta sentencia fue aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional luego de que se analizara el artículo 266 que indica que se requiere de una orden judicial.

Hasta el año pasado existían muchos obstáculos. La víctima debía aguantar la burocracia del sistema judicial para obtener la orden de un juez y acudir al aborto legal. Cuando el permiso era concedido, los médicos se excusaban para no hacer la práctica con la “objeción de conciencia”.

Mientras eso sucedía, el embarazo ya estaba avanzado y practicar el aborto era mucho más riesgoso. Por este motivo en Cochabamba no se atendió ni un solo caso con orden judicial.

Sin embargo, desde la aprobación de la Sentencia 206/2014 ya se han practicado 35 abortos legales en todo el país.

DEBATE

La Asamblea Legislativa Plurinacional todavía no ha agendado el tratamiento de la solicitud de anulación del aborto del Código Penal.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Aniceto Choque, mencionó que no les llegó la solicitud y que mientras no conozcan la propuesta no pueden emitir ninguna declaración.

Sin embargo, adelantó que este año se tratará algunos temas del Código Penal y que en ese debate se podría incluir el aborto.

¿Quiénes recurren al aborto en Bolivia?

El aborto no es una práctica exclusiva de las adolescentes.

Por años se ha manejado el mito de que son las más jóvenes las que acuden a esta práctica. Sin embargo, diferentes estudios concluyen que también hay mujeres adultas, entre ellas madres de familia que recurren al aborto por distintas situaciones.

Movilización por la despenalización

Este año varias organizaciones de mujeres y de defensa de derechos se unieron en el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto.

El movimiento se realizó el 28 de septiembre en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, fecha en la que las mujeres tomaron las calles para pedir su derecho a decidir.

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/informe_especial/2015/1011/suplementos.php?id=7479

Hubo 35 abortos legales por caso de violación en Bolivia

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Desde febrero de 2014 se interrumpió legalmente más de 30 embarazos. Cada día se realiza al menos 185 abortos clandestinos que ponen en peligro la vida de las mujeres.

El Deber/Santa Cruz. En Bolivia desde febrero de 2014 hasta la fecha se registraron 35 abortos legales que se realizaron a través de una denuncia ante el Ministerio Público, informó Patricia Brañez, representante de la campaña «28 de Septiembre» para la despenalización del aborto. Los abortos, en su mayoría, fueron practicados a mujeres jóvenes y adolescentes de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Sucre.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una Sentencia Constitucional que indica que si el embarazo es producto de una violación, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo en un centro de salud público o privado presentando la denuncia ante el Ministerio Público.

Antes de esta normativa, la mujer debía esperar la sentencia del casopara practicarse un aborto, lo que demoraba más del tiempo de un embarazo.

De acuerdo con Brañez, la Sentencia Constitucional no se cumple a cabalidad, pues muchos centros médicos se niegan a atender un aborto. Otra irregularidad es que el Ministerio Público no entrega una copia de la denuncia a la mujer.

En contraste a esta realidad, señaló el colectivo, cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos sin las condiciones necesarias. Las ciudades con altos índices de abortos inseguros son El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Los datos

Las estadísticas dan cuenta que de tres hechos de violencia sexual, dos terminan en embarazo y de cada 100 embarazos en el país, 19 terminan en aborto y 80 terminan en el parto de un bebé nacido o muerto.

Además, comentó la activista, 7 de cada 10 mujeres sufrió un abuso sexual alguna vez en su vida y el 23% de los niños y niñas menores de 18 años sufre de algún tipo de violencia sexual.

Por año se realizan al menos 50 mil a 60 mil abortos en condiciones inseguras, producto de ello al menos 650 mujeres mueren. Además el 70% de las emergencias obstétricas se deben a la práctica de un aborto incompleto.

Bolivia está entre los países con más alto nivel de mortalidad materna el Latinoamérica y El Caribe. El aborto es la tercera causa, precisó Brañez.
Entre las consecuencias de practicarse un aborto inseguro sin las condiciones necesarias derivan en la perforación del útero, infecciones y desangre.

La información de estas instituciones se enmarca en el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe que se celebra cada 28 de septiembre.

En Santa Cruz de la Sierra diversos colectivos de mujeres realizaron manifestaciones en reclamo de la despenalización del embarazo. Puedes ver el reclamo en el video que encabeza esta nota. A su vez, se espera que mañana martes en La Paz se realice una actividad político- cultural en la UMSA, a las 17:00.

 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/hubo-35-abortos-legales-violacion.html