Skip to main content

Petición de la Campaña 28 de Septiembre

campaña 28 de septiembre
Los gobiernos de América Latina y El Caribe deben declarar como servicio esencial el acceso seguro y sin dilaciones a los abortos durante la pandemia.

Frente a la emergencia sanitaria global a causa del COVID-19, se presentan serios desafíos para los sistemas de salud en una de las regiones del mundo más desigual -en razón de clase, de etnia, de género, edad- y con altos índices de violencia. Dentro de estos desafíos, es imperioso que se declare al aborto, la anticoncepción y todo servicio relativo a la salud sexual y reproductiva como esencial durante la pandemia de coronavirus, servicios que no pueden ser postergados ni restringidos; pues las vidas de las mujeres y personas con capacidad de gestar también importan.

Si bien nuestra región se caracteriza por leyes restrictivas y políticas públicas deficientes para el reconocimiento y la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, esto se agudiza ante la actual situación de emergencia sanitaria, porque muchos gobiernos no los consideran servicios prioritarios.
Las mujeres, las adolescentes y sobre todo las niñas, enfrentan mayores restricciones para acceder a los servicios esenciales de salud sexual y salud reproductiva, especialmente a la atención oportuna del aborto, atención postaborto y anticoncepción de emergencia. Lo cual afecta con mayor crudeza a aquellas que pertenecen a sectores marginados y excluidos, que viven con discapacidad, en condiciones precarias de acceso a la vivienda, la sanidad, la educación, el empleo; en zonas alejadas de las grandes urbes; migrantes, indocumentadas, desplazadas o que viven en zonas de conflicto armado; en riesgo o que son sobrevivientes de distintos tipos de violencia, así como las niñas que son forzadas a ser madres. Estas restricciones crean riesgos innecesarios de exposición al COVID-19 para mujeres, niñas y sus familias, así como para las personas proveedoras de atención médica.
Nos preocupa seriamente la falta de medidas gubernamentales para garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios, insumos e información esenciales, relativas a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Mientras se trabaja desde los gobiernos para abordar esta emergencia, es imprescindible medidas que salvaguarden los Derechos Humanos, especialmente la integridad física-psico-social y la autonomía reproductiva de mujeres, niñas, adolescentes, y personas con capacidad de gestar.
La ausencia de medidas y las barreras persisten en la región, la atención del aborto ilegal o severamente restringida, ya sea por su prohibición sin excepciones o porque donde existen sistemas de causales o de plazos, no se cumplen o existen dificultades para el acceso. Como consecuencia, mujeres, niñas, adolescentes y otras identidades con capacidad de gestar deben obtener medicamentos para el aborto por cuenta propia y recurriendo al circuito clandestino y oneroso, donde son arrojadas a situaciones de extrema inseguridad, a peligro de ser estafadas o sometidas a prácticas inseguras que contra su salud o su vida.
Los mayores obstáculos se encuentran en aquellos países en donde la práctica del aborto es penalizada gravemente (El Salvador, Honduras, Rep. Dominicana ) y en aquellos países donde el marco de legalidad por causales es obstaculizado por procesos burocráticos dilatorios, profesionales objetores de derechos o falta de medicamentos que evitan acceder a la práctica segura (resto de los países). Además, es preocupante la situación de mujeres encarceladas debido a la penalización absoluta del aborto, en medio de una emergencia sanitaria, la precarización de las cárceles las coloca en mayor vulnerabilidad, volviéndose la libertad inmediata.
Gobiernos Latinoamericanos y Caribeños, están a tiempo de aportar a la reconstrucción de un mundo mejor. Esta crisis sanitaria y humanitaria puede ser una oportunidad para proteger y no violentar a las mujeres, niñas, adolescentes, y personas con capacidad de gestar y garantizar la integralidad de sus Derechos Humanos.

Llamamos a todos los gobiernos a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los mecanismos de tratados internacionales de Derechos Humanos, los cuales instan a adoptar las siguientes medidas durante la pandemia de COVID-19:

*Garantizar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a anticoncepción de emergencia y a anticonceptivos de toma regular.

*Asegurar la práctica de aborto como atención médica esencial y urgente, garantizando el acceso sin dilaciones.

*Autorizar y poner a disposición en los plazos inmediatos, consultas virtuales para cualquier persona que busque atención o información sobre el aborto. Deben adoptarse medidas específicas para garantizar que las consultas virtuales sean gratuitas o de bajo costo y de fácil acceso, que incluya seguimientos de consultas.

*Garantizar el acceso oportuno al aborto temprano en cada jurisdicción y permitir a las personas profesionales de la salud recetar los medicamentos necesarios a través de consultas virtuales.

*Garantizar el acceso a los medicamentos necesarios para que se pueda realizar el aborto de manera ambulatoria

*Permitir que las personas tomen todos los medicamentos para el aborto de manera ambulatoria.

*Eliminar los períodos de espera obligatorios antes del aborto, los análisis y estudios que no son imprescindibles, así como los requisitos de asesoramiento obligatorios o asegurarse de que el asesoramiento se pueda realizar a través de consultas de telesalud.

*Autorizar a las personas profesionales de la salud de la atención primaria para que realicen un aborto médico temprano.

*Adoptar permisos y excepciones para transitar y dentro de los sistemas de salud, garantizar el acceso a la atención en casos donde el aborto médico temprano no es posible o está contraindicado, para personas que necesitan atención de aborto más adelante en el embarazo o atención posterior al aborto, o que pueden necesitar visitar un centro de salud por otras razones. Los viajes en tales casos deben considerarse esenciales y permitidos incluso cuando los gobiernos hayan restringido la libre circulación.

*Cuando se requiere la autorización de una persona profesional de la salud, esto debe limitarse a solo una.

*Eliminar los requisitos para la aprobación de un aborto por parte de múltiples profesionales de la salud.

*Garantizar el acceso oportuno a las pruebas prenatales y el apoyo psicosocial donde se solicite.

*Garantizar una cantidad adecuada de personas proveedoras dispuestas y capaces de proporcionar servicios de aborto en todo el país y difundir ampliamente información sobre cómo la personas que solicitan un aborto pueden identificar a los profesionales de la salud dispuestos y disponibles. Asegúrese urgentemente de que los rechazos de atención por parte de las personas profesionales de la salud no pongan en peligro el acceso a la atención del aborto en tiempos de crisis.

*Difundir ampliamente la información sobre los cambios en las políticas de salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (SDSR) y los servicios de atención médica que se realizan en el contexto de las respuestas de COVID-19.

*Garantizar el acceso a la anticoncepción moderna, incluida la anticoncepción de emergencia, cuya distribución debe ser gratuita en los centros de salud; incluso mediante la autorización de consultas de telesalud y la provisión de anticoncepción de emergencia en farmacias sin receta.

*Asegurar transportes fluviales con personal especializado para la atención de la salud sexual y reproductiva en comunidades originarias donde no hay centros de salud y las mujeres y personas con capacidad de gestar se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad.

*Garantizar que las intervenciones y la promoción de salud sexual y reproductiva, se brinde con pertinencia cultural y generacional.

Finalmente, pedimos a todos las y los responsables políticos que rechacen las propuestas que pretenden restringir el acceso a la atención segura del aborto durante la pandemia de COVID-19. Estas propuestas falsas simplemente sirven para exacerbar la actual crisis de salud pública y tienen efectos negativos en la salud, la vida y el bienestar de las mujeres y las niñas.

Adhieren:

– Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina.
– Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
CLADEM.
– Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
– Socorristas en Red (Feministas que abortamos)
– Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia
– La Sombrilla Centroamericana (Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana y Guatemala)
– Ipas Centroamérica y México

Argentina:
Abofem Argentina
Acción Respeto Tucumán
Asamblea Lesbiana Tucuman
Asamblea Permanente por los derechos humanos
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Asociación Mundo Igualitario (AMI)
Campaña federal por la separación estado/iglesia
Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
Colectiva andina
Colectiva Feminista La Revuelta – Neuquén-Patagonia
Colectiva feminista Las Azucenas
Colectiva Las Hilando Artivistas Socorristas
Comision Vesubio y Puente 12
CONICET
Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba
Democracia Socialista
FORO DE MUJERES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES- SALTA.
Frente PopularcDarío Santillán
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
GEDESyR – Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
Grupo Intervencionista Tucumán
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros
La Bisagra Movimietno Universitario
La Jauretche Córdoba
La Malona, colectiva feminista, Mendoza
Las Alicias PS
Las Casildas
Mala Junta Poder Feminista – Nueva Mayoría
Marea Feminismo Popular
Marea somos Jujuy
Multisectorial de las Mujeres y Disidencias
MuMaLa-Barrios de Pie
Partido CERRO
Proyecto generar
Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir
Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir
Red de Promotoras y Acompañantes a Victimas de Violencia de Género CTAAuton.
Secretaria General de la Federacion Universitaria de Cordoba
Universidad de Buenos Aires

Bolivia:
Campaña 28 de Septiembre Bolivia
Plataforma Derechos Aquí y Ahora Bolivia
Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia
Casa de la Mujer
Plataforma de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres
Colectivo Rebeldía
Fundación ESAR-SIESAR. BOLIVIA
ADESPROC LIBERTAD
MANODIVERSA
Mesa de Trabajo Nacional
Mochas Copleras

Brasil:
Espaço Feminista
Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos

Chile:
Mesa Acción por el Aborto en Chile

Colombia:
Grupo Médico por el Derecho a Decidir / Colombia

Costa Rica:
Asociación ciudadana ACCEDER

Ecuador:
Surkuna
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

El Salvador:
Colectiva Amorales
Red de colectivas feministas.
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto

Guatemala
Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN
«Tierra Viva

Honduras:
Centro de Derechos de Mujeres – CDM
Somos Muchas
Plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Honduras
Asociación GOJoven Honduras

México:
Colectiva Ciudad y Género AC
Consorcio para el Diálogo Parlamentario MX

Nicaragua:
Punto Focal Campaña 28 de Septiembre

Perú:
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristan”

Puerto Rico:
Taller Salud

República Dominicana:
Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Uruguay:
Articulación Feminista Marcosur
Cotidiano Mujer
Mujer y Salud en Uruguay – MYSU-

El X Concurso de Reportajes Periodísticos ya tiene ganadores

Afiche-X-Concurso-OKOK

Las periodistas del diario Opinión, Melissa Revollo y María Luisa Mercado obtuvieron los primeros lugares en el Concurso de Reportajes Periodísticos “Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos los más humanos de los Derechos”, en su décima versión.

“El embarazo adolescente, un tabú que sonroja a indígenas”, de la periodista Melissa Revollo consiguió el primer lugar, mientras que el segundo lugar fue para María Luisa Mercado con el reportaje “Violencia Obstétrica”.

El concurso, que ya cumplió 10 años, tiene el objetivo de promover la producción de reportajes periodísticos educativos que difundan el respeto y defensa de los derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres.

 

Categoría: Aborto y derecho a decidir de las mujeres

1er puesto

Melissa Revollo- El embarazo adolescente, un tabú que sonroja a indígenas (Opinión, Cochabamba)

2do puesto

María Luisa Mercado con el reportaje- Violencia Obstétrica (Opinión, Cochabamba)

3er puesto

Leny Chuquimia- Hospitales piden a las mujeres un “permiso del marido” para ligarles las trompas (Página Siete,  La Paz)

Categoría Periodista Sin Riesgo

Ganadores

Edgar Soliz y Roberto Condori (Radio Líder,  La Paz).

Menciones especiales para Alejandra García, (Radio Deseo, La Paz) y Maricruz Zalles (Los Tiempos, Cochabamba).

La premiación del concurso se realizará en el mes de octubre en la ciudad de La Paz.

Presentación de la investigación «Estado de situación de la Objeción de Conciencia en Bolivia»

portada

PorEl pasado 14 de septiembre, el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Católicas por el Derecho a Decidir presentó la investigación “Estado de situación de la Objeción de Conciencia en Bolivia” en el ámbito de la práctica médica y de los servicios de salud  en general, relacionada con la interrupción legal del embarazo.

Se trata de una primera aproximación a un tema de un abordaje complejo en el que se expresa, como en ningún otro caso de objeción de conciencia, la colisión de derechos y del mismo derecho a la vida.

El evento fue realizado en el Auditorium y contó con la presencia de Tania Nava, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir; Pamela Delgadillo, investigadora y autora del libro; Paulo Bustillos, y Gioconda Diéguez de Alianza por la Solidaridad.

La investigación pretende realizar un estado de situación de la objeción de conciencia en relación a la interrupción legal del embarazo en Bolivia. Y fue realizada de manera  exploratoria, constituyéndose en una primera aproximación al tema, para lo cual se utilizaron diferentes métodos como la revisión bibliográfica, el análisis legal y entrevistas en profundidad.

Finalizó el X concurso de reportajes periodísticos

Afiche-X-Concurso-OKOK

El concurso denominado, “Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivas los más humanos de los derechos”, que Católicas por el Derecho a Decidir promueve finalizó el pasado 30 de agosto. El objetivo, incentivar en las y los periodistas del país, la producción y el interés por el tratamiento mediático de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Pudieron participar una veintena de periodistas bolivianos/as y extranjeros/as que ejercen labores periodísticas en medios escritos, audiovisuales y radiales en Bolivia, como también estudiantes, de quinto año, de las carreras de Comunicación Social y Periodismo de universidades públicas y privadas.
Este año, las propuestas temáticas se desarrollaron en dos categorías: Aborto y Derecho a Decidir de las Mujeres y, Estado laico. Próximamente se comunicarán los nombres de las/los ganadores, la premiación se realizará el próximo 28 de septiembre en conmemoración al “Día por la Despenalización del Aborto”

El concurso se desarrolló con el apoyo de Alianza por la Solidaridad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, en coordinación con la Fundación para el Periodismo, la Federación de la Prensa del Beni y la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés.

Demoliendo mitos

Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, una de las voces centrales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desarma la idea de que el ser religiosa está en contra de la libertad de elegir sobre el propio cuerpo y aporta datos concretos que desbaratan a los antiderechos. Además, Alanis sostiene que el Senado deberá revisar sus posturas conservadoras y dar un paso histórico en la aprobación de la ley, aunque el Papa trine y los obispos presionen.

me15fo01_0

No puede evitar que la sonrisa, su marca entrañable, se le agrande hasta achinarle los ojos porque la marea verde, esa avanzada imparable de una multitud histórica se replicará el 8A, flamante señalización del 8 de agosto próximo, cuando la Cámara de Senadores defina la legalidad de  la interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes, mujeres y personas gestantes. Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y referenta histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebra a lxs médicxs en Córdoba, las artistas en Salta, socorristas en Neuquén, maestrxs en Jujuy, activistas en La Pampa, comunicadoras en Rosario y centros de estudiantes en Buenos Aires que tejen redes y agitan conciencias a favor de este derecho humano básico y negado hasta el cinismo. La lista es interminable, los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en las 24 provincias dan la comprobación de un porvenir que no puede ser otro que el de un horizonte verde-violeta. “Creo que si no sale la ley, el Senado va a pagar un costo político muy alto frente a esa voluntad popular que ya se pronunció. La cuestión del aborto contiene una expectativa de ampliación de derechos pero también una situación social tremenda que la padecen principalmente los y las jóvenes. Porque no tienen recursos económicos ni autonomía económica propios, y este debate viene a salvar algunos de estos aspectos en la ampliación de derechos.”

 

Ese 26 de junio en el Salón Arturo Illia del Senado, la Campaña Nacional dio una conferencia de prensa en la voz de Alanis para exigir que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reciba un tratamiento sin dilaciones y se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. “Tenemos la esperanza de que ese millón de personas que se manifestó masivamente el 13 y 14 de junio siga resonando también en esta Cámara”, dijo entonces y repite ahora. Sabe que a la avanzada una derecha católica conservadora fogoneada por la jerarquía eclesiástica se le contrapone pedagogía contrahegemónica. Arenga a demoler falsas verdades, advierte que el texto de la media sanción no se toca, alerta que el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Gobierno habilitaría a todos los credos ejercer la objeción de conciencia y sostiene que la comparación del papa Francisco sobre el aborto y prácticas del nazismo es un discurso de odio inaceptable que dejó en evidencia “su adhesión a  todas las posturas que sostienen hoy los antiderechos en la calle”.

“Vamos a demoler mitos”, bromea, cómplice y estratégica. “Comencemos: los sectores antiderechos sostienen que las mujeres pobres no abortan tanto y prefieren tener hijos” responde esta cronista.  

–Están fortaleciendo el falso argumento de que la Campaña y el movimiento de mujeres focalizamos el aborto en las personas de menores recursos e invocamos a las mujeres pobres. Decimos que la libertad para que las mujeres decidan afecta a todas para bien y la restricción afecta para mal, porque recurrir a la clandestinidad es horrible aun cuando tengas para pagar. Obviamente, las mujeres de los sectores pobres corren mayores riesgos y son las que mueren. Y en ese sentido son las personas que más sufren la penalización y la falta de garantías del Estado.

Sectores antiderechos y senadores que se oponen a la legalización insisten en la recarga que supone la IVE en el gasto de salud pública.

–No hay argumento válido para sostener que el aborto se pagaría con los impuestos de los y las ciudadanas cuando está comprobado que el aborto clandestino genera más costos que el aborto legal, porque las consecuencias del aborto inseguro las atiende la salud pública. Un promedio nacional estima que al año, unas 50 mil mujeres ingresan a los quirófanos o a las terapias intensivas de los hospitales con serias consecuencias producto de abortos inseguros. Corren riesgo sus vidas y generan altos costos en salud. El aborto legal realizado por voluntad de la mujer en una temprana edad gestacional es una práctica ambulatoria y segura que se hace con medicamentos y no requiere práctica quirúrgica más compleja.

La vicepresidenta Gabriela Michetti y un grupo reducido de senadores proponen la despenalización y anular la legalización aprobada en Diputados.

–Es una postura que sacaron de la galera en 24 horas. ¿Quiere decir que va a permitirse armar clínicas que hagan abortos, pero nadie estaría obligado a ofrecer el servicio ni estaría regulada la práctica y el Estado se lavaría las manos? Es una despenalización posmoderna y quienes sufren las consecuencias del aborto hoy, seguirán sufriéndolas después. Despenalización sin legalización es una falta de respuesta real a las mujeres. El contenido de la media sanción no pone en riesgo la voluntad de las personas que no están de acuerdo, mientas que la postura del otro sector afecta al resto que quiere decidir en libertad. Además, un alto porcentaje de las mujeres que abortan ya son madres. No se está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Pero la “defensa de las dos vidas” sigue siendo el caballito de batalla.

–Voy a decir algo que nunca manifesté antes: existen estudios verificables acerca de que el uso de glifosato en las zonas sojeras ha aumentado los índices de abortos espontáneos de las mujeres que quieren tener hijxs. De eso no se ocupan las y los que defienden las dos vidas, porque lo único que les importa es clausurar la decisión de la mujer. No toda semilla llega a ser un árbol. Las mujeres decidimos si estamos en condiciones de llevar adelante un embarazo, y a eso se oponen. No lo toleran, están en contra de la autonomía de sus cuerpos y de la autonomía de sus proyectos de vida. Consciente o inconscientemente eso es misoginia.

Muchas mujeres sostienen esta posición misógina y patriarcal.

–Pero aun así la posibilidad de poder elegir la interrupción de un embarazo en alguna circunstancia también les da un margen de libertad a estas mujeres. Deberían pensar que las beneficia porque si no han estado en una situación límite, pueden estarlo mañana. O pueden sus hijas recurrir al Estado para pedir una práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No es algo que no ocurra en el sector que se opone a la legalización y recurre al aborto al igual que el resto de las mujeres.

Una de las propuestas de Michetti es continuar el embarazo para dar en adopción.

–Es una cuestión perversa. Como mujer puedo decidir si sigo o no con mi embarazo, o si doy en adopción. En cualquier caso debo estar asistida por el Estado y por una ley que me proteja. Así como tenemos el aborto legal por causales, el proyecto aprobado establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a interrumpir sus embarazos hasta la semana 14 inclusive, sin mediar una causal. La maternidad forzada no es un bien, es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Quedó expuesto en pleno debate con los casos recientes de dos niñas de 10 años de Salta y Mendoza, embarazadas tras ser violadas por sus padrastros.

–Lo que están haciendo con las niñas es de una crueldad extrema. Escuché las exposiciones de esas personas antiderechos en la Cámara de Diputados. Se enorgullecen de salvar un embrión y promover la maternidad forzada: convencen a las mujeres, a las niñas y a sus madres, las dominan y las obligan a gestar para dar a sus hijos en adopción o para ayudarlas a criar a un hijo producto de una violación, con el que no se van a reconciliar nunca. No se piensa en el trauma de una niña de 10 años. Perseguir a niñas y mujeres para que sigan adelante con un embarazo es una conducta delictiva y violatoria de sus derechos. Las que queremos la legalización no vamos a salir a las calles a perseguir a adolescentes y mujeres embarazadas para que aborten, pero exigimos que tengan derecho a una consejería y a información de calidad.

La inclusión de la objeción de conciencia institucional es un eje central de presión en esta etapa del debate.   

–Y una trampa enorme. Significa permitirle a una institución que brinda servicios de salud violar la ley. No conozco instituciones con conciencia, para que sean objetoras. Hablamos de una ley nacional por la cual todas las instituciones, incluidas las clínicas privadas, tienen la obligación de garantizar la práctica. Pretenden que clínicas privadas y confesionales queden eximidas de brindar el servicio de IVE. Cada universidad católica tiene una clínica médica de referencia que responde a la Iglesia Católica o a un sector afín. Es la misma trampa que despenalización sí y legalización no. Si vamos con objeción institucional y despenalización, seguimos sin que el Estado se haga cargo de las mujeres de sectores vulnerables o de sectores medios despedidas de sus trabajos que no tienen dinero para pagar una IVE. Hay que tener cuidado con estas «creatividades» que surgen a último momento. La media sanción no se toca.

El Senado deberá evaluar el costo político de votar en contra de la voluntad social.

–De una voluntad popular extendida a toda la sociedad con jóvenxs, mujeres y niñas rebeldes que se hacen oír. Estarían imponiéndole una maternidad obligatoria a una multitud de mujeres movilizadas, fortalecidas desde los Encuentros Nacionales, NiUnaMenos, el Paro Internacional de Mujeres del 8M. Los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en todo el país son un aviso. Antes de intentar maniobras dilatorias deberían medir la relación de fuerzas y rever sus posturas conservadoras. Si no avanzan en algo que la sociedad está pidiendo a gritos, sería un fracaso de la política.

Frente a los ataques del Papa vinculando aborto con prácticas del nazismo, CDD expresó su disidencia con la jerarquía católica y remarcó que comparar el movimiento de mujeres con el nazismo constituye un discurso de odio inaceptable.

–Ni la doctrina católica ni el derecho canónico hablan de que el aborto esté equiparado a un homicidio. Franciso hizo una lamentable comparación con el nazismo. La Iglesia tiene en sus enseñanzas y en sus orígenes teologías sacrificiales donde no hay lugar para la sexualidad y el placer sexual, siempre asociados al pecado. CDD  marca esa disidencia,  seguimos adhiriendo al núcleo central del cristianismo pero no compartimos la postura de la jerarquía católica en temas de moral sexual, reproducción y sexualidades: la Iglesia se  mostró homofóbica, sexofóbica y misógina todas las veces que pudo. El Papa reaccionó con ira porque tal vez no pudo hacer una lectura de lo que estaba pasando y no esperaba la media sanción en Diputados. Con esas declaraciones volvió a ser Bergoglio y quedó en evidencia que adhiere a todas las posturas que sostienen  los antiderechos en la calle. Compararnos con el nazismo es una falta de respeto total a un movimiento que ha trabajado por años por los derechos humanos de las mujeres y le hace perder credibilidad como líder religioso. Las iglesias y las religiones tendrán que revisar su conservadurismo. No crearon el patriarcado pero viven legitimándolo todos los días. Se resisten a cambios culturales importantes a favor de la despatriarcalización y colaboran en la reacción contra esos cambios. Es en estos escenarios donde el Vaticano pierde espacio para dar lugar al feminismo que siempre combatió.

¿Es posible lograr un Estado realmente laico?

–Se impone defenderlo porque está siendo amenazado por un proyecto de ley de libertad religiosa que es un engaño. Lo están trabajando silenciosamente en reuniones periódicas de comisiones en la Cámara de Diputados. Lejos de promover la libertad religiosa, favorece la objeción de conciencia institucional para que cada religión actúe a su antojo, como si fuera un país independiente. Cualquiera podría ser objetor de conciencia frente a una ley que no le convenga o a la que no adhiera. Por ejemplo, las instituciones católicas pueden hacer objeción de conciencia en salud reproductiva, anticoncepción, en la celebración de matrimonios igualitarios en los registros civiles, y sobre otros derechos adquiridos que no compartan. Las religiones volverían a tener un poder hegemónico sobre la población.

¿Qué sectores apoyan este proyecto?

–Los mismos que hoy se expresan en defensa de las dos vidas. Son los sectores conservadores que no pudieron detener los grandes cambios legales y culturales, y tratan de incumplir la ley amparándose en sus creencias religiosas. Debemos estar atentxs porque si logramos que el Senado sancione el aborto legal, va a ser contradictorio compartir un escenario con la ley de libertad religiosa. Las colectivas de mujeres y lgbttiq no van a tolerar esta avanzada del retroceso.

 

Fuente: Página 12

Posicionamiento de Católicas por el Derecho a Decidir –Argentina− frente a los ataques del Papa al movimiento de mujeres.

ccdd r
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR ARGENTINA
Como organización de mujeres católicas y feministas con 25 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, afirmamos hoy más que nunca nuestra disidencia con la jerarquía católica que busca oprimir nuestras conciencias e intenta direccionar nuestras vidas y coartar nuestra libertad.
Las desafortunadas declaraciones del Papa sobre la media sanción de la ley de despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación nos plantea serios interrogantes sobre su verdadero compromiso con un mundo más justo. Comparar al movimiento de mujeres con el nazismo, constituye un discurso de odio inaceptable para la fe católica, al tiempo que la virulencia de sus declaraciones evidencian también que su oposición pública al neoliberalismo carece de todo progresismo si busca perpetuar la subordinación de las mujeres a lecturas sesgadas de la religión. Sorprende que el Papa banalice el debate actual apelando a la trágica experiencia del nazismo, teniendo en cuenta que incluso los principales dirigentes de la comunidad judía hace pocas semanas han considerado como inaceptable que se use el holocausto para oponerse al aborto.
El Papa repite una frase que algunos sectores fundamentalistas han utilizado para manifestar su oposición en este momento histórico. Dice el pontífice que el aborto “está de moda”. Muchos interrogantes surgen respecto a los usos que se hace de esta expresión. ¿Está desconociendo la historia de las prácticas reproductivas? ¿Desoye con sus dichos el impresionante número de investigaciones que sostienen que el aborto sólo desciende en aquellos países que lo legalizan? O bien, ¿está llamando al movimiento feminista y de mujeres como superficiales, como parte de una moda pasajera, negando los dolores y las injusticias a los que responde esta profunda expresión popular? Sigue desvalorizando el Pontífice a aquellas personas que hace décadas (dentro y fuera de la Iglesia) venimos poniendo nuestro cuerpo y nuestro tiempo para lograr una sociedad más justa.
Este indigno mensaje eclesiástico sobre las mujeres y el aborto, que busca interferir indebidamente en la laicidad del Estado, obturando el debate legislativo, se ensombrece aún más cuando fomenta el uso político de la objeción de conciencia -que ya se ha anticipado en varias provincias- y promueve la violencia contra la libertad reproductiva y obstétrica que vivirán las mujeres de parte de inescrupulosos efectores.
El debate público y legislativo sobre la despenalización y legalización del aborto nos ha situado en un momento histórico para la libertad de las mujeres y creemos que la mirada obtusa de las jerarquías eclesiásticas no puede arrasar con los valores democráticos que el pueblo ha construido con respeto, libertad y pluralismo. En una encuesta reciente, publicada por Aministía Internacional Argentina y el CEDES bajo el título “Situación de la opinión pública con respecto al aborto”, el 63% de las personas encuestadas coincidían en señalar que la iglesia debe mantenerse al margen de la discusión sobre el aborto. No es con ira que el Papa podrá conducir los destinos de la religión católica.
Por ello, renovamos nuestro posicionamiento disidente con cualquier mirada misógina que propicie la subordinación de las mujeres y fomente el odio entre el pueblo. Reivindicamos nuestro derecho a decidir en libertad de conciencia, como único norte acertado para nuestra soberanía y exigimos, más que nunca, la vigencia de la laicidad en todos los ámbitos del Estado.

#MAYO28: DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Mayo28-caratula-web

Como católicas feministas nos preocupa el uso indebido que las y los prestadores de servicios de salud hacen de la objeción de conciencia, no como un derecho sino como un obstáculo más para que las mujeres en nuestra región no puedan accedan a un aborto legal y seguro, así como a otros servicios de salud sexual y reproductiva.

Respetamos las diversas espiritualidades, así como el sentido íntimo de la integridad moral de todas las personas, sin embargo, las instituciones están obligadas a contar con personal médico que pueda atender a mujeres que requieran de un aborto.

La salud de las mujeres continúa siendo un tema prioritario para todas las organizaciones feministas en América Latina. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señala que en el mundo cada día mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o el parto*.

Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación ha sido una ardua tarea en nuestra región, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas**.

Como Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir reafirmamos nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y exigimos a las y los prestadores de servicios de salud, así como a las instituciones que respeten el derecho de las mujeres a un aborto legal y seguro.

 

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son Derechos Humanos

 

*ONU Mujeres, ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades

**Instituto Guttmacher, Aborto en América Latina: Incidencias y Tendencias

 

Se difunden los resultados del monitoreo social al Consenso de Montevideo con servidores públicos

nota

Imagen 1

Imagen 2

La Paz, 29 marzo de 2018.- En los últimos dos años Bolivia avanzó consistentemente en los compromisos asumidos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, sin embargo, todavía existen barreras legales, no hay acceso a la información y tampoco campañas de comunicación para el cumplimiento efectivo de estos derechos, fueron algunos de los aspectos que se compartió con servidores públicos en el foro “Monitoreando el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo” organizado por Católicas por el Derecho a Decidir en el marco de la articulación “Alerta Montevideo”.

El Consenso de Montevideo es un acuerdo histórico del Sistema de Naciones Unidas porque se reconoce en la región los derechos sexuales como derechos humanos proponiendo acciones que garanticen el goce de la salud sexual y reproductiva para toda la población sin discriminación y que debe ser de cumplimiento obligatorio de todos los países, incluida Bolivia.

Es así que un conjunto de instituciones y organizaciones reunidas en la articulación “Alerta Montevideo” se unen al emprendimiento regional Mira que te Miro que es una iniciativa de monitoreo social para medir los avances que tiene Bolivia con respecto a los compromisos adoptados en el Consenso de Montevideo e informar sobre la legislación; política y Estrategias; y programas e información estadística, en los componentes de: Derechos humanos y laicidad; Educación en sexualidad; Y acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Respecto al tema de laicidad, gracias la Constitución Política del Estado, el país tiene soberanía popular, separación del Estado con la iglesia y/o religiones y ausencia de elementos religiosas en los símbolos patrios. Sin embargo, aunque de manera limitada aún se exhiben crucifijos e imágenes en instituciones públicas y aún se libera del pago de impuesto por bines y empresas a instituciones religiosas.

Sobre educación en sexualidad la Ley de la Juventud N°342 reconoce y garantiza los derechos a la educación integral en sexualidad e información sobre salud sexual y reproductiva, sin embargo, no existe una estrategia ni un marco programático oficial de educación en sexualidad por parte de los ministerios de Educación y salud.

En el tema de derechos sexuales y reproductivos Se avanzó en el marco legal ya que la Constitución Política del Estado (CPE) hace un reconocimiento explícito, pero no se realizan campañas sostenidas educativas e informativas para darlos a conocer.

Esos y otros datos se dieron a conocer a servidores públicos de diferentes ministerios como educación, salud, justicia, defensa; gobierno municipal de La Paz; Defensor del Pueblo, Universidad, Senado, policía etc. en el foro de Monitoreo social del Consenso realizado este jueves 29 de marzo en los salones del auditórium.