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Según expertos, la objeción de conciencia de los médicos no puede vulnerar derechos de las mujeres

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Un ginecólogo y un juez opinan que este derecho legítimo suele disfrazar el miedo del personal médico al estigma y a la discriminación si realizan abortos legales.

La Paz, 18 de noviembre (ANF).- La objeción de conciencia es el derecho legítimo del personal  médico a negarse a realizar acciones que contradigan sus principios morales o éticos, pero según dos expertos internacionales, el problema es que a menudo este argumento disfraza su miedo a ser discriminados y estigmatizados socialmente si realizan abortos legales.

En declaraciones a ANF, el ginecólogo chileno Aníbal Faúndes y el jurista brasileño José Henrique  Rodríguez,  aseguraron que  quienes demandan una regulación especial para garantizar la objeción de conciencia para los médicos, parecen ignorar  que –en todo momento–  el deber de conciencia primario es auxiliar y evitar daños a las pacientes de cuya atención son responsables.

Faúndes reconoció que este principio es utilizado como justificación para negarse a prestar servicios de interrupción del embarazo en casos permitidos por ley, pero insistió que “cualquier objeción de conciencia a tratar a una paciente es secundaria al deber primario de proteger la vida y la salud de las mujeres”.

Desde el punto de vista legal, Rodríguez dijo que la ley no castiga el aborto si se realiza para salvar la vida y/o la salud de la mujer, en casos de violación o incesto y en caso de defectos fetales muy graves, como ocurre en Bolivia y “entonces no hay excusa legal para no realizarlo”.

En su criterio, “si bien el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, la ley estipula también que la libertad de manifestar la religión o las creencias personales no puede vulnerar los derechos humanos fundamentales de otras personas “.

Faúndes coincide plenamente, pero reconoce que “en muchas ocasiones no prima la ley sino el criterio de aquellos colegas que piensan que el aborto no es permisible bajo ninguna circunstancia”. Estos son los médicos, insistió, que “promueven una reglamentación pretendiendo que la misma tenga alcance institucional”.

“Se equivocan”, complementa categórico el juez Rodríguez, “la objeción de conciencia es intuito persona, las leyes y las reglamentaciones no pueden conceder a las instituciones el derecho a impedir el acceso de las mujeres a los servicios de salud.  Si un médico es objetor de conciencia, el hospital público o la clínica privada debe garantizar la interrupción legal del embarazo”.

Y en criterio de Faúndes, “el respeto por su autonomía significa que no se debe esperar que ningún médico aconseje o realice un aborto en contra de sus convicciones personales, pero esos médicos tienen la obligación de derivar a la paciente a un colega que en principio no esté opuesto a la terminación del embarazo”.

Reconoció que el principal obstáculo para la prestación del servicio de aborto legal es la falta de disposición del personal médico, “el problema es que la mayoría de las mujeres no reciben en los hospitales públicos la atención que necesitan, recurren a abortos clandestinos, con alto riesgo para su vida”.

Ambos expertos, compartieron esos puntos de vista con parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante  el Seminario Internacional “El Derecho a Decidir de las Mujeres en la Legislación Penal”, auspiciado por el Pacto Político por la Despenalización del Aborto en Bolivia.

/ZA/RPU/

 

 

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