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La violencia contra la mujer, protegida por la Justicia

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Karen Gil*

Hace 15 años, un juez negó a Carlos Aguirre la custodia de sus hijas en la apelación del anterior fallo que le daba la tutela a la madre. Evaluó que era una persona agresiva, pues su exesposa se había divorciado de él porque la golpeaba por años. Gracias a ese juez, las niñas de cinco y seis años crecieron en un lugar seguro; su progenitor no tenía carta blanca para violentarlas. Esa es la historia que quisiera contar, pero no puedo hacerlo porque ese juez hizo todo lo contrario.

La decisión de este operador de justicia llevó a que las hermanas sufrieran 15 años  violencia física y psicológica de parte de su padre. Este, quien debía protegerlas, no solo las golpeaba y humillaba, sino también encubrió la violación de su sobrino a su hija desde que ella tenía cinco años.

Esta historia no termina ahí. Hace unos días, las adolescentes y su madre volvieron a ser víctimas, pero esta vez  y nuevamente por los operadores de justicia.

Cuando las tres mujeres encontraron la fortaleza de denunciar el caso, el juez William Rodríguez no vio un delito grave. Por eso, además de dar protección en favor de las niñas, solo determinó detención domiciliaria para el acusado.

La familia pidió la revocatoria de la medida porque temía por su vida. Pero el juez Rodríguez suspendió la audiencia el uno de abril, por tercera vez, dejando 13 días, en los que el acusado pudiera huir y en que las jóvenes vivieran en indefensión.

Esta indefensión, además, allanada porque la fiscalía de materia no efectuó ninguna acción efectiva para garantizar las medidas de protección, dispuesta en la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley 348).

Tras protestas de activistas, se adelantó la audiencia y se realizó el anterior martes, cuando se resolvió la detención preventiva del agresor.

Este no es el único caso en que la justicia no actúa con celeridad, hay miles de estos y muchos terminan en muerte de las víctimas. Uno de ellos es el de Wilma Zurita, quien el domingo 4 de abril fue degollada en un lugar público de Santa Cruz por Marcelino Martínez, su expareja.

Esto sucedió tras siete días de que ella denunciara las agresiones de Martínez. Pero este apenas estuvo unas horas retenido, porque la fiscalía no vio el peligro inminente que corría la mujer y lo liberó.

La fiscalía también falló cuando no cumplió adecuadamente con las medidas de protección para Wilma. Y ¿por qué? Porque esta instancia, más allá del título, no tiene ni idea de cómo brindar estas garantías y porque son parte del patriarcado, que reproduce la impunidad.

Otro caso reciente fue el de Icla, quien denunció a los que fueron sus amigos, Alejandro Archondo y Alejandro Cambero, de haberla violado.

La joven ya había denunciado a la policía el 13 de marzo, pero el proceso recién fue abierto dos semanas después, cuando tuvo la valentía de contar públicamente en Facebook lo sucedido. Tras ello, la indignación y el pedido de justicia se hicieron virales en las redes sociales.

Tras la imputación, el juzgado determinó el 4 de abril la detención preventiva para Archondo y no así para Cambero. No pudo hacerlo, pues este está prófugo, porque tuvo varias semanas para huir.

Estos tres casos solo son la punta del iceberg de la violencia estructural que vivimos las mujeres. Como estos hay miles que se arrastran en la justicia. Y, sí, hay miles de mujeres en peligro latente, porque —como en los casos relatados— sus agresores son cercanos a ellas.

La falta de justicia real da vía libre a que los violentadores  asuman que puedan hacer lo que quieran con las mujeres de su alrededor, porque saben que la Justicia y el pacto patriarcal los protegerán.

Solo así se puede entender que a ocho años de la aplicación de Ley 348 haya habido más de 800 feminicidios. De estos no hay ni una sentencia ejecutoriada y ni siquiera el Ministerio de Justicia sabe cuál es la situación actual de los procesos, como dejó ver el titular de esta cartera en una entrevista en radio Deseo.

Urge que el Estado tome un papel activo contra la violencia a la mujer. Urge que las autoridades judiciales actúen con celeridad y que efectivicen las medidas de protección, entre otras acciones.

Si esto no sucede, las historias de niñas violentadas por años, mujeres violadas por amigos, y asesinadas por sus exparejas son las que seguiremos contando.

 

*Karen Gil es periodista.