La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI – COVID19), hizo notar que dentro del marco de la emergencia sanitaria que afronta el mundo, los Estados deben garantizar a todas las personas, el derecho a la salud de manera amplia e integral.
Es así que, en la Resolución No. 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, emergente del trabajo de la SACROI COVID-19, se plantea que el centro de las acciones debe seguir siendo el respeto a los derechos humanos. La mencionada Resolución además contempla el considerando 54, referido al acceso a los servicios de salud reproductiva en el marco de la respuesta a la pandemia, considerándolos como servicios esenciales, en particular aquellos relacionados a la prevención y atención del embarazo, parto y puerperio, incluyendo la atención de la interrupción del embarazo.
En Bolivia se ha suspendido la atención en los servicios en materia de salud sexual y salud reproductiva en estos últimos meses. El sistema de salud colapsado -incluso para casos de personas portadoras de Coronavirus- evidenció que estamos en un estado de abandono, para atención de partos oportunos, acceso a interrupciones legales de embarazos, facilidad en el acceso a tratamientos retrovirales para personas que viven con VIH, a métodos anticonceptivos modernos, tratamientos para mujeres con cáncer de cuello uterino, prevención de embarazos adolescentes, entre otros.
Asimismo, en lo referido a educación integral para la sexualidad prácticamente es un derecho que se encuentra olvidado y por tanto, vulnerado, a pesar de que en los espacios de educación formal no había un abordaje real sobre el tema mucho antes de la pandemia, en ocasión de la cuarentena y la suspensión de clases en las escuelas y colegios, a nivel nacional.
Si desde el Estado boliviano no se asumen tareas inmediatas para dotar a la ciudadanía de los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, no solamente ocuparemos el primer lugar en la lista de países de la Región con la tasa más alta en lo referido a embarazos adolescentes, también en otras problemáticas que restarán calidad de vida y desarrollo humano. Es pertinente exigir que la Recomendación 54 sea tomada en cuenta en las instancias competentes.
Tania Nava
Directora Ejecutiva