PRONUNCIAMIENTO COMITÉ PRO – LAICIDAD

POR UN EFECTIVO Y PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS


El Comité Pro-Laicidad*, coherente con los propósitos que motivan su conformación, constata con gran preocupación la persistencia de las vulneraciones en Bolivia a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que se expresa de manera cada vez más violenta contra los derechos de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTIQ+, con el riesgo inminente de retroceder en el camino ganado gracias a la fuerza de la denuncia, la exigibilidad y la lucha histórica de los movimientos y organizaciones sociales en nuestro país. Las alarmantes cifras de embarazo forzado en niñas, embarazo adolescente y uniones forzadas de adolescentes; el reducido acceso y uso de métodos anyiconceptivos modernos; el aumento de la violencia en razón de género, los feminicidios y la violencia sexual; la discriminación y los crímenes de odio contra las personas de las diversidades sexuales y de género; las barreras
y obstaculizaciones para el acceso a la interrupción legal del embarazo; la ausencia de una educación integral en sexualidad, entre otras, son una muestra de la escasa gestión estatal para garantizar estos derechos.

La vulneración a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, proclamados por los organismos internacionales que los reconocen como Derechos Humanos, fue visibilizada en la 52ª Asamblea General de la OEA, realizada del 5 al 7 de octubre del año en curso, evento en el que se constató la fuerza de la sociedad civil para hacer escuchar sus voces de denuncia y demanda sobre el incumplimiento de los compromisos de los Estados con los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la exigencia de frenar la creciente injerencia de las corrientes políticas ultraconservadoras y de las transnacionales de la fe. La participación de Bolivia en el “Diálogo con la Sociedad Civil” se centró en los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y a la no discriminación de sus habitantes en toda su diversidad.

Sin embargo, en Bolivia persiste y se intensifica la vulneración de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a través de las barreras institucionales que reproducen la visión patriarcal, colonial, machista y sexista en esta materia, además de la inexistencia de estructuras pertinentes y flexibles para la gestión de estos derechos fundamentales. Es inminente el riesgo (presente ya en algunos países de la región) de incremento de la violencia, persecución y criminalización de las poblaciones vulneradas que asumen decisiones sobre su cuerpo.

En concordancia con lo establecido en la CPE, que declara que el Estado debe respetar y garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y que el Estado es independiente de la religión (Art. 4) y que se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos (Art. 66), y que en el Decreto Supremo 3453 que declara el 2022 “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres”, es urgente que los actuales gobiernos, nacional y subnacionales, salden de una vez la deuda del Estado Boliviano con el país. El Estado tiene la obligación de garantizar un marco legal integral que regule y active mecanismos efectivos para la protección y el ejercicio de estos derechos, y el disfrute de una sexualidad plena y libre de restricciones impuestas por el sistema patriarcal y la injerencia de las iglesias y grupos fundamentalistas en la definición de políticas públicas.

Por tanto, exigimos:

      • Garantía plena del ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en el marco de los tratados y compromisos internacionales en Derechos Humanos asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia y reconocidos en la Constitución.
      • Desarrollo de un marco legal específico sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que garantice el tratamiento integral de estos derechos, observando como ejes articuladores, el principio de laicidad, la condición laica del Estado y el derecho a decidir en libertad.
      • Garantizar el acceso a servicios esenciales de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014.
      • Implementación y acceso irrestricto a la Educación Integral en Sexualidad con enfoque científico, de derechos humanos, laico y de calidad.
      • Implementación de mecanismos expeditos para la prevención de embarazos no intencionados, además de la eliminación de acciones, barreras y actitudes discriminatorias.

La Paz, 30 de octubre de 2022

 

*El Comité Pro Laicidad es una articulación conformada por organizaciones, instituciones de la sociedad civil, intelectuales, periodistas, líderes/as religiosos/as y defensores/as de derechos humanos, comprometidos con la defensa, la promoción y el desarrollo del principio fundante constitucional de la LAICIDAD y del ESTADO LAICO en nuestro país.