Desde que la pandemia de la COVID-19 golpeó Bolivia, el gobierno central y los gobiernos sub nacionales establecieron diferentes modalidades de cuarentena para encarar el escenario pandémico e intentar disminuir el riesgo de contagio, mismas que implican ante todo restringir la movilidad. Primero se aplicó la cuarentena rígida a nivel nacional y, posteriormente-dependiendo la situación de cada municipio y departamento-, dicha cuarentena se ha flexibilizado.
Foto representativa, centro de salud, fuente: infodiez
Lastimosamente, pese a estas medidas hoy sobre pasamos los 65 mil casos de contagios, casos que se suman a otros factores como el deficiente sistema de salud, la falta de ítemes para el personal médico y de salud, la falta de insumos de bioseguridad y de equipamiento, el escándalo por corrupción en adquisición de equipamiento con sobreprecio protagonizado por el gobierno transitorio, las medidas ineficientes y un inacabable etc., aspectos que denotan la falta de competencia de las autoridades gubernamentales, dejando muy poca posibilidad de atender que no sea la COVID-19.
Como consecuencia, las barreras para acceder a los servicios de salud sexual y salud reproductiva -en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados en la Constitución Política del Estado (CPE)- se han incrementado. Un estudio que CDD Bolivia realiza en este momento evidencia la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros de salud, las dificultades que los centros de salud y su personal enfrenta para hacer llegar a las mujeres y personas que viven con VIH la medicación antiretroviral -que en muchos casos, se ha visto interrumpida- y el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014, para garantizar la interrupción legal del embarazo en los casos que establece la normativa nacional.
Para subsanar esto, las instituciones y organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil han gestado grandes esfuerzos, en algunos casos en alianza con el personal de salud, para garantizar que la población pueda acceder a dichos servicios de salud sexual y salud reproductiva, aunque la misma es responsabilidad del Estado hacerlo. Por ello, estos servicios -incluyendo el acceso al aborto legal y seguro- debieran ser declarados como esenciales durante la época de la pandemia, porque a pesar de la misma, los derechos sexuales y derechos reproductivos no están en cuarentena.
Andrea Terceros Hans
Responsable de Proyectos