En noviembre de 2019, después de varias semanas de conflicto y revueltas sociales a consecuencia del supuesto fraude realizado por el gobierno del MAS en las elecciones nacionales, Janine Añez asumió la presidencia del Estado, encabezando lo que debiera haber sido un gobierno transitorio cuya única función era llamar a nuevas elecciones en un lapso no mayor a 90 días (3 meses), de acuerdo a lo establecido en la normativa boliviana.
Desde entonces ya han pasado ocho meses, en los cuales las nuevas elecciones ya han sido postergadas en tres ocasiones, la primera debido a que las tareas pre electorales eran varias y complejas, y se debía ajustar el calendario para garantizar un proceso electoral transparente que debía ser el 3 de mayo de esta gestión.
Luego, en marzo, la pandemia por la COVID-19 golpeó Bolivia y el gobierno transitorio se determinó la cuarentena rígida y con ello, una nueva postergación de elecciones con fecha indefinida. Debido a la presión por parte de varios sectores de la sociedad, finalmente el TSE estableció que dicha fecha sería el 3 de septiembre.
Ante el anuncio de la nueva fecha de elecciones, el gobierno transitorio no tardó en manifestar su “preocupación” por la posible alza de contagios de llevarse a cabo las elecciones, para lo cual publicó una serie de “estudios” (sin base científica) que concluían que a finales de agosto e inicios de septiembre se presentaría el pico más alto de contagios.
Ante esto, la nueva oposición y varios sectores sociales denunciaron públicamente la clara intención del gobierno transitorio de prorrogarse en el poder so pretexto de la pandemia. Incluso Carlos Mesa -candidato a la presidencia- manifestó e instó al gobierno central a tomar en cuenta las prácticas de bioseguridad asumidas en países que están llevando a cabo comicios electorales en plena pandemia.
Pese a que la presidenta Añez salió públicamente a manifestar que se mantendría la fecha de las elecciones el 3 de septiembre, el 23 de julio pasado el país despertó con la noticia de que el TSE volvió a retrasar los comiciospara el 18 de octubre. Casualmente, durante este tiempo el partido de la presidenta Añez -que es también candidata- llamó a sus adversarios a conversaciones y negociaciones cuyos resultados no se han hecho públicos. Y de pronto, Carlos Mesa –quien insistentemente había manifestado su apoyo a la realización de las elecciones lo antes posible- cambió de discurso, apoyando ahora la postergación de las mismas.
También, durante este tiempo son pocas, o nulas las medidas que se han tomado desde el gobierno transitorio para combatir la pandemia: la escasez de pruebas, la no adquisición y/o instalación de equipamiento, la falta de seguridad para el personal de salud, la falta de dotación de medicamentos, aspectos que no han hecho otra cosa que disparar las cifras de contagios y decesos de bolivianas y bolivianos.
Sin embargo, hace pocos días el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró en una entrevista que su gestión gubernamental tiene “gases para 6 meses para aquellos que sigan molestando”, dejando entrever que reprimirán a los sectores que reclamen por la suspensión de las elecciones.
Al parecer, los elevados y tristes datos sobre la COVID-19 se han convertido en la excusa perfecta para seguir postergando las elecciones nacionales. Algunas encuestas muestran como perdedora a la actual Presidenta, haciendo pensar que la transitoriedad de su gobierno fue una ilusión y que el prorroguismo es su objetivo.
Andrea Terceros Hans
Responsable de Proyectos