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El rol de los medios

La Razón (Edición Impresa) / Nadja Peña *

La Paz, 12 de abril de 2017. Esta última semana las mujeres hemos sido un blanco fácil para las críticas y señalamientos. Hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación y las redes sociales nos hacen retroceder a pasos agigantados en nuestra lucha, una lucha feminista de reivindicación de nuestros derechos y en favor de la despenalización del aborto.

Los medios televisivos se han conformado con invitar a doctores y a miembros de las iglesias y de instituciones como el Opus Dei (hombres, claro); todos con un mismo tenor, estigmatizar el tema del aborto, haciendo creer que este es un tema de moral y no de derechos y de salud pública, que es como debería tratarse. Por otro lado, algunos medios han mostrado imágenes de fetos de varios meses de desarrollo o mujeres en los últimos meses de gestación. ¿Con qué fin? Con el único fin de desinformar, de crear pánico en la población que muchas veces tiene como único referente a esos medios. Y claro, conseguir con esto que nuestro derecho a decidir sea negado por más tiempo.

Las redes sociales también son una fuente de desinformación y un espacio en el que los comentarios misóginos y discriminatorios contra aquellas que apoyamos la despenalización del aborto son cotidianos. Es decir, estamos frente a una sociedad que estigmatiza a las mujeres, pero no con argumentos válidos, sino con base en la doble moral y en la información falsa.

Los medios de comunicación no deberían parcializarse en un momento tan crucial en nuestra lucha por nuestros derechos; al contrario, su deber es informar responsablemente. No se puede negar desde los medios ni desde las redes sociales una realidad latente en el país, una realidad que nos dice que cada día al menos 200 mujeres abortan (datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – Cidem). Lo que significaría que en un año cerca de 80.000 mujeres han tenido que arriesgar su vida sometiéndose a abortos clandestinos. Y de esas mujeres al menos 480 mueren a causa de un aborto mal practicado. Las mujeres están muriendo, y nosotros somos cómplices de estas muertes al seguir negando esta realidad, en la cual mujeres de todas las clases sociales, y me animaría a decir de toda religión, abortan todos los días.

Pero no solo quienes deciden interrumpir su embarazo sufren las consecuencias de un servicio de salud precario, las mujeres que deciden continuar con el proceso de gestación también sufren los malos tratos, mala información y sobre todo una pésima atención de parte de los servidores de salud. Por lo que es necesario que desde los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad en general se pueda visibilizar esta problemática más allá de la moral; debemos exigir al Estado que proteja el derecho de las mujeres a decidir, ya sea continuando el embarazo o interrumpiéndolo por alguna razón.

* es feminista.

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/rol-medios_0_2690130962.html

“El Estado no puede legislar en base a criterios confesionales” sobre el aborto

Boletin 3 Adriana Salvatierra

POR: ELIZABETH RIVA A. ELPAIS@OPINION.COM.BO | 23/04/2017

La Paz, 23 de abril de 2017. La revisión y tratamiento del Código del Sistema Penal se encuentra en la última etapa de revisión y la Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a comenzar su tramitación, pese a la polémica generada por uno de sus artículos, el 157, que amplía las causales para un aborto legal hasta las ocho semanas de gestación.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostiene que ese tema es utilizado por grupos de oposición que no quieren debatir sobre el fondo del proyecto, que plantea que una mujer que aborte al margen de las causales legales, tendrá de 1 a 3 años de cárcel y sobre los otros temas que contiene el proyecto global en sus más de 600 artículos.

Salvatierra, en entrevista con OPINIÓN, habla del avance del tratamiento del documento y de su alcance que busca transformar el sistema penal boliviano, hacia una justicia restaurativa y no solo punitiva.

Entre otras cosas, afirma que la Iglesia católica asistió a las audiencias públicas con el secretario de la Conferencia Episcopal como su representante.

PREGUNTA: ¿Cuál es el avance del debate y la búsqueda de consenso sobre el proyecto del Código del Sistema Penal?

RESPUESTA: Se ha tenido audiencias públicas con diversas instituciones que han presentado observaciones sobre algunos artículos del Código del Sistema Penal.

También nos hemos reunido con la Coalición Contra la Tortura y con los colectivos que se autodenominan Plataforma por la Vida, los colectivos de diferentes organizaciones de mujeres, se ha mantenido reuniones y mesas técnicas con el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Ahora el Código ya ha sido enviado para su revisión al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno y a las instancias correspondientes.

Lo que queda de aquí hacia adelante es terminar de cerrar algunos puntos técnicos con los insumos que se han generado en las audiencias públicas y pasar a su aprobación. Esperamos nosotros que esto ya pueda realizarse a más tardar la primera semana de mayo.

P.: El tema del aborto es el que más polémica está generando. ¿Hay algún consenso o posibles modificaciones en ese tema?

R.: Primero, pretender empantanar la discusión solo en ese tema, cuando lo que se está buscando es transformar la justicia en el sistema penal, parece ser parte de una estrategia mediática para deslegitimar todo un proceso de construcción de una opción transformadora para la justicia.

De todas maneras, en este tema, ya se han realizado audiencias con ambos colectivos (los que impulsan la legalización del aborto y los que se oponen). Por un lado, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres presentaron una propuesta para mejorar la actual redacción del proyecto y también está los de la Plataforma por la Vida que básicamente plantearon que se mantengan las cinco causales que hoy en día permiten el aborto que son: violación, estupro, incesto, rapto no seguido de matrimonio y riesgo para la vida de la madre.

P.: ¿Y cuáles son los resultados de esas audiencias?

R.: En la propuesta de la Plataforma por la Vida, vemos una contradicción, primero plantean todo un discurso de defensa de la vida desde la concepción y, sin embargo, después piden, en contraruta, mantener las causales que ya despenalizan el aborto por cinco motivos (en el actual Código Penal). Segundo, lo que hacen es desviar el debate de fondo, nosotros en esta propuesta del Código del Sistema Penal hablamos de una justicia restaurativa, una justicia que plantee una respuesta diferente frente a una infracción penal, de una forma constructiva, que esté basada en la reparación del daño, que no esté basada en la venganza, que no solamente busque encarcelar a las personas.

Y si hablamos de una justicia restaurativa, ¿cuál es la utilidad de meter a la cárcel a una mujer que aborte?, porque también se plantea (en el proyecto) cárcel de 1 a 3 años. Entonces, desviar el debate sobre el aborto como lo quieren hacer, anula al otro debate que objetivamente se debe tener en el sistema penal: Una mujer que interrumpe su embarazo, ¿debe ir o no a la cárcel? y, si va, ¿por cuántos años? Ese es el problema de fondo.

P.: La Iglesia católica denuncia que fue excluida del debate sobre el aborto y algunos de sus miembros han emitido fuertes cuestionamientos…

R.: El Estado no puede legislar en base a criterios confesionales, el Estado debe velar por el conjunto de la sociedad.

Evidentemente, en esta campaña de desinformación, de mentiras, que busca generar desconfianza en la ciudadanía, la Iglesia católica miente. El señor Erwin Bazán, vocero de la Iglesia católica, vocero de la Conferencia Episcopal, participó en la audiencia pública, consta en las listas, en las fotos. La Iglesia católica y otro conjunto de iglesias e instituciones que están vinculadas a diferentes creencias, participaron representadas en esta plataforma (Plataforma por la Vida).

P.: El Código del Sistema Penal es un proyecto amplio y complejo que está demandando un proceso largo. ¿El trabajo de revisión y búsqueda de consenso es exhaustivo?

R.: Este proceso ha convocado a los mejores profesionales, los mejores especialistas en materia penal que tenemos a nivel nacional y ha sido revisado y ponderado por eminencias del derecho penal a nivel internacional. El doctor Carlos Alberto Binder (jurista argentino), por ejemplo, que ha estado en las presentaciones entre otros, son quienes han dado fe de que este proyecto es ambicioso y también revolucionario porque plantea toda una tranformación dentro de la justicia en materia penal. No olvidemos que este código del sistema penal no solamente plantea la regulación de la política criminal en la parte sustantiva, sino también de la procedimental, pero además comprende la parte teórica que abarca toda la interpretación de la justicia restaurativa, todo un marco teórico donde se transita desde la justicia punitiva hacia la justicia restaurativa, donde enfatiza centralmente no sólo la necesidad del castigo, sino que enfatiza, fundamentalmente, un proceso de reconocimiento de la infracción, reparación a las victimas, de restauración del daño y de reintegración de la persona infractora a la sociedad.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0423/noticias.php?id=217275

 

Audiencia pública en torno al tema del aborto en la propuesta de Código de Sistema Penal

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La Paz, 11 de abril de 2017. En audiencia pública de la Comisión de Constitución de la  Cámara de Diputados, la cual socializa el proyecto de Ley 122 “Código del Sistema Penal”, el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto expresó su posición en relación a la despenalización del aborto.

Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos,  expuso aspectos históricos en relación a la práctica del aborto, la cual es milenaria y está presente en todas las culturas. La abogada también se refirió a las consecuencias de la penalización del aborto y calificó a ésta como un medio fallido para prevenir abortos. Entre las consecuencias nefastas a causa de la penalización del aborto, están, por ejemplo, el mercado clandestino generado y los costos altos para el Estado a raíz de la atención de mujeres en situación de emergencia, a raíz de abortos mal practicados.

Posteriormente,  Christian Espíndola, integrante del Pacto por la Despenalización del Aborto en Bolivia, se refirió a los altos índices de mortalidad materna debido a la penalización del aborto. Su exposición se centró en el ámbito de la salud y afirmó que el tema del aborto debe ser visto exclusivamente como una temática de salud pública, fuera de consideraciones religiosas al respecto.

Por su parte, Guadalupe Pérez, activista de la Campaña 28 de Septiembre, afirmó que en Bolivia están muriendo mujeres que se pueden salvar. “Al fin de cuentas, las mujeres abortan, y más de dos tercios de las muertes que tenemos son muertes de mujeres que viven en el área rural, de mujeres que solo estudiaron hasta el sexto curso, de mujeres campesinas y que no tienen recursos”. Asimismo, la activista se refirió al negocio que representa el aborto para determinados sectores de salud. “Todo el mundo sabe que la penalización del aborto es un negocio para ciertos sectores de salud que se enriquecen haciendo abortos clandestinos pero seguros, porque no siempre el aborto clandestino es inseguro: el clandestino de la clínica de la zona Sur, de la clínica donde cobran 200, 300 dólares no es un aborto inseguro; ahí no criminalizan, ni desprecian a las mujeres, porque están pagando un servicio”

Por último, Paulo Bustillos, de Católicas por el Derecho a Decidir, realizó una exposición en relación al Estado Laico y los derechos sexuales y reproductivos.

El caso de Varinia abre el debate sobre el concepto de feminicidio

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Opinion/Cochabamba. El proceso contra la joven pareja  de Varinia Buitrago sería el primer juicio  por feminicidio íntimo fundado en una relación sentimental homosexual en Bolivia, sin embargo, la imputación anunciada por la Fiscalía ya generó opiniones divididas.
La jurista y activista por los derechos humanos Mónica Bayá opinó que “el feminicidio es el asesinato de mujeres por parte de hombres ‘por el hecho de ser mujeres’ y está sustentado en el odio, desprecio, placer o en el sentido de propiedad sobre las mujeres”.
Recordó que el término femicidio fue empleado por primera vez el año 1976 por Diana Rusell al prestar testimonio ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres (Bruselas) para referirse a casos en los que se dio muerte a mujeres por el hecho de ser mujeres.
En cambio, el abogado Martín Vidaurre, de la organización Capacitación y Derechos Ciudadanos  (CDC) destacó el anuncio de las autoridades judiciales porque “se estaría sentando un importante precedente para aplicar la máxima sanción de la ley en el caso de parejas homosexuales”.
Dijo que a lo largo de varios años de trabajo con colectivos de las diversidades sexuales “hemos advertido que el signo de la justicia siempre ha sido la discriminación y la vulneración de sus derechos, este caso permitiría procesar en el futuro situaciones similares”.
La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia –Ley 348– tipifica la violencia feminicida como “la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo” y el Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO) establece que “Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto…”.
Según Bayá la norma es ambigua en los casos de relaciones homosexuales porque refiere a  “el autor, en concordancia con el protocolo modelo para la investigación del feminicidio en América Latina de Naciones Unidas”.
Explicó que en ese protocolo, la expresión femicidio ha sido definida  como «el asesinato misógino de mujeres por los hombres y ese es el mismo espíritu de la ley boliviana”.
En su criterio, “aunque desconozco los detalles del caso que se analiza correspondería un proceso por asesinato, delito que también es sancionado con la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto”.
Ese punto de vista es rebatido por Vidaurre, porque “cuando la ley asume que en todos los casos la víctima es una mujer, se refiere tanto a su condición biológica o con identidad de género femenina, además que en el caso de las diversidades sexuales suele ocurrir un ensañamiento particular en contra del cuerpo de las mujeres, aspecto que constituye un elemento diferenciador respecto a un asesinato”.
El fiscal del caso, Humberto Espinoza, informó este lunes que se determinó el arresto domiciliario de la principal sospechosa de la muerte de Varinia Buitrago y se la imputó por femenicidio luego de establecer que existía una relación sentimental con la víctima.
Vidaurre dijo que la imputación por feminicidio permitiría avanzar de manera sustantiva en la aplicación de la justicia para “muchos casos que se pierden entre los expedientes judiciales y que nunca llegan a sanción aun de ser crímenes cometidos contra mujeres trans o lesbianas”.
Añadió que la justicia no procesa por feminicidio porque cuando ourre el delito «muchas mujeres trans no han logrado asumir un nuevo nombre ni el cambio de registro del sexo que le fue asignado al nacer».
Explicó que el cambio de nombre y datos de sexo solo se puede lograr a través de un juicio «en el que la persona está obligada a mostrar al juez fotografías de su niñez, acreditar cómo ha ido creciendo, cómo es ahora, presentar certificados psicológicos, psiquiátricos, testigos que respalden quienes, cómo vive… imponen otras formas de vigilancia  a lo largo de por los menos tres años que es el tiempo promedio en que se  logra el cambio de nombre”.
Como abogado del CDC, Vidaurre ha representado varias demandas de cambio de nombre y de asignación de sexo, logrando apenas culminar seis procesos a nivel nacional.

El 2016 Bolivia debe rendir cuentas sobre políticas públicas de género y violencia a nivel internacional

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Página Siete/La Paz. Durante la gestión 2016, Bolivia debe rendir un informe sobre sus políticas públicas para la eliminación y prevención de la violencia y el empoderamiento de la mujer en el desarrollo sostenible. Ambos temas son centrales en la agenda del 60 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 60) programada del 14 al 24 de marzo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

En octubre, el Estado boliviano debe presentar los avances de sus políticas públicas para el empoderamiento de la mujer en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realizará en Montevideo, Uruguay. Cada tres años, la Conferencia Regional presenta recomendaciones a todos los países miembros de la CEPAL respecto al avance de las políticas públicas para la igualdad de género.

El 2013, Bolivia firmó el Consenso de Santo Domingo comprometiéndose, entre otros temas, a fortalecer las instituciones que impulsan las políticas públicas para la igualdad de género y, en particular, implementar de manera efectiva sistemas de producción de información estadística para el diseño de estas políticas. La directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo destacó la importancia de ambos encuentros internacionales por cuanto todos los países, entre ellos Bolivia, deben someterse a evaluación internacional sus políticas públicas de género.

En contacto con ANF, explicó que «la CSW 60 tiene importancia porque los gobiernos tienen que reportar sobre avances en relación a la violencia». Destacó que en ambos encuentros los informes oficiales serán contrastados con los reportes alternativos de la sociedad civil que a través de sus organizaciones realizan seguimiento al grado de cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Bolivia. En relación a la violencia de género, Bolivia ha avanzado en la aprobación de una nueva ley que incluye la figura del feminicidio y especifica 17 tipos de violencia contra la mujer, sin embargo, no ha logrado fortalecer la capacidad institucional para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

En la actualidad no existe un sistema nacional de registro que sistematice los casos de violencia hacia la mujer permita comprender el impacto personal y social ?costos sociales y económicos? de la violencia contra las mujeres. En octubre del 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, concluyó que en Bolivia aun o se materializan en acciones concretas los avances adoptados en materia legislativa para superar la discriminación contra las mujeres.

El Comité de la CEDAW demandó al Estado boliviano modificar las disposiciones legales a fin de despenalizar el aborto, la adopción de medidas para disminuir los embarazos adolescentes, para superar la enorme brecha salarial entre mujeres y hombres, entre otras medidas. Por otra parte, como medida especial recomendó la creación de un ministerio de asuntos de la mujer y la puesta en marcha de un registro único y un sistema de información de violencia.

La Cumbre Judicial será el 16 y 17 de abril en Sucre

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La Razón.

Con el fin de procurar soluciones a la crisis de la Justicia, el 16 y 17 de abril, en Sucre, Chuquisaca, tendrá lugar la Cumbre Judicial. El anuncio fue hecho por el presidente Evo Morales en su informe a la Asamblea Legislativa, en ocasión de celebrarse los diez años de su gobierno.

En enero de 2015, el Mandatario sugirió la realización de dicha cumbre debido a los conflictos y los fuertes cuestionamientos a los operadores de justicia por los actos de corrupción y la mora procesal existente.

“Hemos decidido, hermanas y hermanos, que la Cumbre Judicial se va a realizar el 16 y 17 de abril en la ciudad de Sucre”, anunció Morales en su alocución en el Legislativo.

El gobernante manifestó que se debe encontrar la fórmula para “poner fin a la mala imagen de la Justicia en el país”, partiendo de la implementación de mecanismos que permitan un cambio integral, desde la educación y formación, la recuperación de los valores hasta establecer una buena imagen de la abogacía boliviana; “ése es el deseo que tenemos”, indicó.

Estamos, dijo Morales, ante la “gran responsabilidad de tener la capacidad de cómo poner fin a la mala imagen de la Justicia boliviana”.

EJES. Según el Ministerio de Justicia, para la Cumbre Judicial de abril se definieron seis ejes que se deberán trabajar: el acceso a la justicia, la corrupción, la retardación, la política criminal, la formación de los abogados en el país y el tema de la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

El secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Chuquisaca, Carmelo Valda, informó que el equipamiento y mobiliario del Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de Sucre estará terminado antes de la realización del cónclave judicial, ya que éste será realizado en ese lugar, reportó ABI.

“La capacidad del CICC es de 2.000 a 3.000 personas, ya que cuenta con dos salones que son divididos con paneles en ocho salas para diferentes eventos”, explicó Valda.

El Gobierno impulsa la Cumbre Judicial debido a que reconoció el fracaso del actual método de elegir a las autoridades judiciales. En octubre de 2011 se optó por designar a los altos funcionarios mediante voto popular.

También se convoca la cumbre por la ola de denuncias de actos de corrupción entre los operadores de justicia. En noviembre de 2015, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que en el país hay consorcios de jueces, fiscales y abogados que tramitan dolosamente los casos; tales grupos deben ser desarticulados, señaló.

En mayo de 2015, similar denuncia fue hecha por el vicepresidente Álvaro García, cuando advirtió que hay grupos de jueces, fiscales, abogados y policías que están incrustados en la Justicia y trabajan de forma ilícita aprovechándose de la población.

Sobre el hecho, el 29 de diciembre de 2015, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, denunció que existen al menos 1.000 juristas implicados en consorcios de jueces y abogados que administran irregularmente los procesos judiciales. Aseguró que tiene una lista de los grupos que manipulan la justicia.

Por esta razón pidió garantías al Gobierno y así dar a conocer la nómina de los abogados sindicados. Hasta la fecha, el jurista no hizo pública dicha lista.Por su parte, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, inició hace siete meses un trabajo de operativos de control en los juzgados del país, con el fin de verificar el trato hacia los litigantes y la población en general.

Centro para albergar reuniones

Evento

El CICC es parte del complejo turístico patrimonial de Sucre, pues incluye además el Castillo de la Glorieta y el Palacete de La Florida; está construido sobre 9.000 metros cuadrados y costó una inversión de 46,2 millones de bolivianos.

Estándares Jurídicos: Igualdad de género y derechos de las mujeres

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El presente informe procura analizar el grado de impacto de los estándares,
recomendaciones, y decisiones del sistema interamericano en la jurisprudencia emitida por los
países americanos vinculada a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres.

 

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Consenso de Montevideo

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Los Derechos Sexuales y Derechos reproductivos en el Concenso de Montevideo  y las Declaraciones de la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo +20 y de la Red CDD en  el Consenso de Montevideo.

Desgargar

Plan Municipal de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

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Autor GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GENERACIONALES UNIDAD DE EQUIDAD E IGUALDAD
Fecha Marzo 2014
Páginas 63

PRESENTACIÓN Brindar a la ciudadanía una política municipal se constituye en la muestra más clara de compromiso de la gestión municipal del Alcalde Luis Revilla Herrero, enmarcada en la necesidad de institucionalizar acciones, dotarles de un presupuesto y fomentar el ejercicio de una ciudadanía libre y responsable, que repercuta en la calidad de vida y promueva el desarrollo humano de paceñas y paceños.

[themify_button style=»small gray» link=»http://catolicasbolivia.org/wp-content/uploads/2014/11/plan_municipal_dsdr.pdf» target=»_blank» ]Descargar documento[/themify_button]