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En Nicaragua los no nacidos tienen más derechos que las mujeres

Ana María Pizarro
Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe.

La protección legal del no nacido es la apuesta del Vaticano, hecha realidad por la negociación de la Conferencia Episcopal con el gobierno de Arnoldo Alemán, que promulgó el Día Nacional del Niño por Nacer, festividad religiosa católica que quedó instalada como fiesta nacional del Estado Laico mediante un Decreto Presidencial el 2001.

Al parecer no satisfechos, convinieron en introducir los derechos de los no nacidos al Código Penal en discusión. La realidad nos dice que esa iniciativa fue sostenida por el gobierno de Enrique Bolaños y aprobada en el nuevo Código por el actual gobierno, mediante un pacto con casi todos los llamados «liberales».

Además que el aborto continúa totalmente ilegalizado, Nicaragua ha perdido la eximente penal que era el Aborto Terapéutico y ha instalado una nueva legislación -inédita en el país-, que otorga al embrión o el feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos de las personas ya nacidas: las mujeres.

Pero con esto no termina el riesgo para las mujeres, dado que también quedó establecido que durante los nueve meses que dure la gestación, las médicas y médicos pueden ser acusados por causarle “daño físico o sicológico” al no nacido. Lo que se estableció es la supremacía del feto, pues se le otorgan derechos legales por encima de los derechos constitucionalmente establecidos a las mujeres ya nacidas.

  1. De las lesiones en el que está por nacer
    El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave y permanente lesión física o psíquica, será castigado con pena de prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años.

 

Se desarrolló con gran éxito Desayuno-trabajo con periodistas y comunicadores de La Paz

Desayuno Trabajo

En el marco del “VIII Concurso de Reportajes Periodísticos”, el pasado 15 de septiembre se desarrolló un Desayuno-trabajo sobre “Periodismo con Enfoque de Derechos Humanos”, el cual tuvo la asistencia de 60 periodistas y comunicadores de La Paz. La actividad tuvo lugar en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y fue organizada por Católicas-Bolivia, con el apoyo de la Fundación para el Periodismo, el Círculo de Mujeres Periodistas, Alianza por la Solidaridad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Como expositoras estuvieron Patricia Flores Palacios, presidente del Círculo de Mujeres Periodistas, y Patricia Cusicanqui Hanssen, Jefa de Suplementos de La Razón. Patricia Flores se refirió a la representación de las mujeres en las noticias así como a la presencia de ellas en prensa, radio y televisión, como fuente de información.

Por su parte, Patricia Cusicanqui habló sobre Periodismo por la Equidad de Género. Fue importante esta exposición porque reflejó la experiencia de una mujer periodista al abordar temáticas relacionadas con la violencia de género y con los derechos sexuales y reproductivos.

La actividad finalizó con las palabras de Tania Nava, Directora de Católicas-Bolivia, quien agradeció a los asistentes por su interés en el Concurso de Reportajes Periodísticos y en promover un periodismo comprometido con la justicia social.

 

El discurso de los “pro vida”

Por Mariana Carbajal (12/09/2016)

Página 12 – Argentina

“El fundamentalismo católico cobra vidas en América Latina. La jerarquía católica, a pesar del nuevo Papa, influye en las políticas sobre sexualidad y diversidad sexual. Está pasando en México y en Argentina. Es un retroceso feroz y una avanzada increíble contra esos derechos. Es fundamental defender la laicidad del Estado”, advirtió María Consuelo Mejías, referente de Católicas por el Derecho a Decidir, de México. La obstrucción al derecho al aborto es una de las consecuencias, marcó. Fue durante un panel sobre fundamentalismos religiosos, donde se analizó cómo los grupos llamados “pro vida” están adoptando el lenguaje de los derechos humanos para imponer en legislaciones nacionales sus visiones religiosas conservadoras sobre sexualidad y familia y también están influyendo en debates a nivel de convenciones internacionales.

“Una de sus estrategias es la práctica de reservas por parte de los Estados a las convenciones. Usan el argumento de la protección de la familia. Sus voceros tienen un alto entrenamiento, con guías específicas de cabildeo”, describió Naureen Shameen, destacada abogada en temas de derechos humanos, integrante de AWID. Shameen mostró frases típicas que repiten estos grupos entre sus argumentos. La activista feminista de Nueva York, Cynthia Rothschild, coincidió en el enfoque: “El lenguaje de los derechos está siendo atacado”, afirmó. “Y lo hacen bien, tienen muchos recursos”, alertó. Señaló que también “el lenguaje de los derechos humanos es utilizado por Estados Unidos para justificar sus intervenciones militares”.

Después fue el turno de Zaina Anwar, nombrada por la revista Newsweek, como una de las mujeres musulmanas más influyentes del mundo. Es directora y cofundadora de Musawah, una entidad que trabaja por la equidad y la justicia en las familias musulmanas. Anwar describió cómo “los gobiernos musulmanes usan el Islam” para no cumplir con las convenciones de derechos humanos y de las mujeres de la ONU. “Dicen que el Islam ofrece suficiente protección para las mujeres”, indicó. Desde su organización, presente en Ginebra, brindan argumentos a las ong para desafiar a los gobiernos musulmanes en los foros internacionales. “Las leyes –que afectan los derechos de las mujeres– son redactadas por el parlamento, no por Dios. Son construcciones humanas. Pero eso es muy difícil que entre en las cabezas musulmanas”, comentó. Pero destacó que ya lograron intervenir en una veintena de países.

Enlace:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-79033-2016-09-12.html

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

Republica Dominicana

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

En República Dominicana, luego de que la Cámara de Diputados aprobase el proyecto de ley que modifica el Código Penal (penalizando severamente la práctica del aborto), el Senado decidió enviar el mismo a una Comisión Especial para analizarlo. En la última sesión de la presente legislatura, los senadores decidieron someter el proyecto al análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que será conformada con los legisladores que tomen posición de sus curules el 16 de agosto.

La comisión de Justicia del hemiciclo tendrá a cargo estudiar el documento que en los últimos días ha generado debates y diferentes tipos de protestas por parte de sectores que se oponen a que el aborto sea penalizado, sobre todo cuando se trate de situaciones que pongan la vida de la madre. El proyecto recibió críticas por parte de asociaciones de salud y organizaciones de derechos humanos por mantener penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres y de hasta 10 años para el personal médico que colabore en un aborto.

Las organizaciones Amnistía Internacional y Oxfam consideraron en un comunicado conjunto que el proyecto que discuten los senadores representa un retroceso con respecto de la ley que ya había sido promulgada en 2014 y que despenalizaba la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.

A finales del 2014, el presidente Danilo Medina ya había vetado el proyecto de código penal que está en discusión desde 1997 y pidió a los legisladores que establecieran con precisión que el aborto no sería considerado un crimen cuando estuviese en peligro la vida la madre, el embarazo fuese resultado de una violación sexual o el embrión presentara malformaciones graves. Las sugerencias del gobernante fueron adoptadas y aprobadas por la Cámara de Diputados y el proyecto fue promulgado. Poco antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo declaró inválido por solicitud de varias organizaciones religiosas.

El documento deberá esperar ahora a que comience la nueva legislatura el 16 de agosto y se conforme la comisión de justicia del Senado que deberá analizarlo a fin de presentar un informe ante el pleno de esa cámara.

(Con información de El Día (República Dominicana)

ONU Mujeres organizó vuelo por la igualdad de género

heporshe

En el marco de la Campaña “He for she”, ONU Mujeres organizó el “Vuelo por la Igualdad de Género”, realizado conjuntamente con la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA). En este vuelo, se transportaron de La Paz a Santa Cruz a 100 mujeres destacadas entre activistas, autoridades, comunicadoras, empresarias, estudiantes y líderes de opinión para hacer un llamado contra la desigualdad y violencia contra las mujeres.

“He for she” es un movimiento solidario a escala mundial que pretende involucrar a la sociedad en su conjunto, y en particular a los hombres, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El vuelo que transportó a las mujeres fue guiado por Paola Velasco, quien fue asistida por una tripulación femenina. Se trató de un vuelo especial que partió el 14 de julio del aeropuerto de El Alto con destino a Santa Cruz, trasladando a un grupo de mujeres comprometidas con la igualdad de género. A bordo, se realizó un acto especial de reconocimiento a las líderes que contribuyeron a esta causa. El arribo de la nave a la ciudad de Santa Cruz, se realizó por la terminal presidencial, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa.

Con este tipo de desafíos, ONU Mujeres busca involucrar al sector privado en el objetivo de erradicar la violencia en el ámbito laboral de las empresas como parte de su Responsabilidad Empresarial.

 

Aborto, machismo y ética religiosa

Denise Paiewonsky

Creo que la respuesta a esta interrogante hay que buscarla en las intersecciones ideológicas entre el machismo y el catolicismo, particularmente en lo que respecta a la capacidad moral de la mujer para tomar decisiones fuera del control o la tutela masculinas. Estos dos sistemas de pensamiento no sólo se han polinizado entre sí a lo largo de milenios, sino que continúan reforzándose mutuamente en la actualidad. De hecho, no es exagerado afirmar que en América Latina las iglesias -porque no solo la católica- siguen siendo una de las principales barreras al ejercicio igualitario de derechos por parte de las mujeres, en tanto aportan argumentos, doctrinas y modelos institucionales de exclusión que legitiman su subordinación.

La cultura machista, tanto en su versión laica como en su versión clerical, se niega a aceptar que las mujeres tienen exactamente el mismo derecho a la autodeterminación sobre sus cuerpos y sus vidas que tienen los hombres. Y con toda razón, ya que el dominio masculino sobre las mujeres descansa justamente sobre la capacidad de imponer este no reconocimiento de la agencia femenina, esta negación de la mujer como sujeto moral competente para tomar decisiones importantes al margen de la tutela masculina. Por eso el patriarcado rechaza tan celosamente la agencia femenina y protege tan obstinadamente el dominio masculino sobre sus cuerpos/vidas, apelando de ser necesario a la violencia –obligándolas a parir en contra de su voluntad, por ejemplo, y en general ejerciendo control sobre todos los aspectos de su comportamiento sexual y reproductivo.

Esa es justamente la esencia de la doble moral sexual que clérigos y machistas defienden con igual celo: contrario a los varones, la mujer virtuosa no tiene deseos sexuales propios, llega virgen al matrimonio y se mantiene fiel a un solo hombre, su marido, durante toda la vida. En el mejor de los casos esta doble moral se sustenta en normas religiosas y legales –como la oposición Eva/María o el artículo del Código Penal que hasta el año 1997 penalizaba el adulterio femenino pero no el masculino- así como en la presión social que desacredita a las mujeres “fáciles” o “aviones”, pero que jamás tasa el valor moral de un hombre en función de su comportamiento sexual. En casos extremos la doble moral se impone mediante la violencia homicida, como el sati de las viudas indias o el feminicidio de las mujeres dominicanas, asesinadas en su mayoría por atreverse a presumir que pueden disponer de su sexualidad al margen de los deseos de su “dueño”.

A este veneno ideológico que sustenta la prohibición del aborto se suma el mito machista de la maternidad, concebida como misión suprema de la mujer y su mayor realización personal y social. De ahí la prohibición católica de la anticoncepción, que obliga a la mujer a “tener todos los hijos que Dios le mande”, lo que efectivamente la reduce a la condición de bestia biológica. Contrario a la concepción de la paternidad como dimensión vital masculina pero no necesariamente superior a otras formas de realización personal, el mito de la maternidad exige que la mujer subordine todos los demás aspectos de su vida al cumplimiento de su “destino” materno, lo que por supuesto incluye llevar a término embarazos que no son buscados ni deseados. (He aquí la esclava del Señor…)

Sobre la distinción entre abortos “legítimos” e “ilegítimos”

Desde la perspectiva católica, ningún aborto es permitido porque “todos los seres humanos tienen el mismo valor”, aunque uno de los dos sea una persona y el otro un cigoto. Contra este referente, el discurso neo-machista que admite el aborto terapéutico en situación de amenaza inminente a la vida de la mujer parece un gran avance, sobre todo si se acompaña de la despenalización por inviabilidad fetal y violación/incesto. En el discurso de muchos dominicanos se entiende que éstos son abortos justificados o “legítimos”, muy diferentes a los abortos “alegres”, producto del supuesto libertinaje de mujeres irresponsables, que utilizan el aborto como método anticonceptivo, etc., etc.

Pero se puede argumentar que la verdadera distinción entre abortos “legítimos” e “ilegítimos” reside enquiénes tienen el derecho de definir qué constituye una causa válida y a quiénes corresponde decidir si el aborto procede o no procede. Y en ninguno de las tres causales la decisión corresponde en primera instancia a la mujer, sino a la junta médica, al comité de bioética, al psiquiatra o al juez. Bajo la despenalización por causales son ellos quienes tienen el poder de decisión, siendo ésta la distinción crucial con la despenalización amplia, en la que la interrupción del embarazo durante el primer trimestre se realiza directamente a solicitud de la mujer –sin permisos o justificaciones médicas, sin jueces atendiendo a sus íntimas convicciones ni comités de bioética ponderando el valor relativo de la vida de una mujer frente a la de un embrión. Es decir, sin hombres tomando decisiones al margen de los intereses y deseos de la mujer que lleva el embarazo en su cuerpo y que durante años será la responsable principal, sino única, del hijo que nacerá.

La profunda hipocresía que subyace a toda esta discusión salta a la vista si tomamos en cuenta que vivimos en un país donde hace ya 20 años que los estudios estimaban se practicaban 82,500 abortos anuales. Si razonablemente asumimos que la mayoría de estos abortos no son practicados año tras año por las mismas mujeres, y si lógicamente suponemos que cada una de las mujeres que abortó contó con el apoyo y/o acompañamiento de su pareja, amiga, madre y/o hermana, estamos hablando de un fenómeno en el que a lo largo de los años han estado involucrados millones de dominicanas y dominicanos. ¿Cuántos ciudadanos/as de este país pueden afirmar que su vida no ha sido tocada por la problemática del aborto? ¿Cuántos admiten en su fuero interno que hubieran preferido que su experiencia de aborto –la propia o la de su pareja, hija, amiga o hermana- hubiese sido menos riesgosa, menos clandestina, menos estigmatizada?

Lo que está en juego en nuestro país no es solamente la despenalización por causales, con todas las crueldades, injusticias y abusos que el statu quo actual supone, sino también el reconocimiento de la capacidad moral de las mujeres a tomar decisiones por sí mismas, sin imposiciones o tutelas masculinas. Esto tiene múltiples implicaciones no sólo para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres sino también para su ejercicio ciudadano en sentido general. Porque sin ciudadanía sexual de las mujeres no hay democracia.

 

Fuente y Link:

http://elgrillo.do/2016/08/aborto-machismo-y-etica-religiosa/

 

¿Médicos u otros profesionales para la provisión de abortos?

RepoCLACAI destacó la publicación de la revisión Cochrane ¿Médicos u otros profesionales para la provisión de abortos? (Doctor or mid-level providers for abortion, Barnard S, Kim C, Park MH, Ngo TD, 2015) que evalúa la provisión de aborto quirúrgico (aspiración) y aborto con medicamentos por médicos, parteras/obstetrices y enfermeras. Esta revisión se realiza a la luz de la recomendación de la OMS que los servicios de aborto pueden proveerse a nivel de la atención primaria por distintos profesionales como estrategia para aumentar el acceso de las mujeres al aborto seguro.

La revisión comprende estudios publicados de ensayos clínicos aleatorizados o prospectivos desde 1980 a 2014 que comparan la seguridad o efectividad de la realización de abortos del 1er trimestre por distintos proveedores. Cuando se analizan los datos combinados de falla y complicaciones de abortos quirúrgicos, no se observan diferencias significativas entre médicos y otros proveedores de salud. En el caso del aborto con medicamentos, el riesgo de falla tampoco mostró diferencias y no se observaron complicaciones en estos casos.

Esta revisión, acompañada de la guía sobre funciones de los integrantes del equipo de salud en la provisión del aborto y posaborto pueden ser herramientas muy útiles a la hora de revisar competencias profesionales y mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al aborto seguro.

Disponible en inglés en: http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/840

Personas transexuales y transgénero iniciaron trámites para el cambio de identidad

Foto APG

En una jornada histórica para los derechos humanos, el primero de agosto personas transexuales y transgénero de Bolivia iniciaron el trámite para el cambio de datos de nombre, sexo e imagen en sus documentos personales. El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) recibió varias solicitudes en diferentes ciudades del país.

Antes de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, muchas personas trans tenían dificultad para acceder a centros educativos y a fuentes laborales. También era problemático, para ellas y ellos, realizar trámites en bancos, aeropuertos y en todo otro lugar donde se solicitan documentos de identidad, puesto que sus datos de sexo y nombre no se correspondían con su imagen.

El SERECÍ tiene un plazo de 15 a 30 días para emitir una resolución para cada caso después de revisar la documentación que incluye un examen técnico, certificados de descendencia, documentos de estado civil y de antecedentes policiales, entre otros.

Por otro lado, llamó la atención la desinformación de algunos medios en relación a la Ley de Identidad de Género, puesto que ingenuamente algunos preguntaron si este instrumento legal dará paso al “matrimonio homosexual”. Al respecto, cabe señalar que la Ley promulgada está dirigida a personas transgénero y transexuales, y no a personas homosexuales. Todavía algunos medios no tienen la capacidad de diferenciar entre identidad de género y orientación sexual, las cuáles son temáticas y conceptos que pertenecen a ámbitos muy distintos.

PRONUNCIAMIENTO POR EL RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

PRONUNCIAMIENTO

POR EL RESPECTO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

La Comunidad de Derechos Humanos, articulación de organizaciones e instituciones que trabajan en derechos humanos, manifiesta su total apoyo a la aplicación plena de la Ley de Identidad de Género, considerando que la misma responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, además de mantener correspondencia y armonía con nuestra carta fundamental, cuyo artículo 14 garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Asimismo, la propia norma fundamental determina en su artículo 9, entre las funciones del Estado, la de constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales, además de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas.

La Comunidad de Derechos Humanos lamenta profundamente que sectores fundamentalistas de la sociedad lleven adelante una campaña en contra de la citada norma, evidenciándose argumentos discriminatorios en contra de personas con diversa identidad sexual, particularmente transexuales y transgénero, generando actitudes homofóbicas que les ponen en situación de gran riesgo, pues refuerzan la naturalización de la discriminación cuya expresión más despreciable es la violencia.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos en su 109º periodo de sesiones de 2013 emitió varias recomendaciones al Estado Boliviano, entre éstas la de declarar públicamente que no tolerará ninguna forma de estigmatización social, discriminación o violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género. Y es que debe comprenderse que la identidad de género responde a factores intrínsecos de las personas y que la Ley solo es una respuesta jurídica a una realidad que debe garantizarse plenamente y no abordarse de forma superficial como pretenden quienes se oponen a la Ley.

En este marco la Comunidad de Derechos Humanos, llama a la reflexión a estos sectores conservadores y solicita al Estado desarrollar todas las acciones necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con diversa identidad de género. Asimismo, convoca a todas las entidades defensoras de los derechos humanos a posicionarse y denunciar actitudes de odio y homofobia, además de sumarse a las actividades de reivindicación e igualdad que desarrollará en los siguientes días la comunidad transexual y transgénero.

Por una sociedad más justa y sin discriminación

 

La Paz, 22 de junio de 2016