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La Iglesia Católica y los derechos sexuales

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Página Siete. viernes, 25 de diciembre de 2015.

Al enterarse de que en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley sobre el derecho al cambio de sexo, ya salió un representante de la Santa Madre Iglesia pidiendo que se retire ese proyecto y que el Estado respete a los seres humanos con las características sexuales que Dios ha querido que tengan…
Por supuesto todo el mundo tiene el derecho de opinar sobre cualquier tema. Pero los y las demás también tenemos derecho de opinar sobre esas opiniones. Y en mi opinión, la Iglesia Católica institucional es la menos indicada para emitir criterios sobre temas sexuales.
Primero porque esa idea de que Dios es responsable de cómo somos y cómo nos va a cada uno, y a cada una, de nuestras condiciones familiares y sociales, de nuestras personalidades, de nuestros destinos y de nuestras formas y momentos de morir, resulta tristemente trasnochada.
Les vendría bien a estos monseñores leer al teólogo Dietrich Bonhoeffer cuando afirma que en tiempos modernos los cristianos deben vivir como si Dios no existiera, pero delante de Dios (y de los no cristianos no dice nada) y, por cierto, lo dijo ya hace bastante tiempo. ¿Qué Dios sería ese que cada día se pone a planificar -por poner sólo un ejemplo- cuántos niños tienen que morir y de qué dramáticas maneras? Por favor, monseñor, cada ser humano está sometido a determinadas condiciones históricas, físicas y biológicas, y dentro de ellas tiene todo el derecho de tomar las decisiones que crea convenientes (mientras no atente contra los derechos de los y las demás).
En segundo lugar porque en temas sexuales la Iglesia Católica hace 18 siglos que perdió toda autoridad (concretamente desde que asumió estructuras estatales de corte absolutamente patriarcal, reduciendo a las mujeres al rol de auxiliares de los  sacrosantos varones). Es esa Iglesia la que se especializó en manipular las opciones sexuales, convirtiendo, por ejemplo, la excepcional opción por el celibato en una condición legal para el ejercicio del sacerdocio; de ahí la irónica definición de que un cura es un señor a quien todos llaman padre, menos sus hijos que lo llaman tío…
Pero a esto tenemos que añadir la larga y criminal caza de brujas que sólo expresaba el terror a las mujeres sabias (más sabias que los varones, por supuesto) y el sometimiento absoluto -muchas veces denigrante- de las mujeres a sus maridos, y, por supuesto, la ausencia de mujeres en cualquier conferencia episcopal (que, sin embargo, se arroga el derecho de pretender regular también la vida de ellas, ¿acaso las conocen siquiera?).
¿Y qué decir de la práctica extendida, constante y casi obsesiva de la pedofilia? La Iglesia institucional es nomás responsable de ese crimen institucionalizado. A los monseñores que se animan a hablar de derechos sexuales les recomendaría que leyeran el libro titulado Marcial Masiel, historia de un criminal, que nos relata la historia de la congregación llamada Legionarios de Cristo, basada en la pederastia sistemática, pero siempre consentida a cambio de los millones de dólares que sus superiores sabían hacer llegar al Vaticano. Y la práctica clandestina e hipócrita de la homosexualidad (en vez de ejercerla con un auténtico derecho humano). Etcétera.
Por favor, en tales condiciones no nos vengan a hablar de temas sexuales, y menos aún de derechos sexuales. Más bien entérense de su propia historia. ¿Sabían ustedes, monseñores, que en la Universidad de Yale (Estados Unidos) han investigado ya cerca de 200 casos de matrimonios homosexuales reconocidos por la    Iglesia Católica en sus primeros siglos de existencia, y algunos de ellos incluso canonizados (vale decir declarados como modelos de vida)?
¿A qué viene ahora tanta homofobia oficial, y tanto pánico al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, aunque personalmente nos resulten difíciles de entender? Más bien deberían alegrarse de que el Estado, normalmente insensible, se plantee la posibilidad de reconocer esos derechos (que por lo demás a nadie perjudican).

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

Según expertos, la objeción de conciencia de los médicos no puede vulnerar derechos de las mujeres

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Un ginecólogo y un juez opinan que este derecho legítimo suele disfrazar el miedo del personal médico al estigma y a la discriminación si realizan abortos legales.

La Paz, 18 de noviembre (ANF).- La objeción de conciencia es el derecho legítimo del personal  médico a negarse a realizar acciones que contradigan sus principios morales o éticos, pero según dos expertos internacionales, el problema es que a menudo este argumento disfraza su miedo a ser discriminados y estigmatizados socialmente si realizan abortos legales.

En declaraciones a ANF, el ginecólogo chileno Aníbal Faúndes y el jurista brasileño José Henrique  Rodríguez,  aseguraron que  quienes demandan una regulación especial para garantizar la objeción de conciencia para los médicos, parecen ignorar  que –en todo momento–  el deber de conciencia primario es auxiliar y evitar daños a las pacientes de cuya atención son responsables.

Faúndes reconoció que este principio es utilizado como justificación para negarse a prestar servicios de interrupción del embarazo en casos permitidos por ley, pero insistió que “cualquier objeción de conciencia a tratar a una paciente es secundaria al deber primario de proteger la vida y la salud de las mujeres”.

Desde el punto de vista legal, Rodríguez dijo que la ley no castiga el aborto si se realiza para salvar la vida y/o la salud de la mujer, en casos de violación o incesto y en caso de defectos fetales muy graves, como ocurre en Bolivia y “entonces no hay excusa legal para no realizarlo”.

En su criterio, “si bien el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, la ley estipula también que la libertad de manifestar la religión o las creencias personales no puede vulnerar los derechos humanos fundamentales de otras personas “.

Faúndes coincide plenamente, pero reconoce que “en muchas ocasiones no prima la ley sino el criterio de aquellos colegas que piensan que el aborto no es permisible bajo ninguna circunstancia”. Estos son los médicos, insistió, que “promueven una reglamentación pretendiendo que la misma tenga alcance institucional”.

“Se equivocan”, complementa categórico el juez Rodríguez, “la objeción de conciencia es intuito persona, las leyes y las reglamentaciones no pueden conceder a las instituciones el derecho a impedir el acceso de las mujeres a los servicios de salud.  Si un médico es objetor de conciencia, el hospital público o la clínica privada debe garantizar la interrupción legal del embarazo”.

Y en criterio de Faúndes, “el respeto por su autonomía significa que no se debe esperar que ningún médico aconseje o realice un aborto en contra de sus convicciones personales, pero esos médicos tienen la obligación de derivar a la paciente a un colega que en principio no esté opuesto a la terminación del embarazo”.

Reconoció que el principal obstáculo para la prestación del servicio de aborto legal es la falta de disposición del personal médico, “el problema es que la mayoría de las mujeres no reciben en los hospitales públicos la atención que necesitan, recurren a abortos clandestinos, con alto riesgo para su vida”.

Ambos expertos, compartieron esos puntos de vista con parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante  el Seminario Internacional “El Derecho a Decidir de las Mujeres en la Legislación Penal”, auspiciado por el Pacto Político por la Despenalización del Aborto en Bolivia.

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