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Campaña 28 de Septiembre organizó Conferencia de Prensa sobre la despenalización del Aborto en Bolivia

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El pasado 22 de marzo la Campaña “28 de Septiembre” organizó una Conferencia de Prensa en la que dio a conocer su posición respecto a la temática del aborto en el proyecto de Código Penal. Si bien la inclusión de nuevas causales para la despenalización del aborto representa un avance, esto aún se considera insuficiente, puesto que se busca la despenalización total del aborto en Bolivia.

El parágrafo V del artículo 157 del documento en debate señala que una mujer puede solicitar de forma voluntaria la interrupción del embarazo durante las primeras ocho semanas de gravidez si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, no cuenta con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, sea madre de tres o más hijos o si es estudiante.

Los colectivos feministas que integran la Campaña 28 de Septiembre sostuvieron que la propuesta es conservadora puesto que la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta 22 semanas como el plazo dentro del cual puede efectuarse un aborto. Por otro lado, las legislaciones de otros países consideran que 12 semanas es un plazo adecuado para realizarse un aborto. La propuesta boliviana, en cambio, considera que sólo se puede interrumpir el embarazo durante las primeras ocho semanas. En este sentido, el debate sigue abierto y continuará los próximos días.

Ante zika, piden respetar el uso de anticonceptivos

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La Prensa.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) pide ampliar el acceso a los anticonceptivos en América Latina ante la expansión del virus del Zika, pero recuerda que la decisión de concebir es un derecho exclusivo de la mujer.

“No se puede tomar como recomendación que no se embaracen las mujeres. Los países deben informar de los riesgos que hay, pero la decisión final es sólo de la mujer, es su derecho”, dijo en una entrevista con Efe Suzanne Serruya, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS.

Puerto Rico, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Panamá y El Salvador han pedido a sus ciudadanas que no se queden embarazadas mientras haya zika en el país, hasta que se sepa más del virus y, en el caso de El Salvador, hasta dentro de dos años.

“No sabemos cuánto va a durar. ¿Qué pasa si en dos años está peor? Ésa no es la solución. Hay que trabajar para disminuir el vector (el mosquito) y para que las mujeres tengan mayor acceso a la contracepción”, consideró la especialista de la OPS, filial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con sede en Washington.

La medida de pedir aplazar los embarazos, insólita en el continente, ha sorprendido y disgustado a las organizaciones que defienden los derechos reproductivos femeninos, por considerar que transfiere la responsabilidad a la mujer sin proporcionarle alternativas.

“Es ingenuo e insuficiente. Esta crisis pone en evidencia los grandes vacíos de las políticas nacionales de la región en educación sexual y en el acceso a los anticonceptivos y al aborto”, comentó a Efe Mónica Roa, vicepresidenta de estrategia en la organización internacional Women’s Link Worldwide.

Roa subrayó el hecho de que un país como El Salvador, donde muchas mujeres no tienen acceso a anticonceptivos y el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, pida a sus ciudadanas que no se queden embarazadas en dos años.

“En Colombia, cuando el ministro hizo la recomendación, muchas mujeres entendieron que les pedían que no tuvieran sexo por seis meses. Muchas mujeres no saben dónde conseguir anticonceptivos, no pueden pagarlos o tienen parejas que no les dejan usarlos”, explicó la experta en derechos femeninos.

Pedir aplazar los embarazos es un reto en un continente en el que se calcula que el 56 por ciento no son planificados, según la cifra con la que trabajan las organizaciones internacionales.

En ese porcentaje de embarazos no buscados están los que son producto de la falta de acceso a anticonceptivos, del mal uso o fallo de esos métodos, de carencias en la educación sexual o de violación.

“Lo que más nos preocupa es el acceso a los métodos anticonceptivos, en todos los países de la región es diferente en función de los niveles de pobreza. El acceso puede variar entre un 47 y un 7 por ciento según zonas y barrios”, señaló la especialista de la OPS.

Las mujeres pobres se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad ante el zika: viven en las zonas donde hay más riesgo por las aguas estancadas donde se cría el mosquito y son las que tienen menos acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual.

“Ésta debería ser una oportunidad para que los países mejoren sus servicios de planificación familiar”, apuntó Serruya.

Un gran jurado presenta cargos contra activistas detrás de videos sobre Planned Parenthood

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Univision.com.

Un gran jurado que investigaba supuestas irregularidades en Planned Parenthood presentó este lunes cargos en contra de dos activistas antiabortos que hicieron videos sobre esta clínica de planificación familiar.

El director del Center for Medical Progress, David Daleiden, fue imputado con un cargo por presuntamente haber modificado un documento gubernamental y con otro por supuestamente haber comprado órganos humanos, informó la fiscal del condado Harris, en Texas, Devon Anderson citado por The New York Times.

Asimismo, a Sandra Merritt, también empleada del Center for Medical Progress, le fue presentado un cargo por presuntamente haber alterado un documento oficial. No fue detallado qué tipo de documentos fueron modificados.

Planned Parenthood, en tanto, fue liberada de cualquier irregularidad, afirmó la fiscal Anderson. «Como precisé al inicio de esta investigación, debemos ir hacia donde nos lleve la evidencia. Toda la evidencia analizada en el curso de esta investigación fue presentada al gran jurado. Respeto su decisión en este difícil caso», afirmó en un comunicado citado por el diario.

Sigue en curso la investigación estatal

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que sigue en curso la investigación que realizan la oficina del inspector general para salud y servicios humanos y la oficina del fiscal general.

«Nada de lo anunciado en el condado Harris afecta la investigación que realiza el estado. El estado de Texas continuará protegiendo la vida, y seguirá respaldando la legislación que prohíbe la venta o transferencia de tejido fetal», afirmó el gobernador en un comunicado.

Daleiden, del Center for Medical Progress, grabó con una cámara oculta polémicos videos en los que ejecutivos de Planned Parentood -el principal proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos- discutían la supuesta venta de tejidos y órganos de fetos abortados.

Los videos pusieron a Planned Parenthood en el centro de una controversia, en la que se debatió en el Congreso estadounidense la eliminación del financiamiento que recibe la clínica para ofrecer pastillas anticpnceptivas, exámenes de VIH, servicios de prevención y detección de cáncer y enfermedades de transmisión sexual.

El caso también desató polémica cuando un hombre abrió fuego dentro de una de estas clínicas en Colorado Springs, matando a un policía y dos civiles. El atacante, Robert Lewis Dear, se autoproclamó como el «guerrero por los bebés».

 

 

http://www.univision.com/organizaciones/planned-parenthood/un-gran-jurado-presenta-cargos-contra-activistas-detras-de-videos-sobre-planned-parenthood

Objeción de conciencia médica

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El sistema sanitario de un país está en la obligación de velar por el respeto de la legislación vigente

La Razón (Edición Impresa) / Alfonso Bilbao Liseca

00:03 / 15 de noviembre de 2015

El Colegio Médico de La Paz ha declarado que redactará un anteproyecto de ley sobre la objeción de conciencia médica con relación al aborto, el mismo que, anuncia, será coordinando con la Iglesia Católica.

Dicha así, la noticia parece anodina y el tema bastante trivial pues, al fin y al cabo, se trata de dos instituciones que en uso de su derecho de asociación, tratan de unificar criterios sobre un determinado asunto. Pero no es así. No es una asociación intrascendente ni el tema es nimio o baladí. Se trata de una conjunción cuando menos atípica de dos organismos con propósitos y fundamentos muy diferentes y en ocasiones hasta antagónicos. Uno, la Iglesia, defiende la fe, que por su naturaleza supone básicamente un renunciamiento a la razón; y el otro, la medicina (representada en este caso por el Colegio Médico), defiende la ciencia que es pura razón (o no es ciencia). Y en cuanto al tema, no puede ser más trascendental pues trata de la vida misma: de la vida del ser en gestación y lo que es aún más importante, de la vida de la gestante.

No deja de ser llamativo el hecho de que todo un Colegio Médico tome postura con respecto al tema del aborto con frases tan fuera de tono y de una indigencia intelectual ciertamente preocupante, como decir, por ejemplo, que “la medicina tiene como principio salvar vidas, no acabar con ellas”, o manifestar que con “una mala interpretación (de la norma vigente)… se quiere convertir al médico en un asesino”.

Siguiendo ese hilo argumental se podría aseverar que, efectivamente, hay una obligación inapelable de tipo moral de salvaguardar principalmente la vida de la gestante, no solo como hecho biológico sino como sujeto de derecho, preservando intactas todas las garantías constitucionales que la amparan y que incluyen precisamente la protección de su derecho a una vida digna y al desarrollo de todas sus potencialidades como ser humano que se ven gravemente amenazadas por el fatal curso de un embarazo no deseado. Como se colige por la Sentencia Constitucional Nº 0206/2014, y como saben desde siempre los profesionales que atienden a las mujeres en situación de parto; en todos los casos prevalece la vida de la madre sobre la vida del que está por nacer cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer.

La medicina, entendida hoy como una disciplina con base en lo científico y lo social, no tiene como principio “salvar vidas” (o no solamente). Diríamos más bien que sus fines son: 1) la prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y conservación de la salud; 2) el alivio del dolor y el sufrimiento causado por males; 3) la atención y la curación de los enfermos y los cuidados a los incurables; 4) la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila.

Se arguye de forma trapacera que hay indefensión de los médicos apelando a una terminología carcelaria (asesino) más propia de ámbitos menos cultos que el colectivo de médicos quienes, ciertamente, merecerían una defensa más digna y acorde con su nivel intelectual. Pero además se falsea la realidad jurídica al afirmar que los mismos no estuvieran protegidos. Lo están. Por primera vez en la historia jurídica del país la participación de un profesional en un acto médico como es el aborto, está amparada por normas jurídicas que, aun siendo perfectibles, han constituido un notable avance en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, tal como reconoció el propio Denis Racicot, representante del Alto Comisionado de la ONU.

La llamada objeción de conciencia, es decir el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico alegando razones de conciencia es actualmente un principio  aceptado en la jurisprudencia internacional. No tiene su origen en el ámbito de la Deontología Médica o de la disciplina que aborda derechos jurídicos relacionados con la medicina como es el Derecho Médico. Proviene más bien del Derecho Militar y, como todo principio que sustenta un derecho, tiene sus propios límites al producirse, tras su aplicación, una colisión de derechos en el marco de un conflicto de valores.

La objeción de conciencia, en ningún caso puede ser admitida como norma general pues los criterios, pareceres, creencias y valores de un colectivo tan heterogéneo como el colectivo médico, nunca podrían circunscribirse en un solo principio so pena de desnaturalizarlo y convertirlo más bien en un obstáculo para una correcta praxis que respete la lex artis. La aplicación de la objeción de conciencia debe evitar el abuso del principio por razones espurias y tener solo carácter excepcional, ser individual y estar sustentada en fundamentos veraces y constatables en relación a los valores éticos o religiosos que supuestamente, según el objetor, estarían en riesgo de sufrir menoscabo.

Lo que sí está cada día más claro en el terreno del derecho a nivel internacional, es que ya no resulta admisible que una persona, peor aun si lo hace prevalido de una posición dominante, como es el caso de los médicos, intente imponer sus valores o ideas personales a otras personas, se trate de pacientes o de mujeres gestantes.

El sistema sanitario de un país, especialmente el sector público, está en la obligación de velar por el respeto a la legislación vigente y de preservar los derechos y garantías constitucionales que amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la atención de sus problemas de salud. La objeción de conciencia no puede ser un argumento válido para conculcar derechos de la ciudadanía y menos para imponer criterios o valores particulares.

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Crece el drama de niñas violadas y embarazadas

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El Deber/Santa Cruz.

Ambas tenían 13 años cuando fueron violadas. Una fue víctima de un extraño en 2014 y la otra sufrió la agresión de su padre este año. Las dos menores de edad quedaron embarazadas tras las agresiones, pero los desenlaces de sus historias tuvieron finales diferentes, dejando solo a una como parte de las estadísticas del aborto impune o interrupción legal del embarazo, del cual solo algunas instituciones conocen y hablan.
La maternidad Percy Boland y la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz conocen de al menos 10 casos de abortos impunes (con aval de la justicia) en lo que va del año, uno de los cuales ocurrió hace dos meses en un barrio alejado.

La víctima era violada por su padre desde hace un par de años, cuando su familia vivía en una comunidad campesina. Al llegar a la ciudad de los anillos, los abusos no acabaron. En las entrevistas sicológicas la niña explica su calvario y el silencio que mantuvo hasta que quedó embarazada.

Su tía se percató de los cambios de la niña y sospechó que estaba embarazada. De acuerdo con los informes a los que tuvo acceso EL DEBER, al principio la víctima no quería decir el nombre de la persona que la embarazó, pero al final de varias conversaciones y con lágrimas en los ojos, contó que fue su papá.

La reacción familiar fue inmediata, se denunció al hombre y ahora está preso en el penal de Palmasola esperando una sentencia. Pero el calvario de la niña no había terminado, ya que enterada de que estaba embarazada, su reacción fue de rechazo.

Su familia buscó ayuda en algunas instituciones y así pudieron hacer que sicólogos hablen con ella y le planteen las alternativas que tenía.
Ante esto y con un proceso penal abierto, pidió que su embarazo sea interrumpido. En este caso la norma para el aborto impune se aplicó y ahora, según los datos de los sicólogos, la muchacha está mejor y tratando de olvidar lo que vivió.

Una historia diferente
El año pasado, otra adolescente de 13 años también fue víctima de violencia sexual. Esta menor había perdido a su padre y una familiar cercana decidió cobijarla en su casa. Allí las cosas parecían mejorar, pero un depravado que trabajaba en esa vivienda aprovechó para abusarla varias veces. El temor la hizo callar las violaciones y fue la familiar que al enterarse de que estaba embarazada y, pese a conocer que había sido violada, la culpó por lo ocurrido y renunció a su guarda. La muchacha pasó a un hogar de acogida y se deprimió a tal extremo que tenía intenciones de quitarse la vida, pues no solo se sentía culpable por las violaciones, sino también porque no sabía qué pasaría con su vida.

La intervención oportuna de un equipo de sicólogas del Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica (Cepat) hizo que sacara de su cabeza las ideas del suicidio. Ella aceptó al bebé que llevaba en su vientre y a sus escasos 14 años se convirtió en mamá, volvió al colegio y ahora sueña con ser una gran peinadora.
La violencia y los recuerdos del dolor han quedado atrás en la vida de esta muchacha gracias al apoyo de las sicólogas, que la ayudan y la atienden de forma permanente.

Posiciones encontradas
El drama de niñas y mujeres que quedaron embarazadas tras una violación se visibilizó en abril de este año, cuando surgieron voces a favor y en contra por la decisión que tomó una niña de 11 años, violada y embarazada por un mototaxista, de hacer que su embarazo sea interrumpido legalmente.

La menor se vio obligada a cambiarse de barrio y de colegio para continuar con su vida, ya que donde habitaba y en su unidad educativa era mal vista por haber aceptado que se le practicara un aborto.
Hernán Cabrera, representante departamental de la Defensoría del Pueblo, dijo que además del caso de la niña de 11 años, su institución conoció otros cuatro hechos.

Cabrera asegura que aún hay desconocimiento de los operadores de justicia y de los médicos con respecto a las normas que buscan preservar un derecho humano.

La directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, recordó que la segunda causa de muerte en las mujeres es el aborto mal practicado, por lo que pide aplicar e informar sobre las disposiciones que amparan la interrupción del embarazo, ya que la salud es un derecho de las mujeres.

El vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, recuerda que todos deben respetar la vida desde su concepción y que ante la norma del aborto impune, instituciones extranjeras apoyadas por gente en el país se están aprovechando para legalizar una práctica de muerte. Además dijo que el clero nacional apoya a los médicos que se niegan a practicar estos abortos y que, según han mencionado, se ven obligados a practicar el aborto.

Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados, indicó que no se puede obligar a nadie a realizar actos reñidos con su formación ética y religiosa. El jurista recordó que la discusión del aborto sigue siendo un tema que está en statu quo, ya que las aristas del debate son múltiples y contrapuestas en una sociedad donde esta realidad está en su diario vivir.

Las violaciones no cesan
Según datos oficiales, en los primeros nueve meses, en Santa Cruz se registró un promedio de 15 casos de violaciones por día y la Unidad de Víctimas Especiales ha recibido más de 700 denuncias de víctimas de violencia sexual.

Es más, los datos señalan que por mes ingresaron al penal de Palmasola al menos 29 personas acusadas de cometer violación. En los estrados judiciales, los procesos de estas denuncias son más de un centenar

 

 

 

 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/crece-drama-ninas-violadas-y.html

Pedido de despenalización busca evitar mayor número de muertes

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El aborto es un delito, excepto en los casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, incesto, estupro o si existiese riesgo para la vida de la mujer. Sin embargo, a diario se realizan cerca de 200 abortos en el país, lo que demuestra que la sanción no detiene esta práctica.

El artículo 263 del Código Penal indica que el que causare la muerte de un feto en el seno materno puede ser sancionado con tres años de cárcel y si a la práctica le sigue la muerte de la mujer la detención puede ser de siete años.

Al ser ilegal, las mujeres acuden a los abortos clandestinos, en condiciones insalubres y a cargo de personas que en muchos casos no son profesionales, poniendo en riesgo su salud y su vida, advirtió la activista del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, Mónica Novillo.

«Despenaliza mi decisión», es la campaña que el 28 de septiembre pasado movió a mujeres del país, quienes piden eliminar del Código Penal la figura del aborto.

Según datos del estudio “Por una maternidad y nacimiento seguro”, el 9.1 por ciento de las mujeres embarazadas muere a causa de un aborto mal practicado.

El aborto es la tercera causa de muerte materna en el país, después de las hemorragias e infecciones, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008, que no ha sido actualizada, por lo que se desconoce la situación actual.

La despenalización busca que las mujeres que decidan abortar lo hagan en lugares seguros y autorizados, tal como ocurre en centros de salud de México y Uruguay.

“Hace 40 años que nuestra ley es restrictiva con el aborto y en esos 40 años se han seguido haciendo abortos, no ha habido una disminución”, mencionó Novillo.

Las distintas instituciones de mujeres que se han unido por este pacto nacional proponen, además, que haya una política para evitar el machismo dentro de las relaciones sexuales de pareja y de matrimonio y también las violaciones.

SIN ORDEN JUDICIAL

Desde hace un año, la Sentencia 206/2014 que ratifica el respeto a la vida desde la concepción, permite el aborto legal en casos de violación en un centro de salud público con solo la presentación de la denuncia a la Policía y el examen médico forense que certifique que hubo una violación.

Esta sentencia fue aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional luego de que se analizara el artículo 266 que indica que se requiere de una orden judicial.

Hasta el año pasado existían muchos obstáculos. La víctima debía aguantar la burocracia del sistema judicial para obtener la orden de un juez y acudir al aborto legal. Cuando el permiso era concedido, los médicos se excusaban para no hacer la práctica con la “objeción de conciencia”.

Mientras eso sucedía, el embarazo ya estaba avanzado y practicar el aborto era mucho más riesgoso. Por este motivo en Cochabamba no se atendió ni un solo caso con orden judicial.

Sin embargo, desde la aprobación de la Sentencia 206/2014 ya se han practicado 35 abortos legales en todo el país.

DEBATE

La Asamblea Legislativa Plurinacional todavía no ha agendado el tratamiento de la solicitud de anulación del aborto del Código Penal.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Aniceto Choque, mencionó que no les llegó la solicitud y que mientras no conozcan la propuesta no pueden emitir ninguna declaración.

Sin embargo, adelantó que este año se tratará algunos temas del Código Penal y que en ese debate se podría incluir el aborto.

¿Quiénes recurren al aborto en Bolivia?

El aborto no es una práctica exclusiva de las adolescentes.

Por años se ha manejado el mito de que son las más jóvenes las que acuden a esta práctica. Sin embargo, diferentes estudios concluyen que también hay mujeres adultas, entre ellas madres de familia que recurren al aborto por distintas situaciones.

Movilización por la despenalización

Este año varias organizaciones de mujeres y de defensa de derechos se unieron en el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto.

El movimiento se realizó el 28 de septiembre en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, fecha en la que las mujeres tomaron las calles para pedir su derecho a decidir.

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/informe_especial/2015/1011/suplementos.php?id=7479

En un año y medio se realizaron 35 abortos legales en Bolivia

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ANF / La Paz

En Bolivia desde febrero de 2014 hasta la fecha se registraron 35 abortos legales que se realizaron a través de una denuncia ante el Ministerio Público, informó Patricia Brañez, representante de la campaña «28 de Septiembre» para la despenalización del aborto. Los abortos, en su mayoría, fueron practicados a mujeres jóvenes y adolescentes de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Sucre.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una Sentencia Constitucional que indica que si el embarazo es producto de una violación, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo en un centro de salud público o privado presentando la denuncia ante el Ministerio Público. Antes de esta normativa, la mujer debía esperar la sentencia del caso para practicarse un aborto, lo que demoraba más del tiempo de un embarazo.

De acuerdo con Brañez, la Sentencia Constitucional no se cumple a cabalidad, pues muchos centros médicos se niegan a atender un aborto. Otra irregularidad es que el Ministerio Público no entrega una copia de la denuncia a la mujer. En contraste a esta realidad, señaló el colectivo, cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos sin las condiciones necesarias. Las ciudades con altos índices de abortos inseguros son El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Las estadísticas dan cuenta que de tres hechos de violencia sexual, dos terminan en embarazo y de cada 100 embarazos en el país, 19 terminan en aborto y 80 terminan en el parto de un bebé nacido o muerto. Además, comentó la activista, siete de cada diez mujeres sufrieron un abuso sexual alguna vez en su vida y el 23% de los niños y niñas menores de 18 años sufre de algún tipo de violencia sexual. Por año se realizan al menos 50 mil a 60 mil abortos en condiciones inseguras, producto de ello al menos 650 mujeres mueren.

Además el 70% de las emergencias obstétricas se deben a la práctica de un aborto incompleto. Bolivia está entre los países con más alto nivel de mortalidad materna el Latinoamérica y El Caribe. El aborto es la tercera causa, precisó Brañez. Entre las consecuencias de practicarse un aborto inseguro sin las condiciones necesarias derivan en la perforación del útero, infecciones y desangre.

La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, señaló que otra realidad es que no son sólo jóvenes y adolescentes las que están obligadas a practicarse a un aborto por diferentes circunstancias, sino también mujeres con estabilidad económica y con una relación estable.

La información de estas instituciones se enmarca en Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe que se celebra cada 28 de septiembre. En La Paz, un colectivo de personas e instituciones marcharon desde la plaza Camacho hasta el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para exigir la despenalización del aborto.

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/9/28/medio-realizaron-abortos-legales-bolivia-71641.html

En un año y medio se realizaron 35 abortos legales en Bolivia

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Cada día se realizan al menos 185 abortos ilegales en el país que ponen en peligro la vida y la salud de la mujer, según datos de la campaña ’28 de Septiembre’ para la despenalización del aborto.

ANF / La Paz

En Bolivia desde febrero de 2014 hasta la fecha se registraron 35 abortos legales que se realizaron a través de una denuncia ante el Ministerio Público, informó Patricia Brañez, representante de la campaña «28 de Septiembre» para la despenalización del aborto. Los abortos, en su mayoría, fueron practicados a mujeres jóvenes y adolescentes de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Sucre.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una Sentencia Constitucional que indica que si el embarazo es producto de una violación, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo en un centro de salud público o privado presentando la denuncia ante el Ministerio Público. Antes de esta normativa, la mujer debía esperar la sentencia del caso para practicarse un aborto, lo que demoraba más del tiempo de un embarazo.

De acuerdo con Brañez, la Sentencia Constitucional no se cumple a cabalidad, pues muchos centros médicos se niegan a atender un aborto. Otra irregularidad es que el Ministerio Público no entrega una copia de la denuncia a la mujer. En contraste a esta realidad, señaló el colectivo, cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos sin las condiciones necesarias. Las ciudades con altos índices de abortos inseguros son El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Las estadísticas dan cuenta que de tres hechos de violencia sexual, dos terminan en embarazo y de cada 100 embarazos en el país, 19 terminan en aborto y 80 terminan en el parto de un bebé nacido o muerto. Además, comentó la activista, siete de cada diez mujeres sufrieron un abuso sexual alguna vez en su vida y el 23% de los niños y niñas menores de 18 años sufre de algún tipo de violencia sexual. Por año se realizan al menos 50 mil a 60 mil abortos en condiciones inseguras, producto de ello al menos 650 mujeres mueren.

Además el 70% de las emergencias obstétricas se deben a la práctica de un aborto incompleto. Bolivia está entre los países con más alto nivel de mortalidad materna el Latinoamérica y El Caribe. El aborto es la tercera causa, precisó Brañez. Entre las consecuencias de practicarse un aborto inseguro sin las condiciones necesarias derivan en la perforación del útero, infecciones y desangre.

La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, señaló que otra realidad es que no son sólo jóvenes y adolescentes las que están obligadas a practicarse a un aborto por diferentes circunstancias, sino también mujeres con estabilidad económica y con una relación estable.

La información de estas instituciones se enmarca en Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe que se celebra cada 28 de septiembre. En La Paz, un colectivo de personas e instituciones marcharon desde la plaza Camacho hasta el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para exigir la despenalización del aborto.

Hubo 35 abortos legales por caso de violación en Bolivia

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Desde febrero de 2014 se interrumpió legalmente más de 30 embarazos. Cada día se realiza al menos 185 abortos clandestinos que ponen en peligro la vida de las mujeres.

El Deber/Santa Cruz. En Bolivia desde febrero de 2014 hasta la fecha se registraron 35 abortos legales que se realizaron a través de una denuncia ante el Ministerio Público, informó Patricia Brañez, representante de la campaña «28 de Septiembre» para la despenalización del aborto. Los abortos, en su mayoría, fueron practicados a mujeres jóvenes y adolescentes de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Sucre.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una Sentencia Constitucional que indica que si el embarazo es producto de una violación, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo en un centro de salud público o privado presentando la denuncia ante el Ministerio Público.

Antes de esta normativa, la mujer debía esperar la sentencia del casopara practicarse un aborto, lo que demoraba más del tiempo de un embarazo.

De acuerdo con Brañez, la Sentencia Constitucional no se cumple a cabalidad, pues muchos centros médicos se niegan a atender un aborto. Otra irregularidad es que el Ministerio Público no entrega una copia de la denuncia a la mujer.

En contraste a esta realidad, señaló el colectivo, cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos sin las condiciones necesarias. Las ciudades con altos índices de abortos inseguros son El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Los datos

Las estadísticas dan cuenta que de tres hechos de violencia sexual, dos terminan en embarazo y de cada 100 embarazos en el país, 19 terminan en aborto y 80 terminan en el parto de un bebé nacido o muerto.

Además, comentó la activista, 7 de cada 10 mujeres sufrió un abuso sexual alguna vez en su vida y el 23% de los niños y niñas menores de 18 años sufre de algún tipo de violencia sexual.

Por año se realizan al menos 50 mil a 60 mil abortos en condiciones inseguras, producto de ello al menos 650 mujeres mueren. Además el 70% de las emergencias obstétricas se deben a la práctica de un aborto incompleto.

Bolivia está entre los países con más alto nivel de mortalidad materna el Latinoamérica y El Caribe. El aborto es la tercera causa, precisó Brañez.
Entre las consecuencias de practicarse un aborto inseguro sin las condiciones necesarias derivan en la perforación del útero, infecciones y desangre.

La información de estas instituciones se enmarca en el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe que se celebra cada 28 de septiembre.

En Santa Cruz de la Sierra diversos colectivos de mujeres realizaron manifestaciones en reclamo de la despenalización del embarazo. Puedes ver el reclamo en el video que encabeza esta nota. A su vez, se espera que mañana martes en La Paz se realice una actividad político- cultural en la UMSA, a las 17:00.

 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/hubo-35-abortos-legales-violacion.html

Hoy marchan por despenalización del aborto

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Calculan que en Bolivia se realizan 185 abortos por día en sitios clandestinos.

La Razón/ Guadalupe Tapia. 

 

Organizaciones de activistas realizarán hoy una marcha por el centro paceño —que contempla paradas en cuatro plazas— para exigir la despenalización del aborto en Bolivia, informó ayer una de las organizadoras de Campaña 28, Patricia Brañez.

“Vamos a empezar con una concentración en la plaza Camacho a las 09.00. Luego iremos a la plaza Venezuela, seguiremos a la Plaza del Estudiante y terminaremos en el atrio de la plaza Bicentenario”, manifestó Brañez.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, que fue declarado en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990. La decisión fue tomada porque debido a las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino, éste se constituye en la primera causa de mortalidad de las mujeres en la región.

Según Patricia Brañez, en Bolivia cada día se realizan aproximadamente 185 abortos, que en su mayoría se practican en sitios clandestinos e inseguros y al menos dos mujeres mueren al día.

“Buscamos la despenalización del aborto total en Bolivia, quitando esta figura del Código Penal y pidiendo políticas públicas para el acceso a las mujeres que quieran hacerse un aborto en condiciones seguras”, manifestó Brañez.

Desde 1973, en Bolivia el aborto está penalizado. El 15 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia 206/2014 que ratifica el respeto a la vida desde la concepción, pero permite el legrado cuando la concepción es resultado de violación, de un rapto no seguido de matrimonio, de estupro o de incesto, o si pone en riesgo la vida de la madre.

Pese a existir tal sentencia, Brañez lamentó que no se cumpla la normativa y se mantengan embarazos con esos antecedentes.

“Hemos presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de despenalización del aborto, en el marco del trabajo que se está realizando para la reformulación del Código Penal. Esperamos que tengamos una respuesta”, enfatizó. En Latinoamérica, Uruguay, Cuba, Guyana y México despenalizaron el aborto.