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En Nicaragua los no nacidos tienen más derechos que las mujeres

Ana María Pizarro
Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe.

La protección legal del no nacido es la apuesta del Vaticano, hecha realidad por la negociación de la Conferencia Episcopal con el gobierno de Arnoldo Alemán, que promulgó el Día Nacional del Niño por Nacer, festividad religiosa católica que quedó instalada como fiesta nacional del Estado Laico mediante un Decreto Presidencial el 2001.

Al parecer no satisfechos, convinieron en introducir los derechos de los no nacidos al Código Penal en discusión. La realidad nos dice que esa iniciativa fue sostenida por el gobierno de Enrique Bolaños y aprobada en el nuevo Código por el actual gobierno, mediante un pacto con casi todos los llamados «liberales».

Además que el aborto continúa totalmente ilegalizado, Nicaragua ha perdido la eximente penal que era el Aborto Terapéutico y ha instalado una nueva legislación -inédita en el país-, que otorga al embrión o el feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos de las personas ya nacidas: las mujeres.

Pero con esto no termina el riesgo para las mujeres, dado que también quedó establecido que durante los nueve meses que dure la gestación, las médicas y médicos pueden ser acusados por causarle “daño físico o sicológico” al no nacido. Lo que se estableció es la supremacía del feto, pues se le otorgan derechos legales por encima de los derechos constitucionalmente establecidos a las mujeres ya nacidas.

  1. De las lesiones en el que está por nacer
    El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave y permanente lesión física o psíquica, será castigado con pena de prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años.

 

El discurso de los “pro vida”

Por Mariana Carbajal (12/09/2016)

Página 12 – Argentina

“El fundamentalismo católico cobra vidas en América Latina. La jerarquía católica, a pesar del nuevo Papa, influye en las políticas sobre sexualidad y diversidad sexual. Está pasando en México y en Argentina. Es un retroceso feroz y una avanzada increíble contra esos derechos. Es fundamental defender la laicidad del Estado”, advirtió María Consuelo Mejías, referente de Católicas por el Derecho a Decidir, de México. La obstrucción al derecho al aborto es una de las consecuencias, marcó. Fue durante un panel sobre fundamentalismos religiosos, donde se analizó cómo los grupos llamados “pro vida” están adoptando el lenguaje de los derechos humanos para imponer en legislaciones nacionales sus visiones religiosas conservadoras sobre sexualidad y familia y también están influyendo en debates a nivel de convenciones internacionales.

“Una de sus estrategias es la práctica de reservas por parte de los Estados a las convenciones. Usan el argumento de la protección de la familia. Sus voceros tienen un alto entrenamiento, con guías específicas de cabildeo”, describió Naureen Shameen, destacada abogada en temas de derechos humanos, integrante de AWID. Shameen mostró frases típicas que repiten estos grupos entre sus argumentos. La activista feminista de Nueva York, Cynthia Rothschild, coincidió en el enfoque: “El lenguaje de los derechos está siendo atacado”, afirmó. “Y lo hacen bien, tienen muchos recursos”, alertó. Señaló que también “el lenguaje de los derechos humanos es utilizado por Estados Unidos para justificar sus intervenciones militares”.

Después fue el turno de Zaina Anwar, nombrada por la revista Newsweek, como una de las mujeres musulmanas más influyentes del mundo. Es directora y cofundadora de Musawah, una entidad que trabaja por la equidad y la justicia en las familias musulmanas. Anwar describió cómo “los gobiernos musulmanes usan el Islam” para no cumplir con las convenciones de derechos humanos y de las mujeres de la ONU. “Dicen que el Islam ofrece suficiente protección para las mujeres”, indicó. Desde su organización, presente en Ginebra, brindan argumentos a las ong para desafiar a los gobiernos musulmanes en los foros internacionales. “Las leyes –que afectan los derechos de las mujeres– son redactadas por el parlamento, no por Dios. Son construcciones humanas. Pero eso es muy difícil que entre en las cabezas musulmanas”, comentó. Pero destacó que ya lograron intervenir en una veintena de países.

Enlace:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-79033-2016-09-12.html

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

Republica Dominicana

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

En República Dominicana, luego de que la Cámara de Diputados aprobase el proyecto de ley que modifica el Código Penal (penalizando severamente la práctica del aborto), el Senado decidió enviar el mismo a una Comisión Especial para analizarlo. En la última sesión de la presente legislatura, los senadores decidieron someter el proyecto al análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que será conformada con los legisladores que tomen posición de sus curules el 16 de agosto.

La comisión de Justicia del hemiciclo tendrá a cargo estudiar el documento que en los últimos días ha generado debates y diferentes tipos de protestas por parte de sectores que se oponen a que el aborto sea penalizado, sobre todo cuando se trate de situaciones que pongan la vida de la madre. El proyecto recibió críticas por parte de asociaciones de salud y organizaciones de derechos humanos por mantener penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres y de hasta 10 años para el personal médico que colabore en un aborto.

Las organizaciones Amnistía Internacional y Oxfam consideraron en un comunicado conjunto que el proyecto que discuten los senadores representa un retroceso con respecto de la ley que ya había sido promulgada en 2014 y que despenalizaba la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.

A finales del 2014, el presidente Danilo Medina ya había vetado el proyecto de código penal que está en discusión desde 1997 y pidió a los legisladores que establecieran con precisión que el aborto no sería considerado un crimen cuando estuviese en peligro la vida la madre, el embarazo fuese resultado de una violación sexual o el embrión presentara malformaciones graves. Las sugerencias del gobernante fueron adoptadas y aprobadas por la Cámara de Diputados y el proyecto fue promulgado. Poco antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo declaró inválido por solicitud de varias organizaciones religiosas.

El documento deberá esperar ahora a que comience la nueva legislatura el 16 de agosto y se conforme la comisión de justicia del Senado que deberá analizarlo a fin de presentar un informe ante el pleno de esa cámara.

(Con información de El Día (República Dominicana)

Declaración del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología sobre la emergencia por el virus del Zika

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Panamá 8 de febrero de 2015

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), es una institución científica afiliada a la FIGO, Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia con sede en Londres. La FLASOG está constituida por médicos y médicas Gineco-obstetras de todos los países de América Latina y El Caribe, que vela por la salud de las mujeres y tiene un Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos que ha asumido la defensa de los siguientes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas:

  • Derecho a una maternidad saludable y segura
  • Derecho a una vida sexual libre de violencia
  • Derecho a regular libremente su propia fecundidad, que incluye la anticoncepción de emergencia
  • Derecho a interrumpir el embarazo por razones establecidas en la ley de cada país
  • Derecho a recibir información sobre salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos sexuales y reproductivos
  • Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva

Nuestro Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, se adhiere a la Declaración de emergencia por el Virus del Zika de la Organización Mundial de la Salud, pero manifiesta gran preocupación ante las declaratorias de varios gobiernos de la región que han aconsejado a las mujeres evitar quedar embarazadas hasta que se comprenda y controle mejor el virus (por ejemplo, Colombia: posponer el embarazo de 6 a 8 meses, El Salvador: posponerlo hasta el año 2018, Jamaica: posponerlo de 6 a 12 meses).

Teniendo en cuenta que en nuestra región más de la mitad de las gestaciones no son deseadas/buscadas y hay un alto índice de violencia/abuso sexual, las recomendaciones de los gobiernos para posponer los embarazos sin ampliar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro no son razonables.

Se estima que en nuestra región más de 20 millones de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción y el 95% de los abortos son inseguros teniendo algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el mundo.

Las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra región tienen más posibilidad de infectarse por las condiciones de inequidad en que viven y es menos probable que tengan acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro.

Exhortamos a los gobiernos de nuestra región para que esta crisis global sea la oportunidad para reducir la desigualdad en y entre los países (Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible), pues sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible y para esto se requiere:

  • Asegurar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos asequibles, incluyendo la anticoncepción de emergencia, especialmente para aquellas que viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales y áreas periurbanas. Solicitar a las mujeres retrasar su embarazo sin proporcionarles las herramientas para hacerlo es inconcebible.
  • Ampliar el acceso a servicios de aborto seguro. En una región con una de las legislaciones más restrictivas a nivel global en materia de aborto, las mujeres tienen el derecho de decidir, acorde a las legislaciones de cada país, la interrupción voluntaria del embarazo y cuándo hacerlo. No sólo durante esta crisis de salud pública, sino siempre.
  • Implementar campañas de sensibilización para que las mujeres y las jóvenes accedan a información sobre el virus del Zika que les permita prevenir la presencia de la enfermedad y estar conscientes de los riesgos en que incurren si deciden tener hijos/as.
  • Mayor apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y para aquellas que pudiesen tener hijos/as nacidos/as con microcefalia.
  • Acceso universal a las pruebas para detectar el virus del Zika en etapas tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la evaluación fetal.
  • Liderar una respuesta coordinada al virus del Zika, a través del involucramiento de actores de diferentes sectores, incluyendo a la sociedad civil.

 

EDGAR IVÁN ORTÍZ L. MD, MSC
Presidente de FLASOG
PIO IVÁN GÓMEZ S. MD, MSC
Coordinador
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FIGO

Comité de la Naciones Unidas reconoce al aborto como un derecho humano

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Altavoz/Perú. Es la primera vez que la ONU responsabiliza a un país por fallar en asegurar un aborto terapéutico legal y seguro.

Hace 15 años, una joven peruana de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto, de 14 semanas, tenía anencefalia. Esta es una anomalía en el tubo neuronal, letal para el bebé y en muchos casos también para la madre. A pesar de que el aborto en esas circunstancias haya sido legal en el Perú, el director del hospital en el que se encontraba rechazó su pedido de aborto.

K.L., la joven en cuestión, fue obligada a completar el embarazo y finalmente dar a luz a un feto condenado a morir. El bebé sobrevivió tan sólo cuatro días, y la joven recurrió a abogados y al comité de derechos humanos de la ONU. En el 2005, la ONU concluyó que Perú había violado artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, lo que obligó al país a compensar financieramente a la joven.

Hoy, quince años después, K.L. ha sido finalmente compensada por «el trato cruel, inhumano y degradado» que recibió en el 2001. Esta es la primera vez que un comité de las Naciones Unidas ha hecho responsable a un país por fallar en asegurar acceso a un aborto seguro y legal. Es además la primera vez que la ONU reconoce al aborto como un derecho humano, según reporta Huffington Post.

Durante las negociaciones en Perú sobre el caso de K.L., otro caso contra nuestro país de la misma materia se ganó. En este, la petición de otra adolescente por un aborto seguro fue negado. A pesar de que en el 2014 Perú haya adoptado pautas nacionales para la práctica de servicios de aborto seguro, pocas mujeres han tenido acceso a abortos legales y seguros para estos casos.

Etiquetas: Aborto , Naciones Unidas

Debate en Colombia sobre el aborto en casos de Zika

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El Mundo.es. La alarma por el Zika y su relación con la microcefalia en los bebés recién nacidos de madres infectadas reabre el debate

La alarma por el Zika y su relación con la microcefalia en los bebés recién nacidos de madres infectadas ha reabierto en Colombia un debate que se extiende por toda Latinoamérica: la opción de practicar el aborto para evitar las consecuencias del virus.

«En comparación con países como Brasil, El Salvador y República Dominicana, entre muchos otros, Colombia está muy avanzada en este tema. Sin embargo, una noticia de alcance tan masivo como el Zika ha puesto en evidencia los vacíos tan grandes en materia de educación sexual que todavía existen», comenta a EL MUNDO Mónica Roa, portavoz de Women’s Link Worldwide, una ONG que defiende los derechos de las mujeres y las niñas.

«Me quedé perpleja cuando escuché la recomendación del Ministerio de Salud para que las colombianas pospongan su embarazo entre seis y ocho meses. ¿En qué país creen que están? Son palabras vacías, nada realistas, pues no tienen en cuenta que el 50% de los embarazos en Latinoamérica no son planeados ni lasaltísimas tasas de violencia sexual que registra Colombia», denuncia.

La legislación colombiana (similar a la Ley Orgánica 9/1985 de España, pero sin el supuesto de la malformación del feto) recoge, a través de la sentencia C-355 de mayo de 2006, que el aborto podrá ejercerse cuando se cumplan uno de estos tres casos (no existe un sistema de plazos): que la mujer haya sido víctima de violación o incesto, que el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida y que la vida o salud (física y/o mental) de la madre estén en riesgo.

«El primer supuesto no tiene aplicación en este caso; respecto al segundo, no está demostrado que la microcefalia, en general, afectaría a la vida del feto, así que habría que aplicar el tercer caso, invocando al riesgo psicológico para la madre», comenta a este periódico el Viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez, que advierte que desde el Gobierno «no tienen una posición oficial» al respecto. «Cada caso debe ser estudiado entre el médico y su paciente».

Para Mónica Roa, esto va a generar problemas. «El Ministerio de Salud tendría que adoptar una postura clara. No digo que tenga que recomendar a todas las mujeres con Zika que aborten, pero sí que pueda informarlas de cuáles son sus opciones».

«Todos los embarazos en Colombia están considerados ahora mismo de alto riesgo», explica el Viceministro de Salud. «Es vital hacer un diagnóstico lo antes posible. Hemos observado que entre la semana 15 y la 28 de gestación se puede determinar si el feto sufre microcefalia. Sin embargo, hasta que el bebé no nazca no se puede establecer una relación entre este trastorno y el Zika».

Desde el Ejecutivo informan que están siendo evaluadas 1.090 mujeres en distintas zonas del país como San Andrés, Bolívar, Magdalena y Cúcuta y que, por el momento, siguen estudiando 12 casos en los que sería posible la relación entre el virus y el síndrome Guillain-Barré, un trastorno neurológico.

Tras saltar la alarma por la epidemia a finales de 2015, ahora es cuando arranca en Colombia la campaña oficial de prevención del virus. El presidente Juan Manuel Santos ha pedido que se difunda la información porque «no es sólo responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de todos los colombianos, incluyendo a alcaldes y gobernadores». El Ejecutivo sigue sin confirmar el caso de un bebé que nació con microcefalia porque su madre tenía el Zika, que anunció hace un par de semanas el senador del Partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina.

Problemas para acceder al aborto voluntario

Desde Women’s Link denuncian que hay médicos en Colombia que se acogen a la objeción de conciencia y deciden no practicar el aborto, lo que pospone el caso hasta que se hace inviable, por lo que algunas mujeres infectadas por el Zika podrían acaban recurriendo a clínicas clandestinas, poniendo en riesgo su vida.

«Tienen miedo a las represalias del Procurador general, Alejandro Ordóñez, que nunca ha escondido su agenda religiosa, oponiéndose a los derechos reproductivos de las mujeres», afirma la abogada Mónica Roa, que instauró junto a otras 1.279 mujeres una acción de tutela en 2012 contra el Procurador, que fue aceptada a través de la sentencia T-627 de ese mismo año.

Otro problema que menciona la letrada es que hay muchas mujeres en Colombia que, por falta de información sexual, no saben cómo evitar los embarazos. «En una entrevista con el periódico ‘El Espectador’, el Ministro de Salud (Alejandro Gaviria) reconocía que casi le entró la risa cuando le acusaron de estar pidiendo a las mujeres que no practicaran el sexo durante seis y ocho meses. No debería generarle risa, sino preocupación, pues evidencia un grave problema de educación«.

Los más expuestos al virus del Zika son los que viven por debajo de los 2.200 metros respecto al nivel del mar (el 60% de la población, unas 26 millones de personas en el país), que en Colombia coincide con algunas de las regiones más humildes, donde es complicado el acceso a los programas de planificación familiar. «¿Qué vamos a hacer con las víctimas de una violación infectadas por el Zika? ¿Qué vamos a hacer con las que ya están embarazadas?», se preguntan desde Women’s Link.

Un gran jurado presenta cargos contra activistas detrás de videos sobre Planned Parenthood

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Univision.com.

Un gran jurado que investigaba supuestas irregularidades en Planned Parenthood presentó este lunes cargos en contra de dos activistas antiabortos que hicieron videos sobre esta clínica de planificación familiar.

El director del Center for Medical Progress, David Daleiden, fue imputado con un cargo por presuntamente haber modificado un documento gubernamental y con otro por supuestamente haber comprado órganos humanos, informó la fiscal del condado Harris, en Texas, Devon Anderson citado por The New York Times.

Asimismo, a Sandra Merritt, también empleada del Center for Medical Progress, le fue presentado un cargo por presuntamente haber alterado un documento oficial. No fue detallado qué tipo de documentos fueron modificados.

Planned Parenthood, en tanto, fue liberada de cualquier irregularidad, afirmó la fiscal Anderson. «Como precisé al inicio de esta investigación, debemos ir hacia donde nos lleve la evidencia. Toda la evidencia analizada en el curso de esta investigación fue presentada al gran jurado. Respeto su decisión en este difícil caso», afirmó en un comunicado citado por el diario.

Sigue en curso la investigación estatal

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que sigue en curso la investigación que realizan la oficina del inspector general para salud y servicios humanos y la oficina del fiscal general.

«Nada de lo anunciado en el condado Harris afecta la investigación que realiza el estado. El estado de Texas continuará protegiendo la vida, y seguirá respaldando la legislación que prohíbe la venta o transferencia de tejido fetal», afirmó el gobernador en un comunicado.

Daleiden, del Center for Medical Progress, grabó con una cámara oculta polémicos videos en los que ejecutivos de Planned Parentood -el principal proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos- discutían la supuesta venta de tejidos y órganos de fetos abortados.

Los videos pusieron a Planned Parenthood en el centro de una controversia, en la que se debatió en el Congreso estadounidense la eliminación del financiamiento que recibe la clínica para ofrecer pastillas anticpnceptivas, exámenes de VIH, servicios de prevención y detección de cáncer y enfermedades de transmisión sexual.

El caso también desató polémica cuando un hombre abrió fuego dentro de una de estas clínicas en Colorado Springs, matando a un policía y dos civiles. El atacante, Robert Lewis Dear, se autoproclamó como el «guerrero por los bebés».

 

 

http://www.univision.com/organizaciones/planned-parenthood/un-gran-jurado-presenta-cargos-contra-activistas-detras-de-videos-sobre-planned-parenthood

Rechazan una campaña chilena que equipara el aborto con desaparecidos

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Nuevo Sur/Tarija.

Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) rechazaron la campaña publicitaria de una organización contraria al aborto que compara el dolor de una madre que aborta con las desapariciones forzadas durante el régimen militar.

Organización
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) sostuvo en una declaración pública que la campaña es una falta de respeto y «una provocación abierta para quienes abrazan la causa de los derechos humanos, para las familias de víctimas de desaparición forzada y para todo el país».
La organización Chile de Blanco instaló una valla en la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, en la que se puede leer «¿Dónde estarán? Abortos y desaparecidos: el mismo duelo», junto a una foto de una manifestación en contra del aborto.
La AFDD lamentó que quienes comparan el aborto con la desaparición forzada nunca han levantado la voz por las mujeres asesinadas y desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, entre las que había nueve embarazadas.
Según la agrupación, la desaparición forzada es un crimen reconocido por Naciones Unidas que «diariamente afecta a cientos de seres humanos en el mundo» y que en Chile se convirtió en una «política de Estado» durante el régimen militar.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto que propone despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando haya riesgo para la vida de la madre, de inviabilidad del feto y violación.
La iniciativa, rechazada por la oposición conservadora y algunos sectores de la Democracia Cristiana, se está tramitando en el Parlamento.

Rechazan una campaña chilena que equipara el aborto con desaparecidos

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Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) rechazaron la campaña publicitaria de una organización contraria al aborto que compara el dolor de una madre que aborta con las desapariciones forzadas durante el régimen militar.

Organización
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) sostuvo en una declaración pública que la campaña es una falta de respeto y «una provocación abierta para quienes abrazan la causa de los derechos humanos, para las familias de víctimas de desaparición forzada y para todo el país».
La organización Chile de Blanco instaló una valla en la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, en la que se puede leer «¿Dónde estarán? Abortos y desaparecidos: el mismo duelo», junto a una foto de una manifestación en contra del aborto.
La AFDD lamentó que quienes comparan el aborto con la desaparición forzada nunca han levantado la voz por las mujeres asesinadas y desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, entre las que había nueve embarazadas.
Según la agrupación, la desaparición forzada es un crimen reconocido por Naciones Unidas que «diariamente afecta a cientos de seres humanos en el mundo» y que en Chile se convirtió en una «política de Estado» durante el régimen militar.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto que propone despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando haya riesgo para la vida de la madre, de inviabilidad del feto y violación.
La iniciativa, rechazada por la oposición conservadora y algunos sectores de la Democracia Cristiana, se está tramitando en el Parlamento.

Activistas denuncian que la ley del aborto en Chile se sigue postergando

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Las feministas de Chile temen que el proyecto de ley del aborto, estancado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quede en un segundo plano pues el Gobierno prioriza otro tipo de reformas como la tributaria, la laboral y la educacional, dijo a Sputnik Nóvosti la socióloga Claudia Dides.

«El Gobierno ha sido capaz de impulsar las reformas laboral, tributaria y educacional, que tienen que ver con derechos sociales que fueron eliminados en la dictadura (de Augusto Pinochet 1973-1990), son muchos temas al mismo tiempo y mi temor es que, en general, en las agendas latinoamericanas los temas relacionados con la mujer pasan a segundo lugar», explicó Dides, directora de la ONG Miles Chile.

El proyecto de ley propone la despenalización del aborto en tres circunstancias: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

Chile es uno de los países de América Latina que mantiene una postura más conservadora sobre el aborto, dentro de una región que generalmente prohíbe la interrupción del embarazo con pocas excepciones: solo Uruguay, Cuba o la capital de México lo autorizan.

El aborto en Chile está prohibido en todos los casos desde que en 1989, bajo la dictadura de Pinochet, se modificó el código sanitario.

 

 

 

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160114/1055712781/ley-chile-activistas.html#ixzz3xbP3JLza