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Demoliendo mitos

Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, una de las voces centrales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desarma la idea de que el ser religiosa está en contra de la libertad de elegir sobre el propio cuerpo y aporta datos concretos que desbaratan a los antiderechos. Además, Alanis sostiene que el Senado deberá revisar sus posturas conservadoras y dar un paso histórico en la aprobación de la ley, aunque el Papa trine y los obispos presionen.

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No puede evitar que la sonrisa, su marca entrañable, se le agrande hasta achinarle los ojos porque la marea verde, esa avanzada imparable de una multitud histórica se replicará el 8A, flamante señalización del 8 de agosto próximo, cuando la Cámara de Senadores defina la legalidad de  la interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes, mujeres y personas gestantes. Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y referenta histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebra a lxs médicxs en Córdoba, las artistas en Salta, socorristas en Neuquén, maestrxs en Jujuy, activistas en La Pampa, comunicadoras en Rosario y centros de estudiantes en Buenos Aires que tejen redes y agitan conciencias a favor de este derecho humano básico y negado hasta el cinismo. La lista es interminable, los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en las 24 provincias dan la comprobación de un porvenir que no puede ser otro que el de un horizonte verde-violeta. “Creo que si no sale la ley, el Senado va a pagar un costo político muy alto frente a esa voluntad popular que ya se pronunció. La cuestión del aborto contiene una expectativa de ampliación de derechos pero también una situación social tremenda que la padecen principalmente los y las jóvenes. Porque no tienen recursos económicos ni autonomía económica propios, y este debate viene a salvar algunos de estos aspectos en la ampliación de derechos.”

 

Ese 26 de junio en el Salón Arturo Illia del Senado, la Campaña Nacional dio una conferencia de prensa en la voz de Alanis para exigir que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reciba un tratamiento sin dilaciones y se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. “Tenemos la esperanza de que ese millón de personas que se manifestó masivamente el 13 y 14 de junio siga resonando también en esta Cámara”, dijo entonces y repite ahora. Sabe que a la avanzada una derecha católica conservadora fogoneada por la jerarquía eclesiástica se le contrapone pedagogía contrahegemónica. Arenga a demoler falsas verdades, advierte que el texto de la media sanción no se toca, alerta que el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Gobierno habilitaría a todos los credos ejercer la objeción de conciencia y sostiene que la comparación del papa Francisco sobre el aborto y prácticas del nazismo es un discurso de odio inaceptable que dejó en evidencia “su adhesión a  todas las posturas que sostienen hoy los antiderechos en la calle”.

“Vamos a demoler mitos”, bromea, cómplice y estratégica. “Comencemos: los sectores antiderechos sostienen que las mujeres pobres no abortan tanto y prefieren tener hijos” responde esta cronista.  

–Están fortaleciendo el falso argumento de que la Campaña y el movimiento de mujeres focalizamos el aborto en las personas de menores recursos e invocamos a las mujeres pobres. Decimos que la libertad para que las mujeres decidan afecta a todas para bien y la restricción afecta para mal, porque recurrir a la clandestinidad es horrible aun cuando tengas para pagar. Obviamente, las mujeres de los sectores pobres corren mayores riesgos y son las que mueren. Y en ese sentido son las personas que más sufren la penalización y la falta de garantías del Estado.

Sectores antiderechos y senadores que se oponen a la legalización insisten en la recarga que supone la IVE en el gasto de salud pública.

–No hay argumento válido para sostener que el aborto se pagaría con los impuestos de los y las ciudadanas cuando está comprobado que el aborto clandestino genera más costos que el aborto legal, porque las consecuencias del aborto inseguro las atiende la salud pública. Un promedio nacional estima que al año, unas 50 mil mujeres ingresan a los quirófanos o a las terapias intensivas de los hospitales con serias consecuencias producto de abortos inseguros. Corren riesgo sus vidas y generan altos costos en salud. El aborto legal realizado por voluntad de la mujer en una temprana edad gestacional es una práctica ambulatoria y segura que se hace con medicamentos y no requiere práctica quirúrgica más compleja.

La vicepresidenta Gabriela Michetti y un grupo reducido de senadores proponen la despenalización y anular la legalización aprobada en Diputados.

–Es una postura que sacaron de la galera en 24 horas. ¿Quiere decir que va a permitirse armar clínicas que hagan abortos, pero nadie estaría obligado a ofrecer el servicio ni estaría regulada la práctica y el Estado se lavaría las manos? Es una despenalización posmoderna y quienes sufren las consecuencias del aborto hoy, seguirán sufriéndolas después. Despenalización sin legalización es una falta de respuesta real a las mujeres. El contenido de la media sanción no pone en riesgo la voluntad de las personas que no están de acuerdo, mientas que la postura del otro sector afecta al resto que quiere decidir en libertad. Además, un alto porcentaje de las mujeres que abortan ya son madres. No se está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Pero la “defensa de las dos vidas” sigue siendo el caballito de batalla.

–Voy a decir algo que nunca manifesté antes: existen estudios verificables acerca de que el uso de glifosato en las zonas sojeras ha aumentado los índices de abortos espontáneos de las mujeres que quieren tener hijxs. De eso no se ocupan las y los que defienden las dos vidas, porque lo único que les importa es clausurar la decisión de la mujer. No toda semilla llega a ser un árbol. Las mujeres decidimos si estamos en condiciones de llevar adelante un embarazo, y a eso se oponen. No lo toleran, están en contra de la autonomía de sus cuerpos y de la autonomía de sus proyectos de vida. Consciente o inconscientemente eso es misoginia.

Muchas mujeres sostienen esta posición misógina y patriarcal.

–Pero aun así la posibilidad de poder elegir la interrupción de un embarazo en alguna circunstancia también les da un margen de libertad a estas mujeres. Deberían pensar que las beneficia porque si no han estado en una situación límite, pueden estarlo mañana. O pueden sus hijas recurrir al Estado para pedir una práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No es algo que no ocurra en el sector que se opone a la legalización y recurre al aborto al igual que el resto de las mujeres.

Una de las propuestas de Michetti es continuar el embarazo para dar en adopción.

–Es una cuestión perversa. Como mujer puedo decidir si sigo o no con mi embarazo, o si doy en adopción. En cualquier caso debo estar asistida por el Estado y por una ley que me proteja. Así como tenemos el aborto legal por causales, el proyecto aprobado establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a interrumpir sus embarazos hasta la semana 14 inclusive, sin mediar una causal. La maternidad forzada no es un bien, es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Quedó expuesto en pleno debate con los casos recientes de dos niñas de 10 años de Salta y Mendoza, embarazadas tras ser violadas por sus padrastros.

–Lo que están haciendo con las niñas es de una crueldad extrema. Escuché las exposiciones de esas personas antiderechos en la Cámara de Diputados. Se enorgullecen de salvar un embrión y promover la maternidad forzada: convencen a las mujeres, a las niñas y a sus madres, las dominan y las obligan a gestar para dar a sus hijos en adopción o para ayudarlas a criar a un hijo producto de una violación, con el que no se van a reconciliar nunca. No se piensa en el trauma de una niña de 10 años. Perseguir a niñas y mujeres para que sigan adelante con un embarazo es una conducta delictiva y violatoria de sus derechos. Las que queremos la legalización no vamos a salir a las calles a perseguir a adolescentes y mujeres embarazadas para que aborten, pero exigimos que tengan derecho a una consejería y a información de calidad.

La inclusión de la objeción de conciencia institucional es un eje central de presión en esta etapa del debate.   

–Y una trampa enorme. Significa permitirle a una institución que brinda servicios de salud violar la ley. No conozco instituciones con conciencia, para que sean objetoras. Hablamos de una ley nacional por la cual todas las instituciones, incluidas las clínicas privadas, tienen la obligación de garantizar la práctica. Pretenden que clínicas privadas y confesionales queden eximidas de brindar el servicio de IVE. Cada universidad católica tiene una clínica médica de referencia que responde a la Iglesia Católica o a un sector afín. Es la misma trampa que despenalización sí y legalización no. Si vamos con objeción institucional y despenalización, seguimos sin que el Estado se haga cargo de las mujeres de sectores vulnerables o de sectores medios despedidas de sus trabajos que no tienen dinero para pagar una IVE. Hay que tener cuidado con estas «creatividades» que surgen a último momento. La media sanción no se toca.

El Senado deberá evaluar el costo político de votar en contra de la voluntad social.

–De una voluntad popular extendida a toda la sociedad con jóvenxs, mujeres y niñas rebeldes que se hacen oír. Estarían imponiéndole una maternidad obligatoria a una multitud de mujeres movilizadas, fortalecidas desde los Encuentros Nacionales, NiUnaMenos, el Paro Internacional de Mujeres del 8M. Los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en todo el país son un aviso. Antes de intentar maniobras dilatorias deberían medir la relación de fuerzas y rever sus posturas conservadoras. Si no avanzan en algo que la sociedad está pidiendo a gritos, sería un fracaso de la política.

Frente a los ataques del Papa vinculando aborto con prácticas del nazismo, CDD expresó su disidencia con la jerarquía católica y remarcó que comparar el movimiento de mujeres con el nazismo constituye un discurso de odio inaceptable.

–Ni la doctrina católica ni el derecho canónico hablan de que el aborto esté equiparado a un homicidio. Franciso hizo una lamentable comparación con el nazismo. La Iglesia tiene en sus enseñanzas y en sus orígenes teologías sacrificiales donde no hay lugar para la sexualidad y el placer sexual, siempre asociados al pecado. CDD  marca esa disidencia,  seguimos adhiriendo al núcleo central del cristianismo pero no compartimos la postura de la jerarquía católica en temas de moral sexual, reproducción y sexualidades: la Iglesia se  mostró homofóbica, sexofóbica y misógina todas las veces que pudo. El Papa reaccionó con ira porque tal vez no pudo hacer una lectura de lo que estaba pasando y no esperaba la media sanción en Diputados. Con esas declaraciones volvió a ser Bergoglio y quedó en evidencia que adhiere a todas las posturas que sostienen  los antiderechos en la calle. Compararnos con el nazismo es una falta de respeto total a un movimiento que ha trabajado por años por los derechos humanos de las mujeres y le hace perder credibilidad como líder religioso. Las iglesias y las religiones tendrán que revisar su conservadurismo. No crearon el patriarcado pero viven legitimándolo todos los días. Se resisten a cambios culturales importantes a favor de la despatriarcalización y colaboran en la reacción contra esos cambios. Es en estos escenarios donde el Vaticano pierde espacio para dar lugar al feminismo que siempre combatió.

¿Es posible lograr un Estado realmente laico?

–Se impone defenderlo porque está siendo amenazado por un proyecto de ley de libertad religiosa que es un engaño. Lo están trabajando silenciosamente en reuniones periódicas de comisiones en la Cámara de Diputados. Lejos de promover la libertad religiosa, favorece la objeción de conciencia institucional para que cada religión actúe a su antojo, como si fuera un país independiente. Cualquiera podría ser objetor de conciencia frente a una ley que no le convenga o a la que no adhiera. Por ejemplo, las instituciones católicas pueden hacer objeción de conciencia en salud reproductiva, anticoncepción, en la celebración de matrimonios igualitarios en los registros civiles, y sobre otros derechos adquiridos que no compartan. Las religiones volverían a tener un poder hegemónico sobre la población.

¿Qué sectores apoyan este proyecto?

–Los mismos que hoy se expresan en defensa de las dos vidas. Son los sectores conservadores que no pudieron detener los grandes cambios legales y culturales, y tratan de incumplir la ley amparándose en sus creencias religiosas. Debemos estar atentxs porque si logramos que el Senado sancione el aborto legal, va a ser contradictorio compartir un escenario con la ley de libertad religiosa. Las colectivas de mujeres y lgbttiq no van a tolerar esta avanzada del retroceso.

 

Fuente: Página 12

CDD/Bolivia participó en Audiencia Pública del 162 Período de Sesiones de la CIDH en Buenos Aires

Audiencia CIDH

Buenos Aires, 27 de mayo de 2017. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 162 Período Extraordinario de Sesiones en Buenos Aires, del 22 al 27 de mayo de 2017, a invitación del Estado argentino. Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia participó en esta actividad a través de su representante, Tania Nava, abogada y activista en derechos sexuales y derechos reproductivos.

El 162 Periodo Extraordinario de Sesiones fue inaugurado con una ceremonia de apertura con la participación del Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli; el Vicecanciller de Argentina, Pedro Villagra Delgado; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano. Al evento asistieron más de cien invitados, entre quienes se incluyeron representantes de los tres poderes del Estado argentino, entidades estatales autónomas, ex Comisionados, ex Secretarios Ejecutivos y ex Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH, líderes y lideresas sociales y otros representantes de la sociedad civil, académicos, autoridades de organismos internacionales y representantes del cuerpo diplomático regional acreditado en Buenos Aires.

Durante este período de sesiones, la CIDH analizó proyectos de informes temáticos, analizó solicitudes de medidas cautelares y revisó y aprobó informes de peticiones y casos: 21 informes de admisibilidad, cuatro de fondo y una decisión de publicación, entre otras tareas.

Asimismo, se realizaron 18 audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como dos audiencias regionales sobre el Cono Sur. En las audiencias se recibió información muy preocupante sobre algunas situaciones de derechos humanos, tales como la situación de discriminación estructural que sigue afectando a muchos grupos poblacionales en América. La situación de derechos humanos de las mujeres; las personas trans y otros grupos de personas que sufren exclusión y estigmatización con base en su orientación sexual o su identidad o expresión de género, real o percibida, o con base en la diversidad corporal; niños, niñas y adolescentes; defensores y defensoras de derechos humanos y otros operadores de justicia; pueblos indígenas; migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana; personas afrodescendientes; personas privadas de libertad; y personas en situación de pobreza fueron algunos de los temas abordados en las audiencias. La CIDH recibió una vez más información relevante sobre los obstáculos que aún impiden un efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La CIDH realizará otros tres períodos de sesiones este año. El 163 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar en Lima, Perú, del 3 al 7 de julio; el 164 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar en Ciudad de México, del 4 al 8 de septiembre; y el 165 Período Ordinario de Sesiones será en Montevideo, Uruguay, del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Con información de:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/070.aspç

REPÚBLICA DOMINICANA: Católicas por el Derecho a Decidir saludan veto de Medina al Código Penal

SANTO DOMINGO. El movimiento Católicas por el Derecho a Decidir en República Dominicana, CDD-RD, ponderaron la observación que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal, que penaliza la interrupción del embarazo en todos los supuestos. El movimiento reconoció la coherencia del presidente Danilo Medina al reiterar su observación al Código, como lo hizo en el 2014, reformado por el Congreso dominicano, para que se le introduzca las mismas tres eximentes que entonces sugiriera la penalización absoluta del aborto.

“Reconocemos al Presidente Medina por recordar que las leyes no pueden obligar a las mujeres a lo imposible, y recordar que nuestro Estado dominicano es aconfesional”, indicó.

A continuación el comunicado enviado por el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir en República Dominicana

Declaración de Católicas por el Derecho a Decidir en República Dominicana, CDD-RD – 20 de diciembre 2016

Reconocimiento al Presidente Danilo Medina

Como movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de justicia social en nuestro país, reconocemos la coherencia del presidente Danilo Medina quien, como lo hiciera en diciembre de 2014, vetó el Código Penal reformado por el Congreso dominicano, para que se le introduzca las mismas tres eximentes que entonces sugiriera la penalización absoluta del aborto.

Como católicas y feministas trabajamos por el cambio de los patrones culturales que limitan en nuestras sociedades y por la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres, actuando a partir del pensamiento teológico feminista que afirma la justicia social, la interculturalidad y la validez moral de las decisiones tomadas por las mujeres.

Y como mujeres cristianas, nos sentimos reflejadas en las expresiones y argumentos de su carta de ayer dirigida al presidente del Senado dominicano. Su visión certera de lo que la Constitución expresa en la realidad de nuestro país, recuerda que hay situaciones extremas, y las describe muy bien en la misiva, “que representan circunstancias excepcionales que requieren un tratamiento diferente”.

En el mes de noviembre pasado, el Papa Francisco aprobó que los sacerdotes puedan perdonar libremente el pecado del aborto, sin que tengan que disponer antes de autorización de un obispo o del propio Pontífice, como ocurría hasta ahora, más allá del finalizado año de la Misericordia, entendiendo e insistiendo en la necesidad de empatizar con las otras personas y sus circunstancias y, pidiéndoles a los sacerdotes sean los primeros que den ejemplo en ese sentido.

“No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios” afirmaba el Pontífice. “Esto exige, sobre todo por parte del sacerdote, un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios”.

El presidente Medina entiende esas situaciones particulares que refiere Francisco, como también los principios jurídicos legales lo hacen, pero sobre todo, el ciudadano presidente está claro que los asuntos religiosos no deben caminar con los de Estado, porque son dos cosas totalmente diferentes.

Como dijera el Papa Francisco, en el mes de junio pasado, en una entrevista a la revista católica francesa La Croix: “Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la Historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar”.

Católicas por el Derecho a Decidir en República Dominicana, reconocemos al Presidente Medina por recordar que las leyes no pueden obligar a las mujeres a lo imposible, y recordar que nuestro Estado dominicano es aconfesional.

Finalmente como Católicas, esperamos que nuestra iglesia respete las decisiones que las mujeres tomamos a conciencia y comprenda que ninguna mujer aborta con alegría en su corazón, ésta es una decisión difícil, pero sin lugar a dudas, responsable.

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

Republica Dominicana

República Dominicana aún debate su nuevo Código Penal y la penalización del aborto

En República Dominicana, luego de que la Cámara de Diputados aprobase el proyecto de ley que modifica el Código Penal (penalizando severamente la práctica del aborto), el Senado decidió enviar el mismo a una Comisión Especial para analizarlo. En la última sesión de la presente legislatura, los senadores decidieron someter el proyecto al análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que será conformada con los legisladores que tomen posición de sus curules el 16 de agosto.

La comisión de Justicia del hemiciclo tendrá a cargo estudiar el documento que en los últimos días ha generado debates y diferentes tipos de protestas por parte de sectores que se oponen a que el aborto sea penalizado, sobre todo cuando se trate de situaciones que pongan la vida de la madre. El proyecto recibió críticas por parte de asociaciones de salud y organizaciones de derechos humanos por mantener penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres y de hasta 10 años para el personal médico que colabore en un aborto.

Las organizaciones Amnistía Internacional y Oxfam consideraron en un comunicado conjunto que el proyecto que discuten los senadores representa un retroceso con respecto de la ley que ya había sido promulgada en 2014 y que despenalizaba la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.

A finales del 2014, el presidente Danilo Medina ya había vetado el proyecto de código penal que está en discusión desde 1997 y pidió a los legisladores que establecieran con precisión que el aborto no sería considerado un crimen cuando estuviese en peligro la vida la madre, el embarazo fuese resultado de una violación sexual o el embrión presentara malformaciones graves. Las sugerencias del gobernante fueron adoptadas y aprobadas por la Cámara de Diputados y el proyecto fue promulgado. Poco antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo declaró inválido por solicitud de varias organizaciones religiosas.

El documento deberá esperar ahora a que comience la nueva legislatura el 16 de agosto y se conforme la comisión de justicia del Senado que deberá analizarlo a fin de presentar un informe ante el pleno de esa cámara.

(Con información de El Día (República Dominicana)

El 11 de julio se conmemoró el “Día Mundial de la Población”

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En 1989, el Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó que la comunidad internacional conmemorase cada 11 de julio el Día Mundial de la Población y que fuera esa una oportunidad para centrar la atención en la urgencia y la importancia de los asuntos relacionados con ella. En ese sentido, el tema de este año fue “invertir en las adolescentes”.

Las adolescentes en todo el mundo enfrentan numerosos problemas. Muchas son consideradas por las comunidades donde viven o sus padres que están preparadas para el matrimonio o la maternidad. Un gran número de ellas se ven obligadas a dejar las aulas, lo que perjudica a sus perspectivas de futuro. Incluso para aquellas que permanecen en la escuela puede ser difícil acceder a información básica sobre su salud y sus derechos humanos, lo que las hace vulnerables a enfermedades, lesiones y explotación. Esos retos son aún más graves para las adolescentes marginadas, incluidas las que pertenecen a minorías étnicas, así como para las que viven en la pobreza o en áreas remotas. Sin embargo, cuando se fortalece a las adolescentes, cuando conocen sus derechos y se les brinda los medios para triunfar, se convierten en agentes de cambio positivo en sus comunidades.

(Con información de ONU Mujeres)

Aborto, machismo y ética religiosa

Denise Paiewonsky

Creo que la respuesta a esta interrogante hay que buscarla en las intersecciones ideológicas entre el machismo y el catolicismo, particularmente en lo que respecta a la capacidad moral de la mujer para tomar decisiones fuera del control o la tutela masculinas. Estos dos sistemas de pensamiento no sólo se han polinizado entre sí a lo largo de milenios, sino que continúan reforzándose mutuamente en la actualidad. De hecho, no es exagerado afirmar que en América Latina las iglesias -porque no solo la católica- siguen siendo una de las principales barreras al ejercicio igualitario de derechos por parte de las mujeres, en tanto aportan argumentos, doctrinas y modelos institucionales de exclusión que legitiman su subordinación.

La cultura machista, tanto en su versión laica como en su versión clerical, se niega a aceptar que las mujeres tienen exactamente el mismo derecho a la autodeterminación sobre sus cuerpos y sus vidas que tienen los hombres. Y con toda razón, ya que el dominio masculino sobre las mujeres descansa justamente sobre la capacidad de imponer este no reconocimiento de la agencia femenina, esta negación de la mujer como sujeto moral competente para tomar decisiones importantes al margen de la tutela masculina. Por eso el patriarcado rechaza tan celosamente la agencia femenina y protege tan obstinadamente el dominio masculino sobre sus cuerpos/vidas, apelando de ser necesario a la violencia –obligándolas a parir en contra de su voluntad, por ejemplo, y en general ejerciendo control sobre todos los aspectos de su comportamiento sexual y reproductivo.

Esa es justamente la esencia de la doble moral sexual que clérigos y machistas defienden con igual celo: contrario a los varones, la mujer virtuosa no tiene deseos sexuales propios, llega virgen al matrimonio y se mantiene fiel a un solo hombre, su marido, durante toda la vida. En el mejor de los casos esta doble moral se sustenta en normas religiosas y legales –como la oposición Eva/María o el artículo del Código Penal que hasta el año 1997 penalizaba el adulterio femenino pero no el masculino- así como en la presión social que desacredita a las mujeres “fáciles” o “aviones”, pero que jamás tasa el valor moral de un hombre en función de su comportamiento sexual. En casos extremos la doble moral se impone mediante la violencia homicida, como el sati de las viudas indias o el feminicidio de las mujeres dominicanas, asesinadas en su mayoría por atreverse a presumir que pueden disponer de su sexualidad al margen de los deseos de su “dueño”.

A este veneno ideológico que sustenta la prohibición del aborto se suma el mito machista de la maternidad, concebida como misión suprema de la mujer y su mayor realización personal y social. De ahí la prohibición católica de la anticoncepción, que obliga a la mujer a “tener todos los hijos que Dios le mande”, lo que efectivamente la reduce a la condición de bestia biológica. Contrario a la concepción de la paternidad como dimensión vital masculina pero no necesariamente superior a otras formas de realización personal, el mito de la maternidad exige que la mujer subordine todos los demás aspectos de su vida al cumplimiento de su “destino” materno, lo que por supuesto incluye llevar a término embarazos que no son buscados ni deseados. (He aquí la esclava del Señor…)

Sobre la distinción entre abortos “legítimos” e “ilegítimos”

Desde la perspectiva católica, ningún aborto es permitido porque “todos los seres humanos tienen el mismo valor”, aunque uno de los dos sea una persona y el otro un cigoto. Contra este referente, el discurso neo-machista que admite el aborto terapéutico en situación de amenaza inminente a la vida de la mujer parece un gran avance, sobre todo si se acompaña de la despenalización por inviabilidad fetal y violación/incesto. En el discurso de muchos dominicanos se entiende que éstos son abortos justificados o “legítimos”, muy diferentes a los abortos “alegres”, producto del supuesto libertinaje de mujeres irresponsables, que utilizan el aborto como método anticonceptivo, etc., etc.

Pero se puede argumentar que la verdadera distinción entre abortos “legítimos” e “ilegítimos” reside enquiénes tienen el derecho de definir qué constituye una causa válida y a quiénes corresponde decidir si el aborto procede o no procede. Y en ninguno de las tres causales la decisión corresponde en primera instancia a la mujer, sino a la junta médica, al comité de bioética, al psiquiatra o al juez. Bajo la despenalización por causales son ellos quienes tienen el poder de decisión, siendo ésta la distinción crucial con la despenalización amplia, en la que la interrupción del embarazo durante el primer trimestre se realiza directamente a solicitud de la mujer –sin permisos o justificaciones médicas, sin jueces atendiendo a sus íntimas convicciones ni comités de bioética ponderando el valor relativo de la vida de una mujer frente a la de un embrión. Es decir, sin hombres tomando decisiones al margen de los intereses y deseos de la mujer que lleva el embarazo en su cuerpo y que durante años será la responsable principal, sino única, del hijo que nacerá.

La profunda hipocresía que subyace a toda esta discusión salta a la vista si tomamos en cuenta que vivimos en un país donde hace ya 20 años que los estudios estimaban se practicaban 82,500 abortos anuales. Si razonablemente asumimos que la mayoría de estos abortos no son practicados año tras año por las mismas mujeres, y si lógicamente suponemos que cada una de las mujeres que abortó contó con el apoyo y/o acompañamiento de su pareja, amiga, madre y/o hermana, estamos hablando de un fenómeno en el que a lo largo de los años han estado involucrados millones de dominicanas y dominicanos. ¿Cuántos ciudadanos/as de este país pueden afirmar que su vida no ha sido tocada por la problemática del aborto? ¿Cuántos admiten en su fuero interno que hubieran preferido que su experiencia de aborto –la propia o la de su pareja, hija, amiga o hermana- hubiese sido menos riesgosa, menos clandestina, menos estigmatizada?

Lo que está en juego en nuestro país no es solamente la despenalización por causales, con todas las crueldades, injusticias y abusos que el statu quo actual supone, sino también el reconocimiento de la capacidad moral de las mujeres a tomar decisiones por sí mismas, sin imposiciones o tutelas masculinas. Esto tiene múltiples implicaciones no sólo para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres sino también para su ejercicio ciudadano en sentido general. Porque sin ciudadanía sexual de las mujeres no hay democracia.

 

Fuente y Link:

http://elgrillo.do/2016/08/aborto-machismo-y-etica-religiosa/

 

¿Médicos u otros profesionales para la provisión de abortos?

RepoCLACAI destacó la publicación de la revisión Cochrane ¿Médicos u otros profesionales para la provisión de abortos? (Doctor or mid-level providers for abortion, Barnard S, Kim C, Park MH, Ngo TD, 2015) que evalúa la provisión de aborto quirúrgico (aspiración) y aborto con medicamentos por médicos, parteras/obstetrices y enfermeras. Esta revisión se realiza a la luz de la recomendación de la OMS que los servicios de aborto pueden proveerse a nivel de la atención primaria por distintos profesionales como estrategia para aumentar el acceso de las mujeres al aborto seguro.

La revisión comprende estudios publicados de ensayos clínicos aleatorizados o prospectivos desde 1980 a 2014 que comparan la seguridad o efectividad de la realización de abortos del 1er trimestre por distintos proveedores. Cuando se analizan los datos combinados de falla y complicaciones de abortos quirúrgicos, no se observan diferencias significativas entre médicos y otros proveedores de salud. En el caso del aborto con medicamentos, el riesgo de falla tampoco mostró diferencias y no se observaron complicaciones en estos casos.

Esta revisión, acompañada de la guía sobre funciones de los integrantes del equipo de salud en la provisión del aborto y posaborto pueden ser herramientas muy útiles a la hora de revisar competencias profesionales y mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al aborto seguro.

Disponible en inglés en: http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/840

Víctima mexicana abusado por un cura no pierde la esperanza de reunirse con el Papa Francisco

victima

univisión.com.

“Si hablo con el Papa no le pediría más palabras sino acciones concretas y contundentes para que dejen de ocurrir abusos dentro de la Iglesia”, dijo a Univision Noticias Jesús Romero Colín, una de las víctimas mexicanas que reclama justicia desde el año 2007.

Las probabilidades de que se reúna con el pontífice, sin embargo, son casi nulas. “Junto con otras víctimas y padres de jóvenes abusados cuando niños, hemos buscado una audiencia con Francisco pero a la fecha (la noche del jueves, vísperas del peregrinaje del Obispo de Roma por tierras mexicanas) no nos han dado respuesta. La pedimos a la Nunciatura Apostólica”.

El sábado de la semana pasada la Santa Sede descartó que un encuentro pueda darse entre el papa y víctimas de abusos sexuales de parte de clérigos durante su gira apostólica a México.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

En aquella oportunidad el Vaticano había dicho que no estaba pautado ningún encuentro de este tipo, pero en Filadelfia el propio papa confirmó la reunión durante un encuentro con familias hispanas.
“A nosotros el vocero de la Nunciatura nos dijo que no tenían contemplado ningún encuentro con las víctimas”, dijo Romero. “Me parece que es una situación grave, porque el Papa ha dicho que no viene a México a tapar sino a destapar. Estas situaciones (los abusos) han ocurrido en México desde hace bastante tiempo y siguen ocurriendo”.

Conozca la nota completa en: www.univision.com/noticias/papa-francisco-en-mexico/victima-mexicana-abusado-por-un-cura-no-pierde-la-esperanza-de-reunirse-con-el-papa-francisco

Declaración del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología sobre la emergencia por el virus del Zika

flasog

Panamá 8 de febrero de 2015

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), es una institución científica afiliada a la FIGO, Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia con sede en Londres. La FLASOG está constituida por médicos y médicas Gineco-obstetras de todos los países de América Latina y El Caribe, que vela por la salud de las mujeres y tiene un Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos que ha asumido la defensa de los siguientes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas:

  • Derecho a una maternidad saludable y segura
  • Derecho a una vida sexual libre de violencia
  • Derecho a regular libremente su propia fecundidad, que incluye la anticoncepción de emergencia
  • Derecho a interrumpir el embarazo por razones establecidas en la ley de cada país
  • Derecho a recibir información sobre salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos sexuales y reproductivos
  • Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva

Nuestro Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, se adhiere a la Declaración de emergencia por el Virus del Zika de la Organización Mundial de la Salud, pero manifiesta gran preocupación ante las declaratorias de varios gobiernos de la región que han aconsejado a las mujeres evitar quedar embarazadas hasta que se comprenda y controle mejor el virus (por ejemplo, Colombia: posponer el embarazo de 6 a 8 meses, El Salvador: posponerlo hasta el año 2018, Jamaica: posponerlo de 6 a 12 meses).

Teniendo en cuenta que en nuestra región más de la mitad de las gestaciones no son deseadas/buscadas y hay un alto índice de violencia/abuso sexual, las recomendaciones de los gobiernos para posponer los embarazos sin ampliar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro no son razonables.

Se estima que en nuestra región más de 20 millones de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción y el 95% de los abortos son inseguros teniendo algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el mundo.

Las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra región tienen más posibilidad de infectarse por las condiciones de inequidad en que viven y es menos probable que tengan acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro.

Exhortamos a los gobiernos de nuestra región para que esta crisis global sea la oportunidad para reducir la desigualdad en y entre los países (Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible), pues sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible y para esto se requiere:

  • Asegurar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos asequibles, incluyendo la anticoncepción de emergencia, especialmente para aquellas que viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales y áreas periurbanas. Solicitar a las mujeres retrasar su embarazo sin proporcionarles las herramientas para hacerlo es inconcebible.
  • Ampliar el acceso a servicios de aborto seguro. En una región con una de las legislaciones más restrictivas a nivel global en materia de aborto, las mujeres tienen el derecho de decidir, acorde a las legislaciones de cada país, la interrupción voluntaria del embarazo y cuándo hacerlo. No sólo durante esta crisis de salud pública, sino siempre.
  • Implementar campañas de sensibilización para que las mujeres y las jóvenes accedan a información sobre el virus del Zika que les permita prevenir la presencia de la enfermedad y estar conscientes de los riesgos en que incurren si deciden tener hijos/as.
  • Mayor apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y para aquellas que pudiesen tener hijos/as nacidos/as con microcefalia.
  • Acceso universal a las pruebas para detectar el virus del Zika en etapas tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la evaluación fetal.
  • Liderar una respuesta coordinada al virus del Zika, a través del involucramiento de actores de diferentes sectores, incluyendo a la sociedad civil.

 

EDGAR IVÁN ORTÍZ L. MD, MSC
Presidente de FLASOG
PIO IVÁN GÓMEZ S. MD, MSC
Coordinador
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FIGO

Comité de la Naciones Unidas reconoce al aborto como un derecho humano

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Altavoz/Perú. Es la primera vez que la ONU responsabiliza a un país por fallar en asegurar un aborto terapéutico legal y seguro.

Hace 15 años, una joven peruana de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto, de 14 semanas, tenía anencefalia. Esta es una anomalía en el tubo neuronal, letal para el bebé y en muchos casos también para la madre. A pesar de que el aborto en esas circunstancias haya sido legal en el Perú, el director del hospital en el que se encontraba rechazó su pedido de aborto.

K.L., la joven en cuestión, fue obligada a completar el embarazo y finalmente dar a luz a un feto condenado a morir. El bebé sobrevivió tan sólo cuatro días, y la joven recurrió a abogados y al comité de derechos humanos de la ONU. En el 2005, la ONU concluyó que Perú había violado artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, lo que obligó al país a compensar financieramente a la joven.

Hoy, quince años después, K.L. ha sido finalmente compensada por «el trato cruel, inhumano y degradado» que recibió en el 2001. Esta es la primera vez que un comité de las Naciones Unidas ha hecho responsable a un país por fallar en asegurar acceso a un aborto seguro y legal. Es además la primera vez que la ONU reconoce al aborto como un derecho humano, según reporta Huffington Post.

Durante las negociaciones en Perú sobre el caso de K.L., otro caso contra nuestro país de la misma materia se ganó. En este, la petición de otra adolescente por un aborto seguro fue negado. A pesar de que en el 2014 Perú haya adoptado pautas nacionales para la práctica de servicios de aborto seguro, pocas mujeres han tenido acceso a abortos legales y seguros para estos casos.

Etiquetas: Aborto , Naciones Unidas