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“¡Vean el momento exacto del asesinato!” – Columna de opinión

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Fue con esa frase que algunos programas de televisión difundieron la noticia del  feminicidio 32 en Bolivia en lo que va de este año. Y sí, su ex pareja la degolló en puertas de un supermercado con un hacha de carnicero.  La degolló y ya la noticia corría en minutos por todos los espacios de comunicación. Pero no era suficiente para quienes ven estos hechos como un espectáculo que merece ser capitalizado.

“¡Vean, vean!”

No podrían perder esta oportunidad. Intentaron difuminar el video de este feminicidio en Santa Cruz, pero claramente se observaba una y otra vez la agonía y la crueldad en cada movimiento.

Esto nos lleva a preguntarnos si es necesario reproducir estas imágenes o si aportan en el ámbito informativo y en la conciencia sobre la violencia contra las mujeres.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad trascendental en esta lucha titánica, pero al igual que la justicia, este proceso de entendimiento parece demorar o quizás no exista el interés de asumirlo.

Organismos como la ONU ratifican que juegan un papel significativo los diferentes medios de comunicación en este tema, porque su labor puede generar una incidencia para perpetuar la violencia, cuestionarla o reducirla, para modificar o crear normas o para poner en evidencia comportamientos sociales que toleran la violencia contra las mujeres.

Por eso no es necesaria esa reproducción de los hechos de violencia, porque tras un crimen lo que sigue es detallar lo ocurrido con datos, establecer los antecedentes, indagar los procesos de investigación y mantener una vigilancia permanente a través de los contenidos informativos. Y en resumen, hacer un seguimiento.

Los hechos de violencia llegan a ocupar los principales titulares en los medios de comunicación, pero la agenda y la velocidad con que se generan las noticias tienden también a dejar de lado este proceso de seguimiento que se hace tan necesario para marcar un precedente.

Porque la investigación y el rastreo periodístico generan un movimiento en la ciudadanía que también se traduce en la presión hacia un sistema judicial tan precario y cuestionado y consolida incluso la aspirada sentencia para los victimarios.

“Gracias a todas las personas, gracias a las redes sociales y gracias porque ustedes a través de su televisor conocieron nuestro caso”, esa por ejemplo, fue la reacción de una de las hermanas que durante 15 años sufrieron violencia por parte de su padre y hace horas éste fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Este caso generó un gran movimiento de instituciones y colectivos, y a la par marcó la atención y el  seguimiento de los medios de comunicación con varios materiales noticiosos, un seguimiento que ratifica la importancia de la labor periodística en la lucha contra la violencia a las mujeres.

Por esto es que la reproducción constante de imágenes de violencia no genera mayor aporte en una sociedad con altos índices de violaciones y feminicidios. A tal punto, que mientras se escribía este artículo, se confirmó el feminicidio 33 en este 2021.

 

Por Claudia Soruco, periodista.

La violencia contra la mujer, protegida por la Justicia

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Karen Gil*

Hace 15 años, un juez negó a Carlos Aguirre la custodia de sus hijas en la apelación del anterior fallo que le daba la tutela a la madre. Evaluó que era una persona agresiva, pues su exesposa se había divorciado de él porque la golpeaba por años. Gracias a ese juez, las niñas de cinco y seis años crecieron en un lugar seguro; su progenitor no tenía carta blanca para violentarlas. Esa es la historia que quisiera contar, pero no puedo hacerlo porque ese juez hizo todo lo contrario.

La decisión de este operador de justicia llevó a que las hermanas sufrieran 15 años  violencia física y psicológica de parte de su padre. Este, quien debía protegerlas, no solo las golpeaba y humillaba, sino también encubrió la violación de su sobrino a su hija desde que ella tenía cinco años.

Esta historia no termina ahí. Hace unos días, las adolescentes y su madre volvieron a ser víctimas, pero esta vez  y nuevamente por los operadores de justicia.

Cuando las tres mujeres encontraron la fortaleza de denunciar el caso, el juez William Rodríguez no vio un delito grave. Por eso, además de dar protección en favor de las niñas, solo determinó detención domiciliaria para el acusado.

La familia pidió la revocatoria de la medida porque temía por su vida. Pero el juez Rodríguez suspendió la audiencia el uno de abril, por tercera vez, dejando 13 días, en los que el acusado pudiera huir y en que las jóvenes vivieran en indefensión.

Esta indefensión, además, allanada porque la fiscalía de materia no efectuó ninguna acción efectiva para garantizar las medidas de protección, dispuesta en la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley 348).

Tras protestas de activistas, se adelantó la audiencia y se realizó el anterior martes, cuando se resolvió la detención preventiva del agresor.

Este no es el único caso en que la justicia no actúa con celeridad, hay miles de estos y muchos terminan en muerte de las víctimas. Uno de ellos es el de Wilma Zurita, quien el domingo 4 de abril fue degollada en un lugar público de Santa Cruz por Marcelino Martínez, su expareja.

Esto sucedió tras siete días de que ella denunciara las agresiones de Martínez. Pero este apenas estuvo unas horas retenido, porque la fiscalía no vio el peligro inminente que corría la mujer y lo liberó.

La fiscalía también falló cuando no cumplió adecuadamente con las medidas de protección para Wilma. Y ¿por qué? Porque esta instancia, más allá del título, no tiene ni idea de cómo brindar estas garantías y porque son parte del patriarcado, que reproduce la impunidad.

Otro caso reciente fue el de Icla, quien denunció a los que fueron sus amigos, Alejandro Archondo y Alejandro Cambero, de haberla violado.

La joven ya había denunciado a la policía el 13 de marzo, pero el proceso recién fue abierto dos semanas después, cuando tuvo la valentía de contar públicamente en Facebook lo sucedido. Tras ello, la indignación y el pedido de justicia se hicieron virales en las redes sociales.

Tras la imputación, el juzgado determinó el 4 de abril la detención preventiva para Archondo y no así para Cambero. No pudo hacerlo, pues este está prófugo, porque tuvo varias semanas para huir.

Estos tres casos solo son la punta del iceberg de la violencia estructural que vivimos las mujeres. Como estos hay miles que se arrastran en la justicia. Y, sí, hay miles de mujeres en peligro latente, porque —como en los casos relatados— sus agresores son cercanos a ellas.

La falta de justicia real da vía libre a que los violentadores  asuman que puedan hacer lo que quieran con las mujeres de su alrededor, porque saben que la Justicia y el pacto patriarcal los protegerán.

Solo así se puede entender que a ocho años de la aplicación de Ley 348 haya habido más de 800 feminicidios. De estos no hay ni una sentencia ejecutoriada y ni siquiera el Ministerio de Justicia sabe cuál es la situación actual de los procesos, como dejó ver el titular de esta cartera en una entrevista en radio Deseo.

Urge que el Estado tome un papel activo contra la violencia a la mujer. Urge que las autoridades judiciales actúen con celeridad y que efectivicen las medidas de protección, entre otras acciones.

Si esto no sucede, las historias de niñas violentadas por años, mujeres violadas por amigos, y asesinadas por sus exparejas son las que seguiremos contando.

 

*Karen Gil es periodista.

 

Los principales puntos del proyecto de ley de aborto legal

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La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Su sanción transforma el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito.

  1. Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
  2. El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
  3. Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
  4. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
  5. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».
  6. Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
  7. El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
  8. Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
  9. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
  10. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
  11. Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
  12. El Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
  13. Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86».
  14. El artículo 86 quedará redactado así: «No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional».argenitna

CDD se pronuncia y rechaza el Proyecto de Ley para modificar la Ley 1173

Organizaciones Nacionales Defensoras de los Derechos de las Mujeres rechazamos el proyecto de ley de modificación a la Ley N° 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y manifestamos nuestra profunda indignación, primero, porque propone mecanismos de impunidad y encubrimiento a feminicidas, violadores y agresores; y segundo, porque no responde a las preocupaciones planteadas por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil sobre la mora procesal en delitos de violencia y el régimen de medidas cautelares.

Organizaciones Nacionales Defensoras de los Derechos de las Mujeres rechazamos el proyecto de ley de modificación a la Ley N° 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y manifestamos nuestra profunda indignación, primero, porque propone mecanismos de impunidad y encubrimiento a feminicidas, violadores y agresores; y segundo, porque no responde a las preocupaciones planteadas por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil sobre la mora procesal en delitos de violencia y el régimen de medidas cautelares.

Organizaciones Nacionales Defensoras de los Derechos de las Mujeres rechazamos el proyecto de ley de modificación a la Ley N° 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y manifestamos nuestra profunda indignación, primero, porque propone mecanismos de impunidad y encubrimiento a feminicidas, violadores y agresores; y segundo, porque no responde a las preocupaciones planteadas por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil sobre la mora procesal en delitos de violencia y el régimen de medidas cautelares.

Qué es la Recomendación 54 de la SACROI

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI – COVID19), hizo notar que dentro del marco de la emergencia sanitaria que afronta el mundo, los Estados deben garantizar a todas las personas, el derecho a la salud de manera amplia e integral.

Es así que, en la Resolución No. 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, emergente del trabajo de la SACROI COVID-19, se plantea que el centro de  las acciones debe seguir siendo el respeto a los derechos humanos. La mencionada Resolución además contempla el considerando 54, referido al acceso a los servicios de salud reproductiva en el marco de la respuesta a la pandemia, considerándolos como servicios esenciales, en particular aquellos relacionados a la prevención y atención del embarazo, parto y puerperio, incluyendo la atención de la interrupción del embarazo.

En Bolivia se ha suspendido la atención en los servicios en materia de salud sexual y salud reproductiva en estos últimos meses. El sistema de salud colapsado -incluso para casos de personas portadoras de Coronavirus- evidenció que estamos en un estado de abandono,  para atención de partos oportunos, acceso a interrupciones legales de embarazos, facilidad en el acceso a tratamientos retrovirales para personas que viven con VIH, a métodos anticonceptivos modernos, tratamientos para mujeres con cáncer de cuello uterino, prevención de embarazos adolescentes, entre otros.

Asimismo, en lo referido a educación integral para la sexualidad prácticamente es un derecho que se encuentra olvidado y por tanto, vulnerado, a pesar de que en los espacios de educación formal no había un abordaje real sobre el tema mucho antes de la pandemia, en ocasión de la cuarentena y la suspensión de clases en las escuelas y colegios, a nivel nacional.

Si desde el Estado boliviano no se asumen tareas inmediatas para dotar a la ciudadanía de los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, no solamente ocuparemos el primer lugar en la lista de países de la Región con la tasa más alta en lo referido a embarazos adolescentes, también en otras problemáticas que restarán calidad de vida y desarrollo humano. Es pertinente exigir que la Recomendación 54 sea tomada en cuenta en las instancias competentes.

Tania Nava
Directora Ejecutiva

Ni marcha, ni desfile… ¡resistencia!

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Este 28 de junio fue celebrado de manera impensable: después de 51 años en el mundo y 16 años en Bolivia, lo conmemoramos desde nuestras casas y a través de las redes sociales, manifestamos nuestras resistencias y luchas por conquistar mejores días y favorables logros para nuestra población LGBTI+ en un contexto pandémico y de cuarentena por la COVID-19.

Esta pandemia tuvo sus efectos socioeconómicos terribles, pero con mayor dureza en países como el nuestro y en una población históricamente visibilizada y vulnerada en sus derechos, mostrando de diferente manera que también podemos alzar las voces desde nuestras trincheras para no dejar pasar desapercibida la lucha constante que encaramos al poner nuestros cuerpos políticos en marchas o desfiles de reivindicación y visibilización.

No se puede dejar de lado el dolor por lxs hermanxs que se han perdido en esta pandemia, o por otras circunstancias y cuantxs otrxs están pasando por situaciones difíciles y adversas, desde ser despedidxs de sus fuentes laborares hasta encarar las dificultades en el trabajo informal. O jóvenes estudiantes que viven solxs y sin acceso a recursos; en otros casos jóvenes viviendo maltrato y hostigamiento de sus familiares por la “salida del armario” ante la confesión de su orientación sexual, compañeras trans varadas en alojamientos o hacinadas en casa de amigas, hasta las muertes por negligencia médica hospitalaria, porque no decirlo por la homolesbobitransfobia que existe aún en el sistema de salud y los vacíos respecto a políticas públicas de nuestro país.

De hecho, si tenemos algo que aprender de todo este contexto, es que hay que seguir en la lucha, no debemos bajar la guardia y menos, retroceder en nuestras conquistas. Hace falta mucho por recorrer y el camino está trazado para quienes estamos al frente de los derechos humanos, y quienes por responsabilidad y absoluto compromiso hemos emprendido este viaje, afrontando los desafíos y retos por hacer de este mundo más inclusivo, igualitario con equidad e inclusión para todos, donde nuestra población LGBTI+ tenga los mismos derechos que cualquier persona tiene en Bolivia y se pueda alcanzar el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Alberto Moscoso
ADESPROC Libertad

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos no están en cuarentena

Desde que la pandemia de la COVID-19 golpeó Bolivia, el gobierno central y los gobiernos sub nacionales establecieron diferentes modalidades de cuarentena para encarar el escenario pandémico e intentar disminuir el riesgo de contagio, mismas que implican ante todo restringir la movilidad. Primero se aplicó la cuarentena rígida a nivel nacional y, posteriormente-dependiendo la situación de cada municipio y departamento-, dicha cuarentena se ha flexibilizado.

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Foto representativa, centro de salud, fuente: infodiez

Lastimosamente, pese a estas medidas hoy sobre pasamos los 65 mil casos de contagios, casos que se suman a otros factores como el deficiente sistema de salud, la falta de ítemes para el personal médico y de salud, la falta de insumos de bioseguridad y de equipamiento, el escándalo por corrupción en adquisición de equipamiento con sobreprecio protagonizado por el gobierno transitorio, las medidas ineficientes y un inacabable etc., aspectos que denotan la falta de competencia de las autoridades gubernamentales, dejando muy poca posibilidad de atender que no sea la COVID-19.

Como consecuencia, las barreras para acceder a los servicios de salud sexual y salud reproductiva -en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados en la Constitución Política del Estado (CPE)- se han incrementado. Un estudio que CDD Bolivia realiza en este momento evidencia la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros de salud, las dificultades que los centros de salud y su personal enfrenta para hacer llegar a las mujeres y personas que viven con VIH la medicación antiretroviral -que en muchos casos, se ha visto interrumpida- y el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014, para garantizar la interrupción legal del embarazo en los casos que establece la normativa nacional.

Para subsanar esto, las instituciones y organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil han gestado grandes esfuerzos, en algunos casos en alianza con el personal de salud, para garantizar que la población pueda acceder a dichos servicios de salud sexual y salud reproductiva, aunque la misma es responsabilidad del Estado hacerlo. Por ello, estos servicios -incluyendo el acceso al aborto legal y seguro- debieran ser declarados como esenciales durante la época de la pandemia, porque a pesar de la misma, los derechos sexuales y derechos reproductivos no están en cuarentena.

Andrea Terceros Hans
Responsable de Proyectos

De Transitorio a Prorroguista

En noviembre de 2019, después de varias semanas de conflicto y revueltas sociales a consecuencia del supuesto fraude realizado por el gobierno del MAS en las elecciones nacionales, Janine Añez asumió la presidencia del Estado, encabezando lo que debiera haber sido un gobierno transitorio cuya única función era llamar a nuevas elecciones en un lapso no mayor a 90 días (3 meses), de acuerdo a lo establecido en la normativa boliviana.

Desde entonces ya han pasado ocho meses, en los cuales las nuevas elecciones ya han sido postergadas en tres ocasiones, la primera debido a que las tareas pre electorales eran varias y complejas, y se debía ajustar el calendario para garantizar un proceso electoral transparente que debía ser el 3 de mayo de esta gestión.

democracia
Fuente: moralydeseo.com

Luego, en marzo, la pandemia por la COVID-19 golpeó Bolivia y el gobierno transitorio se determinó la cuarentena rígida y con ello, una nueva postergación de elecciones con fecha indefinida. Debido a la presión por parte de varios sectores de la sociedad, finalmente el TSE estableció que dicha fecha sería el 3 de septiembre.

Ante el anuncio de la nueva fecha de elecciones, el gobierno transitorio no tardó en manifestar su “preocupación” por la posible alza de contagios de llevarse a cabo las elecciones, para lo cual publicó una serie de “estudios” (sin base científica) que concluían que a finales de agosto e inicios de septiembre se presentaría el pico más alto de contagios.

Ante esto, la nueva oposición y varios sectores sociales denunciaron públicamente la clara intención del gobierno transitorio de prorrogarse en el poder so pretexto de la pandemia. Incluso Carlos Mesa -candidato a la presidencia- manifestó e instó al gobierno central a tomar en cuenta las prácticas de bioseguridad asumidas en países que están llevando a cabo comicios electorales en plena pandemia.

Pese a que la presidenta Añez salió públicamente a manifestar que se mantendría la fecha de las elecciones el 3 de septiembre, el 23 de julio pasado el país despertó con la noticia de que el TSE volvió a retrasar los comiciospara el 18 de octubre. Casualmente, durante este tiempo el partido de la presidenta Añez -que es también candidata- llamó a sus adversarios a conversaciones y negociaciones cuyos resultados no se han hecho públicos. Y de pronto, Carlos Mesa –quien  insistentemente había manifestado su apoyo a la realización de las elecciones lo antes posible- cambió de discurso, apoyando ahora la postergación de las mismas.

También, durante este tiempo son pocas, o nulas las medidas que se han tomado desde el gobierno transitorio para combatir la pandemia: la escasez de pruebas, la no adquisición y/o instalación de equipamiento, la falta de seguridad para el personal de salud, la falta de dotación de medicamentos, aspectos que no han hecho otra cosa que disparar las cifras de contagios y decesos de bolivianas y bolivianos.

Sin embargo, hace pocos días el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró en una entrevista que su gestión gubernamental tiene “gases para 6 meses para aquellos que sigan molestando”, dejando entrever que reprimirán a los sectores que reclamen por la suspensión de las elecciones.

Al parecer, los elevados y tristes datos sobre la COVID-19 se han convertido en la excusa perfecta para seguir postergando las elecciones nacionales. Algunas encuestas muestran como perdedora a la actual Presidenta, haciendo pensar que la transitoriedad de su gobierno fue una ilusión y que el prorroguismo es su objetivo.

Andrea Terceros Hans
Responsable de Proyectos

Violencia sexual y feminicidios en cuarentena

#JusticiaParaEsther es un hashtag que pocas personas desconocen, tras la violación y asesinato a la niña Esther, de nueve años, por un vecino cuando su madre salió a vender frutas para mantener a la familia.

El caso movió a todo el país, provocando indignación y rabia. Gracias a la movida en redes sociales y la presión social, las autoridades actuaron rápidamente, se arrestó al agresor, quien fue condenado a la pena máxima de 30 años. Políticas y políticos de todas las corrientes expresaron su indignación y se unieron a una sola voz: no debe haber ninguna Esther más hoy. Pero lo cierto es que hay miles de víctimas como Esther de todas las edades cada año en Bolivia y pocos casos reciben la misma visibilidad. La mayoría queda sin voz.

Foto representativa, Página Siete
Foto representativa, feminicidios, fuente: Página Siete

Hasta julio de esta gestión ya habían sido reportados 70 feminicidios y hasta el 20 de julio, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registró 13.943 denuncias de casos de violencia familiar y doméstica contra mujeres. Además, en 71 días de cuarentena rígida se produjeron 495 delitos de orden sexual, un promedio de 7 por día.

Se estima un alto porcentaje de subregistro durante la cuarentena, más de lo normal, porque la violencia hacia las mujeres, especialmente la violencia sexual, en muchos casos son acallados, porque los agresores están en el entorno familiar cercano.

Con el estado de encierro obligatorio debido al escenario pandémico que Bolivia afronta, la situación empeoró, porque las mujeres y niñas están 24 horas con los agresores bajo el mismo techo, lo que las ubica en una situación de mayor vulnerabilidad y dificulta su denuncia. Si llegaran a lograr denunciar, no tienen la atención pertinente asegurada.

Lo demuestra el caso de una niña de 14 años que fue abusada sexualmente y cuyos padres se trasladaron de Viacha a El Alto porque no había dónde hacer la denuncia, pero en El Alto la rechazaron también indicando que el caso corresponde a Viacha. Finalmente, solo por el apoyo de todo el barrio lograron que la FELCV de Viacha atienda este caso.

Y todo eso en el 2020, en el año declarado como el “Año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio”. ¿Dónde están los avances prometidos?

Janis Greminger
Área de Comunicación