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Consideración 53 – SACROI CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), he recomendado a sus Estado miembros que, el centro de atención en la época de la Pandemia por COVID – 19, deben ser los derechos humanos de todas y todos.

De esta manera, la Comisión ha manifestado, a partir de la Consideración 53 que, la salud sexual y reproductiva debe ser un punto de atención especial, por lo que se debe velar porque los servicios de salud reproductiva, sobre todo, no sean suspendidos y más bien sean considerados como esenciales.

De esta manera se realizó un monitoreo en ocho países de América latina y el Caribe, entre ellos Bolivia, para hacer un seguimiento a 17 indicadores en materia de salud sexual y salud reproductiva. Los resultados, de forma general, mostraron que en nuestro país, los mismos fueron suspendidos, poniendo en alto riesgo la salud y la vida de mujeres de diferentes edades, de personas que viven con VIH y de población en general.

Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, convocó a más de una decena de instituciones de sociedad civil, para que con este preciado insumo se lleven adelante acciones de exigibilidad sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, con énfasis en esta época de pandemia por COVID 19.

Si tienes interés en obtener el documento de monitoreo sobre la salud sexual y salud reproductiva en Bolivia, en época de Pandemia por COVID 19, escríbenos!

Proteger la vida en serio

La Razón (Edición Impresa) / Verónica Córdova

La Paz, 9 de abril de 2017. Con el debate del aborto nuevamente sobre la mesa no puedo dejar de meter mi cuchara en una discusión que nos afecta a todos como sociedad, sin importar desde qué vereda vemos el tema.

Desde el punto de vista legal, en Bolivia existe el aborto impune y la nueva disposición que se discute propone ampliar las causales: de aplicarse solamente en caso de violación o riesgo inminente a la salud, a poder ser aplicado cuando hay situaciones vitales y económicas que impidan a la persona hacerse cargo del niño que nacerá a consecuencia del embarazo no deseado. Es un cambio fundamental, pues por primera vez se toma en cuenta en la ecuación la situación psicológica y social de la mujer que, en un momento de su vida, no puede asumir la responsabilidad de ser madre. Y por primera vez también se entiende que el primer derecho de todo niño es nacer deseado. Se entiende que la única forma de defender a los niños del maltrato, la explotación, el desamor y la violencia es asegurarnos de que nazcan en un entorno donde no sean recibidos como un error, un castigo o una carga.

Desde el punto de vista religioso y moral, hay quienes sostienen que el aborto es igual a un asesinato y que la responsabilidad del Estado y de la sociedad es proteger a los débiles y defender sus derechos. A este discurso se lo llama genéricamente “defender la vida”. ¿Y no es también responsabilidad del Estado y de la sociedad proteger la vida de las miles de mujeres que mueren cada año como consecuencia de abortos clandestinos? ¿No deberíamos protegerlas a ellas también, dándoles las condiciones para que aborten de manera legal y segura, si es que eso deciden? Y, si no queremos llegar a esa instancia —puedo asegurar que nadie, ninguna mujer quiere vivir el trauma de un aborto— ¿no deberíamos distribuir anticonceptivos masivamente? ¿No deberíamos hacer más énfasis en educar para impulsar una sexualidad responsable, en lugar de enredarnos en tabúes religiosos y moralismos decimonónicos?

Lo que pasa, en el fondo, es que tanto el embarazo como el parto, e incluso el sacrificio personal que implica la crianza de los niños, todavía se ven como una forma de “castigo” por el terrible pecado de haberse embarazado. La mujer, como único ser fecundable, viene a ser también el único ser responsable del eventual embarazo; y por tanto, del niño que nazca. Al hombre, por alguna inescrutable razón, no se le castiga en la misma proporción y manera por cometer el mismo pecado, en complicidad con la misma mujer que está pecando a la misma exacta hora. Podría decirse que como él no se embaraza, no solo ha sido liberado de la maldición de Eva, sino que además es libre de negar la paternidad, hacerse humo, buscar otros caminos y dejar al niño al cuidado único de la mujer, que está condenada por la sociedad a ser madre antes que ninguna otra cosa.

Si las mujeres son las que se embarazan, deben ser ellas también las que decidan si están listas física, psicológica o económicamente para ser las madres sacrificadas que la sociedad demanda que sean. Porque ningún niño debería nacer sin haber sido deseado. Porque proteger la vida no es solo abogar para que todo cigoto se convierta en feto, sino brindar a los niños las condiciones mínimas para que crezcan amados, para que no pasen hambre ni sufran violencia. Proteger la vida es asegurarse que nunca más una niña muera de pobreza y desnutrición, que nunca más un niño sea golpeado hasta la muerte por sus propios padres. Es tan importante criar a un niño que solamente debería permitírsele este privilegio a quien esté listo para hacerlo.

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Proteger-vida-serio_0_2687731229.html

 

 

Víctima mexicana abusado por un cura no pierde la esperanza de reunirse con el Papa Francisco

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univisión.com.

“Si hablo con el Papa no le pediría más palabras sino acciones concretas y contundentes para que dejen de ocurrir abusos dentro de la Iglesia”, dijo a Univision Noticias Jesús Romero Colín, una de las víctimas mexicanas que reclama justicia desde el año 2007.

Las probabilidades de que se reúna con el pontífice, sin embargo, son casi nulas. “Junto con otras víctimas y padres de jóvenes abusados cuando niños, hemos buscado una audiencia con Francisco pero a la fecha (la noche del jueves, vísperas del peregrinaje del Obispo de Roma por tierras mexicanas) no nos han dado respuesta. La pedimos a la Nunciatura Apostólica”.

El sábado de la semana pasada la Santa Sede descartó que un encuentro pueda darse entre el papa y víctimas de abusos sexuales de parte de clérigos durante su gira apostólica a México.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

En aquella oportunidad el Vaticano había dicho que no estaba pautado ningún encuentro de este tipo, pero en Filadelfia el propio papa confirmó la reunión durante un encuentro con familias hispanas.
“A nosotros el vocero de la Nunciatura nos dijo que no tenían contemplado ningún encuentro con las víctimas”, dijo Romero. “Me parece que es una situación grave, porque el Papa ha dicho que no viene a México a tapar sino a destapar. Estas situaciones (los abusos) han ocurrido en México desde hace bastante tiempo y siguen ocurriendo”.

Conozca la nota completa en: www.univision.com/noticias/papa-francisco-en-mexico/victima-mexicana-abusado-por-un-cura-no-pierde-la-esperanza-de-reunirse-con-el-papa-francisco

El caso de Varinia abre el debate sobre el concepto de feminicidio

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Opinion/Cochabamba. El proceso contra la joven pareja  de Varinia Buitrago sería el primer juicio  por feminicidio íntimo fundado en una relación sentimental homosexual en Bolivia, sin embargo, la imputación anunciada por la Fiscalía ya generó opiniones divididas.
La jurista y activista por los derechos humanos Mónica Bayá opinó que “el feminicidio es el asesinato de mujeres por parte de hombres ‘por el hecho de ser mujeres’ y está sustentado en el odio, desprecio, placer o en el sentido de propiedad sobre las mujeres”.
Recordó que el término femicidio fue empleado por primera vez el año 1976 por Diana Rusell al prestar testimonio ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres (Bruselas) para referirse a casos en los que se dio muerte a mujeres por el hecho de ser mujeres.
En cambio, el abogado Martín Vidaurre, de la organización Capacitación y Derechos Ciudadanos  (CDC) destacó el anuncio de las autoridades judiciales porque “se estaría sentando un importante precedente para aplicar la máxima sanción de la ley en el caso de parejas homosexuales”.
Dijo que a lo largo de varios años de trabajo con colectivos de las diversidades sexuales “hemos advertido que el signo de la justicia siempre ha sido la discriminación y la vulneración de sus derechos, este caso permitiría procesar en el futuro situaciones similares”.
La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia –Ley 348– tipifica la violencia feminicida como “la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo” y el Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO) establece que “Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto…”.
Según Bayá la norma es ambigua en los casos de relaciones homosexuales porque refiere a  “el autor, en concordancia con el protocolo modelo para la investigación del feminicidio en América Latina de Naciones Unidas”.
Explicó que en ese protocolo, la expresión femicidio ha sido definida  como «el asesinato misógino de mujeres por los hombres y ese es el mismo espíritu de la ley boliviana”.
En su criterio, “aunque desconozco los detalles del caso que se analiza correspondería un proceso por asesinato, delito que también es sancionado con la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto”.
Ese punto de vista es rebatido por Vidaurre, porque “cuando la ley asume que en todos los casos la víctima es una mujer, se refiere tanto a su condición biológica o con identidad de género femenina, además que en el caso de las diversidades sexuales suele ocurrir un ensañamiento particular en contra del cuerpo de las mujeres, aspecto que constituye un elemento diferenciador respecto a un asesinato”.
El fiscal del caso, Humberto Espinoza, informó este lunes que se determinó el arresto domiciliario de la principal sospechosa de la muerte de Varinia Buitrago y se la imputó por femenicidio luego de establecer que existía una relación sentimental con la víctima.
Vidaurre dijo que la imputación por feminicidio permitiría avanzar de manera sustantiva en la aplicación de la justicia para “muchos casos que se pierden entre los expedientes judiciales y que nunca llegan a sanción aun de ser crímenes cometidos contra mujeres trans o lesbianas”.
Añadió que la justicia no procesa por feminicidio porque cuando ourre el delito «muchas mujeres trans no han logrado asumir un nuevo nombre ni el cambio de registro del sexo que le fue asignado al nacer».
Explicó que el cambio de nombre y datos de sexo solo se puede lograr a través de un juicio «en el que la persona está obligada a mostrar al juez fotografías de su niñez, acreditar cómo ha ido creciendo, cómo es ahora, presentar certificados psicológicos, psiquiátricos, testigos que respalden quienes, cómo vive… imponen otras formas de vigilancia  a lo largo de por los menos tres años que es el tiempo promedio en que se  logra el cambio de nombre”.
Como abogado del CDC, Vidaurre ha representado varias demandas de cambio de nombre y de asignación de sexo, logrando apenas culminar seis procesos a nivel nacional.

La Iglesia Católica y los derechos sexuales

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Página Siete. viernes, 25 de diciembre de 2015.

Al enterarse de que en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley sobre el derecho al cambio de sexo, ya salió un representante de la Santa Madre Iglesia pidiendo que se retire ese proyecto y que el Estado respete a los seres humanos con las características sexuales que Dios ha querido que tengan…
Por supuesto todo el mundo tiene el derecho de opinar sobre cualquier tema. Pero los y las demás también tenemos derecho de opinar sobre esas opiniones. Y en mi opinión, la Iglesia Católica institucional es la menos indicada para emitir criterios sobre temas sexuales.
Primero porque esa idea de que Dios es responsable de cómo somos y cómo nos va a cada uno, y a cada una, de nuestras condiciones familiares y sociales, de nuestras personalidades, de nuestros destinos y de nuestras formas y momentos de morir, resulta tristemente trasnochada.
Les vendría bien a estos monseñores leer al teólogo Dietrich Bonhoeffer cuando afirma que en tiempos modernos los cristianos deben vivir como si Dios no existiera, pero delante de Dios (y de los no cristianos no dice nada) y, por cierto, lo dijo ya hace bastante tiempo. ¿Qué Dios sería ese que cada día se pone a planificar -por poner sólo un ejemplo- cuántos niños tienen que morir y de qué dramáticas maneras? Por favor, monseñor, cada ser humano está sometido a determinadas condiciones históricas, físicas y biológicas, y dentro de ellas tiene todo el derecho de tomar las decisiones que crea convenientes (mientras no atente contra los derechos de los y las demás).
En segundo lugar porque en temas sexuales la Iglesia Católica hace 18 siglos que perdió toda autoridad (concretamente desde que asumió estructuras estatales de corte absolutamente patriarcal, reduciendo a las mujeres al rol de auxiliares de los  sacrosantos varones). Es esa Iglesia la que se especializó en manipular las opciones sexuales, convirtiendo, por ejemplo, la excepcional opción por el celibato en una condición legal para el ejercicio del sacerdocio; de ahí la irónica definición de que un cura es un señor a quien todos llaman padre, menos sus hijos que lo llaman tío…
Pero a esto tenemos que añadir la larga y criminal caza de brujas que sólo expresaba el terror a las mujeres sabias (más sabias que los varones, por supuesto) y el sometimiento absoluto -muchas veces denigrante- de las mujeres a sus maridos, y, por supuesto, la ausencia de mujeres en cualquier conferencia episcopal (que, sin embargo, se arroga el derecho de pretender regular también la vida de ellas, ¿acaso las conocen siquiera?).
¿Y qué decir de la práctica extendida, constante y casi obsesiva de la pedofilia? La Iglesia institucional es nomás responsable de ese crimen institucionalizado. A los monseñores que se animan a hablar de derechos sexuales les recomendaría que leyeran el libro titulado Marcial Masiel, historia de un criminal, que nos relata la historia de la congregación llamada Legionarios de Cristo, basada en la pederastia sistemática, pero siempre consentida a cambio de los millones de dólares que sus superiores sabían hacer llegar al Vaticano. Y la práctica clandestina e hipócrita de la homosexualidad (en vez de ejercerla con un auténtico derecho humano). Etcétera.
Por favor, en tales condiciones no nos vengan a hablar de temas sexuales, y menos aún de derechos sexuales. Más bien entérense de su propia historia. ¿Sabían ustedes, monseñores, que en la Universidad de Yale (Estados Unidos) han investigado ya cerca de 200 casos de matrimonios homosexuales reconocidos por la    Iglesia Católica en sus primeros siglos de existencia, y algunos de ellos incluso canonizados (vale decir declarados como modelos de vida)?
¿A qué viene ahora tanta homofobia oficial, y tanto pánico al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, aunque personalmente nos resulten difíciles de entender? Más bien deberían alegrarse de que el Estado, normalmente insensible, se plantee la posibilidad de reconocer esos derechos (que por lo demás a nadie perjudican).

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

‘Camila’, líder de las trabajadoras del hogar

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La Razón.

Circula la obra testimonial de Casimira Rodríguez Romero, Camila: Memorias de la militancia política en el trabajo asalariado del hogar (Editorial Kipus, 2015) transcrita y editada por Coni López. La educadora, activista feminista e indigenista mexicana Coni López Silva conoció a Casimira en México en 2007, oportunidad en que recogió su testimonio. Durante dos años se ocupó de “transcribir lo que ella le contara, ordenarlo y seleccionarlo para ofrecer un texto histórico, una perspectiva personal, un sentir íntimo y profundo, sobre su experiencia organizativa como lideresa del gremio de las trabajadoras del hogar en el plano local, regional, nacional y continental, pero también como ministra de Estado”, con la idea de socializarlo “para que sirviera de inspiración a las compañeras trabajadoras del hogar mexicanas”. La obra de 513 páginas incluye un valioso archivo fotográfico de 123 registros.

Las “sirvientas”: resabio colonial de un mundo sórdido. Camila, nos aproxima a la azarosa vida de las mujeres indígenas que migran del campo a las ciudades a engrosar los ejércitos de “empleadas domésticas”, más propiamente “trabajadoras del hogar”.

Aun hoy, miles de mujeres reproducen un nefando ciclo que inician casi niñas —o muy jóvenes— y concluye, generalmente, como oficio, cuando no como una profesión múltiple y variada de sirvientas, empleadas, nanas, e incluso nodrizas. Estas valerosas mujeres han criado generaciones de hombres y mujeres. Muchas experimentaron la cruel herencia patriarcal, al ser usadas inclusive como parte de la vida sexual de patrones, o de sus vástagos que veían a estas jóvenes atemorizadas, inocentes e ingenuas como extensión natural de la propiedad de sus padres y, por ello, podían experimentar, incluso, sus primeras experiencias sexuales.

Ese sórdido mundo, resabio de la cultura patriarcal colonial, en el que se desenvuelve la existencia de trabajadoras del hogar, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se desmorona por la labor de temerarias mujeres que han abierto brecha en el mundo sindical, hasta arrancarle a la clase política las primeras leyes sociales de protección y salvaguarda.

Camila: de empleada doméstica a Ministra de Justicia. ¿Quién es Casimira Rodríguez? Se autodefine feminista (“soy una mujer que lucha por nuestros derechos”), socialista (“pienso que el bienestar de las demás compañeras también es mi bienestar”) e indigenista (“por mi experiencia personal como mujer indígena”).

Casimira Camila Rodríguez Romero, mujer de origen indígena-campesino, nació en la comunidad de Paredón (provincia Mizque de Cochabamba), el 21 de octubre de 1966. Desde muy joven trabajó como trabajadora del hogar, descollando luego en la dirigencia de ese sector laboral, uno de los más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad. Fue fundadora del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba e impulsó la formación de sindicatos en el país, que hasta entonces (1990) era uno de los sectores asalariados con menor grado de organización. Su condición de dirigente natural la llevó a organizar la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), desempeñando un rol protagónico y liderando el movimiento latinoamericano como secretaria ejecutiva de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadoras del Hogar (Conlatraho).

Su trayectoria sindical, reconocida en el ámbito internacional, le mereció el “Premio Mundial Metodista por La Paz”, otorgado por el Concilio Mundial Metodista (2003).

Militante del proceso de cambio, impulsó la formación sindical y política de un nuevo liderazgo nacional. Por sus méritos, en reconocimiento a su experiencia y trayectoria sindical y política, fue designada Ministra de Justicia en el primer gabinete del presidente Evo Morales el 22 de enero de 2006. Su cargo se prolongó hasta el 21 de enero de 2007.

Por primera vez en la historia política de Bolivia, una mujer que ejerció como trabajadora del hogar (“empleada doméstica”) accedió a un ministerio.

OBRA. El contenido de la obra testimonial abarca la vida personal y la trayectoria sindical de Casimira Rodríguez, desde “los orígenes en Mizque” y su inserción en el mercado laboral al que califica como “esclavitud moderna en Cochabamba”. Le otorga especial interés a su participación en el sindicato de Cochabamba, preámbulo para su incursión en la organización de los Sindicatos de Trabajadoras del Hogar en Bolivia, inicio de la larga lucha por la promulgación de la Ley de Trabajadoras del Hogar, que culmina con la organización de la Federación Nacional de este sector, inexistente antes de su liderazgo.

La rica experiencia en la dirigencia nacional le permite incursionar en el ámbito latinoamericano, considerando la organización laboral en Bolivia como un modelo para impulsar la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, de la que es dirigente, reflejando sus aportes en “la experiencia de gestión latinoamericana y caribeña”. Cierra el primer libro de su obra un relato sobre su participación en “el Ministerio de Justicia de Bolivia”. Pone al desnudo la difícil situación que confrontó en el gabinete ministerial y dentro de su propio ministerio, en una época en la que prevalecía la cultura patriarcal y una franca tensión creada por la condición humilde de la primera ministra de Justicia. El libro dos está lleno de “anécdotas y crónicas de viajes internacionales”, las “memorias de Congreso”, tanto nacionales de la Fenatrahob como los congresos internacionales de la Conlatraho.

EPÍLOGO. El temple de Casimira Rodríguez tiene base en su doble visión del mundo: la que viene desde su formación cristiana y aquella que adquirió en la escuela política como militante del proceso de cambio, ambas guían su praxis. La obra abarca 500 páginas, lo que en cierta medida la torna densa, pero por el estilo coloquial y testimonial con el que fue redactado, puede leerse sin dificultad. Su testimonio nos transporta a hechos y lugares en los que fue protagonista. El valor de la obra radica en su calidad testimonial que debe ser vista como fuente primaria, aunque necesariamente debe ser contrastada con otras fuentes, debido a que es una visión personal.

El testimonio, transcrito a la palabra de la autora, Casimira Rodríguez, una mujer de origen indígena-campesino que ha incursionado en el liderazgo latinoamericano de las mujeres trabajadoras del hogar, tiene la virtud de visibilizar al sector de trabajadoras del hogar, hasta hace poco invisibilizadas por propios y extraños.

Mujeres embarazadas seguirán muriendo en República Dominicana por falta de servicios de salud, incluido aborto

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Colectiva Mujer y Salud/República Dominicana.

Al declarar inconstitucional el código penal que permitía el aborto en tres causales de excepción, el Tribunal Constitucional desconoce estándares internacionales de derechos humanos y da la espalda a la realidad de las embarazadas dominicanas que seguirán muriendo por la calidad de los servicios de salud, incluido el aborto.

 

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el Código Penal que permitía a las mujeres acceder a un aborto en casos de excepción es desafortunada y va en contravía de los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la mejor manera de proteger la vida prenatal no es penalizando el aborto sino, por el contrario, garantizando que las mujeres embarazadas tengan acceso efectivo a los mejores servicios de salud para llevar a término su gestación o para interrumpirla cuando es necesario para salvar su vida o integridad.

Pero ni una cosa ni otra suceden en República Dominicana que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región. En 2014 murieron 179 mujeres y hasta el 14 de noviembre de 2015 van 157 muertes en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros.

El país conoce el caso de Rosaura Almonte, conocida públicamente como Esperancita, una menor de 16 años con leucemia, que murió en 2012 porque no le fue suministrada a tiempo la quimioterapia que requería, pues tenía un embarazo de siete semanas de gestación.

“Decisiones como la del Tribunal Constitucional no solo siguen poniendo a las mujeres dominicanas, incluso a aquellas que anhelan ser madres, en la disyuntiva de morir o ir a la cárcel cuando requieran un servicio de salud como el aborto, sino que también hacen que el país haya perdido la oportunidad, abierta por el ejecutivo y el legislativo, de situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres”, afirmó Sergia Galván, vocera de la Colectiva Mujer y Salud.

Declarar inconstitucional este Código Penal devuelve a la República Dominicana al Código del año 1884, siglo XIX, en el que los mecanismos de protección de los derechos humanos no estaban en vigor, y es claro que no satisface las necesidades de la sociedad actual. Este retroceso penal de dos siglos menoscaba seriamente los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

 

 

 

 

http://www.colectivamujerysalud.org/index.php/noticias/508-mujeres-embarazadas-seguiran-muriendo-en-republica-dominicana-por-falta-de-servicios-de-salud-incluido-aborto

Congreso del Perú archiva proyecto de ley para despenalización del aborto en casos de violación

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La República/Perú.

La comisión de Constitución del Congreso decidió este martes por mayoría rechazar el predictamen que tenía como fin despenalizar el aborto en los casos violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos consentidos.

A favor del proyecto de ley votaron el titular del mencionado grupo de trabajo, Fredy Otárola, además de los congresistas: Santiago Gastauñadi (Partido Nacionalista), Rosa Mávila (Acción Popular-Frente Amplio) y Sergio Tejada (Dignidad y Democracia)

Los parlamentarios que se opusieron al proyecto para la despenalización del aborto en casos de violación fueron Javier Velasquéz Quesquén (Concertación Parlamentaria), Julio Gagó, Martha Chávez, Luz Salgado y Aldo Bardález (Fuerza Popular) y Javier Bedoya (PPC).

El archivamiento del predictamen se tomó luego de que se rechazó una cuestión previa, presentada por el congresista Gastañaudi, para que el ministro de Justicia y el defensor del pueblo acudan a la comisión de Constitución para informar a los integrantes acerca de los alcances del proyecto antes de la votación.

Tras la decisión, Fredy Otárola lamentó el archivamiento del predictamen e indicó a los medios que se le está dando la espalda a muchas mujeres que son víctimas de violación.

“Se trataba de darles las condiciones médicas para que tuvieran la libertad de decidir”, aseveró.

 

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/720849-congreso-archiva-proyecto-de-ley-para-despenalizacion-del-aborto-en-casos-de-violacion

POSICIÓN DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE A.G. SOBRE SALUD MENTAL Y ABORTO TERAPÉUTICO

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COMUNICADO

El Colegio de Psicólogos de Chile A.G., a través de su Comisión de Género y Diversidad Sexual, realizó durante tres meses una revisión sistemática de los estudios más recientes acerca de los efectos en la salud mental de mujeres y niñas que viven de manera forzosa un embarazo no deseado y/o se practican un aborto por inviabilidad fetal o embarazo producto de violación. Se contó con la asesoría de cinco Psicólogos y Psicólogas expertos en embarazo patológico, violación y agresión sexual infantil. Fruto de los hallazgos de esta revisión, el Colegio de Psicólogos de Chile A.G comunica a la opinión pública lo siguiente1 :  Las investigaciones científicas concluyen que no hay relación alguna entre aborto y problemas de salud mental. El sufrimiento psicológico post aborto, se relacionaría más bien con variables de personalidad previas que con el aborto per se (APA, 2008; Charles, Polis, Sridhara y Blum, 2008; MunkOlsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, y Mortensen, 2011; National Collaborating Centre for Mental Health, 2011).  Las mujeres que se enfrentan a contextos de clandestinidad y de riesgo para su salud al momento de interrumpir un embarazo no deseado, en general pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad (Langer, 2012).

El prohibir el aborto terapéutico responde a continuar con una situación de diferencia de clase importante (Dides, 2006).  Con respecto al llamado síndrome post aborto, comunicamos que este no existe. Entendemos que en el caso de que las mujeres experimenten malestar psicológico posterior a la interrupción de un embarazo no deseado, es manifestación de una experiencia situada en el contexto de una sociedad que criminaliza la interrupción del embarazo no deseado, y que vigila y culpabiliza a las mujeres que deseen interrumpir un embarazo. Dicho malestar, es efecto de un fenómeno social y no es sinónimo de un diagnóstico clínico propio de las mujeres.

La interrupción de un embarazo no deseado, muchas veces significa un alivio para la salud mental de quienes se ven implicadas en esto, siendo además imprudente tipificar que todas las mujeres sufrirán después de un aborto. Por lo demás, dicho diagnóstico no se encuentra tipificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, DSMV, por lo cual resultaría antiético diagnosticar un cuadro inexistente (APA, 2008). 1 Los estudios revisados pueden encontrarse en el documento teórico de aborto terapéutico y salud mental. 2  La violación es una situación límite que genera un quiebre en la salud psíquica. En la violación se utiliza el cuerpo de la víctima, sin considerar su voluntad. La imposición del embarazo constituye un nuevo asalto al cuerpo, donde se impone continuar con el embarazo, sin considerar nuevamente, la voluntad de la mujer y/ o adolescente.

Las víctimas de violación son, en comparación al resto de la población: tres veces más propensas a sufrir depresión, seis veces más propensas a sufrir estrés postraumático, trece veces más propensas al uso y abuso de alcohol, y cuatro veces más propensas a cometer suicidio (Rape, Abuse & Incest National Network, 2009). Se debe asistir a las víctimas desde el conocimiento de estos aspectos, guiando y respetando el que para algunas mujeres, poner fin al embarazo les resultará aliviador.  La mujer o niña embarazada producto de una violación o con inviabilidad materno fetal, deben recibir toda la información científica existente para tomar la decisión de poner término o continuar con el embarazo. Corresponde a la Psicóloga o Psicólogo acompañar durante este proceso, sin influenciar una decisiónn u otra.  Las cifras de violación infantil son alarmantes en Chile, siendo el tercer país en el mundo en tasas de denuncias por agresión sexual y el primero en América Latina (ONU, 2014), donde diariamente 17 mujeres son violadas y de estas, 10 serían niñas menores de catorce años de edad, lo que corresponde al 70% de las víctimas de violación. Esto, junto con el adelanto de la menarquia a los ocho años, eleva la posibilidad de embarazo en situaciones de incesto o abuso familiar, formando el cuadro de niña/madre (Jackson, 2010).

Aunque biológicamente la menstruación señalice la posibilidad y “preparación” del cuerpo –a partir de ese momento para la reproducción, las niñas no están físicamente ni psicológicamente preparadas para la maternidad. Además de los riesgos vitales, un embarazo infantil y su imposición, son un evento traumático.  La violación es un evento traumático y marcado por el terror. Además, para las niñas que han sufrido violaciones en el marco de relaciones incestuosas, abusivas y de explotación, debe tomarse en cuenta que los procesos de develación son complejos, toman tiempo, y se acompañan de sentimientos en relación a la denuncia y sanción del perpetrador que pueden ser muy conflictivos por cuanto una mayoría de los victimarios pertenecen a la familia o red cercana a la niña. El factor de intimidación no es descartable, y menos si no está garantizada la separación del violador de la comunidad, o de la familia de la niña (Jackson, 2010) 3  Los estudios que analizan la salud mental de hijos no deseados de mujeres a las cuales se les negó el aborto, observan mayor tasa de trastornos psicológicos en comparación con hijos deseados.

El embarazo no deseado genera problemas de salud mental tanto en la mujer como en el hijo (La Rochebrochard y Joshi, 2013; Bahk, Yun, Kim, y Khang, 2015).  Existen, actualmente, algunos proyectos de ley que presentan una propuesta de acompañamiento psicológico en situaciones de embarazo por violación o inviabilidad materno fetal, como una alternativa que reemplace el aborto terapéutico.  El acompañamiento que se propone es impuesto, estilo consejería, lo cual resulta anti ético al ser involuntario. Toda intervención psicológica, más aún en casos complejos como los embarazos en las tres causales descritas, debiera ser voluntaria (Código de ética, artículo 11, inciso 8 “respeto por la autonomía del paciente”). Consideramos que el acompañamiento que se propone es una instrumentalización de la Psicología en situaciones límite para hacer un poco menos doloroso el embarazo obligado.  Los Psicólogos y Psicólogas no pueden formar parte de situaciones que transgredan los derechos humanos, tales como hacer de la violación y la tortura de vivir un embarazo no deseado una situación más soportable. Como señala nuestro código de ética: “ El psicólogo/a se compromete a respetar y adherir a los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En particular, respetar la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía ” (Colegio Psicólogos de Chile, 1999, p. 1, artículo 1°).  En los casos de violación e incesto, la psicoterapia es de larga data (Jackson, 2010), sin muchas veces lograr remisión total de los síntomas del trauma. En estos casos, un acompañamiento tipo consejería, resulta inefectivo y vulnerante.  El acompañamiento psicológico debiera existir tanto para mujeres y niñas que desean continuar con sus embarazos, como para las que deseen ponerles término por razones terapéuticas. Dicho acompañamiento debe respetar las decisiones de las propias personas incorporando la psicoeducación, intervención en crisis y psicoterapia, y no debe tener una intención persuasiva.

Urge un plan nacional de educación sexual para prevenir los embarazos no deseados, y explicar la sexualidad y los métodos de barrera, especialmente en los sectores más vulnerables del país. 4  Se sugiere que existan centros integrales de atención a víctimas de violación, donde se les administren los tratamientos farmacológicos y exámenes preventivos en un solo lugar, con el objeto de no revictimizar a la víctima, quien debiera contar su relato a un solo profesional.  Es necesario que el Estado de Chile tome en consideración las cifras alarmantes de violación a niñas y adolescentes mujeres e implementar más programas de prevención y cuidado de la infancia focalizados en esta población vulnerable.  Por último, obligar a llevar a cabo un embarazo no deseado, afecta negativamente las vidas de las niñas y mujeres, lo cual en casos terapéuticos resulta inhumano. Así, nuestro código de ética nos obliga a “no apoyar, consentir o participar en la práctica de la tortura u otras formas de tratamiento cruel o degradante…” (Colegio Psicólogos de Chile, 1999, p.18, artículo 17, inciso 2). Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Santiago de Chile, Noviembre del 2015

Comisión Género y Diversidad sexual:

Coordinadora: Mg. Ps. Janet Noseda

Mg. Ps. Patricia Casanova Dr. Ps. Ricardo Espinoza

Dr © Ps. Víctor Figueroa,  Ps. Fidel Lajara Equipo asesor:

Ps. Vinka Jackson

Dra © Ps. Leslie Nicholls,

Ps. Macarena Silva

Mg. Ps. Paula Sáez

Ps. Rodrigo Venegas

Referencias

Asociación Americana de Psicología, APA, (2008). Mental Health and Abortion. W ashington DC : Author. Bahk, J., Yun, S.C., Kim, Y., & Khang, Y.H. (2015).

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Who are the victims? Extraído de https://rainn.org/getinformation/statistics/sexualassaultvictims

Tamara: Soy una transexual lesbiana

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La Paz, 17 de octubre (Natalia Antezana Bosques para Oxígeno.bo).- Antonio dejó de existir en noviembre de 2012. Él mismo tomó esa decisión que fue la más importante y difícil de toda su vida. Sabía que decírsela a su esposa, a su hijo y dos hijas y a su padre, sería lo más complicado. Siempre había vivido para los demás. Pero ya no necesitaba la aprobación de ellos. A partir de ese momento empezaría a ser libre

 

 

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