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PRONUNCIAMIENTO – CASO OBSTACULIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL ABORTO A MENOR DE 11 AÑOS

Desde Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia, REPUDIAMOS la injerencia de la jerarquía eclesial de la  Iglesia Católica y la vulneración de derechos  humanos de una  niña de 11 años,  víctima de violación, interfiriendo en la aplicación de la normativa nacional y en especial de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 que reafirma que la violencia sexual es causal para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); además de vulnerar el carácter LAICO del Estado Plurinacional de Bolivia, establecido en el Art. 4 de la Constitución Política del Estado, que establece la explícita independencia del Estado de las religiones, por lo que las creencias no pueden imponerse ni intervenir en las acciones estatales.

RECORDAMOS que el deseo expresado por la menor fue el de “no continuar” con el embarazo producto del delito de violación, posteriormente y sobrepasando el principio de confidencialidad, dejando de lado el principio de autonomía progresiva de la niña para tomar sus propias decisiones, así como su protección, se accedió a ella y a su madre para convencerlas de desistir de la interrupción legal del embarazo, interponiendo creencias religiosas y posturas moralistas por encima del interés superior de la niña, poniendo en alto riesgo su vida, su salud física y psicosocial.

DENUNCIAMOS el accionar de servidores/as públicos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los gobiernos autónomos municipales de Yapacaní y Santa Cruz, así como del Hospital “Percy Boland”, instituciones que están llamadas a proteger los derechos humanos de las personas y en este caso en particular de la niñez, adolescencia y las mujeres, vulneró el derecho de la reserva, confidencialidad y protección, dando lugar a la revictimización de la niña.

El embarazo infantil forzado está considerado como tortura, tal como lo establecen diferentes mecanismos internacionales de Derechos Humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General 35 y el Comité contra la Tortura. Al obligar a una niña a proseguir con el embarazo se la está exponiendo en un grave riesgo, en su salud integral y su vida, prologando su sufrimiento y situación de alta vulnerabilidad.

Las niñas no pueden ni deben ser madres, tienen derecho a ser protegidas y a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. La interrupción de un embarazo no deseado producto de una violación es la única posibilidad de protección para que continúe siendo niña, es la única posibilidad de restitución de sus derechos, es la única posibilidad para el cuidado de su salud psicológica, física y de su vida, para su desarrollo integral y para sobreponerse a la trágica vivencia de una violación.

Ante dilemas éticos de carácter religioso para las personas de fe, la doctrina católica establece que las decisiones deben ser tomadas en libertad y desde la voz de la propia conciencia, que señalarán el mejor camino y Dios no condena. Jesús interpeló la Ley del Antiguo Testamento e impactó y tensionó a las jerarquías eclesiásticas con su mensaje de amor, misericordia y libertad a través de su Gracia.

EXIGIMOS al Estado Boliviano que intervenga de manera inmediata y urgente para que garantice la protección y restitución de los derechos de la niña, inicie el debido proceso judicial y sancione al agresor sexual; investigue sancione a los/as servidores/as público/as y las instituciones y organizaciones responsables del incumplimiento y transgresión de la normativa vigente y la vulneración de los derechos de la menor.

“LAS NIÑAS NO PUEDEN NI DEBEN SER MADRES”

La Paz, 29 de octubre de 2021

 

 

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¡¡¡SON NIÑAS, NO MADRES!!!

Mesa de trabajo 4

Las organizaciones y activistas que conformamos el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, la Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre y CLADEM Bolivia, frente al caso de la niña de once años de Yapacaní, víctima de violación y cuya interrupción legal del embarazo fue suspendida, manifestamos lo siguiente:

Denunciamos que los actos cometidos por el personal de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia de los municipios de Yapacaní y Santa Cruz, así como del Hospital Percy Boland son graves violaciones a los derechos humanos a la vida y a la salud de la niña que han puesto en riesgo su integridad física y mental, imponiéndole una maternidad forzada que afectará seriamente su proyecto de vida.

Exigimos a los Gobiernos Municipales de Yapacaní y Santa Cruz se realice el procesamiento administrativo y destitución del personal que vulneró los principios de confidencialidad e interés superior de la niña incumpliendo con el deber de protección reforzada de sus derechos.

Demandamos al Ministerio de Salud adopte de forma inmediata las medidas necesarias para que estos actos no se repitan nunca más y se garantice el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente y los protocolos adoptados para el acceso a la interrupción legal del embarazo y se aplique en todos los casos el principio de confidencialidad que envuelve al mismo; además prohíba el libre acceso a las víctimas y cualquier tipo de interferencia en los procedimientos médicos, bajo advertencia de destitución a quienes propicien, faciliten o den su anuencia para tales actos.

Exigimos que se investigue no solo si el personal del hospital dio su anuencia para la intromisión de representantes de grupos religiosos que presionaron a la niña y a su madre para interrumpir el procedimiento médico que estaba en curso o si más bien hubo una actuación coordinada y deliberada entre ellos. También pedimos que se revisen los antecedentes de otras denuncias de obstaculización de acceso a la interrupción legal del embarazo contra el hospital y se determine si existe un patrón de conducta a efectos de procesar y remover del cargo a quienes hubieren incurrido en tales actos.

Manifestamos nuestro respaldo a las acciones legales que la Defensoría del Pueblo ha iniciado pues por una parte debe precautelarse la vida y la salud integral de la niña afectada en cumplimiento de la legislación nacional y las obligaciones que nacen del derecho internacional de los derechos humanos viabilizando la interrupción legal del embarazo en este caso, y por otra parte, debe sancionarse a las y los autores de estos actos, así como a sus cómplices, razón por la que nos constituiremos en veedoras del proceso penal en su contra a partir de la denuncia presentada por la Defensora del Pueblo.

Exigimos al sistema de justicia celeridad en el proceso penal abierto en contra del agresor de la niña para su pronto enjuiciamiento y condena, la que debiera fijar la pena máxima prevista para este delito y agravantes, por tanto, de 30 años de privación de libertad, por lo cual ejerceremos vigilancia permanente sobre el desarrollo del proceso.

Exigimos que, en los casos de violación a niñas, ellas sean puestas bajo la tutela del Estado a efecto de precautelar sus derechos e intereses.

Condenamos el silencio que resulta cómplice y la pasividad de las autoridades que tienen el mandato legal de proteger los derechos de la niñez y de las mujeres y les demandamos acciones inmediatas.

Rechazamos el uso de la categoría de “Niñas Madres” promovida por la Iglesia Católica porque normaliza las consecuencias de la violencia sexual. El embarazo y maternidad infantil forzados, son considerados tortura y no pueden encubrirse. SON NIÑAS, NO MADRES.

¡¡¡EN UN MUNDO JUSTO NO HAY NIÑAS MADRES!!!

La Paz, 29 de octubre de 2021.

 

 

 

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SE REALIZÓ LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE REPORTAJES

El jueves 30 de septiembrese realizó la premiación de la décima tercera versión del Concurso de Reportajes Periodísticos “Los derechos sexuales y derechos reproductivos, los más humanos de los derechos”. Periodistas de Radio Illimani y Opinión obtuvieron los primeros lugares.

La iniciativa, que este año celebra 13 años, es impulsada por Católicas por el Derecho a Decidir /Bolivia con el apoyo de la Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU), Alianza por la Solidaridad, CIES Salud Sexual Salud Reproductiva, Fundación VIVA, la Fundación para el Periodismo, la carrera de Comunicación Social de la UMSA y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.

La convocatoria recibió reportajes en la temática: “Libertad de conciencia para ejercer nuestros derechos” y se tomaron en cuenta trabajos publicados o difundidos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 5 de septiembre de la presente gestión.

El concurso realizado desde el año 2008, incentiva en las y los periodistas del país, la producción y el interés por el tratamiento mediático de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde un enfoque de derechos humanos.

Categoría: Violencia y vulneración de libertades de las mujeres en tiempo de Covid-19

1er lugar 

Lo denuncio o me contagio, el incremento de casos de violencia en la cuarentena de 2020.

Medio: Radio Illimani

Periodista: Walter Guarachi

2do lugar

Personas con VIH: Entre la lucha por vencer la COVID-19 y la muerte silenciosa.

Medio: Opinión

Periodista: Nicole Vargas

3er lugar 

Golpeadas por la pandemia del COVID-19 y golpeadas en la mente.

Medio: Radio Illimani

Periodista: Bárbara Palle

Categoría: Ejercicio de la autonomía sexual en contexto de pandemia por Covid-19

1er lugar 

Frente a la violencia sexual, surge una luz de esperanza en la modificación de la Ley 348.

Medio: Radio Illimani

Periodista: Jeruslava Ojeda

2do lugar

Patrones culturales y patrones en nuestra orientación sexual.

Medio: Radio Illimani

Periodista: Gabriela Calle

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