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Víctima mexicana abusado por un cura no pierde la esperanza de reunirse con el Papa Francisco

victima

univisión.com.

“Si hablo con el Papa no le pediría más palabras sino acciones concretas y contundentes para que dejen de ocurrir abusos dentro de la Iglesia”, dijo a Univision Noticias Jesús Romero Colín, una de las víctimas mexicanas que reclama justicia desde el año 2007.

Las probabilidades de que se reúna con el pontífice, sin embargo, son casi nulas. “Junto con otras víctimas y padres de jóvenes abusados cuando niños, hemos buscado una audiencia con Francisco pero a la fecha (la noche del jueves, vísperas del peregrinaje del Obispo de Roma por tierras mexicanas) no nos han dado respuesta. La pedimos a la Nunciatura Apostólica”.

El sábado de la semana pasada la Santa Sede descartó que un encuentro pueda darse entre el papa y víctimas de abusos sexuales de parte de clérigos durante su gira apostólica a México.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

“No creo que se pueda esperar”, dijo escuetamente el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano ante preguntas de los periodistas sobre si existe una posibilidad, como ocurrió en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

En aquella oportunidad el Vaticano había dicho que no estaba pautado ningún encuentro de este tipo, pero en Filadelfia el propio papa confirmó la reunión durante un encuentro con familias hispanas.
“A nosotros el vocero de la Nunciatura nos dijo que no tenían contemplado ningún encuentro con las víctimas”, dijo Romero. “Me parece que es una situación grave, porque el Papa ha dicho que no viene a México a tapar sino a destapar. Estas situaciones (los abusos) han ocurrido en México desde hace bastante tiempo y siguen ocurriendo”.

Conozca la nota completa en: www.univision.com/noticias/papa-francisco-en-mexico/victima-mexicana-abusado-por-un-cura-no-pierde-la-esperanza-de-reunirse-con-el-papa-francisco

Declaración del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología sobre la emergencia por el virus del Zika

flasog

Panamá 8 de febrero de 2015

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), es una institución científica afiliada a la FIGO, Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia con sede en Londres. La FLASOG está constituida por médicos y médicas Gineco-obstetras de todos los países de América Latina y El Caribe, que vela por la salud de las mujeres y tiene un Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos que ha asumido la defensa de los siguientes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas:

  • Derecho a una maternidad saludable y segura
  • Derecho a una vida sexual libre de violencia
  • Derecho a regular libremente su propia fecundidad, que incluye la anticoncepción de emergencia
  • Derecho a interrumpir el embarazo por razones establecidas en la ley de cada país
  • Derecho a recibir información sobre salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos sexuales y reproductivos
  • Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva

Nuestro Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, se adhiere a la Declaración de emergencia por el Virus del Zika de la Organización Mundial de la Salud, pero manifiesta gran preocupación ante las declaratorias de varios gobiernos de la región que han aconsejado a las mujeres evitar quedar embarazadas hasta que se comprenda y controle mejor el virus (por ejemplo, Colombia: posponer el embarazo de 6 a 8 meses, El Salvador: posponerlo hasta el año 2018, Jamaica: posponerlo de 6 a 12 meses).

Teniendo en cuenta que en nuestra región más de la mitad de las gestaciones no son deseadas/buscadas y hay un alto índice de violencia/abuso sexual, las recomendaciones de los gobiernos para posponer los embarazos sin ampliar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro no son razonables.

Se estima que en nuestra región más de 20 millones de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción y el 95% de los abortos son inseguros teniendo algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el mundo.

Las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra región tienen más posibilidad de infectarse por las condiciones de inequidad en que viven y es menos probable que tengan acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro.

Exhortamos a los gobiernos de nuestra región para que esta crisis global sea la oportunidad para reducir la desigualdad en y entre los países (Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible), pues sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible y para esto se requiere:

  • Asegurar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos asequibles, incluyendo la anticoncepción de emergencia, especialmente para aquellas que viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales y áreas periurbanas. Solicitar a las mujeres retrasar su embarazo sin proporcionarles las herramientas para hacerlo es inconcebible.
  • Ampliar el acceso a servicios de aborto seguro. En una región con una de las legislaciones más restrictivas a nivel global en materia de aborto, las mujeres tienen el derecho de decidir, acorde a las legislaciones de cada país, la interrupción voluntaria del embarazo y cuándo hacerlo. No sólo durante esta crisis de salud pública, sino siempre.
  • Implementar campañas de sensibilización para que las mujeres y las jóvenes accedan a información sobre el virus del Zika que les permita prevenir la presencia de la enfermedad y estar conscientes de los riesgos en que incurren si deciden tener hijos/as.
  • Mayor apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y para aquellas que pudiesen tener hijos/as nacidos/as con microcefalia.
  • Acceso universal a las pruebas para detectar el virus del Zika en etapas tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la evaluación fetal.
  • Liderar una respuesta coordinada al virus del Zika, a través del involucramiento de actores de diferentes sectores, incluyendo a la sociedad civil.

 

EDGAR IVÁN ORTÍZ L. MD, MSC
Presidente de FLASOG
PIO IVÁN GÓMEZ S. MD, MSC
Coordinador
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FIGO

La asistencia familiar puede ser pagada por padres y hermanos

juzgados 2

Opinión/Cochabamba.

El pago de la asistencia familiar ya no es solo una responsabilidad del padre o la madre, como sucedía antes, ahora puede ser solidario y asumido por los papás o los hermanos del demandado, así lo establece el nuevo Código de Familias y del Proceso Familiar, que entró en vigencia en Cochabamba y el país desde ayer.

La normativa señala que se transfiere esa responsabilidad cuando él o la titular de la cancelación de ese beneficio para sus hijos está enfermo o no tiene trabajo.

El juez o jueza definirá en qué casos procede ese cambio.

El Código también incluye otras cuatro innovaciones referidas a la edad de los beneficiarios, al monto de la pensión asignada y se abre la opción de la retención del salario y arraigo.

El vocal de materia Familiar del Tribunal Departamental de Justicia, Jimy Rudy Siles, y la jueza de Familia Martha Saavedra, coincidieron en que los cambios incorporados en la ley están destinados, fundamentalmente, a garantizar el derecho de los hijos y de los integrantes de la familia.

Saavedra aclaró que la aplicación de la norma no es retroactiva. Sin embargo, quienes tengan la guarda de los hijos menores pueden solicitar el incremento de la pensión.

En el caso de los mayores de edad, ellos pueden demandar a sus progenitores para lograr un monto mayor de la asistencia.

La jueza dijo que los padres de personas de hasta 25 años deben estar conscientes de que serán citados en los tribunales de Familia para ser conminados a cumplir con sus obligaciones, no solo económicas.

La ley establece como monto menor de asistencia familiar, el 20 por ciento del salario mínimo nacional, es decir, 331 bolivianos, cifra que subirá anualmente.

Aclaró que el pago de asistencia familiar no prescribe. La nueva ley también establece la pena de reclusión en caso de incumplimiento de deberes económicos. La orden será emitida por los administradores de justicia. Los padres solo podrán ser liberados tras cumplir con los pagos.

El beneficio económico no solo es para dependientes descendientes, sino a dependientes ascendientes o colaterales. Entonces, los padres también tienen derecho a pedir una pensión a sus hijos, al igual que un hermano a otro, siempre y cuando se demuestre que tienen necesidades.

Una de las principales características de la nueva ley es la oralidad de todas las audiencias, incluyendo las que se realicen para definir el monto de las pensiones.

LIMITACIONES Siles y Saavedra reconocieron que existen limitaciones en la implementación de la nueva ley. Para el vocal, la principal dificultad es la falta de recursos humanos. En la ciudad solo hay 16 jueces de Familia. En las provincias, la situación es más complicada, porque los juzgados son mixtos y atienden todas las causas, ya sean civiles, penales o familiares.

Saavedra protestó porque no hubo capacitación de los jueces en Familia para encarar la nueva norma legal en divorcios, asistencia familiar, división de bienes gananciales, tutela de los hijos, entre otros.

Cambios

Nueva Ley

La ley del nuevo Código de Familias y Procesos Familiares (603) fue promulgada el 19 de noviembre de 2014, sustituyendo a la Ley 996 conocida como Código de Familia. Incorpora el concepto de pluralismo familiar y queda suprimida la referencia de matrimonio religioso.

Apellido

El nuevo Código de Familias y Procesos Familiares permite la libre elección del orden de los apellidos de los menores, siempre y cuando haya un previo acuerdo entre los progenitores.

Divorcio

Se establece como único requisito para el divorcio, la afectación a un proyecto de vida. Las parejas ya no esperarán dos años para obtener la desvinculación. Se definen tres figuras de separación: de mutuo acuerdo, cuando no hay bienes personales ni patrimoniales. Puede canalizar a través de una Notaria de Fe Pública; de mutuo acuerdo existiendo bienes e hijos; y el divorcio contencioso, cuando no hay acuerdo entre ambas partes.

Paternidad

La ley establece que los padres que niegan la paternidad de un menor de edad deben someterse a la prueba de ADN y pagar su costo.

Matrimonio

La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. De manera excepcional puede disminuirse hasta los 16, pero deben contar con la autorización de los padres.

Apelación

Las apelaciones de todos los juzgados de Familia serán conocidas por un solo vocal en materia Civil.

Asistencia hasta los 25 años

El nuevo Código de Familias y de Procesos Familiares dispone que la asistencia familiar para los hijos será hasta que cumplan 25 años de edad y no 18, como lo establecía en el anterior sistema.

La jueza de Familia Martha Saavedra explicó que pueden darse casos en que la edad se extienda por unos años más, hasta la profesionalización de los hijos. Cuando estudian una carrera prolongada como medicina, por ejemplo, y siempre y cuando haya una dedicación exclusiva de los hijos al estudio.

Los responsables de la guarda de los vástagos pueden solicitar el incremento de la pensión de los menores de edad. En los casos de los mayores, ellos están en condiciones de demandar a sus progenitores para que les paguen más.

La medida establecida en la ley pretende garantizar la profesionalización de los hijos.

Pensión mínima de Bs 331

La nueva ley dispone que la asistencia familiar mínima es de no menos de 331 bolivianos al mes, equivalente al 20 por ciento del Salario Mínimo Nacional, que actualmente es de 1.656 bolivianos. Martha Saavedra explicó que, a diferencia de la anterior norma, el monto es obligatorio, ya sea que el o la demandada trabaje o no.

Se trata de un importante avance a favor de la familia y en especial de los hijos porque en el anterior sistema, había montos fijados incluso de 50 bolivianos porque los demandados argumentaban ser desempleados.

No existe un tope máximo. Los criterios considerados son las necesidades de los beneficiarios y la posibilidad del padre. La asistencia está destinada a satisfacer las necesidades básicas de los hijos, pero también el derecho al esparcimiento y la recreación.

El divorcio no debe ser doblemente traumático para los hijos, haciéndolos víctimas de carencias.

Se norma el depósito bancario

El monto de asistencia familiar fijado por los juzgados de Familia, ahora debe ser depositados en una cuenta bancaria a nombre del tutor en casos de los menores y a nombre de los beneficiarios, si fueran mayores de edad.

Las boletas permitirán realizar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por los juzgados de Familia. Se implementa la cuenta bancaria como una medida para efectivizar este pago, de tal forma que los tutores no peregrinen para tener las pensiones y no sean sometidos a chantajes de todo tipo.

La jueza Martha Saavedra dijo que existen divorcios tan conflictivos que ambos litigantes no pueden mantener ningún tipo de comunicación, por lo tanto, es importante la implementación de una cuenta bancaria. En la antigua norma era una opción voluntaria. Otra alternativa era el depósito en las oficinas de la Dirección Administrativa Financiera, del Órgano Judicial.

Pagarían padres y hermanos

La nueva Ley del Código de Familia y Procedimientos

Familiares establece que la responsabilidad del pago de la asistencia familiar puede ser transferida a un pariente del demandado.

Los casos se analizan de acuerdo a la situación de padre o madre. Hay situaciones en las que no cuenta con trabajo o tienen problemas de salud y alguien debe hacerse cargo de cumplir con la subvención familiar.

Los abuelos o los tíos pueden ser los encargados de pagar las mensualidades, liberando de la obligación al demandado.

La anterior norma solo señala a un responsable por la cancelación de las cuotas (padre o madre) y, ante el incumplimiento, se emitían mandamientos de aprehensión y detenciones en cualquiera de los seis penales de Cochabamba hasta el cumplimiento de las obligaciones económicas.

La actual ley también es punitiva y establece reclusión ante la vulneración de las sentencias de asistencia familiar.

El progenitor que tiene la guarda, sea el padre o madre, debe recibir el aporte económico.

La asistencia familiar no prescribe.

Arraigo para garantizar pagos

El nuevo Código de Familias y Procesos Familiares establece el arraigo para garantizar que los demandados cumplan con el pago de pensiones para la manutención de su familia. La jueza de Familia Martha Saavedra dijo que los procesados no tendrán autorización para salir del departamento o del país, dependiendo del caso.

La nueva norma también señala la posibilidad de retener el 40 por ciento del salario de los padres para garantizar el bienestar de los hijos. Los Juzgados de Familia son los encargados de solicitar la retención del salario a la institución en la que trabaja el papá o la mamá que incumple con el pago de ese beneficio,

La última opción ante el incumplimiento es la hipoteca legal de los bienes del demandado, es decir, que el Estado tiene la potestad de gravar los bienes materiales hasta que cumpla con la obligación impuesta por un juez.

La última opción ante la falta de pago es el apremio corporal que también estaba establecido en la anterior norma. Además, quedarán anotados en el Registro de Antecedentes Penales, bajo el delito penal de violencia económica en contra de la mujer y de los hijos.

El registro perjudica la carrera pública de muchos de los demandados.

Juzgados en materia Civil trabajan sin conciliadores

Las oficinas de los 30 mediadores estaban cerradas, ayer. Los 25 jueces están preocupados porque no son suficientes para atender las causas.

Tatiana castro
tcastro@opinion.com.bo

La implementación del nuevo Código Procesal Civil dio inicio ayer sin conciliadores. Las oficinas de los 30 nuevos profesionales designados para el distrito judicial deCochabamba estaban cerradas.

Además, se ultimaba la instalación de los ambientes de los 25 juzgados civiles distribuidos entre los pisos 8 y 12 del edificio Pinto Palace. En el lugar también se equipaba los ambientes destinados como salas para las audiencias.

El juez en materia Civil Clovis Espinoza Peláez dijo que lo ideal era contar con un conciliador por cada juzgado en materia Civil. Sin embargo, se ha designado un profesional para trabajar con dos juzgados, lo que será insuficiente.

El representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, anunció que la aplicación de la nueva ley será gradual.

Anunció que los conciliadores asistirán a sus puestos de trabajo desde hoy.

El rol de los profesionales es atender las causas nuevas antes de que llegue a manos del juez, para procurar un arreglo y evitar la judicialización de las demandas. Lo determinado por los mediadores será considerado como cosa juzgada por los jueces.

El vocal Civil Javier Celis dijo que las condiciones no son las adecuadas a pesar de los esfuerzos realizados para habilitar los nuevos ambientes y sus salas de audiencia.

Explicó que la principal dificultad que tendrán que afrontar es la poca cantidad de jueces para encarar la nueva implementación. Aseguró que la situación es más crítica en las provincias, donde los juzgados son mixtos y atienden causas penales, familiares, civiles y otras.

MORA Explicó que la ausencia de jueces liquidadores impedirá la fluidez para atender los nuevos procesos judiciales.

Dijo que deberá atender de manera simultánea poniéndose al día con los procesos rezagados y deben programar las audiencias orales para las nuevas denuncias recibidas.

Hasta enero de 2016, las causas pendientes registradas en materia Civil en el Tribunal Departamental de Justicia alcanzan las 23.694.

Evo destaca códigos porque los hicieron abogados bolivianos

El presidente Evo Morales remarcó ayer la puesta en vigor del nuevo Código Procesal Civil y Familiar al que calificó de «inédito e histórico» porque fue elaborado por juristas bolivianos, «sin intromisión y manipulación extranjera», según la agencia estatal.

El Jefe de Estado, en un acto en el que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, presentó esa norma y recordó que en otras épocas los códigos eran importados de «Europa y Estados Unidos».

«Quiero felicitar por el trabajo de los abogados y las abogadas honestas y muy responsables con la justicia boliviana. Es algo histórico e inédito que por primera vez, los bolivianos aprueban su propio código sin ninguna intromisión extranjera».

Pidió a los profesionales «aplicar e implementar bien» esa nueva norma, para mejorar el servicio de la justicia en el país, que a la fecha «está mal vista».

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, manifestó que en el viejo Poder Judicial se prolongó el estado colonial con sus taras, con el derecho liberal excluyente y discriminador que aún persiste.

«No será fácil transformar la mentalidad con la que hoy se imparte justicia, porque ésta tiene siglos de antigüedad en Bolivia”.

El pago de la asistencia familiar ya no es solo una responsabilidad del padre o la madre, como sucedía antes, ahora puede ser solidario y asumido por los papás o los hermanos del demandado, así lo establece el nuevo Código de Familias y del Proceso Familiar, que entró en vigencia en Cochabamba y el país desde ayer.
La normativa señala que se transfiere esa responsabilidad cuando él o la titular de la cancelación de ese beneficio para sus hijos está enfermo o no tiene trabajo.

El juez o jueza definirá en qué casos procede ese cambio.

El Código también incluye otras cuatro innovaciones referidas a la edad de los beneficiarios, al monto de la pensión asignada y se abre la opción de la retención del salario y arraigo.

El vocal de materia Familiar del Tribunal Departamental de Justicia, Jimy Rudy Siles, y la jueza de Familia Martha Saavedra, coincidieron en que los cambios incorporados en la ley están destinados, fundamentalmente, a garantizar el derecho de los hijos y de los integrantes de la familia.

Saavedra aclaró que la aplicación de la norma no es retroactiva. Sin embargo, quienes tengan la guarda de los hijos menores pueden solicitar el incremento de la pensión.

En el caso de los mayores de edad, ellos pueden demandar a sus progenitores para lograr un monto mayor de la asistencia.

La jueza dijo que los padres de personas de hasta 25 años deben estar conscientes de que serán citados en los tribunales de Familia para ser conminados a cumplir con sus obligaciones, no solo económicas.

La ley establece como monto menor de asistencia familiar, el 20 por ciento del salario mínimo nacional, es decir, 331 bolivianos, cifra que subirá anualmente.

Aclaró que el pago de asistencia familiar no prescribe. La nueva ley también establece la pena de reclusión en caso de incumplimiento de deberes económicos. La orden será emitida por los administradores de justicia. Los padres solo podrán ser liberados tras cumplir con los pagos.

El beneficio económico no solo es para dependientes descendientes, sino a dependientes ascendientes o colaterales. Entonces, los padres también tienen derecho a pedir una pensión a sus hijos, al igual que un hermano a otro, siempre y cuando se demuestre que tienen necesidades.

Una de las principales características de la nueva ley es la oralidad de todas las audiencias, incluyendo las que se realicen para definir el monto de las pensiones.

LIMITACIONES Siles y Saavedra reconocieron que existen limitaciones en la implementación de la nueva ley. Para el vocal, la principal dificultad es la falta de recursos humanos. En la ciudad solo hay 16 jueces de Familia. En las provincias, la situación es más complicada, porque los juzgados son mixtos y atienden todas las causas, ya sean civiles, penales o familiares.

Saavedra protestó porque no hubo capacitación de los jueces en Familia para encarar la nueva norma legal en divorcios, asistencia familiar, división de bienes gananciales, tutela de los hijos, entre otros.

Cambios

Nueva Ley

La ley del nuevo Código de Familias y Procesos Familiares (603) fue promulgada el 19 de noviembre de 2014, sustituyendo a la Ley 996 conocida como Código de Familia. Incorpora el concepto de pluralismo familiar y queda suprimida la referencia de matrimonio religioso.

Apellido

El nuevo Código de Familias y Procesos Familiares permite la libre elección del orden de los apellidos de los menores, siempre y cuando haya un previo acuerdo entre los progenitores.

Divorcio

Se establece como único requisito para el divorcio, la afectación a un proyecto de vida. Las parejas ya no esperarán dos años para obtener la desvinculación. Se definen tres figuras de separación: de mutuo acuerdo, cuando no hay bienes personales ni patrimoniales. Puede canalizar a través de una Notaria de Fe Pública; de mutuo acuerdo existiendo bienes e hijos; y el divorcio contencioso, cuando no hay acuerdo entre ambas partes.

Paternidad

La ley establece que los padres que niegan la paternidad de un menor de edad deben someterse a la prueba de ADN y pagar su costo.

Matrimonio

La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. De manera excepcional puede disminuirse hasta los 16, pero deben contar con la autorización de los padres.

Apelación

Las apelaciones de todos los juzgados de Familia serán conocidas por un solo vocal en materia Civil.

Asistencia hasta los 25 años

El nuevo Código de Familias y de Procesos Familiares dispone que la asistencia familiar para los hijos será hasta que cumplan 25 años de edad y no 18, como lo establecía en el anterior sistema.

La jueza de Familia Martha Saavedra explicó que pueden darse casos en que la edad se extienda por unos años más, hasta la profesionalización de los hijos. Cuando estudian una carrera prolongada como medicina, por ejemplo, y siempre y cuando haya una dedicación exclusiva de los hijos al estudio.

Los responsables de la guarda de los vástagos pueden solicitar el incremento de la pensión de los menores de edad. En los casos de los mayores, ellos están en condiciones de demandar a sus progenitores para que les paguen más.

La medida establecida en la ley pretende garantizar la profesionalización de los hijos.

Pensión mínima de Bs 331

La nueva ley dispone que la asistencia familiar mínima es de no menos de 331 bolivianos al mes, equivalente al 20 por ciento del Salario Mínimo Nacional, que actualmente es de 1.656 bolivianos. Martha Saavedra explicó que, a diferencia de la anterior norma, el monto es obligatorio, ya sea que el o la demandada trabaje o no.

Se trata de un importante avance a favor de la familia y en especial de los hijos porque en el anterior sistema, había montos fijados incluso de 50 bolivianos porque los demandados argumentaban ser desempleados.

No existe un tope máximo. Los criterios considerados son las necesidades de los beneficiarios y la posibilidad del padre. La asistencia está destinada a satisfacer las necesidades básicas de los hijos, pero también el derecho al esparcimiento y la recreación.

El divorcio no debe ser doblemente traumático para los hijos, haciéndolos víctimas de carencias.

Se norma el depósito bancario

El monto de asistencia familiar fijado por los juzgados de Familia, ahora debe ser depositados en una cuenta bancaria a nombre del tutor en casos de los menores y a nombre de los beneficiarios, si fueran mayores de edad.

Las boletas permitirán realizar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por los juzgados de Familia. Se implementa la cuenta bancaria como una medida para efectivizar este pago, de tal forma que los tutores no peregrinen para tener las pensiones y no sean sometidos a chantajes de todo tipo.

La jueza Martha Saavedra dijo que existen divorcios tan conflictivos que ambos litigantes no pueden mantener ningún tipo de comunicación, por lo tanto, es importante la implementación de una cuenta bancaria. En la antigua norma era una opción voluntaria. Otra alternativa era el depósito en las oficinas de la Dirección Administrativa Financiera, del Órgano Judicial.

Pagarían padres y hermanos

La nueva Ley del Código de Familia y Procedimientos

Familiares establece que la responsabilidad del pago de la asistencia familiar puede ser transferida a un pariente del demandado.

Los casos se analizan de acuerdo a la situación de padre o madre. Hay situaciones en las que no cuenta con trabajo o tienen problemas de salud y alguien debe hacerse cargo de cumplir con la subvención familiar.

Los abuelos o los tíos pueden ser los encargados de pagar las mensualidades, liberando de la obligación al demandado.

La anterior norma solo señala a un responsable por la cancelación de las cuotas (padre o madre) y, ante el incumplimiento, se emitían mandamientos de aprehensión y detenciones en cualquiera de los seis penales de Cochabamba hasta el cumplimiento de las obligaciones económicas.

La actual ley también es punitiva y establece reclusión ante la vulneración de las sentencias de asistencia familiar.

El progenitor que tiene la guarda, sea el padre o madre, debe recibir el aporte económico.

La asistencia familiar no prescribe.

Arraigo para garantizar pagos

El nuevo Código de Familias y Procesos Familiares establece el arraigo para garantizar que los demandados cumplan con el pago de pensiones para la manutención de su familia. La jueza de Familia Martha Saavedra dijo que los procesados no tendrán autorización para salir del departamento o del país, dependiendo del caso.

La nueva norma también señala la posibilidad de retener el 40 por ciento del salario de los padres para garantizar el bienestar de los hijos. Los Juzgados de Familia son los encargados de solicitar la retención del salario a la institución en la que trabaja el papá o la mamá que incumple con el pago de ese beneficio,

La última opción ante el incumplimiento es la hipoteca legal de los bienes del demandado, es decir, que el Estado tiene la potestad de gravar los bienes materiales hasta que cumpla con la obligación impuesta por un juez.

La última opción ante la falta de pago es el apremio corporal que también estaba establecido en la anterior norma. Además, quedarán anotados en el Registro de Antecedentes Penales, bajo el delito penal de violencia económica en contra de la mujer y de los hijos.

El registro perjudica la carrera pública de muchos de los demandados.

Juzgados en materia Civil trabajan sin conciliadores

Las oficinas de los 30 mediadores estaban cerradas, ayer. Los 25 jueces están preocupados porque no son suficientes para atender las causas.

Tatiana castro
tcastro@opinion.com.bo

La implementación del nuevo Código Procesal Civil dio inicio ayer sin conciliadores. Las oficinas de los 30 nuevos profesionales designados para el distrito judicial deCochabamba estaban cerradas.

Además, se ultimaba la instalación de los ambientes de los 25 juzgados civiles distribuidos entre los pisos 8 y 12 del edificio Pinto Palace. En el lugar también se equipaba los ambientes destinados como salas para las audiencias.

El juez en materia Civil Clovis Espinoza Peláez dijo que lo ideal era contar con un conciliador por cada juzgado en materia Civil. Sin embargo, se ha designado un profesional para trabajar con dos juzgados, lo que será insuficiente.

El representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, anunció que la aplicación de la nueva ley será gradual.

Anunció que los conciliadores asistirán a sus puestos de trabajo desde hoy.

El rol de los profesionales es atender las causas nuevas antes de que llegue a manos del juez, para procurar un arreglo y evitar la judicialización de las demandas. Lo determinado por los mediadores será considerado como cosa juzgada por los jueces.

El vocal Civil Javier Celis dijo que las condiciones no son las adecuadas a pesar de los esfuerzos realizados para habilitar los nuevos ambientes y sus salas de audiencia.

Explicó que la principal dificultad que tendrán que afrontar es la poca cantidad de jueces para encarar la nueva implementación. Aseguró que la situación es más crítica en las provincias, donde los juzgados son mixtos y atienden causas penales, familiares, civiles y otras.

MORA Explicó que la ausencia de jueces liquidadores impedirá la fluidez para atender los nuevos procesos judiciales.

Dijo que deberá atender de manera simultánea poniéndose al día con los procesos rezagados y deben programar las audiencias orales para las nuevas denuncias recibidas.

Hasta enero de 2016, las causas pendientes registradas en materia Civil en el Tribunal Departamental de Justicia alcanzan las 23.694.

Evo destaca códigos porque los hicieron abogados bolivianos

El presidente Evo Morales remarcó ayer la puesta en vigor del nuevo Código Procesal Civil y Familiar al que calificó de «inédito e histórico» porque fue elaborado por juristas bolivianos, «sin intromisión y manipulación extranjera», según la agencia estatal.

El Jefe de Estado, en un acto en el que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, presentó esa norma y recordó que en otras épocas los códigos eran importados de «Europa y Estados Unidos».

«Quiero felicitar por el trabajo de los abogados y las abogadas honestas y muy responsables con la justicia boliviana. Es algo histórico e inédito que por primera vez, los bolivianos aprueban su propio código sin ninguna intromisión extranjera».

Pidió a los profesionales «aplicar e implementar bien» esa nueva norma, para mejorar el servicio de la justicia en el país, que a la fecha «está mal vista».

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, manifestó que en el viejo Poder Judicial se prolongó el estado colonial con sus taras, con el derecho liberal excluyente y discriminador que aún persiste.

«No será fácil transformar la mentalidad con la que hoy se imparte justicia, porque ésta tiene siglos de antigüedad en Bolivia”.

 

Los ‘Códigos Morales’ rigen en dos días 784 procesos

Valle Juzgado Publico Familia Cochabamba_LRZIMA20160212_0040_11

La Razón.

En los dos primeros días de aplicación plena de los códigos Procesal Civil, de Familias y Procesal Familiar, se presentaron 784 juicios en el país, según un informe oficial del Consejo de la Magistratura. En La Paz, Cochabamba y Beni se demandaron la mayor cantidad de procesos.

El 6 de febrero ingresó en vigencia plena y de manera legal los tres códigos citados, denominados “Códigos Morales” por el apellido del presidente Evo Morales. Sin embargo, debido a los feriados de Carnaval, recién el miércoles se dio inicio a su aplicación, en un acto protocolar desarrollado en Sucre que contó con la presencia del Jefe del Estado y de las principales autoridades judiciales del país.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wílbert Choque,  reveló que en las primeras 48 horas de vigencia de las nuevas normas, ingresaron un total de 784 causas. Según el detalle de esos datos, La Paz ocupa el primer lugar con 317 procesos, Cochabamba es el segundo con 148 y Beni está en tercer lugar con 102 juicios.

Posteriormente se ubica Santa Cruz con 82 procesos, seguido de Tarija con 67 y Chuquisaca con 37 causas. A ellos se suma Potosí con 18, Cobija con nueve y, finalmente, Oruro con cuatro procesos planteados ante los juzgados públicos, instancias que ahora tienen mayores competencias para tramitar los procesos en diferentes áreas del derecho.

La nueva norma civil concentra en dos áreas sus principales cambios. Uno es la conciliación que se constituye en el medio de solución inmediata de los conflictos y acceso directo a la Justicia como primera actuación procesal. Y el otro cambio es la implementación de la oralidad, es decir que los juicios en materia civil se desarrollarán en una audiencia oral. Los actos escritos solamente serán admitidos en la demanda.

Monitoreo. Choque  dijo que, con un sistema informático desarrollado por ingenieros del Consejo de la Magistratura, se podrá realizar un seguimiento al curso de todas las causas de manera diaria y, además, si esos procesos fueron resueltos o no por el juez, los auxiliares y los secretarios en los plazos previstos por la norma. “Eso nos permitirá bajar la mora procesal y hacer un mejor control del área jurisdiccional”, expresó el presidente del Consejo de la Magistratura.

La autoridad además señaló que este sistema informático, que no tuvo ningún costo para el Órgano Judicial, permitirá a las autoridades contar con información acerca de qué tipo de procesos ingresan, ya sean divorcios, procesos ejecutivos o coactivos. A su vez, a través de este sistema se podrá generar datos estadísticos que permitirán mejorar la administración judicial en el país, añadió Choque.

El Jefe del Estado, al momento de poner en vigencia los nuevos códigos, destacó que dichas normas fueron realizadas gracias al esfuerzo y conocimiento de abogados honestos y expertos bolivianos que contribuyeron en su elaboración, sin intromisión ni manipulación de extranjeros. Además, sostuvo que ahora la responsabilidad de todas las autoridades judiciales es aplicarlas e implementarlas para mejorar la justicia en Bolivia. Añadió que en la Cumbre de Justicia de abril se plantearán soluciones a la crisis judicial.

Las nuevas normas

Aplicación

La aplicación plena de los códigos Procesal Civil, de Familias y Procesal Familiar, denominados “Morales” por el apellido del presidente Evo Morales, fue suspendida en dos oportunidades consecutivas, en 2015, debido a la falta de socialización de su contenido e innovaciones.

Posesionan a conciliadores tras vigencia de norma

Yuvert Donoso, Angélica Melgarejo

La conciliación fue reconocida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, como uno de los pilares del nuevo Código Procesal Civil que entró en aplicación plena el miércoles. No obstante, la posesión de los conciliadores se dio después de la vigencia de esa norma, por lo menos en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.

En materia civil, uno de los requisitos para la admisión de los juicios es que tengan el acta de conciliación. Es decir que no hayan podido llegar a un acuerdo ante un conciliador.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Hugo Córdova, posesionó recién ayer a nueve de los 11 jueces conciliadores que cumplirán sus funciones en su departamento. De las autoridades judiciales que juraron a su cargo, cinco trabajarán en Sucre y el resto en las provincias. Córdova resaltó que desde ahora estos jueces podrán lograr acuerdos entre las partes en conflicto antes de que los casos se conviertan en juicios.

En el caso de Cochabamba, el representante del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, dijo que los conciliadores ya fueron designados, pero aún no trabajan. “Están haciendo trámites ante la Contraloría para asumir funciones, mañana (por hoy) a las 10.00 habrá un acto especial y en éste se posesionará a las autoridades”, indicó. El Consejo de la Magistratura seleccionó a 157 conciliadores que trabajarán en los nueve distritos judiciales del país. Este personal se encargará de tratar de solucionar los problemas civiles y evitar que lleguen a juicio.

En Cochabamba afrontan problemas Angélica Melgarejo

El traspaso de documentos a nuevos jueces y el cambio de juzgados obstaculizaron la aplicación de los denominados “Códigos Morales” en Cochabamba, según el representante del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, una vez resueltas estas labores, esperan reducir considerablemente la mora procesal.

“Tropezamos con unos problemas. Algunos jueces están cambiando de atribuciones y competencias y éstos deben hacer una entrega ordenada de los documentos a los jueces que asumen las materias”, advirtió el representante del Consejo en Cochabamba.

Agregó que otro problema está referido al tema logístico. “Trabajamos en la dotación de ambientes y equipos informáticos, todo está instalado, sin embargo es necesario poner otros puntos de referencia para que el público litigante pueda orientarse con mayor facilidad”, dijo. Explicó que también hubo traslado de juzgados. Los de materia civil se ubicaron en el edificio Pinto Palace y los de materia penal en el edificio principal del Tribunal Departamental de Justicia.

Del mismo modo, aseguró que los conciliadores ya tienen, memorándums de designación pero aún no trabajan. Se espera que en breve culmine la implementación de los nuevos códigos Procesal Civil, de Familias y Procesal Familiar, denominados “Morales” por el apellido del presidente Evo Morales.

Infografía para la incorporación del enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

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actividades 004La presente publicación busca presentar una herramienta que provea insumos a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, de la jurisdicción penal con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en los análisis y fundamentaciones que les corresponde realizar en las decisiones judiciales que dictan en los casos que conocen en esta materia. Asimismo, se persigue que la herramienta utilizada en el Estudio, sirva para el seguimiento del análisis de las decisiones judiciales sobre delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas orientado al continuo monitoreo y fortalecimiento de la jurisdicción penal especializada y ordinaria por parte de la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados del Organismo Judicial.

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Estudio revela que zika causa defectos oculares en bebés

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Página Siete/La Paz

El virus del zika puede asociarse con otro defecto de nacimiento en los bebés: anomalías oculares, según un nuevo estudio publicado ayer  en el Journal of the American Medical Association Ophthalmology y divulgado por el portal www.infobae.com.

El zika se ha extendido exponencialmente en América desde que se identificó el brote en mayo de 2015. Brasil fue el primero en dar la alarma de que el virus podría estar relacionado con un defecto congénito poco común llamado microcefalia, caracterizado por generar una forma anormal de cabeza y cerebro en los bebés.

Ahora, para este nuevo estudio, los investigadores se centraron en 29 bebés con microcefalia en Brasil y encontraron que 23 madres informaron de síntomas similares al zika durante su embarazo. De los recién nacidos afectados, 10 tenían alteraciones oculares, que van desde leves a defectos «que amenazan la visión”. Ambos ojos se vieron afectados en siete de los 10 bebés.

Los defectos más comunes fueron pigmentos y atrofia. También se ha encontrado que el nervio óptico era anormal en algunos de los bebés. El doctor Buddy Creech, profesor asociado de la Universidad Vanderbilt, dijo que otros virus, incluyendo herpes y rubeola, son conocidos por causar defectos oculares de nacimiento en los bebés. «Esta idea de un virus contraído durante el embarazo que causa daños en el sistema nervioso central no es un hallazgo sorprendente”, dijo Creech.

Aunque el estudio de casos era pequeño, dijo Creech, este tipo de investigaciones serán clave para descubrir cómo funciona el virus del zika y dónde hay «ventanas” de riesgo para las mujeres embarazadas. «Estamos aprendiendo acerca de este virus y no sabemos qué esperar”, dijo Creech. «Necesitamos documentos como éste, que nos dan la capacidad de movernos más por el camino”. Los investigadores dijeron que aún no podían vincular definitivamente los defectos oculares al zika hasta que  haya más estudios que descarten que las lesiones oculares no fueron causadas por otras enfermedades, incluyendo la toxoplasmosis.

El especialista en salud de la cadena ABC Richard Besser dijo que este primer estudio puso de relieve las preocupaciones de que podría haber un «espectro” desconocido de efectos relacionados con el zika. «La microcefalia puede ser sólo la punta del iceberg”, advirtió.

En respuesta al virus del Zika: Un enfoque feminista

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La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) se unen a las voces de organizaciones hermanas y compañeras feministas [1] en respuesta a los recientes brotes del virus del Zika en América Latina y el Caribe, reprobando categóricamente las recomendaciones de salud pública emitidas por parte de los gobiernos regionales, las cuales son deficientes y parciales en su contenido y dirigidas—de  manera equivocada—exclusivamente a las mujeres. En particular, denunciamos los llamados de países como Colombia, Jamaica, Ecuador y El Salvador, los cuales recomiendan a las mujeres posponer el embarazo hasta que se erradique el virus, y reprochamos particularmente la llamada que el gobierno de El Salvador hace a las mujeres de evitar embarazarse durante los siguientes dos años. [2]

Los gobiernos deben reconocer que en la lucha contra el virus del Zika, cualquier estrategia de salud pública que no tenga los derechos humanos—incluyendo los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en su núcleo, estará limitada en su impacto y carecerá de sostenibilidad, creando a la vez, un ambiente propicio para generar múltiples violaciones de derechos humanos.

Como región, América Latina y el Caribe se caracteriza por: altas tasas de embarazos no planificados, donde más del 56% de los embarazos son no deseados; [3] altos niveles de violencia sexual; acceso limitado a anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva; y leyes restrictivas en torno al aborto, donde en algunos casos, como El Salvador, está prohibido en cualquier circunstancia y las mujeres son perseguidas y criminalizadas de manera rutinaria bajo sospechas de aborto. [4] Por otra parte, las mujeres que son jóvenes, que provienen de comunidades remotas y de bajos ingresos, y/o que viven en otras situaciones vulnerables, enfrentan desproporcionadamente múltiples barreras cuando se trata de ejercer un poder y control significativo respecto a la toma de decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. En este contexto, los llamados a las mujeres a posponer o evitar el embarazo, no son sólo irrealizables, sino que llanamente demuestran una total irresponsabilidad y negligencia por parte de quien los emite.

La rápida propagación del virus del Zika y el importante vínculo que se ha demostrado de éste con el desarrollo de microcefalia y otras anormalidades neurológicas representa, en muchos aspectos, un panorama completamente nuevo, con nueva información continuamente saliendo a la luz, demostrando una clara necesidad de más investigación. Esta incertidumbre hace que sea aún más necesario que los gobiernos se comprometan desde un inicio,  con un enfoque basado en los derechos humanos que sea integral y sostenible para erradicar el virus y mitigar sus efectos. Cualquier otro tipo de aproximación o enfoque es imprudente y va en contra de los compromisos y responsabilidades que los gobiernos han acordado en virtud de tratados y compromisos de derechos humanos en el ámbito regional e internacional.

Por ello, instamos a los gobiernos de los países afectados, tanto en América Latina y el Caribe, así como de otras regiones del mundo, a que implementen un enfoque basado en los derechos humanos, la justicia reproductiva, y el desarrollo sostenible en su respuesta frente al virus del Zika y a cualquier otro problema de salud emergente. Tal enfoque debe ser integral, y debe reconocer la igualdad entre los géneros y la importancia del empoderamiento de las niñas y mujeres como una prioridad transversal, de acuerdo con los acuerdos y compromisos de estos gobiernos en el marco de la Agenda 2030. [5]

En la práctica, este enfoque en la lucha contra el virus del Zika debe incluir:

  • Que se garantice el acceso universal a una gama completa de métodos anticonceptivos voluntarios de alta calidad, y de fácil uso, incluyendo métodos de barrera como los preservativos femeninos y masculinos, la anticoncepción de emergencia, así como información y servicios de Salud Sexual y Reproductiva, incluidos los servicios de atención prenatal que permitan la temprana detección de microcefalia.
  • Que las campañas de salud pública de concienciación se dirijan tanto a hombres como a mujeres, especialmente a la luz de la evidencia reciente de que el virus del Zika puede transmitirse por vía sexual, [6] y el reconocimiento de que la responsabilidad de los métodos de sexo seguro es de hombres y mujeres por igual, y no puede ser asumido por las mujeres únicamente.
  • Que se despenalice el aborto, y se eliminen todas las barreras legales y de implementación para ampliar y garantizar el acceso a los procedimientos de alta calidad, seguros, completos, y gratuitos para la interrupción del embarazo, sin requisitos de consentimiento parental o conyugal. Como ha sido mencionado por otras organizaciones hermanas, [7] en un contexto de mucha incertidumbre y temor públicos que rodean al virus Zika, el pedir a las mujeres que simplemente no se embaracen cuando el acceso a métodos anticonceptivos es limitado y el acceso al aborto seguro es restringido o incluso completamente criminalizado, inevitablemente aumentará las tasas de aborto inseguro y por consiguiente, la mortalidad y morbilidad materna. Por otra parte, las leyes restrictivas y punitivas de aborto que obligan a una mujer a continuar con un embarazo no deseado, violan el derecho de las mujeres a vivir libres de tratos inhumanos y crueles, como se ha señalado por organismos de derechos humanos. [8]
  • Que se apoye a las mujeres embarazadas en los países afectados por el Zika que deciden continuar con su embarazo, para que puedan llevar a término su embarazo de forma segura, contando con consejería integral durante el embarazo, parto seguro, cuidados pre y post parto, y servicios de atención neonatales; así como el suministro de terapia para necesidades especiales, salud y servicios educativos, según sea necesario para los casos que presenten microcefalia.
  • Que se implementen cambios sistémicos en el desarrollo de políticas y programas que den cuenta de las intersecciones entre el cambio climático y la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. [9]
  • La implementación inmediata de las recomendaciones en el marco del Consenso de Montevideo, así como las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular las relacionadas con la salud y la igualdad de género, con el fin de tomar medidas efectivas e integrales de protección para así ayudar a frenar la propagación del virus.

[1] Ver (en inglés) The Guardian (2016), Rights Groups Denounce Zika Advice to Avoid Pregnancy in Latin America; O’Neill Institute (2016), The WHO Must Include Access to Birth Control and Abortion in its Temporary Recommendations for Zika-Associated Public Health Emergency of International Concern.
[2] Liss-Schultz (2016), Pregnant, Sick with Zika – and Prohibited From Getting an Abortion, Huffington Post; Reuters (2016), El Salvador Urges Against Pregnancies Until 2018 as Zika Virus Spreads; Huffington Post (2016),Jamaica Advises Women to Delay Pregnancy Due to Zika Virus.
[3] Guttmacher Institute (2014), New Study Finds That 40% of Pregnancies Worldwide are Unintended.
[4] Center for Reproductive Rights (2014), Marginalized, Persecuted, and Imprisoned: The Effects of El Salvador’s Total Criminalization of Abortion.
[5] A/RES/70/1 (2016), Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
[6] LaMotte, Sandee (2016), Zika has Been Sexually Transmitted in Texas, CDC Confirms.
[7] The Guardian (2016), Zika Outbreak Raises Fear of Rise in Deaths from Unsafe Abortions; Varagur, Krithika (2016), Zika Virus Prompts Activists to Push for Legal Abortions in Brazil, The Huffington Post.
[8] CAT/C/PER/CO/4, para. 23; CAT/C/NIC/CO/1, para. 16; and CAT/C/CR/32/5, para. 7.
[9] ARROW (2016), Zika: A Perfect Storm of Climate Change, Disease, and SRHR.

Comité de la Naciones Unidas reconoce al aborto como un derecho humano

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Altavoz/Perú. Es la primera vez que la ONU responsabiliza a un país por fallar en asegurar un aborto terapéutico legal y seguro.

Hace 15 años, una joven peruana de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto, de 14 semanas, tenía anencefalia. Esta es una anomalía en el tubo neuronal, letal para el bebé y en muchos casos también para la madre. A pesar de que el aborto en esas circunstancias haya sido legal en el Perú, el director del hospital en el que se encontraba rechazó su pedido de aborto.

K.L., la joven en cuestión, fue obligada a completar el embarazo y finalmente dar a luz a un feto condenado a morir. El bebé sobrevivió tan sólo cuatro días, y la joven recurrió a abogados y al comité de derechos humanos de la ONU. En el 2005, la ONU concluyó que Perú había violado artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, lo que obligó al país a compensar financieramente a la joven.

Hoy, quince años después, K.L. ha sido finalmente compensada por «el trato cruel, inhumano y degradado» que recibió en el 2001. Esta es la primera vez que un comité de las Naciones Unidas ha hecho responsable a un país por fallar en asegurar acceso a un aborto seguro y legal. Es además la primera vez que la ONU reconoce al aborto como un derecho humano, según reporta Huffington Post.

Durante las negociaciones en Perú sobre el caso de K.L., otro caso contra nuestro país de la misma materia se ganó. En este, la petición de otra adolescente por un aborto seguro fue negado. A pesar de que en el 2014 Perú haya adoptado pautas nacionales para la práctica de servicios de aborto seguro, pocas mujeres han tenido acceso a abortos legales y seguros para estos casos.

Etiquetas: Aborto , Naciones Unidas

El caso de Varinia abre el debate sobre el concepto de feminicidio

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Opinion/Cochabamba. El proceso contra la joven pareja  de Varinia Buitrago sería el primer juicio  por feminicidio íntimo fundado en una relación sentimental homosexual en Bolivia, sin embargo, la imputación anunciada por la Fiscalía ya generó opiniones divididas.
La jurista y activista por los derechos humanos Mónica Bayá opinó que “el feminicidio es el asesinato de mujeres por parte de hombres ‘por el hecho de ser mujeres’ y está sustentado en el odio, desprecio, placer o en el sentido de propiedad sobre las mujeres”.
Recordó que el término femicidio fue empleado por primera vez el año 1976 por Diana Rusell al prestar testimonio ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres (Bruselas) para referirse a casos en los que se dio muerte a mujeres por el hecho de ser mujeres.
En cambio, el abogado Martín Vidaurre, de la organización Capacitación y Derechos Ciudadanos  (CDC) destacó el anuncio de las autoridades judiciales porque “se estaría sentando un importante precedente para aplicar la máxima sanción de la ley en el caso de parejas homosexuales”.
Dijo que a lo largo de varios años de trabajo con colectivos de las diversidades sexuales “hemos advertido que el signo de la justicia siempre ha sido la discriminación y la vulneración de sus derechos, este caso permitiría procesar en el futuro situaciones similares”.
La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia –Ley 348– tipifica la violencia feminicida como “la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo” y el Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO) establece que “Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto…”.
Según Bayá la norma es ambigua en los casos de relaciones homosexuales porque refiere a  “el autor, en concordancia con el protocolo modelo para la investigación del feminicidio en América Latina de Naciones Unidas”.
Explicó que en ese protocolo, la expresión femicidio ha sido definida  como «el asesinato misógino de mujeres por los hombres y ese es el mismo espíritu de la ley boliviana”.
En su criterio, “aunque desconozco los detalles del caso que se analiza correspondería un proceso por asesinato, delito que también es sancionado con la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto”.
Ese punto de vista es rebatido por Vidaurre, porque “cuando la ley asume que en todos los casos la víctima es una mujer, se refiere tanto a su condición biológica o con identidad de género femenina, además que en el caso de las diversidades sexuales suele ocurrir un ensañamiento particular en contra del cuerpo de las mujeres, aspecto que constituye un elemento diferenciador respecto a un asesinato”.
El fiscal del caso, Humberto Espinoza, informó este lunes que se determinó el arresto domiciliario de la principal sospechosa de la muerte de Varinia Buitrago y se la imputó por femenicidio luego de establecer que existía una relación sentimental con la víctima.
Vidaurre dijo que la imputación por feminicidio permitiría avanzar de manera sustantiva en la aplicación de la justicia para “muchos casos que se pierden entre los expedientes judiciales y que nunca llegan a sanción aun de ser crímenes cometidos contra mujeres trans o lesbianas”.
Añadió que la justicia no procesa por feminicidio porque cuando ourre el delito «muchas mujeres trans no han logrado asumir un nuevo nombre ni el cambio de registro del sexo que le fue asignado al nacer».
Explicó que el cambio de nombre y datos de sexo solo se puede lograr a través de un juicio «en el que la persona está obligada a mostrar al juez fotografías de su niñez, acreditar cómo ha ido creciendo, cómo es ahora, presentar certificados psicológicos, psiquiátricos, testigos que respalden quienes, cómo vive… imponen otras formas de vigilancia  a lo largo de por los menos tres años que es el tiempo promedio en que se  logra el cambio de nombre”.
Como abogado del CDC, Vidaurre ha representado varias demandas de cambio de nombre y de asignación de sexo, logrando apenas culminar seis procesos a nivel nacional.

Una mujer cada dos días huye de casa por violencia

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El mundo/Santa Cruz.

De acuerdo a los reportes que maneja la Casa de la Mujer en Santa Cruz, la violencia en el seno del hogar revela que en 20 días 9 mujeres huyen de sus hogares ante la agresión de su pareja.

La Dra. Tereza Torrico Cortez, abogada de la institución, manifestaba su preocupación que existe que de acuerdo a los registros que tienen, hay 9 casos de donde las mujeres, algunas de estas han escapado de su casa en compañía de sus hijos.

Indicó que entre las víctimas de esa violencia machista por parte del hombre, existen dos mujeres de nacionalidad paraguaya que si bien están casadas con bolivianos, pero estos últimos hasta le han quitado su documentación y no pueden retornar a su país.

Además, la ley establece que para que un niño salga fuera del país debe contar con la autorización de los padres, ante esa negativa del progenitor, como representante de la institución están recurriendo a la vía judicial.

Remarcó que el refugio con el que cuentan está repleto, algo que no habían visto el año pasado en la misma época, cuando apenas contaban con tres casos.

Informó que hay casos que desde el 31 de diciembre del 2015 que tienen en el refugio a mujeres que han sido víctimas de la violencia, donde temen regresar por miedo a las amenazas que han recibido por parte de su pareja.

“Evidentemente en lo que va del año 2016, tenemos varias mujeres que están huyendo de sus hogares en relación a otros años, por esa violencia ya no física sino psicológica, amenazas que las van a matar, que ya verán lo que les va pasar cuando vuelvan a la casa”, dijo.

Pero esa violencia que se registra en la pareja, además repercute en los hijos tomando en cuenta que entre las mujeres que huyeron de sus hogares, también lo hicieron con sus hijos que han terminado colapsando el refugio de acogida que existe en la Casa de la Mujer.

Torrico indicó que preocupa que se siga registrando violencia en la familia pese a que existe la Ley 348 que fija sanciones contra los agresores.

A pesar que se difunde a través de los medios de comunicación el contenido de la norma, se continúa registrando agresiones y lo peor es que pueden dar lugar a un feminicidio.

Aquí se hizo notar que ahora se ha incrementado la violencia psicológica porque saben que si existe violencia física el agresor puede ir a la cárcel.

Sin embargo, considera que ambos son delitos que deben ser sancionados drásticamente tomando en cuenta el trauma que no solamente pueden ocasionar a la mujer sino también a los hijos, que se convierten en testigo de las agresiones.

Pero también cuestiona el hecho que siga existiendo la retardación de la justicia que pueden dar lugar a que la víctima desista por cansancio o corra el riesgo de sufrir otros tipos de agresiones que de acuerdo a Ley 016 que están reconocidos como violencia.

Aclaró que el hecho que la mujer pueda abandonar el caso, no significa que todo queda solucionado, el problema va persistir, aseguró.

Cuando se habla de violencia familiar, se habla sanciones de 2 a 4 años de cárcel. Pero si hay certificado forense de impedimento de 15 días, la sanción puede ir hasta 8 años.