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Audiencia pública en torno al tema del aborto en la propuesta de Código de Sistema Penal

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La Paz, 11 de abril de 2017. En audiencia pública de la Comisión de Constitución de la  Cámara de Diputados, la cual socializa el proyecto de Ley 122 “Código del Sistema Penal”, el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto expresó su posición en relación a la despenalización del aborto.

Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos,  expuso aspectos históricos en relación a la práctica del aborto, la cual es milenaria y está presente en todas las culturas. La abogada también se refirió a las consecuencias de la penalización del aborto y calificó a ésta como un medio fallido para prevenir abortos. Entre las consecuencias nefastas a causa de la penalización del aborto, están, por ejemplo, el mercado clandestino generado y los costos altos para el Estado a raíz de la atención de mujeres en situación de emergencia, a raíz de abortos mal practicados.

Posteriormente,  Christian Espíndola, integrante del Pacto por la Despenalización del Aborto en Bolivia, se refirió a los altos índices de mortalidad materna debido a la penalización del aborto. Su exposición se centró en el ámbito de la salud y afirmó que el tema del aborto debe ser visto exclusivamente como una temática de salud pública, fuera de consideraciones religiosas al respecto.

Por su parte, Guadalupe Pérez, activista de la Campaña 28 de Septiembre, afirmó que en Bolivia están muriendo mujeres que se pueden salvar. “Al fin de cuentas, las mujeres abortan, y más de dos tercios de las muertes que tenemos son muertes de mujeres que viven en el área rural, de mujeres que solo estudiaron hasta el sexto curso, de mujeres campesinas y que no tienen recursos”. Asimismo, la activista se refirió al negocio que representa el aborto para determinados sectores de salud. “Todo el mundo sabe que la penalización del aborto es un negocio para ciertos sectores de salud que se enriquecen haciendo abortos clandestinos pero seguros, porque no siempre el aborto clandestino es inseguro: el clandestino de la clínica de la zona Sur, de la clínica donde cobran 200, 300 dólares no es un aborto inseguro; ahí no criminalizan, ni desprecian a las mujeres, porque están pagando un servicio”

Por último, Paulo Bustillos, de Católicas por el Derecho a Decidir, realizó una exposición en relación al Estado Laico y los derechos sexuales y reproductivos.