Los resultados de una encuesta de «Opinión y valores sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, educación sexual, identidades católicas y expectativas de cambio dentro de la iglesia», revela que más del 91% de las y los feligreses, está de acuerdo con el derecho que tienen todas las personas de vivir su sexualidad.
Este porcentaje muestra que en 2017, el número de católicas y católicos a favor de diversos temas referidos a los DSDR y Derecho a Decidir se incrementó en la medida en que se conoce más de las problemáticas como la violencia sexual, los embarazos adolescentes no deseados, los abortos inseguros y clandestinos, los crímenes de odio, entre otros no menos importantes.
Mirando este dato, indudablemente, lo privado se ha vuelto público y por tanto para legislar en Bolivia, los parámetros deben ser los estándares de derechos humanos y no las doctrinas y tradiciones de las iglesias.
Un hito importante para recrear la encuesta fue el inicio de debate público sobre la propuesta de ampliación de causales sobre aborto, momento en el que surgen expresiones provenientes del KYRIARCADO, que al decir de la teóloga Schulzer citada por la teóloga boliviana Elizabeth Gareca, hace referencia al gobierno del señor, donde todas las interseccionalidades se cruzan para generar profundas raíces de desigualdad y discriminación hacia la condición de ser mujer.
Ese KIRIARCADO en Bolivia empezó manifestaciones públicas como las leídas en medios de prensa el miércoles 12 de abril de 2017, día en el que la Conferencia Episcopal expresó que estaba siendo excluida de los debates sobre la reforma para ampliar las causas que permiten la interrupción del embarazo dentro de la legislación penal boliviana.
Aseveraba la Conferencia, que la decisión de la comisión legislativa encargada de esa discusión de no convocar a las iglesias a debatir sobre el aborto «discrimina a la inmensa mayoría de la población boliviana, en razón de sus ideas religiosas», asegurando que la jerarquía católica aporta al debate público, sólidos argumentos racionales, reflexiones éticas, criterios jurídicos y datos científicos» acerca del tema.
En el transcurso de estos nueves meses, no se ha escuchado un solo argumento con base científica, reflexión ética o criterios anidados en el DIDH y menos aún una postura de respeto hacia el principio constitucional y fundante de “laicidad”, criterio bajo el cual ninguna religión, creencia o culto tiene posiciones de privilegio, ni decisiones que deban intervenir en el diseño de leyes o políticas públicas.
Un Estado laico no fomenta la “antirreligión”, ni prevé una ideología totalitarista hacia las religiones, las convicciones religiosas o las creencias religiosas, más bien es el que legisla, ejecuta, elige y juzga a partir de la defensa intrínseca de los valores de la libertad de conciencia y de la igualdad entre todas y todos, sin distinción alguna.
Diez días después, cuando con el Pacto por la Despenalización del Aborto conocimos el llamado de la Conferencia Episcopal Boliviana a los médicos de «hacer prevalecer el derecho a la objeción de conciencia», frente a la posible aprobación del artículo amplía las causales para la práctica del aborto en el país, entendimos que ese llamado también apuntaba a las actuales 3 causales establecidas por la Sentencia Constitucional 206/2014, vigente.
Nuevamente más pruebas sobre el desconocimiento de la curia católica, ya que la objeción de conciencia no es un derecho universal, más bien teóricamente es conceptualizada como una “excepción a la regla”, misma que cuenta a nivel nacional con un protocolo de actuación predefinido y cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio.
Fue el momento para entender que ameritaba saber nuevamente el pensar, el sentir y promover un análisis sobre lo que piensa el “pueblo católico” (sin generalizar) pero si teniendo elementos serios para luego generar análisis desde Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia.
CDD es una institución feminista que considera que nada es más político que la lucha por la “autonomía del cuerpo de las mujeres y sus decisiones sobre sexualidad y reproducción” y toda buena campaña política amerita basarse en una lectura clara de la realidad y no así en doctrinas provenientes de hace siglos, más si tienen una tendencia misógina y discriminadora.